3.2.1.3 El paradigma autoritario militar de la segunda mitad del siglo XX

La precaria situación democrática de América Latina a mediados del siglo XX se ve reflejada en los antecedentes resumidos en el Cuadro Nº 3.3, elaborado por el historiador estadounidense John Gunther. De los 20 países de la lista, sólo cinco de ellos aparecen con gobiernos democráticos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay), uno anotado como más o menos democrático (México) y tres en transición (Ecuador, Perú y Venezuela). El resto tenían gobiernos dictatoriales, bajo dominio del Ejército, de un caudillo personalista no democrático o bien se trataba de una democracia en teoría como en el caso de Panamá.
Antes que nada conviene aclarar el concepto de autoritarismo. Un Presidente de la República se entiende que, siendo o no militar de profesión, puede actuar de manera autoritaria cuando toma decisiones que son ejecutadas bajo su responsabilidad, pero que transgreden los principios democráticos o las leyes vigentes relacionadas con la independencia de los poderes públicos. Aunque el término guarda algunas semejanzas con la idea de caudillismo, con el calificativo de autoritarismo militar  me refiero más bien a cuando la máxima autoridad de un país -haya o no sido elegida democráticamente- recurre al uso de la fuerza institucional de las Fuerzas Armadas para controlar el poder, impidiendo el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas o para prolongar su permanencia directa o indirecta en el cargo más allá del período normal que le otorga la Constitución.
Al margen del panorama poco alentador que se vivía  en aquellos años en materia democrática, los antecedentes respecto al altísimo analfabetismo en la región, los problemas de pobreza, el escaso desarrollo y las luchas políticas internas, revelan que el eventual  accionar  de las Fuerzas Armadas, en proponer iniciativas que apuntaran a mejorar la calidad de vida de la población, estaba condicionado por múltiples factores tanto internos como externos. Estos últimos derivaban de los fuertes nexos comerciales internacionales con dos de las grandes potencias de la época, como eran Estados Unidos y Gran Bretaña, relacionados con los movimientos de exportación e importación de bienes y servicios. En éste contexto es que surgieron diversos gobiernos autoritarios que tuvieron el respaldo de las Fuerzas Armadas, en una época de grandes diferencias sobre la concepción de una sociedad con mejor nivel de vida y más justa a la vez.
El término autoritarismo incorpora la idea de la concentración del poder político en un bloque dominante que lo ejerce con total y completa discrecionalidad o sin ningún tipo de límites en esa forma de acción. En este caso y con relación al tema que nos preocupa, el autoritarismo controla fundamentalmente la actividad política, a partir de la cual entrega sus preferencias al grupo o sector social que le apoya y reconoce su autoridad.
Es oportuno insistir en que el concepto de autoritarismo, e incluso dictadura, no es lo mismo que totalitarismo. Este último es el caso más extremo de dominación de un grupo social respecto de otro, como fueron los regímenes Nazi en Alemania, fascista en Italia y comunista en Rusia. El totalitarismo es de naturaleza holística, lo abarca todo, no existen elementos controladores o reguladores externos independientes de su accionar. De allí que cabe calificar sólo como autoritarismo, por ejemplo, el régimen militar chileno o el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, pues dieron algunos espacios mínimos de expresar desacuerdos (la Vicaría, prensa, revistas opositoras y otras manifestaciones de disenso).1
Esta idea de autoritarismo tiene cierta relación, además, con el principal hecho de carácter bélico en el mundo ocurrido en la década de 1940, como fue la 2ª Guerra Mundial. Una vez finalizada entró a tallar otra potencia económica y militar como fue la Unión Soviética, que influyó notoriamente en el devenir latinoamericano a través del pensamiento y su sistema político-económico centralizado. La derrota de Alemania, Japón e Italia puso fin al peligro de que se extendiera a nuestro continente un fascismo de tipo totalitario, pero surgió un mundo bipolar Este-Oeste que una vez más condicionó el accionar de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos, obligando a que dedicaran una gran parte de sus energías y esfuerzos a cuestiones alejadas del bienestar de la población y más propias de materias defensivo-estratégicas en lo puramente militar, pero que giraban en torno a la dicotomía democracia pluralista versus exclusivo socialismo de Estado.
La combinación de todos estos elementos  y otras particularidades  posiblemente permita explicar que en la segunda mitad del siglo XX las intervenciones militares persistieran y, en algunos casos, con resultados extremadamente desfavorables en el ámbito del bienestar social. Los ejércitos se modernizaban cada vez más, adquirían mejor material de guerra y sus oficiales se perfeccionaban en países más adelantados en materias propias de la profesión castrense. Pero las luchas de las ideologías imperantes, la desesperación de diversos grupos populares afectados por la pobreza y las eventuales injusticias percibidas por sectores tanto políticos como académicos, mantuvieron atenta la mirada castrense en distintos momentos y lugares de América Latina.
Con todo, las intervenciones militares parecieron aminorar a fines del siglo XX y los militares volvieron a los cuarteles de forma mayoritaria a fines del último cuarto de siglo. Afortunadamente, desde el punto de vista de la calidad de vida de la población, las naciones de América Latina comenzaron una nueva etapa de consolidación democrática como nunca antes se había observado, coincidiendo con el inicio de la era de la globalización. 
Un vistazo de carácter general a las intervenciones de carácter militar en distintos países de América Latina, a la luz de las principales referencias historiográficas, nos entrega nuevamente como hecho fundamental el impacto negativo generado desde el punto de vista del bienestar social. Muchas de las referencias hacen alusión al tema de su participación política. En general, si bien una vez finalizada la 2ª Guerra Mundial tanto las democracias como las fuerzas de izquierda avanzaron en su consolidación, un análisis general de otros hechos claves ocurridos entre los decenios de 1940 y 1950 efectuada por Hartlyn y Valenzuela permite comprender la fuerte inestabilidad regional imperante en diversos ámbitos, entre ellos el político, el económico, el social y el ideológico:

