La discusión sobre qué políticas implementar en un determinado país, siguen siendo hoy en día tema de discusión entre la elite política. De aquí la importancia de conocer experiencias a escala mundial, que permitan analizar los diversos enfoques, entramados, contextos y resultados, a estas estrategias para la restructuración económica se les denomina políticas industriales, Rodrik emplea este término para referirse a la restructuración en favor de actividades más dinámicas, independientemente de si se ubican o no en la industria o el sector manufacturero (Rodrik, 2007/2011a).
A la política industrial se le relaciona con la provisión de bienes públicos para el sector productivo a la capacidad de suministrar efectivamente estos bienes como parte importante de las habilidades sociales necesarias para generar desarrollo, a su vez, tener buenas instituciones que las hagan posibles. El enfoque convencional consiste en enumerar las externalidades tecnológicas para orientar las intervenciones hacia estas fallas del mercado y discutir así la viabilidad administrativa-fiscal de estas intervenciones sus requisitos informativos y sus consecuencias para la economía política.
El argumento principal de Rodrik es que la tarea de las políticas industriales tiene que ver con la obtención de información del sector privado sobre externalidades como sus remedios e implementación (Rodrik, 2007/2011a). Según su modelo, el gobierno debe mantener una colaboración estratégica hacia el sector privado con el objetivo de descubrir los obstáculos más significativos a la restructuración; determinar así qué intervenciones tienen mayores probabilidades de remontarlos. Además, debe generarse o diseñarse un contexto apropiado entre los actores, de tal forma que cada parte conozca sus oportunidades y limitaciones, permitiéndoles resolver los problemas en la esfera productiva. Desde la óptica del autor, la forma correcta de estudiarlas, es como un proceso de descubrimiento donde las empresas y el gobierno aprenden acerca de los costos y las oportunidades, dedicándose a la coordinación estratégica.
Desde esta perspectiva, el gobierno mantiene una autonomía enraizada, término usado por P. Evans (1995/2012). Además, la innovación permite la reestructuración y el crecimiento de la productividad. A partir del énfasis en las fallas del mercado, que dan por resultado la escasez del espíritu emprendedor, el fundamento son las externalidades tecnológicas y la forma de aprendizaje en la práctica, además las externalidades de la información para descubrir la estructura de costos de una economía y las externalidades de coordinación. Para enfrentar esto Rodrik sostiene el argumento de crear el entorno institucional adecuado, al idear un balance entre autonomía y arraigo de los funcionarios de los gobiernos, afirmando que lo que obstruye el camino de esta política es la disposición o no del gobierno.
A partir de esta óptica y contra el principio de la ventaja comparativa, que se inserta en una lógica de especialización, lo más importante es ampliar la gama de actividades, en lugar de concentrarse en lo que se hace mejor. Esta diversificación debe llevarse a cabo con la intervención directa del gobierno para atemperar los incentivos de la diversificación productiva de manera concertada con el sector privado, que requiere del “autodescubrimiento”, no solo en la visión de generar nuevos productos, sino en hacer ajustes a las tecnologías y adaptarlas a las condiciones reales locales, una forma que implica descubrir que un cierto bien, acreditado en los mercados mundiales, puede producirse en casa a un bajo costo.
Sin embargo, el autodescubrimiento requiere el otorgar rentas a los empresarios, a través de subsidios, protección al comercio o la provisión de capital de riesgo; pero sólo a los inversionistas iniciales y bajo amenazas de ciertas disciplinas para evitar a los oportunistas. Una acertada política industrial evitará que los fracasos necesarios arruinen las finanzas públicas, de tal forma que el asunto es; no que el gobierno elija a los ganadores, sino que sepa quiénes son los perdedores. De igual manera no hay desarrollo de nuevas industrias rentables ya que no se invierte simultáneamente hacia arriba y hacia abajo de la cadena productiva.
