Señalan Ramiro Fernández V. y Ma. Jimena García Puente (2012): “luego de la experiencia neoliberal, y ante la evidencia de sus fracasos en términos del aumento de las desigualdades y de la pobreza, las apelaciones al fortalecimiento del Estado en América Latina y el reconocimiento, como condición necesaria y relevante, de su intervención en el desarrollo equitativo de las sociedades, implicaron la vuelta del Estado a los ámbitos públicos, políticos y académicos”, sin embargo, debemos detenernos un poco a reflexionar sobre esta “vuelta del Estado”.
Es prematuro hablar del neoliberalismo como una experiencia superada, aún sigue aquí, la práctica predominante sigue exigiendo del Estado que cubra un cierto papel dentro de la acumulación capitalista, pero evidentemente no es el mismo. Entonces, el Estado no ha dado la vuelta aún; no tiene retorno ni regreso para asumir un papel ya perdido. En efecto, la reciente vieja función asignada al Estado, a partir, principalmente, de la crisis económica mundial del 2008, ha sido su renovada redefinición como aparato al servicio de una clase, la capitalista, para ello, su papel es dotar a los sectores en crisis de salvavidas y combustible (reglas y presupuestos) para seguir operando la depredación existente. El Estado en este sentido sigue estando en fuga.
No obstante, existe la pretensión de ciertas elites por avanzar en un marco analítico para reinstalar o recuperar la discusión sobre la estatalidad, hacerla coherente con la visión funcionalista e institucionalista, buscando darle nuevos impulsos y argumentos a la idea de un Estado fuerte que pueda reducir los embates de un capitalismo salvaje sin contención alguna. Sin embargo las diversas perspectivas de análisis como la regulacionista que buscan la transformación organizativo-espacial del Estado y sus consecuencias en los aspectos funcionales, a partir del estudio de la reestructuración del capitalismo; es decir, a partir de la emergencia del patrón de acumulación flexible o de regiones como ámbitos privilegiados de acumulación y reproducción del capital. Nuevamente alude a los mismos argumentos para discurrir prácticamente en lo mismo de épocas pasadas, deja de lado la discusión principal sobre las causas de la explotación y la reproducción capitalista, adereza sus argumentos bajo una forma mística que no soluciona los problemas, sólo busca perpetuar el dominio y la predominancia de los mecanismos institucionales para generar una ilusión de democracia.
Por otro lado, la noción conceptual de capacidades estatales, proveniente del neo institucionalismo, como una corriente analítica que visualiza y reflexiona sobre los resultados de los procesos de reforma del Estado y la reorganización espacial, en términos de calidades y cualidades de las estructuras estatales o de sus implicaciones mediante los vínculos con el resto de los actores, es una visión instrumentista al considerar que son las personas en lo individual las que pueden darle un cambio de timón a la forma estructural del cambio social, lo cual lleva a establecer una visión tipo organizacional-administrativa, sin salida alguna.
Ambas corrientes muestran cómo se promueven intereses concretos para realizar una gestión del desarrollo de los gobiernos, con bases político-institucionales, que les permiten constantemente redefinir los patrones socioeconómico-espaciales de la acumulación capitalista.
El Estado se transforma relocalizando sus funciones por medio de una estructura estatal, políticas re-articuladas en diversos ámbitos, vinculadas a distintos actores. De esta manera, los cambios en la dimensión organizacional, morfológica y funcional del Estado, se transforma el patrón de intervención, como un Estado reescalado, reterritorializado, reorganizado, rearticulado somática y espacialmente, el cual, continúa cumpliendo la función genérica crucial: el mantenimiento de la cohesión social (Véase Jessop, 2003/2008, pp. 259-261). Entonces la función de este Estado no es precisamente la cohesión social, sino la no ruptura del espacio de dominación; fragmenta y atomiza lo social para mantener su supremacía imaginaria sobre la dirección del desarrollo.
Esta supremacía imaginaria es la clave por la cual se mantiene aún al Estado como instancia política democrática formal, que se redefine y reposiciona, mantiene su centralidad estratégica para readaptarse a una nueva lógica de acumulación y reproducción del capital de forma territorializada.