“En otras partes el comienzo de la guerra fría llevó a una ‘congelación’ de los derechos democráticos. En particular, la proscripción de los partidos comunistas -el partido fue declarado ilegal en Brasil en 1947; en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú en 1948; y en Venezuela en 1950- limitó la competencia y la participación democráticas. Luego, a finales del decenio de 1940 y comienzos del de 1950, llegó un nuevo ciclo de autoritarismo. Golpes o intentos de golpe y guerras civiles derrocaron o debilitaron a los regímenes democráticos de cinco de los ocho países: Perú (1948), Venezuela (1948); Costa Rica (1948-1949), Colombia (1948-1953) y Brasil (1954-1955). En Argentina, Perón, que había sido elegido democráticamente en 1946, se había vuelto autoritario antes de ser derribado por los militares en 1955”.2
El panorama democrático en América Latina hacia el primer quinquenio de la década de 1950 era verdaderamente desalentador.  Aunque se vivió una corta euforia democrática en la posguerra, América Latina no consiguió un orden político estable al tener que resolver una contradicción entre las presiones de la guerra fría y las aspiraciones de los movimientos sociales. En un primer grupo de países se produjo lo que Olivier Dabène ha denominado “la reacción autoritaria”, es decir el paso desde una democracia hacia una dictadura debido a un golpe de Estado. En un segundo grupo ocurrió una “pérdida de autenticidad democrática” en el que se logró mantener el paso de una democracia a otra, pero a través de métodos no democráticos o elecciones no competitivas. Un tercer grupo muestra un cambio que denomina “la continuidad autocrática”, es decir el paso desde una dictadura a otra dictadura.3
En el cuadro Nº 3.4 se aprecia el detalle de estos cambios políticos correspondientes al lapso 1948-1955 para varios países latinoamericanos.

Cuadro Nº 3.4

Los cambios políticos en América Latina en 1948-1955
La reacción autoritaria

La pérdida de autenticidad democrática, la consolidación
de democracias y cuasi democracias