El modelo de fallas de coordinación le da un valor agregado a la capacidad de coordinar las decisiones de inversión y producción de los distintos empresarios. A menudo se requiere del gobierno cuando hay una industria naciente y un sector privado que aún no se organiza. Por ello, Rodrik plantea que es necesario una verdadera coordinación, además que quien requiere de apoyo no es un sector específico en sí, sino el tipo de tecnologías que tienen las economías, que no podrían salir adelante sin subsidios. La adecuada intención de políticas se enfoca no en industrias o sectores, sino en la actividad o tecnología que produzca las características de una falla de coordinación (Rodrik, 2007/2011a).
Ahora bien, las dos fallas de mercado clave para reestructurar y diversificar economías de bajos ingresos tienen que ver con las derramas informativas de la estructura de costos y la coordinación entre actividades de inversión. Por ello, la creación de estas políticas debe estar enraizada dentro de una red de vínculos con grupos privados, como además está sujeta a los actos de corrupción, la respuesta es mantener la creación lejos del alcance de los intereses privados y evitar las relaciones muy estrechas entre los funcionarios públicos y los empresarios. Lograr este equilibrio es lo más importante, desde el punto de vista de Rodrik, pues se debe generar el entorno institucional atinado; una política óptima es inmensurable cuando se especifica el proceso más que precisar los resultados.
Las experiencias recabadas muestran que cada vez más ese enraizamiento entre sector privado y público tiene frutos, lo que se observa es una nueva elite que mantiene la gobernanza, se apropia de los bienes públicos para el enriquecimiento de los sectores privados.
La institucionalización es uno de los factores más importantes a la hora de la ejecución de las políticas industriales, según Rodrik el éxito de las mismas requiere del apoyo del más alto nivel gubernamental, ya que la reestructuración económica exige un defensor, un responsable político, con capacidad de influencia en el presidente para elevar su perfil y aportar coordinación, supervisión y monitoreo de burócratas y agencias, quienes implementan las políticas industriales (Rodrik, 2007/2011a).
Desde su óptica, otro órgano necesario es un consejo de coordinación o deliberación, para intercambiar información privilegiada entre el sector público y privado, mismo que vaya más allá de una típica agrupación cumbre, el objeto es recabar información sobre ideas de inversión, impulso y cambios en la legislación, generar subsidios y respaldo financiero; estos consejos pueden integrarse a escala nacional, regional o sectorial.
El planteamiento de los diez principios de diseño de políticas asume que los incentivos deben otorgarse sólo a las actividades “nuevas”, asumir parámetros de medición del éxito o fracaso, eliminar gradualmente los apoyos, enfocar los esfuerzos en actividades y no sólo en sectores, las actividades apoyadas deben potenciar nuevas inversiones. Quienes lleven a cabo las PI tendrán probada capacidad, las dependencias ejecutantes se han de monitorear, han de mantener los canales de comunicación entre el sector público y privado, las estrategias públicas elegirán a los perdedores y no a los ganadores y, por último, las actividades deben autorenovarse, para que el ciclo de descubrimiento se vuelva continuo y cada vez más óptimo.
Por otro lado, la política industrial no debe concebirse de forma genérica como programas de incentivos, por el contrario, habrá de verse como un proceso para encontrar áreas que posibiliten alcanzar cambios estructurales. Por lo tanto, debe haber inversiones por adelantado, como subsidios a los costos del autodescubrimiento, mejores mecanismos para desarrollar finanzas de alto riesgo; el gobierno identificará y resolverá las fallas de coordinación, se patrocinará la investigación y los desarrollos públicos, aumentar el subsidio a la capacitación técnica y aprovechará a los ciudadanos en el extranjero.
Los mecanismos que ha privilegiado el Consenso de Washington, tanto de privilegiar las exportaciones y la inversión extranjera, a las cuales ha llamado estrategias de reorientación, muestran que siempre que un gobierno favorece ciertas actividades económicas, por encima de otras está ejerciendo una política industrial.
Hay una tendencia a sancionar las políticas nacionales, algunas restricciones que presentan los Estados nacionales, en relación a los acuerdos internacionales: en materia de inversiones, propiedad intelectual, créditos y préstamos, transparencia en las prácticas financieras, acuerdos comerciales regionales, tratados de libre comercio, derechos aduanales, y el libre movimiento de bienes, servicios y capitales.
