PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

3.2.1.2 El paradigma caudillista dictatorial de la primera mitad del siglo XX

Los  paradigmas caudillista y autoritario militar caben dentro de lo que el autor recién mencionado, Alain Rouquié, establece como hipótesis historicista y cuyo planteamiento central es que las acciones militares de tipo político intervencionista son consecuencia o derivan del caudillismo originado en una época histórica anterior, en la etapa independentista. Este autor también ha desarrollado reflexiones con respecto al fenómeno dictatorial ocurrido durante del siglo XX, señalando que la definición del término “dictadura” se ve entrampado en ocasiones pues no resulta claro que una dictadura sea más ilegítima que el poder legalmente constituido al que sustituye:

“En numerosos estados de América Latina contemporánea no es nada sencillo ponerse de acuerdo sobre el carácter dictatorial o no de un régimen porque en la historia de los mismos no se puede oponer dictadura y orden constitucional, tal como el negro y el blanco, el mal y el bien. Y porque no es siempre evidente que una dictadura dada sea más ilegítima que el poder “normal”, por lo menos a los ojos de una proporción importante de actores”.1
En cierto sentido, y siguiendo a este autor, al margen de algunos apologistas teóricos que han justificado toda clase de excesos ilegales de algunos dictadores, el caudillismo ha parecido formar parte de nuestra idiosincrasia, aceptado y quizás hasta estimulado por figuras como el propio libertador Simón Bolívar cuando escribió: “Las instituciones perfectamente representativas no se adecuan a nuestro carácter, a nuestras costumbres, a nuestras luces actuales...”. Además, toda una escuela  de pensamiento político estuvo, a fines del siglo XIX, las bondades de un “gendarme necesario”, de un “cesarismo democrático” y hasta de “tiranos benévolos”. Para ellos, la tendencia natural de la evolución constitucional hispanoamericana es la “anarquía espontánea”, la “incapacidad política”. De este modo, concluyen que el caudillismo es una fatalidad étnica y, por tanto, la constitución efectiva de estas repúblicas no puede ser otra que la dictadura.2
La participación de caudillos de carácter dictatorial en América Latina durante la primera mitad del siglo XX  ha sido estudiada más allá de su aceptación o rechazo popular por la naturaleza antidemocrática de su gobierno. Cabe destacar que una característica  de algunos de estos autócratas fue su continuidad en el mando. Ciertamente un mandato de tipo dictatorial, por más ilegítimo que sea considerado por un sector de la población, requiere de una explicación convincente respecto a las razones que le permitieron mantenerse en el poder. Bajo el prisma de la calidad de vida o bienestar de la población alcanzado en períodos como estos, se corre el riesgo de subestimar las acciones positivas de los ejércitos que respaldaron dichas tiranías en cada oportunidad.
Entre los caudillos de la primera mitad  siglo XX es posible mencionar a Juan Vicente Gómez, quien  gobernó firmemente Venezuela desde 1908 a 1935 ya sea directamente o por persona interpuesta, quedándose él mismo como jefe del ejército. En Guatemala, (José) Ubico alcanzó poderes dictatoriales entre 1931 y 1944, mientras que en Nicaragua (Anastasio) Somoza fundó la llamada “sangrienta dinastía” que se perpetuó en el poder hasta 1979. En República Dominicana (Rafael) Trujillo mantuvo el poder entre 1930 y 1961, fecha en que fue asesinado. El mandato de Perón, que fue elegido en forma regular en 1946  y reelegido sin fraude en 1951, ha sido considerado un dictador por la burguesía agraria argentina, pues la dominación sin contrapeso del partido oficial y las propias aspiraciones de Perón para su reelección, lo obligaron a reformar la Constitución. En Perú, el gobierno de (Augusto) Leguía entre 1919-1930 y en México, con Porfirio Díaz  entre 1876 y 1910 fueron también otras dos tiranías caudillistas de larga duración. 3
La participación de las Fuerzas Armadas en respuesta a decisiones políticas consideradas injustas también ha formado parte de nuestra historia latinoamericana. En Brasil, hacia el mes de Julio de 1922, un grupo de jóvenes oficiales brasileños llamados tenentes, participaron en una serie de rebeliones aisladas y de escasa coordinación, que tuvieron su origen en el descontento de la clase militar por la corrupción y restricciones existentes durante la época de la Primera República. Algunos años después, en 1930, un grupo de jóvenes tenentes apoyó a Getulio Vargas en el movimiento que terminó con la república oligárquica. Más tarde varios de ellos participaron en favor del golpe de Estado que lograría establecer un régimen militar en Brasil entre los años 1964-1985.4