La continuidad autocrática

Fuente: Dabène, Olivier, op. cit., p. 72, Cuadro Nº 9.
Nota: el asterisco (*) indica que las elecciones fueron cuasi democráticas o bien no competitivas.
El estudio de la situación social en diversos países de América Latina para aquellos años revela una vez más el patrón detectado en la historiografía examinada, de una asociación desfavorable entre acciones militares y bienestar social.  
En Argentina por ejemplo, según he señalado en páginas anteriores, la inestabilidad política se venía fraguando hacía dos décadas antes. Un golpe militar ejecutado en septiembre de 1930 por el general José Uriburu y por cadetes del Colegio Militar, contó con el respaldo de la oligarquía. En aquella oportunidad fue derribado un gobierno democráticamente constituido en Buenos Aires, que era presidido por Hipólito Irigoyen, un Presidente radical que representaba a las clases baja y media. Cabe señalar que, junto con él, estuvieron una serie de capitanes de tendencia fascista que reaparecerían años después, ya con el grado de coronel o teniente-coronel, que participaron en el golpe de 1943 del cual surgiría Juan Domingo Perón. Este último se ganaría las simpatías de las clases populares debido a que, desde su puesto de subsecretario del Trabajo y Previsión Social, otorgó toda clase de beneficios a los obreros y empleados. Esta acción le valió el respaldo popular después de una serie de pugnas con sus camaradas de armas, que se opusieron a sus aspiraciones autocráticas, consiguiendo finalmente obtener el poder a través de elecciones democráticas en 1946.4
Cabe señalar aquí que Perón actuó de manera autoritaria y totalizadora, pues no sólo exigió tratar como materia obligatoria en las universidades una seudo ideología que impulsaba y que fuera conocida como justicialismo, sino que terminó transformando al Estado en un instrumento del partido laborista que lo representaba. De allí que los individuos debieron supeditar sus aspiraciones a la disciplina de éste partido y con ello la Confederación de Trabajadores quedó en manos de integrantes del movimiento peronista. A esto se sumaba el hecho de que los periódicos de la época fueron adquiridos por personas o instituciones afines al régimen de Juan D. Perón. Así, lo que permitió que estos atropellos a las libertades se concretaran fue, ciertamente, la compensación que Perón hábilmente estructuró con aumentos de salarios, derecho a voto femenino, ley de pensión de vejez, más la construcción de ciudades de obreros y empleados.5
El autoritarismo populista de Perón continuó después de cambiar las disposiciones constitucionales para poder ser reelecto por un período de seis años, lo que consiguió en el año 1952. Sin embargo, tras un conflicto con la Iglesia Católica en 1954, se produjo una seria rebelión el 16 de junio de 1955, encabezada por el general (Eduardo) Leonardi y con el fuerte respaldo del almirante Isaac Rojas. Juan D. Perón fue depuesto finalmente el 20 de septiembre de aquel año, asumiendo en seguida una Junta de Gobierno presidida por el general Pedro Aramburu, que debió enfrentar y reprimir fuertemente una grave insurrección peronista en el año 1956.6
En este mismo contexto de inestabilidad política latinoamericana fue que en el año 1959 ocurrió un acontecimiento único en el devenir de la región, la revolución cubana, que influyó posteriormente con mucha fuerza en las ideas de equidad social en la conciencia de vastos sectores populares e intelectuales de América Latina. En los hechos mismos y relacionados con la toma del poder, se vivirían situaciones propias de una contienda entre un ejército regular y uno de guerrilleros que alcanzaría el poder por la fuerza, originadas por situaciones de despotismo, corrupción interna, grave injusticia social y una situación política de hecho insostenible.
Las tensiones se agravaron cuando el 10 de marzo de 1952 el hombre fuerte de Cuba de gran ascendencia en el Ejército, Fulgencio Batista, dio un golpe de Estado incruento apoyado por un grupo de oficiales jóvenes que al parecer fueron encabezados inicialmente por el capitán Jorge García Tuñón. A esta acción se opusieron públicamente los coroneles Eduardo Martín Elena y Francisco Álvarez Margolles en las provincias de Matanzas y Oriente, pero que nada pudieron hacer frente al apoyo de los partidarios de Batista al interior del Ejército. Esta rebelión castrense interrumpió el proceso electoral faltando tres meses para las elecciones presidenciales, las cuales se venían celebrando regularmente desde 1940. 7
Desde el punto de vista de la calidad de vida de la población, es indudable que se vivió un  proceso social con gran pérdida de bienestar por los costos asociados a la muerte de decenas de personas, el malestar de la población por diversas medidas represivas que tomó el régimen de Batista,  así como las pérdidas económicas debido a huelgas previas al triunfo de Fidel Castro y sus partidarios.