Las restricciones a los países en vías de desarrollo deben ser suprimidas, ampliar sus derechos de excepcionalidad, para ello, se requiere que los países no renuncien a su autonomía. Además, para que un gobierno pueda asumir una defensa de sus recursos y su economía, implica una reorganización de sus fuerzas político-económicas junto a otra concepción sobre el desarrollo de la sociedad, con una nueva gestión interna del mismo.
Desde la perspectiva económica, los pobres son pobres porque su trabajo les permite producir demasiado poco para alimentarse y alojarse adecuadamente, y no digamos para satisfacer otras necesidades tales como salud y educación (Rodrik, 2011b). Es decir, hay pobreza porque la productividad es baja. Sin embargo se omite la historia, a la hora de analizar las causas profundas de la pobreza incluida esa baja productividad, es decir, el dominio de las potencias y las grandes economías sobre las más pequeñas.
En un contexto de globalización la paradoja ha sido arrojada, y evidentemente los resultados ya pueden ser evaluados: qué consecuencias ha provocado una mayor apertura y qué la protección nacional. Es cierto lo que dice Rodrik, que es mejor estar en medio y beneficiarse a través de una versión diluida de la globalización, y frente a una profundización de la división internacional del trabajo. Parece razonable domesticarla en beneficio de las naciones, pero esto cada vez es más difícil por la extensión del dominio de los tratados internacionales y la imposición de políticas desde órganos supranacionales, sobre todo, por la subordinación de los gobiernos locales a los intereses globales.
El capitalismo, dice Rodrik, no puede detenerse porque desencadena en extremo las ambiciones. De tal forma que para algunos esa es una de sus grandes cualidades, la energía colectiva en el ámbito económico y en su, casi, infinita maleabilidad (Rodrik, 2011a). Pero para muchos otros, el capitalismo está en su fase terminal. Bajo la primera lógica es necesario, según este autor, reinventar el capitalismo; una vez mostrado su hundimiento financiero internacional en el 2008. Rodrik D. plantea, además, que sea través de una gobernanza más generalizada pero no global donde sus principios estarían asentados en que los mercados deben estar integrados en sistemas comunes de gobernanza. También plantea que la gobernanza y las comunidades políticas deben estar dentro de las naciones Estado y que no hay un único camino a la prosperidad. Los países tienen derecho a proteger sus sistemas sociales, normas e instituciones, ningún otro tiene el derecho de imponer sus instituciones a otros, el objetivo de los acuerdos internacionales es establecer reglas claras de tráfico y, por último, diferenciar derechos y privilegios entre países democráticos y no democráticos (Rodrik, 2011a).
Los principios anteriores parecen planteamientos románticos, en virtud de desdeñar el desarrollo histórico del capitalismo, porque la gobernanza se construye desde una óptica militar y, se está generando, fuera de los estados nacionales. Entonces, los países se ven impedidos para protegerse, las reglas son en beneficio de los más grandes y el que decide quien es democrático y quien no, siguen siendo los que imponen las reglas internacionales.
Sin duda, la reforma del régimen comercial internacional es una tarea urgente y necesaria, pero es evidente que no hay acuerdos sustentables sobre la base de mecanismos que tienen de trasfondo el engaño y la competencia desleal a la hora de hacer negocios. Volver a dar vida al principio de que los países tiene derecho a defender estándares internos, cuando el comercio mina prácticas con amplio apoyo popular e incluso suspender obligaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Rodrik (2011c) reivindica una postura nacionalista pero quererlo hacer compatible, a una globalización apabullante, muestran su lado ilusionista de algunos de sus postulados. Su propuesta de mejorar los mercados laborales parece tener mucho sentido, pero precisamente esa ha sido la primera y única traba que ha puesto, no puede admitir dejar el libre paso de las personas.
Se puede entonces aducir que la pobreza es inherente a la dominación y no sólo a la baja productividad, también es una forma de hegemonía de nuestras ideas y pensamientos, de estos dos aspectos, dominación y hegemonía, es necesario liberarse para construir mejores políticas de desarrollo.