La crisis de los años 30 llevó a que, desde 1931, se vería una confrontación constante entre los tenientes, el Partido Democrático y el Gobierno federal, con un desenlace trágico en 1932. Se produjo una guerra civil, con al menos cuatro meses de enfrentamientos, que terminaría con la derrota de la posición constitucionalista. A pesar de ello, se inició una etapa en que se buscó la estabilidad constitucional y política, con Getulio Vargas impulsando el objetivo de lograr una nueva Constitución para el país. Este se logró con la participación de una Asamblea Constituyente, que establecía un carácter federativo a Brasil. Fue así como entre 1934-1937 se fundaron unos 200 partidos estaduales, pero el 10 de noviembre de 1937 un nuevo golpe incorporó una nueva carta constitucional, definiendo el papel del Estado, suprimiendo los partidos políticos y centralizando las decisiones económicas en la máxima autoridad de la nación: se trataba de una carta fundamental de carácter fascista, en un Estado Nuevo que garantizaba el poder de decisión a un gobierno centralizado y autoritario. 5
En Ecuador, por otra parte, los militares también se mostraron activos y con intenciones de reformas en la década de los años 20 del siglo pasado. En julio de 1925 derrocaron a un presidente liberal muy ligado a la burguesía comercial exportadora y financiera de Guayaquil. Este movimiento, que se conoció como Revolución Juliana, tuvo como meta “la igualdad para todos y la protección del proletariado”, lo que indicaba que se trataba de  intenciones que iban más allá de una simple pugna entre clases dirigentes provenientes de las elites. Esta rebelión estuvo liderada por Luis Napoleón Dilon, quien junto a un gobierno formado por una Junta Suprema, adelantó reformas modernas para la época en temas referentes a lo financiero, laboral, de Estado y educacional.6
En plena crisis mundial se produjeron combates con caracteres de guerra civil en el año 1932, por una sublevación de la Guarnición de Quito, que terminó con la destitución del entonces Presidente de la República Juan de Dios Meza, en el año 1933.  Al cabo de tres años, un nuevo motín de un regimiento en Quito provocó la muerte de varios oficiales por motivos más bien de carácter laboral, pues se había ordenado licenciar a parte de las tropas. En 1937 asumió como dictador el general Alberto Enríquez Gallo, mientras que en 1938 el Presidente Aurelio Mosquera Narváez decretó la disolución de la Asamblea Constituyente. En el año 1944 se produjo otra insurrección de carácter popular, conocida como La Gloriosa, que fue dirigida por un conjunto de partidos opositores agrupados bajo la denominación de Alianza Democrática Ecuatoriana, designando a José María Velasco Ibarra como Presidente de la nación. 7
En Bolivia, la inestabilidad de los años que siguieron a la crisis de 1929 dio lugar a que un grupo de oficiales también jóvenes, como en el caso de los tenentes de Brasil, conquistara el poder y tras la derrota boliviana sufrida durante la guerra del Chaco entre 1932-1935. Fue así que desde 1936 a 1939 los coroneles David Toro y Germán Busch encabezaron un régimen autoritario de carácter progresista y contrario a la oligarquía, que incluyó ciertos rasgos de xenofobia. En 1943 las intervenciones militares continuaron, cuando el coronel Gualberto Villarroel, respaldado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), obtuvo el mando del gobierno. Aún cuando Villarroel actuó de manera autoritaria, con la intención de conducir a las personas de estratos más bajos a beneficios determinados por reformas de carácter social, sus ideales se vieron truncados debido a un levantamiento popular en la Paz, en el que perdió la vida. Este ocurrió por la disconformidad de sectores empresariales, mineros y agrícolas, contrarios a las reformas sociales impulsadas por Villarroel. 8
La revisión de los textos referentes a las personalidades de estos y otros dictadores, sus aspectos biográficos, ideas propuestas y formas de actuar, no siempre permite con facilidad obtener en la literatura una relación positiva entre el rol de las fuerzas castrenses que los respaldaban, en el sentido del bienestar social. Los juicios sobre sus acciones se refieren a ellos principalmente como conductores políticos, no sólo como líderes de las Fuerzas Armadas.