Bajo esta lógica es que algunos autores plantean que las políticas públicas deben desarrollarse en un complejo diverso de instituciones y vinculaciones con actores, lógicas, intereses y anclajes territoriales diversos. De esta forma se construyen ideas como la “autonomía enraizada” de Peter Evans (1995/2012) o el “poder infraestructural” en Michael Mann (1984), para buscar evitar el aislamiento de los aparatos estatales y permitir que los objetivos sean definidos también en función de los problemas percibidos por los actores sociales, que posibilite una retroalimentación de los recursos existentes en la sociedad como ideas o herramientas que adquiere el Estado.
Pero, finalmente, de lo que se trata es de tener la capacidad de tomar decisiones, definir objetivos de políticas; implementarlas y movilizar recursos con autonomía, lo cual no significa absoluta discrecionalidad del Estado, sino que ofrece un margen de acción ante las diversas redes de decisión trasnacionales y ante las matrices de actores internos representados por el capital y el trabajo. Esto ha prohijado una ruptura de los aspectos ligados a la noción de soberanía y una interdependencia gobernada. Esta compleja relación de interdependencia provoca nuevos axiomas de definición, como los llamados policy makers –hacedores de políticas-, a partir de la construcción de ámbitos nodales que no sólo implican asuntos de decisiones organizacionales que configuran nuevas formas de reorganización en la toma de decisiones, trasformando al Estado, los actores y a los propios constructores de estos nudos decisionales en el seno del sistema político.
A pesar de que se admita que la calificación, reconstrucción y rearticulación del Estado son necesarias para pensar políticas estratégicas que conformen un desarrollo con crecimiento e inclusión. Lo cierto es que mientras no se piense y construya una alternativa al capitalismo y su desarrollo, van de la mano la exclusión y el subdesarrollo para la mayoría de los territorios en el mundo, en especial para América Latina.
En principio el Estado no es una cosa, sino es una determinada relación social. Por ello al verse al Estado como instrumento podemos confundir lo que realmente está pasando. Desde la perspectiva de Iglesias Enrique (2006), el Estado fue capturado por los intereses particulares y, posteriormente, desde el Consenso de Washington pasó a la extrema debilitación; impidiendo así una adecuada regulación de los negocios privados. Por ello no podemos reducir el análisis a cuestiones pragmáticas ni confundir los entramados ideológicos, pero sí definir las preocupaciones principales.
Sin duda alguna, uno de los factores condicionantes de las realidades políticas y económicas de los países la configuran las instituciones, pero ellas, junto con el Estado, son producto de la relación social que se da entre los sujetos. Las instituciones no crecen como la naturaleza, tampoco son obras divinas, sino espacios de relaciones sociales donde se instituye un determinado ejercicio de poder.
La consolidación de estados democráticos, aún si fuera cierto que la mirada de los analistas de la CEPAL fuera de acompañantes de un Estado omnipresente, centralista y cautivo, lo innegable es que venía de una disposición centralizada por el poder de Estados Unidos y sus aliados. De tal manera que no se puede aducir que por ello, se llegó a la inestabilidad política. Fue más bien por las políticas implementadas de servilismo, extractivismo y uso de los bienes nacionales en beneficio de los países ricos y centrales. Querer limpiar a Washington de sus errores y adjudicárselos a los países subordinados es no ver la realidad existente. Las reformas nacieron en esos espacios y prometieron crecimiento económico del cual se arribaría al bienestar social de la población. Lo que hay es inestabilidad, descomposición y mayor miseria. Por ello no debemos extrañarnos de la pérdida generalizada de credibilidad del Estado y de la clase política en general, pero también del propio consenso de los EE.UU.
La propuesta de decálogo para un nuevo concepto del Estado, con objetivos de eficiencia del mercado, impulsor de la capacidad productiva, la responsabilidad de la cohesión social y la lucha contra la pobreza, una nueva cooperación entre las empresas privadas, que fortalezca la sociedad civil, orientando y formulando políticas internacionales, la innovación tecnológica, fortalecer su capacidad de análisis de las tendencias de la economía, la sociedad, la política y promover los grandes consensos nacionales, no parecen ser cosa nueva, siguen siendo las mismas ideas, sólo como bien lo señala Iglesias como un “paradigma incremental”.
El papel del Estado parece más bien estar anclado a ciertas fórmulas que se han visto exitosas en otros lugares, en este sentido aún se sigue experimentando. Por ejemplo, si el país lucha por salir de la pobreza, su papel consiste en contribuir a que la población acceda a la satisfacción de necesidades básicas en invertir en agricultura e infraestructura esencial (Véase Sachs, 2008). Cuando los países acumulan riqueza surge ciertas función de seguridad social, así continuamente van cambiando prioridades y funciones del Estado en relación a la economía, por lo tanto, lo que tenemos al final es un Estado sojuzgado en crisis (Bensaïd, 2009).
