Además de la manipulación del precio por agentes con poder de mercado, hay otras razones que impiden el funcionamiento de la competencia perfecta. En ocasiones una empresa tiene capacidad para hacer recaer sobre otros parte de los costes de su proceso productivo. Otras veces surgen dificultades para impedir que se beneficie de un bien el que no ha pagado por él. En ambas situaciones el Derecho tiene un papel destacado en la explicación del origen y en las posibles soluciones de los problemas.

Se llaman externalidades o efectos externos las consecuencias que tiene un proceso productivo sobre los individuos o empresas ajenos a su industria. Si, por ejemplo, los productores de aceite de girasol deciden aplicar a sus plantaciones un nuevo pesticida, conseguirán así una mayor producción pero se pueden derivar de ello varios tipos de efectos externos. Por una parte habrá efectos pecuniarios sobre otras industrias si sus productos están relacionados; como sabemos, la mayor producción de aceite de girasol provocará la disminución de su precio y desplazamientos en los mercados de aceite de oliva y de patatas fritas, entre otros. Otras industrias sufrirán efectos tecnológicos, es decir, cambios en la estructura de costes; los nuevos pesticidas serán arrastrados por la lluvia hasta los ríos próximos a las plantaciones de girasol, causando mortandad entre los peces; las piscifactorías instaladas en esos ríos verán muy reducida su producción por lo que aumentará su relación costes/producto. Puede haber también efectos externos tecnológicos positivos: las plantaciones de tomates próximas a las de girasol quedarán igualmente protegidas contra algunos insectos consiguiendo así un aumento de la producción sin necesidad de aumentar los factores.

La diferencia entre efectos externos tecnológicos y pecuniarios está por tanto en si hay o no modificación en el proceso productivo, en la cantidad de factores que es necesario aplicar para conseguir la misma producción final. En el caso de las patatas fritas, la cantidad de aceite necesaria por cada kilo de patatas no se ha modificado, sólo su precio. Las piscifactorías, en cambio, requerirán más trabajo o más depuradoras para conseguir mantener su producción de truchas. También hay que considerar efectos tecnológicos externos los que provocan modificaciones en los procesos de consumo, los que requieren que el consumidor adquiera más bienes para obtener la misma utilidad.

Se llama coste externo al coste que tiene un proceso productivo sobre otros agentes económicos. El coste social es igual a la suma de los costes externos y los costes internos, es por tanto el coste de un proceso productivo sobre toda la sociedad. Como hemos visto, el mercado genera una tendencia a que se iguale el precio de un producto al coste marginal de su producción y ese resultado es socialmente eficiente, un óptimo paretiano. En el caso de que haya efectos externos, la producción socialmente eficiente sería la que igualase el precio al coste marginal social. En cambio, si no existe ninguna intervención externa al mercado, la producción será la que iguale el precio al coste marginal interno. 

La consecuencia económica de los efectos externos es la disminución de la eficiencia en la asignación de recursos: La producción de bienes con efectos externos negativos será superior a la socialmente deseable y las producciones con efectos externos positivos serán insuficientes. Para que siguiese siendo eficiente el sistema, el precio de los bienes con procesos productivos contaminantes tendría que igualarse al coste marginal social, es decir, a la suma del coste marginal externo y el coste marginal privado.

Todos los procesos de producción o consumo que causan un impacto nocivo sobre el medio ambiente tienen efectos externos negativos sobre otros agentes productores o consumidores. La clasificación de esos efectos es desgraciadamente larga:

destrucción del suelo mediante deposición de residuos o alteración de la cubierta vegetal provocando su erosión o empobrecimiento en nutrientes;

contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas por focos industriales o urbanos;

contaminación atmosférica por industrias, calefacciones, vehículos, aerosoles;

emisiones de ruido y vibraciones de baja frecuencia, de calor o de radiaciones ionizantes;

contaminación biológica por provocar la proliferación de virus o bacterias o por la introducción de especies animales y vegetales exógenas que alteran las cadenas tróficas;

degradación del paisaje mediante urbanización incontrolada o modificación de parajes vírgenes.