La dictadura de Porfirio Díaz, por ejemplo, parece atípica respecto a la mayoría de los juicios negativos con que la historiografía se refiere a los caudillos hispanoamericanos. Las épocas del Porfiriato, que va de fines de 1888 hasta 1908 y del Porfiriazgo, entre 1908 y 1911, marcan la última etapa del gobierno dictatorial de José de la Cruz Porfirio Díaz, hijo del mestizo José Díaz y de la india pura Petrona Mori. En su biografía destaca su participación como organizador de guerrillas y combatiente triunfador en 1867 contra los franceses del imperio  de Maximiliano de Habsburgo. Además, después de este acontecimiento, dejó las armas, se retiró a la vida privada en el campo y poco a poco se interesó en la política, como un medio para dirigir los destinos de su nación.9  
Fue en la época del último cuarto del siglo XIX en la  que tal vez las acciones militares de las fuerzas que él dirigía, provocaron los mayores costos en términos de bienestar de la población, paradójicamente con el objeto de combatir caciquismos, bandolerismo, amenazas de indios y eventuales sediciones que alteraban el orden en esos años. Díaz asumió la primera magistratura de la nación el 5 de mayo de 1877 después de derrotar a las tropas del entonces Presidente (Sebastián) Lerdo de Tejada, es decir, tras una guerra interna.10
La época anterior muestra acciones militares que indudablemente debieron provocar enormes costos sociales, no sólo por las personas fallecidas en un proceso conflictivo interno violento, sino por las incontables incomodidades propias de una guerra civil y que el relato citado no detalla. Sin embargo en este caso, al margen de las referidas sediciones que fueron ahogadas, y las disputas contra los indios cuyos motivos no especifica, Porfirio Díaz también encabezó acciones militares violentas contra bandidos y gavillas que infestaban los caminos. En esta materia, y a pesar de que parte del resultado final fuese la muerte de aquellos maleantes, la participación de las Fuerzas Armadas de la época estuvo orientada a un fin positivo, en el sentido de asegurar la defensa de civiles que eran agredidos y robados por facinerosos.
La última etapa de gobierno de Díaz,  conocida como El Porfiriazgo, entre 1908 y 1911, su respaldo como primer mandatario se vio disminuido. Los años 1908 y 1909 se caracterizaron por lluvias en exceso o defecto, según el lugar, temblores, heladas, baja en la producción, escasez de porotos y tortillas,  que en conjunto generó hasta irritación de los sectores populares.  A pesar de haber sido electo democráticamente a través de una amañada elección, surgieron fuerzas antiporfiristas y opositoras que desnudaron las falencias del ejército dictatorial, forzando su renuncia el 25 de mayo de 1911.11
Una vez más las acciones militares mencionadas en este último lapso, se refieren a hechos en que la calidad de vida de la sociedad civil, ya afectada negativamente por un período de mal gobierno, se vio empeorada por una disputa puntual pero de carácter fraticida.