Sin duda alguna, tenemos que diseñar nuevas formas políticas y sociales para no terminar con el planeta, las evidencias recogidas por Jeffrey Sachs (2008) exponen que está en juego la sobrevivencia de los humanos como especie. Junto a los señalamientos de Edwar O. Wilson, investigador de la Universidad de Harvard, en el sentido de que muchas de las crisis de la economía mundial tienen un origen ambiental -con un matiz- es el hombre quien por su avaricia provoca esas crisis-. Ambas referencias vislumbran el verdadero problema; la limitación física del espacio vital.
La idea de la prosperidad compartida, bajo el concepto de que la ciencia y la tecnología que sustentan la prosperidad de los países ricos está también potencialmente al alcance del resto del mundo, trayendo beneficios mayores para todos, tiene un problema: que también los beneficios son exponencialmente mayores para las empresas que los producen. No sólo es el beneficio de su uso (valor de uso) sino su expropiación y concentración (valor de cambio). Ahora lo que sí existe es una enorme volatilidad de esas ganancias, de tal forma que se reconfiguró por completo la geopolítica de la prosperidad/pobreza, es decir se rompió la esfera nacional/estatal que mediaba a la sociedad.
Se puede dar, sin duda alguna, un desarrollo económico acelerado, pero este desarrollo ya no se produce en el conjunto del país sino por regiones/zonas, el desarrollo se atomiza, se pulveriza. El Estado actúa territorialmente como país, el mercado sin barrera alguna, no hay países, hay negocios. Al producirse esta adaptación entre capital público y privado, lo que se genera son nuevas elites, económicas/políticas, que buscan crear un ambiente más propicio para los negocios; lo cual, como es evidente no necesariamente trae consigo mayor bienestar.
Pensar que el desarrollo es una escalera, es no ver las condiciones de nuestras sociedades, si bien no puede negarse que ese proceso se da, es necesario analizar cómo se produce al interior de las regiones y localidades. Una región está en un nivel, otra en otro más alto o bajo y en su conjunto, cada región no logra llegar a los niveles de renta alta de otras regiones o países. Lo que existe son lugares diferenciados/deslocalizados, donde conviven regiones de subsistencia con grandes economías comerciales al lado de mercados emergentes y espacios basados en tecnología, junto a espacios de miseria. En resumen: un desarrollo disperso, fragmentado, deslocalizado.
Las consideraciones sobre el crecimiento económico muestran un enfoque amplio, pero que a su vez diversifica las formas concretas del desarrollo local. La metodología propuesta por Rodrik, Hausmann y Velasco en Diagnóstico del crecimiento, conceptualizada como un árbol de decisiones, muestran una forma práctica de asumir las decisiones para un mejor desarrollo. Sin embargo, genera incertidumbre a la hora de su aplicación práctica por tener causas multifactoriales que pueden inhibir o acrecentar una economía (Rodrik, Hausmann, y Velasco, 2007/2011). Es decir que para ellos, la forma práctica de asumir las reformas depende también de las circunstancias particulares del lugar de sus distorsiones. La estrategia planteada es coherente en el sentido de ir de las vulnerabilidades más apremiantes escalando a las menores, lo que de algún modo permite ir midiendo las intervenciones (Rodrik, 2007/2011b). Sin embargo su análisis se fundamenta en un aspecto esencial, en lograr que los rendimientos sociales sean apropiados por el sector privado. Lo que es llamado como la incertidumbre derivada de factores políticos con respecto a las reglas del juego económico para que puedan evolucionar esos proyectos. Las conclusiones de su análisis en varios países muestran un abanico de estrategias de desarrollo, aclara las circunstancias sobre las cuales hay éxitos y fracasos, contradice a quienes piensan en reformas institucionales sin tener una agenda de acción con base en un diagnóstico adecuado.
Desde las estrategias de crecimiento los datos dicen que el mundo en su conjunto ha ido reduciendo la pobreza, pero es por la ilusión creada por la inclusión mundial de China y la India, que antes eran omitidas u olvidadas en los análisis, ahora se volvieron el centro de la atención. El problema de estos cálculos es que son éstas regiones las que disminuyeron sus tasas de pobreza, esto modifica el promedio mundial, sin embargo en las regiones donde ya estaba presente la pobreza sigue ampliándose o no se ha reducido, como ejemplo, América Latina.