En el fallido asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, en el año 1953, murieron la mayoría de unos 120 jóvenes atacantes y otros fueron apresados, entre ellos los hermanos Raúl y Fidel Castro, aunque posteriormente fueron liberados tras una fuerte campaña  internacional de apoyo a los encarcelados. Tiempo después, el inicio de las hostilidades en noviembre de 1956 y el desembarco en Cuba de 82 personas desde la embarcación Granma, en diciembre de aquel año, tuvo por resultado la muerte de la mayoría de los rebeldes, sobreviviendo sólo 22 de ellos. En la batalla de El Uvero, sin embargo,  lograron triunfar, pero a costa de algunas bajas bastante serias. 8
En 1957, en un intento de asesinato de Batista, murieron otros jóvenes pertenecientes al grupo armado Organización Auténtica (OA), entre ellos el líder del llamado Directorio Revolucionario, José Antonio Echeverría y la mayor parte de sus integrantes. En otra acción de desembarco realizada en el yate Corintha, procedente de Estados Unidos, murieron 26 de los 27 hombres en la bahía de Cabónico, en mayo del mismo año. En el segundo semestre de 1957, sin embargo, el Ejército Rebelde pudo organizarse de mejor manera y, utilizando el sistema de guerrillas, consiguió victorias en los enfrentamientos de Bueycito, Palma Mocha, El Hombrito, Pino del Agua, Mar Verde, El Salto y Altos de Conrado. Sin embargo, una sublevación de marinos en la base naval de Cienfuegos, dirigidos por el alférez Dionisio San Román, fue aplastada por un fuerte bombardeo del Ejército y la Aviación que dejó centenares de muertos y heridos civiles. 9                    
A comienzos de 1958 el Ejército rebelde poco a poco fue incrementando su tamaño, con miembros del movimiento M-26-7 y campesinos, consiguiendo triunfos en Vaguitas, Pino del Agua, Estrada Palma y los comandantes Raúl Castro, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos,  Che Guevara, Crescencio Pérez y Fidel Castro consiguieron consolidar su domino de la Sierra Maestra. Más tarde se unieron otros grupos guerrilleros organizados por el Directorio Revolucionario al ya existente en la sierra del Escambray, comandado por Eloy Gutiérrez Menoyo, así como un grupo pequeño de la Organización Auténtica.  Entre tanto, Batista perdía cada vez más apoyo e incluso Estados Unidos decidió imponer un embargo de armas, debido a una eventual violación de un acuerdo de asistencia militar que impedía utilizar recursos asignados a la defensa continental en represiones internas.10
 Después de un fallido intento de huelga general programada para el 9 de abril de 1958, que se había preparado desde fines de 1957, se inició una fuerte ofensiva militar de Batista contra los guerrilleros de la Sierra Maestra, denominada FF (Fin de Fidel o Fase Final). El plan del gobierno incluyó la movilización de 12.000 efectivos, que obligaron a unos 300 rebeldes a retroceder hacia el interior de las montañas selváticas. En la batalla del Jigüe, sin embargo, las tropas batistianas sufrieron una importante derrota, cuando el batallón 18 del Ejército se rindió a las tropas que comandaba Fidel Castro. La batalla de Las Mercedes, entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 1958, selló la derrota definitiva de la ofensiva de Batista, con bajas estimadas en un 10% de los efectivos de gobierno y con ello la posibilidad de que la guerra se extendiera fuera de  los límites de la Sierra Maestra.11  
Pocos meses después el Ejército Rebelde ya contaba con más de 3.000 hombres, lo que sumado a nuevos triunfos, conquistas de diversas localidades de la isla y el apoyo de coronel José Rego Rubido, jefe de la guarnición de Santiago de Cuba a cargo de 5.000 soldados acantonados en esa ciudad, decidió el destino de la causa guerrillera. El respaldo de Rego Rubido a los rebeldes evitó una batalla sangrienta, impidiendo de paso un eventual golpe de Estado del general Eulogio Cantillo, quien había facilitado la huida de Batista al extranjero, el 1º de enero de 1959. La revolución había triunfado.12
En el decenio de 1960 la intervención de las Fuerzas Armadas de varios países latinoamericanos estuvo caracterizada principalmente por el fenómeno de los “golpes de Estado preventivos”. El triunfo de la revolución cubana y los intentos de Fidel Castro de “exportar” su experiencia a otros lugares del continente o respaldar movimientos revolucionarios de izquierda, la siempre presente presión anticomunista por parte del gobierno de Estados Unidos y la inestabilidad política interna producida por diversos factores, parecen explicar esta época de tensiones que se prolongaría hasta fines de los años ochenta del siglo XX.
Cuadro Nº 3.5