En Argentina, antes de la época de la Gran Depresión de 1929, la participación de las Fuerzas Armadas dejó entrever situaciones en que, pese a cumplir con su deber, su accionar provocó una enorme pérdida de bienestar social en la comunidad. En aquellos años gobernaba el Presidente Hipólito Irigoyen, tras una larga normalidad constitucional que se prolongaba desde el año 1861. En medio de su mandato entre 1916 y 1922, específicamente en el año 1919, ocurrió la llamada semana trágica en el mes de enero, días de efervescencia social en que ordenó al Ejército reprimir manifestaciones huelguísticas de obreros disconformes con su situación laboral:

“La semana trágica se inició en los portones de la empresa Sociedad Hierros y Aceros Limitada de Vasena e Hijos, ubicada en el barrio  sur de Buenos Aires.  El 7 de enero de 1919 el enfrentamiento dejó cuatro muertos y treinta heridos. Dos días después las centrales sindicales decretaron la huelga general.12
En las acciones violentas antes descritas participaron, además, grupos civiles ilegales armados por la oligarquía que provocaron pavor en los trabajadores afectados, las denominadas guardias blancas. Fue así como la semana trágica de enero de 1919 se convertiría en un símbolo del movimiento obrero argentino, en medio de una situación que, a todas luces, se le había escapado de las manos al Presidente Irigoyen.13
Al efectuar una mirada retrospectiva de la conducta de Irigoyen respecto a los huelguistas argentinos de su época, no es fácil entender cómo un mandatario que había sustentado su poder en el apoyo de sectores populares, y que además mantuvo una fuerte oposición de la oligarquía, pudo llegar a tales niveles de represión. Al parecer, en esos años el líder radical se mostraba favorable a los trabajadores, cuando así lo estimaba de justicia, pero no toleraba protestas que desbordaban la legalidad, al  actuar como mediador garante  que evitase conflictos de clases. 14
Después de haber sido elegido Presidente de Argentina entre 1916 y 1922, recuperó el poder en 1928. Sin embargo, en esta ocasión debió enfrentar un difícil ambiente opositor y, entre otras vicisitudes, la renuncia del ministro de Guerra, general  (Luis) Dellepiane, el 3 de septiembre de 1930.15
En el seno de las Fuerzas Armadas y durante los años siguientes a estos dos hechos trágicos, se fue fraguando una disputa ideológica respecto a las estrategias económicas del país.  Un grupo de soldados nacionalistas miraba con buenos ojos el avance industrial alcanzado. Aspiraban, de paso, a un control estatal sobre los recursos petrolíferos. Por otra parte, un poderoso sector de uniformados favorecía la defensa de una estrategia agro-exportadora del desarrollo económico nacional. Además, desde 1921 la Logia General San Martín, creada por un  grupo de oficiales, manifestaba su descontento por la escasa atención que el gobierno radical prestaba al Ejército argentino. Todo esto explica, al menos en buena parte, la preparación y concreción de un golpe de Estado incruento que fue encabezado por el general José Félix Uriburu. Esta acción militar culminó con una marcha hacia Buenos Aires de unos 1.400 soldados, cadetes y oficiales, además de unos 500 civiles armados.16
En medio de las secuelas de la Gran Depresión económica  mundial iniciada en 1929, Irigoyen murió el 3 de julio de 1933. Era el fin de una época en Argentina, en que se había iniciado el movimiento de masas populares, pero en que la decadencia del modelo exportador estuvo acompañada de pérdidas democráticas alcanzadas en los años de gobierno radical.17  
Las Fuerzas Armadas en América Latina, en otro ámbito y durante la primera mitad del siglo XX, se vieron envueltas varias veces en la contingencia política. El accionar castrense, ciertamente, decidió entonces el rumbo de los acontecimientos que siguieron a coyunturas caracterizadas por una fuerte tensión social. En el juicio de la historia, no es posible establecer que tales acciones, golpes de Estado o apoyos de fuerza a determinados sectores políticos, estuvieron debidamente justificados. No siempre es fácil separar o distinguir los elementos que definen una acción legítima de las instituciones armadas, de las ambiciones ilegítimas de determinados grupos de oficiales o de líderes uniformados que, en ocasiones, lograron alcanzar el poder sin mediar una elección democrática.