Al final de todo lo que vislumbramos es un Estado que sigue perdiendo funciones que otrora le dieron sentido y consolidaron su omnipresencia en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, se mantiene al estatuirse como real y necesario para mantener cierta cohesión política burocrática. A lo lejos solo se ve un holograma como centro de la organización político-social.
Según los propios datos oficiales, aún sin cuestionar si son válidos o no, la población en pobreza extrema es de 11.7 millones de mexicanos. En pobreza alimentaria, 28 millones, 1.4 millones están en pobreza extrema e insuficiencia alimentaria. Para el año 2011 murieron más de 11 mil mexicanos por causas relacionadas a la desnutrición.
Ahora, el gobierno federal, implementa la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, supuestamente para combatirla, inspirados en el programa Brasileño Hambre Cero (Fome Zero), por cierto muy promocionado, pero según Amy Margolies investigadora afiliada a la organización no gubernamental Congressional Hunger Center, identifica las omisiones de evaluación que tiene Fome Zero. Señala que no existe evidencia contundente acerca del efecto que todos los componentes de este programa hayan tenido sobre la pobreza en Brasil.
La SEDESOL dice que la población objetivo son 7.4 millones de habitantes que tienen tres carencias o más. Pero en realidad les interesan sólo 3 millones quienes tienen tres carencias, luego 2 millones 500 mil tienen hasta cuatro carencias, 1 millón 500 mil cinco carencias. Es decir, mexicanos con carencias en salud, educación, rezago educativo, seguridad social, vivienda, servicios de vivienda, 430 mil personas tienen hasta seis carencias, sin acceso a la alimentación. Pero cuando la dependencia federal se pregunta cuántos niños mueren por causas de desnutrición, resulta que no hay cifras; la única cifra que se tiene, es que en el país, 8 mil 500 personas mueren al año por motivos de desnutrición; y no necesariamente por hambruna (Peña Nieto, 2013).
Para Esquivel Zubiri (2013, 28 de abril) la denominación de cruzada sólo muestra una ideología de derecha y conservadora, su definición alude a una campaña de guerra; compuesta por ejércitos cristianos, el objetivo: rescatar “lugares santos”. Detrás del diseño está la idea del viejo Pronasol salinista, 1 donde se captarán los futuros liderazgos en la administración de recursos públicos a través de los “Comités Comunitarios”. Sumando todos los programas que se integraron en este proyecto, en sólo un año, tenemos un aproximado de 248.7 mil millones de pesos, lo que equivale a 528 teletones de los que organiza Televisa (Esquivel Zubiri, 2013, 28 de abril). Sin embargo, siguen creciendo las estadísticas de los mexicanos con necesidades y problemas asociados a diversas carencias sociales.
Según este autor, si se repartiera el dinero de esos 70 programas sociales, le tocaría a cada mexicano de la población objetivo, la cantidad de 33 mil pesos, que divididos en los 365 días que le corresponden al año, le tocaría 92 pesos diarios. (1.43 día de salario mínimo).
Por otro lado, está suficientemente claro que la elección de los municipios, como es señalado por el Dr. Oliver Azuara Herrera (2013) realizando un análisis econométrico, utilizando estimaciones de modelos lineales de probabilidad, muestra que hay correlación significativa entre las elecciones locales del año 2013 y la selección de los 400 municipios para la “cruzada”. Es decir la asociación entre las siguientes elecciones y la selección de los 400 municipios de la “Cruzada” es positiva y significativa. 2
Pero, incluso, más allá de las elecciones habría que preguntarse por qué esta acción política tiene como objetivos organizar una gran campaña de comunicación, imagen y promoción, que incluye: un sitio de internet —wallpaper y avatars incluidos—, dirigido a los jóvenes, un Twitter, Blogs, Facebook, redes de orientación nutricional de 10 en 10 que incluye a más de 500 mil mujeres, un concurso de cortometraje con dispositivos móviles ( celular y tabletas incluidas) nombrado “el corto contra el hambre”, un concurso nacional de fotografía, una actividad denominada “Niños observadores” para dotarlos de cámaras fotográficas, 100 proyecciones al aire libre a través de Cinépolis con películas de estreno, un comité de expertos, asesoría de la FAO y de José Graziano Da Silva, quien estuvo al frente del programa Hambre Cero en Brasil. Agréguele, un concierto para jóvenes, un cuadernillo para festejar el día del niño, etc.