El objetivo por tanto, no es eliminar totalmente la contaminación. Reducir la contaminación tiene un precio que será tanto más alto cuanta mayor pureza ambiental busquemos. Los procesos de filtración de emisiones y depuración de aguas residuales están sometidos también a las leyes de los rendimientos decrecientes que ya conocemos: eliminar el treinta por ciento de las emisiones contaminantes de una industria puede ser relativamente barato, pero llegar a eliminar el sesenta por ciento costará mucho más del doble. El criterio de eficiencia económica requiere solo que en todos los procesos productivos se iguale el coste social y el precio social; el criterio de equidad exige además que el coste de un proceso productivo sea pagado solo por los que se benefician de él.

La solución más obvia consiste en la internalización de costes: hacer que cada industria se encargue de la depuración o eliminación de sus propios residuos. Al repercutir el coste de la depuración directamente sobre el precio de sus productos se consigue satisfacer los dos criterios antes citados, el de equidad, porque pagarán sólo los que se benefician de esos productos, y el de eficiencia, porque al aumentar el precio disminuirá la demanda y consiguientemente la producción. Cuando la naturaleza del proceso productivo no permita la depuración podría establecerse un impuesto sobre contaminantes o tasa ecológica por igual cuantía al coste externo causado; el criterio de equidad requeriría en este caso que el impuesto detraído se destinase a indemnizar precisamente a los perjudicados. El concepto de coste externo, de coste social y el principio ecologista "el que contamina, paga" ya habían sido enunciados por Pigou en 1927.

Pero esas soluciones son desgraciadamente muy difíciles de aplicar. ¿Cuántos inspectores se necesitarían para revisar todas las industrias del país? ¿Cuántos técnicos tendrían que dedicarse a estudiar los medios de reducir o depurar las emisiones? ¿Cuántos economistas podrían calcular los costes de la contaminación y el precio de su depuración? ¿Cómo descubrir quiénes son los damnificados y en qué cuantía?

Afortunadamente las sociedades avanzadas han encontrado en el movimiento ecologista un excelente revulsivo. En los países industrializados de occidente, el desarrollo y divulgación de una conciencia ética está creando una red ciudadana de inspección y denuncia que ha permitido hasta ahora la corrección de un gran número de situaciones extremas. La internacionalización del movimiento ecologista y sus espectaculares éxitos están consiguiendo de forma cada vez más generalizada la reducción de costes externos y su repercusión directa sobre los precios.

Antes de terminar con este asunto vamos a ver un posible método de  disminución de emisiones de contaminantes. Consiste en emitir unos "Bonos de contaminación" que autorizan a las empresas que los poseen a contaminar el ambiente en una medida determinada. La mayor parte de los bonos se distribuyen de forma gratuita entre las empresas existentes, en proporción a sus necesidades según hayan sido acordadas por un comité de expertos. El resto de los bonos son subastados por si alguna empresa tiene planes de aumentar su producción y necesita contaminar más de lo previsto. Si, una vez agotados todos los bonos en poder del Estado, alguna empresa necesita contaminar en mayor cantidad de lo que sus bonos le permiten, podrá comprar bonos adicionales a otras empresas.

Las ventajas del sistema son: 1º Se internalizan los costes: el que contamina, paga. 2º La cantidad total de contaminación en el Estado queda determinada por el número de bonos que imprima el gobierno. 3º Se ejerce presión sobre las industrias para que reduzcan parte de su contaminación ahorrándose así el tener que acudir a la subasta. 4º Como las empresas más eficientes pueden comprar bonos extras a otras empresas es previsible que algunas empresas poco eficientes cerrarán sus puertas conformándose con la venta de su derecho a contaminar. 5º Las nuevas empresas que se instalen en el Estado tendrán que adquirir bonos por el total de la contaminación que necesiten producir experimentando por tanto una fuerte presión a favor de las técnicas más limpias y ejerciendo a la vez presión sobre las empresas ya existentes porque harán subir el precio de los bonos.