En Chile, en torno a la figura de Arturo Alessandri Palma se tejieron algunos hechos con participación de las Fuerzas Armadas pero que estuvieron orientados básicamente a lograr una estabilidad constitucional de amplio respaldo político. Al igual que en el resto de América Latina y el mundo, la gran crisis de 1929 se mantuvo como fondo de un escenario inestable y en el que, a pesar de grandes dificultades, se efectuaron importantes reformas constitucionales. El accionar de las Fuerzas Armadas se vio condicionado por circunstancias políticas adversas que retardaban sus demandas, por una parte, y su respeto a su condición de obedientes al poder civil, que las llevó incluso a participar en una matanza de jóvenes universitarios.
Arturo Alessandri fue un abogado y político de éxito durante la época parlamentaria, que buscó modernizar la estructura legislativa de forma que se alcanzara una mayor eficiencia en el despacho de iniciativas o proyectos de ley  del poder ejecutivo. Una vez elegido Presidente de la nación, consiguió un pacto entre el gobierno y los partidos políticos, en febrero de 1924, que permitía estudiar y despachar un paquete de iniciativas pendientes, de gran interés social y de alcance nacional, que incorporaba una mejora de la dieta parlamentaria. El Senado, en vez de otorgar urgencia a la Ley de subsidios que el gobierno pretendía y solucionar de paso el déficit presupuestario del año, centró su preocupación exclusivamente en discutir el aumento de los ingresos de los parlamentarios:
“La noche del 2 de septiembre, en que se discutía este proyecto, 50 oficiales del Ejército se situaron silenciosamente en las tribunas del Senado. Al día siguiente, otro grupo más numeroso pretendió ingresar a las mismas tribunas; pero se le prohibió el acceso a ellas. Los oficiales optaron entonces, por llenar las galerías, desde donde fueron desalojados, sin resistencia. Mientras se retiraban, los militares hicieron resonar el choque de sus  sables, escena que sería recordada después como ‘el ruido de sables’. Ello constituyó una explícita advertencia y notificación que, naturalmente, fue captada por los senadores, cuya estrategia antialessandrista estaba revirtiéndose con rapidez”.18
La eventual crisis fue resuelta en buena forma, pues el petitorio que los jóvenes militares presentaron junto a oficiales de más alto rango, al  Presidente Alessandri, incluía medidas que el primer mandatario incluía en su programa de gobierno. Los parlamentarios de ambas cámaras enviaron representantes ante el ejecutivo, haciendo ver su buena predisposición para las reformas necesarias, incluyendo el rechazo a la dieta parlamentaria. Sin embargo, lo que parecía un gran triunfo del Presidente Alessandri, se vio trastocado por la negativa a disolverse del Comité Ejecutivo Militar, formado  con el propósito de hacer ver la posición del Ejército y que luego tomó el nombre de Junta Militar. En una declaración pública, y en una clara intervención política, sus integrantes manifestaron que se mantendrían hasta lograr una completa “depuración política y administrativa del país”.19