Luego, PepsiCo México como empresa trasnacional apoyará esta estrategia, el objetivo generar un desempeño financiero sostenible, es decir, asegurar sus inversiones a mediano plazo; para ello, proporcionará a través de Quaker la “democratización de la nutrición” esto es, que todos consumamos grano de avena, desarrollar “científicamente” una enorme cantidad de productos, para empezar, una línea de artículos comestibles a través de alimentos fortificados y accesibles en precios. Entonces, ¿de qué se trata?, ¿qué estamos presenciando? La llamada cruzada contra el hambre es parte de una estrategia de guerra, de cruzada contra la memoria y lo diferente. La secretaría de la SEDESOL así lo reveló en su comparecencia en el Senado de la República “El Gobierno de la República ha tenido el acierto de poner en la agenda nacional el tema del hambre, ya no estamos discutiendo los muertos de este país, estamos discutiendo el hambre de millones de mexicanos, porque esa es una prioridad” (SEDESOL, 2013).
Se trata de ocultar lo que dejó el Calderonato (2006-2012) su llamada guerra contra el narcotráfico: Esto es, dejar una población económicamente activa (PEA) de cerca de 49 millones, que no recibe ingresos es de un 8.7%, sobrevive con menos de dos salarios mínimos representa el 35.8%. Una caída del poder adquisitivo de los trabajadores del 45.1% (CAM, enero, 2013). La aplicación sin cortapisas de las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que legalizan la subcontratación, contratos de prueba y capacitación inicial, el pago por horas, el trabajo polivalente, la modificación del derecho a recibir salarios caídos en una demanda por despido injustificado, además, pasar de 350 a 757 proyectos mineros concesionados a compañías extranjeras lo que representa 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas.
Se trata de encapsular y focalizar a la población, aplicar la estrategia política del prisionero, del encierro, como parte de una política de dominación. El objetivo político es que la sociedad olvide a los muertos y desaparecidos, que al año 2014, según la especialista Marien Rivera coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, aún quedaban más de 27,000 personas desaparecidas en el país. Según las cifras oficiales, hay más de 300 mil desaparecidos y 90 mil muertos, para finales del mismo año habrá casi 25 mil muertos más, cuyas dependencias públicas han dejado de actualizar, sobre todo, son los jóvenes de 18 a 35 años de edad las víctimas, por la llamada guerra contra el narcotráfico (Citado en Martínez, 2012, 25 de agosto). ¡No olvidemos!, podemos tener miedo, pero cómo decirle a quien tiene un cercano en estas circunstancias que lo olvide, que lo que importa es la telenovela y no la realidad del país.
Pero también se trata de no ver ni atender otras alternativas sociales -véase, la nueva sociedad que está resurgiendo en las comunidades indígenas zapatistas-; otros modelos de desarrollo social, económico y político; se trata de negarnos el futuro, de decirnos, no hay otra vía posible, lo único que queda es soportar esta forma de vida. James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia, advierte que:
Las formas de dominación basadas en la premisa o en la pretensión de una inherente superioridad parecen depender enormemente de la pompa, las leyes suntuarias, la parafernalia, las insignias y las ceremonias públicas de homenaje o tributo. El deseo de inculcar el hábito de la obediencia y el respeto a la jerarquía […]. (Scott, 1990/2004, p. 36)
Esa es la pretensión de colocar la cruzada contra el hambre como su programa insignia, por un lado, eliminar la pluralidad para terminar con la llamada transición política; y por otro, la pompa, la parafernalia, las ceremonias públicas, los tributos para inculcarnos el hábito de la obediencia y el respeto a la jerarquía.
Estamos ante el surgimiento de una nueva elite, los lugares donde se toman las decisiones de vital importancia son las bodas, las cenas íntimas, en días de cacería, en conversaciones de dos o tres personas para resolver cuestiones de Estado. Así “las reuniones de discusión del partido, los congresos del gobierno y las asambleas no sirven de nada, sólo para hacer declaraciones y para montar un espectáculo" (Milovan Djilas, citado en Scott, 1990/2004, p. 36), arengados con internet, prensa, radio y tv, como notarios suntuosos. En términos estrictos, estos ritos públicos tienen un propósito: son precisamente el espectáculo de la unanimidad, lealtad y decisión, articulados para impresionar al público. El problema es que el público cada vez es más escaso.