Los golpes de Estado preventivos en América Latina 1960-1968

Fuente: Dabène, Olivier, op. cit., p. 99, Cuadro Nº 13.

En los años sesenta se difundieron en el continente dos tendencias bastante claras: por un lado el modelo revolucionario castrista y por otro una contrarrevolución impulsada por Estados Unidos bajo el mandato de los mandatarios (John) Kennedy y (Lyndon) Johnson. En la práctica, ni las guerrillas que habían tenido éxito en Cuba ni los intentos de controlar el poder por la fuerza consiguieron ningún resultado relevante, e incluso en muchos casos el peligro revolucionario estuvo totalmente ausente. Sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos y  de América Latina actuaron de manera extendida  previniendo o anticipando la posibilidad de tal desenlace. De allí que en la historiografía se acuñara el concepto de “golpes de Estado preventivos”, que de paso sirvió de argumento para la asunción de regímenes políticos autoritarios.13
El impulso de la revolución castrista coincidió con el inicio de una cruzada continental por la democracia, que tuvo su origen en una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores en Santiago de Chile en agosto de 1959. Este mismo año tuvo lugar un intento de desembarco en República  Dominicana organizado por opositores al dictador (Héctor) Trujillo y que contó con el apoyo de Cuba. 14
A fines del año 1961 Cuba comenzó a sostener toda clase de movimientos revolucionarios que florecieron en el continente. En Venezuela el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el partido comunista fueron directamente incitados a utilizar el camino de la lucha armada, lo que provocó el término de las relaciones diplomáticas con Cuba. En octubre de 1962 Cuba protagonizaría además la crisis de los misiles con estados Unidos y en 1963 las autoridades venezolanas descubrieron en una playa un arsenal de armas soviéticas y checoslovacas, destinadas a la guerrilla local. En Guatemala los rebeldes también recibieron apoyo cubano. En Bolivia, Ernesto Che Guevara trató de establecer un foco guerrillero en el año 1966 que terminó con la muerte de mítico líder en 1967:
“El 9 de octubre de 1967 el Che Guevara es muerto, después de once meses de lucha, y numerosos son los que en América Latina, treinta años después de los hechos se preguntan aún sobre el  porqué de la elección del Che, si la guerrilla era más poderosa en otros países como Argentina (su país), Colombia o Perú. No podía ignorar que su voluntad de transformar los Andes en Sierra Maestra era ilusoria.  Hubo otras guerrillas castristas en el continente aunque fueron rápidamente marginalizadas (sic). En Colombia, por ejemplo, el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos (MOEC) y el Frente Unido de Acción revolucionaria (FUAR) tienen poco éxito, mientras que otros movimientos en este país llegan a enraizarse. En Argentina, los montoneros son peronistas disidentes mientras que en Uruguay algunos tupamaros intentan crear focos. Pero se trata esencialmente de estudiantes completamente cortados de las realidades sociales y políticas del país, que se lanzan a la guerrilla urbana. En suma, la exportación del modelo castrista tiene poco éxito en América Latina. [...]. En 1967, la muerte de Guevara marca un viraje. Simboliza el fracaso de la exportación de la revolución, Cuba entra entonces en el rango de la ortodoxia comunista”.15
El intento cubano de exportar su revolución al resto de América Latina tuvo como contrapartida una reacción de Estados Unidos que influyó en la idea de reforzar los aparatos de represión policiales y militares en prevención del peligro comunista. Pero además, en marzo de 1961 el Presidente John F. Kennedy pronunció un discurso anunciando un acuerdo denominado “Alianza para el Progreso”, consistente en financiar planes de ayuda para contribuir a  eliminar la pobreza y consolidar las democracias.16
En suma, las condiciones sociales y políticas internas de cada país llevaron, de este modo, a que las Fuerzas Armadas entre 1962 y 1980 participaran en acciones que finalizaron en golpes de Estado. En el Cuadro Nº 3.6 se anota una lista de Jefes de Estado que fueron derrocados mientras que, por el contrario, en el Cuadro Nº 3.7 se incluyen aquellos que alcanzaron el poder mediante un pronunciamiento militar.