Esta desconfiada conducta de las Fuerzas Armadas chilenas en aquellos años previos a  la gran crisis de 1929 provocó la renuncia del Presidente Alessandri, quien el 10 de septiembre de 1924 partió rumbo a Italia vía Buenos Aires. Dos días después se formó una Junta de Gobierno, que incluía en ella a ex ministros castrenses, el general Luis Altamirano, el almirante Francisco Nef y el general Juan Pablo Bennet. La crisis política continuó con otras intervenciones de carácter militar, como la del denominado Comité Revolucionario, cuyos jefes Carlos Ibañez del Campo y Marmaduque Grove estuvieron en contra de la Junta de Gobierno que fue derrocada. Ibañez y Grove invitaron a los generales Juan Pablo Dartnell  y Juan Emilio Ortiz Vega a constituir una nueva Junta de Gobierno, que no contaba con el apoyo de la Marina. Fue necesaria la intervención de un mediador, don Agustín Edwards, para que ambas ramas resolvieran sus diferencias y no se llegara a un conflicto de proporciones. Finalmente el Presidente Alessandri regresó al país el 26 de marzo de 1925, a solicitud del Comité Revolucionario y mediante un acuerdo previo entre las partes en conflicto, consiguiendo meses más tarde en un plebiscito la aprobación popular de una nueva Constitución Política.20
La historiografía se ha referido a otras diversas intervenciones de las Fuerzas Armadas chilenas desde 1925 y hasta 1938, que tuvieron un impacto negativo en la calidad de vida de la población. En lo político había triunfado Carlos Ibañez del Campo, caracterizado por persecuciones, represión policial y una fuerte restricción a la libertad de prensa. Antes y durante el segundo gobierno de Alessandri se produjeron diversos acontecimientos relacionados con el surgimiento de grupos armados paramilitares y sobre los cuales las Fuerzas Armadas llegaron a tener posiciones ambiguas. El Ejército las observaba con recelo pues ofendía su dignidad, mientras que la Marina  tuvo una posición más favorable. Entre dichos grupos destacó el de las Milicias Republicanas, que surgió durante el breve gobierno de Carlos Dávila, Eugenio Matte y Marmaduque Grove, conocido como el de la República Socialista.21
Las Milicias Republicanas nacieron en respuesta al surgimiento de la República Socialista y en su origen fueron encabezadas por Eulogio Sánchez Errázuriz, un ingeniero de la Universidad Católica, que les dio vida el 24 de julio de 1932. Esta organización paramilitar llegó a tener 50.000 miembros y se constituyó, con el apoyo de Alessandri, en un verdadero ejército civil a lo largo de todo el territorio chileno. Las Milicias Republicanas llegaron a contar con un Estado Mayor General, intendencia, secretaría general, jefes de servicios, arsenales, comunicaciones, transporte, aviación, una escuela de cadetes y seis grupos regionales dependientes  del comando en jefe.22
Al margen de todas las dificultades e incluso ilegalidades incurridas para mantener en el tiempo una organización como esta, que el gobierno de Alessandri defendía mientras se alcanzara la plena estabilidad democrática, en 1934 surgieron desavenencias serias por el intento de las Milicias Republicanas de hacer justicia por cuenta propia luego de sufrir unos atentados.23
Las Milicias Republicanas fueron finalmente disueltas oficialmente el 3 de julio de 1936,  pero los dirigentes milicianos derivaron sus inquietudes a nuevos partidos y alianzas políticas a favor de ideologías principalmente derechistas, llegando a apoyar en 1938 la candidatura a la Presidencia de la República del aspirante al cargo Gustavo Ross.24
Al finalizar el gobierno de Alessandri, se había alcanzado una aceptable normalidad democrática, pero en Santiago se viviría un lamentable episodio de sangre en el que murieron numerosos estudiantes universitarios nacistas. El intento de un levantamiento nazi en Chile terminó con una verdadera matanza en el edificio del Seguro Obrero, a manos de Carabineros de Chile, el día 5 de septiembre de 1938.  