No obstante, como señala Scott (1990/2004), para que este halagador autorretrato tenga fuerza retórica entre los subordinados, es imprescindible hacer concesiones. Es decir, los gobernantes que buscan alcanzar la hegemonía, en el sentido Gramsciano del término, deben convencer ideológicamente a sus subordinados de que, hasta cierto punto, están gobernando en su nombre. Entonces, recurrir a motivos muy humanos como salvar a las personas del hambre, es innegable que acarrea pocas resistencias, mientras no se descubra el discurso oculto.3 Lo que realmente está ligado, a esta forma de dominación, 4 es buscar, como de hecho lo están haciendo, por medios institucionalizados extraer recursos naturales, trabajo, bienes, servicios e impuestos a los dominados, en contra de su voluntad.
Al terror que provocó la guerra al narcotráfico ahora se suma el terror de morir de hambre, esta imagen que coloca a los subordinados el tener siempre presente la posibilidad de que te suceda una u otra forma de muerte, es la que define la relación de subordinación. Esto es a lo que se le puede llamar la institucionalización del terror, quién puede afirmar, con tranquilidad, esto no va a sucederme a mí o a una persona cercana, ¿Acaso no es el miedo, la estrategia política de la dominación? ¿Quién puede, sin angustias, decir que esto no es cierto?
Scott (1990/2004) plantea que tenemos que invertir, por lo menos en un sentido, el análisis de hegemonía propuesto por Antonio Gramsci.5 En la formulación que sirve de guía a la mayoría de los posteriores análisis neomarxistas sobre ideología, la hegemonía funciona principalmente en el nivel del pensamiento, opuesto al de acción. El hecho de que, en muy raras ocasiones, las protestas y los conflictos abiertos de los grupos subordinados han tenido formas ideológicas verdaderamente radicales, sirve para sostener una versión débil de esta teoría.
De ahí la necesidad de derrumbar esa hegemonía, no solo por la falta de justificación de los estratos dominantes, no basta mostrar que ese estrato social no está haciendo la tarea y viola constantemente el contrato social otrora existente, ni con la crítica a los individuos en particular, esas críticas dejan intactas las funciones básicas de la elite dominante. El problema de fondo es que la población llegue a plantearse si los reyes, los capitalistas, los partidos políticos, los presidentes, los gobernadores, los senadores, los diputados, los sacerdotes, los generales, los burócratas, etcétera, si quienes dicen gobernar tienen en principio alguna utilidad social y, de ahí, abrir su imaginación y acción política para la construcción de otra sociedad. Detrás de la actuación gubernamental lo que está en disputa es la hegemonía de la imagen por el dominio de los espacios públicos, sus preocupaciones principales se orientan al ámbito de las apariencias, no a las soluciones políticas de largo plazo para mantener el dominio de su correlato.
2 Cuando se incluyen todos los municipios, la correlación con pobreza no es estadísticamente diferente de cero y la probabilidad de ser seleccionado aumenta casi 40% si se llevara a cabo un proceso electoral durante 2013 (columna 2). Ahora bien, si restringimos la muestra a los municipios con más de 100 mil habitantes, la probabilidad de inclusión en la “cruzada” aumenta en caso de tener mayor población en pobreza, pero si en el municipio hay elección ese año su probabilidad aumenta hasta en cerca de 76% (Azuara Herrera, 2013).
3 El discurso oculto y las formas disfrazadas de disidencia pública pueden ayudarnos a comprender mejor los actos carismáticos de las nuevas elites políticas. El carisma no es una cualidad –como, digamos, los ojos cafés- que alguien posee de manera natural; el carisma es, como se sabe, una relación en la cual unos observadores interesados reconocen (y pueden incluso ayudar a producir) una cualidad que ellos admiran.
4 Estas formas de dominación “encarnan principios formales sobre la superioridad y la inferioridad, muchas veces con estructuras ideológicas complejas. En ellas, además, “cierto grado de ritual y "etiqueta" regula la conducta pública. Al menos en principio, en estos sistemas de dominación el rango se determina por nacimiento, la movilidad social es nula y a los grupos subordinados se les conceden pocos derechos políticos o civiles, si alguna vez se les conceden derechos” (Scott, 1990/2004, p. 46).