El trágico hecho y su quizás inesperado desenlace lo relató el propio Presidente Arturo Alessandri en su obra “Recuerdos de gobierno”.  Señala que a eso de las 12 ½  P.M. de aquella mañana  se encontraba trabajando en su dormitorio y despacho ubicado en calle Moneda con Morandé, cuando escuchó dos disparos que lo motivaron a asomarse al balcón del palacio de gobierno. Fue en ese momento que vio al carabinero (José Luis) Salazar bañado en sangre, por lo que ordenó lo trasladaran a la Asistencia Pública. Sus edecanes le informaron que se trataba de unos gansters intentando robar, antecedentes que no aceptó pues sabía que en el lugar no había sumas de dinero importantes. Desde un comienzo Alessandri pensó que se trataba de un levantamiento nacista, lo que fue corroborado por otros hechos que ocurrían en la casa central de la Universidad de Chile, donde se encontraban de rehenes el Rector  Juvenal Hernández y otras personas que fueron intimidas con revólveres. 25
Los graves hechos que siguieron y que registra la historia revelan el intento de un golpe de Estado desquiciado y fuera de lugar, a lo que se sumó una reacción inapropiada de tropas del Ejército y también quizás absolutamente desmedida por parte de Carabineros de Chile. Mediante un cañón solicitado por Alessandri fue derribada la puerta de la Universidad de Chile y los jóvenes en armas debieron rendirse, con un resultado previo de seis muertos. En el edificio del Seguro Obrero en tanto, en medio de balaceras y carabineros heridos, los jóvenes nacistas mantenían la esperanza de que tropas del Ejército apoyaran su rebelión. Lamentablemente para ellos y sus compañeros, que habían tomado la Universidad de Chile, se les condujo hasta ese lugar con la idea de que los aún atrincherados se percataran de que todo estaba perdido. El levantamiento terminó, finalmente, con la muerte de casi todos los jóvenes.26
Una mezcla de situaciones confusas, banderas blancas de rendición falsamente enarboladas, inmadurez en las reacciones de los propios estudiantes, intenciones de disparo contra el propio Presidente Alessandri, miedo a una insurrección de unas cien mil personas y posteriores robos generalizados durante la noche, parecen explicar  el resultado final  de aquel fatídico 5 de septiembre de 1938. La orden de fusilamiento de los nacistas aún vivos y que finalmente se rindieron, habría sido dada por el general de Carabineros Humberto Arriagada, a quien finalmente se atribuyó la famosa orden de “mátenlos a todos”. El desarrollo de la investigación judicial posterior a los hechos, incluyó relatos de testigos que trabajaban en el edificio del Seguro, quienes señalaron que antes de la rendición final de los nacistas ya habría más de 80 cadáveres esparcidos en los pisos del inmueble. 27
La ideas nacistas y fascistas se extendieron poco a poco tanto en gobiernos democráticos legalmente elegidos, como en gobiernos no democráticos. Al igual que en el caso recién estudiado ocurrido en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, otras naciones de América Latina también vieron surgir a fines de la década de 1930 el fenómeno de la Quinta Columna, es decir, la influencia de las ideas totalitarias del partido nazi alemán a través de comunidades de inmigrantes influyentes.
De acuerdo al historiador John Gunter, los agitadores alemanes desarrollaban su accionar al menos en cuatro formas: (a) trataban de comprar diarios locales, en casi todas las capitales latinoamericanas había al menos uno de ellos subvencionado por los alemanes; (b) contactaban partidos políticos locales simpatizantes de las ideas fascistas; (c) los alemanes trataban de ejercer influencia en autoridades y en particular en oficiales de ejército partidarios del gobierno en el poder y (d) los agentes alemanes se trasladaban constantemente de un país a otro, uniendo sus organizaciones. 28
La situación de la democracia en América Latina al comenzar el último decenio de 1940 era bastante precaria, con varios gobiernos dictatoriales o bajo presión del ejército, con la aceptación casi generalizada de misiones militares estadounidenses, pobreza  bastante extendida y economías fuertemente dependientes de unos pocos productos exportables.
En el cuadro Nº 3.3 se anotan algunas características de la situación socio-política existente en varias naciones de América Latina y que sentaron las bases de lo que ocurriría en la segunda mitad del siglo XX.

Cuadro Nº 3.3

Situación sociopolítica y económica de América Latina
(A  inicios de la década de 1940)

Cuadro Nº 3.3 (Continuación hacia la derecha)

Fuente: Gunther, John, op. cit., cuadro  inserto entre las páginas 32 y 33.
Notas: (a) En el caso de Chile, no se incluye la superficie correspondiente al territorio antártico; (b) Algunas palabras abreviadas son: Bla = blancos; Mes = mestizos; Ind = indios; Neg = negros; Mu = mulatos; Dem = democracia, Agric = agricultura; Lib =liberales; Con = Conservadores; Integ = integración; Ines = inestabilidad; Pobr = pobreza; Consol. Int. = consolidación interna.

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