Las listas de golpes de Estado que aparecen en los cuadros Nos. 3.6 y 3.7 nos dan a entender por sí solas que las variadas intervenciones militares de aquellos años, no pudieron representar de hecho un aporte al bienestar de la población. Las acciones respondían básicamente a situaciones de inestabilidad política internas, en general lejanas a la posibilidad de una explosión revolucionaria apoyada eventualmente por Cuba o la Unión Soviética, sin dejar de reconocer que existieron intentos en tal sentido promovidos por grupos de izquierda locales.
Cuadro Nº 3.6

Golpes de Estado y reacción de las administraciones Kennedy-Johnson
frente a los golpes de Estado preventivos
(Selección de países de América Latina 1962-1966)

Fuente: elaborado en base a información contenida en (a) Dabène, Olivier, op. cit., p. 109, Cuadro Nº 14 y (b) Rouquié, Alain, op. cit., p 220.
Notas: (a) s.i. = sin información; (b) La información incluida entre paréntesis (  ) es de mi responsabilidad.

Cuadro Nº 3.7
Jefes de Estado y modos de acceso al poder
(Selección de países de América Latina 1968-1980)

Fuente: Dabène, Olivier, op. cit., p. 106.
Notas: (a) El asteriso (*) indica que no gobernó durante todo el período; (b) La información incluida entre paréntesis (  ) es de mi responsabilidad.
En el caso de Argentina, las rebeliones militares estuvieron destinadas  a restablecer equilibrios y a transformar esta sociedad, especialmente en materia económico-social.  Entre las causas del malestar en la época del Presidente Arturo Frondizi, estaba la postura de militares nacionalistas que se oponían a la explotación de petróleo argentino por compañías extranjeras. A ello se sumaron, en su última etapa de gobierno, varias dificultades por el alto desempleo, la inflación, la fuga de capitales y la oposición de los peronistas, lo que terminó  con el derrocamiento de Frondizi por los militares en marzo de 1962. En el año 1966, el nuevo Presidente Arturo Illia también fue depuesto por los militares, asumiendo entonces el general Juan Carlos Onganía.  Este último intentó frenar el problema inflacionario congelando los salarios por dos años y estableciendo un régimen políticamente opresivo, que se vio envuelto en una espiral de violencia y movilizaciones sociales. La actividad guerrillera de los Montoneros aumentó y, en  mayo de 1969, se produjo una gran manifestación popular en la ciudad de Córdoba, conocida como El Cordobazo, evidenciando las enormes dificultades sociales existentes. El sucesor de Onganía, el general Roberto Levingston, no tuvo más opción que legalizar el partido peronista y autorizar el retorno de Juan Domingo Perón en 1971. 17
En América Central y para las décadas de 1960 y 1970, tal como lo muestran los Cuadros Nos. 3.6 y 3.7, se produjeron diversas intervenciones autoritarias con el respaldo de las Fuerzas Armadas: Guatemala (1963); República Dominicana (1963 y 1965); Honduras (1963 y  1972); Panamá (1965); Jamaica (1972) y El Salvador (1979).
En los países andinos las intervenciones militares referidas en fuentes históricas resaltan el aspecto negativo de la participación de las instituciones armadas en asuntos de carácter político, que iban más allá del quehacer en su ámbito estrictamente profesional, al interrumpir o tratar de normalizar los procesos democráticos  por motivos diversos.
En Perú, por ejemplo,  se disputaron elecciones en el año 1962, resultando vencedor Raúl Haya de la Torre, quien había sido el fundador  del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). El triunfo sobre sus dos oponentes, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría, se obtuvo estrechamente con el  33% de los sufragios, por lo que el Parlamento -dominado por el APRA- debió asumir la responsabilidad de confirmar su designación. Los militares peruanos disconformes con esta situación intervinieron e impidieron que asumiera Haya de la Torre, por lo que anunciaron nuevas elecciones para el año 1963 y que esta vez fueron ganadas por Belaúnde Terry. En el lapso de su mandato, la agitación de campesinos disconformes debido a una reforma agraria poco efectiva se vio reforzada por un la presencia de un grupo de guerrilleros, quienes siguiendo la tesis cheguevarista de instalar un foco de insurrección creciente sufrieron duras represalias y debieron soportar miles de bajas. La magnitud de la masacre contra los rebeldes hacia el año 1966 llegó a sensibilizar a una fracción de las propias Fuerzas Armadas, inquietas por el rumbo de los acontecimientos y deseosas de encauzar los destinos del país en una dirección distinta. 18
Los uniformados peruanos se habían imbuido a lo largo de las décadas de 1950 y 1960  de una doctrina nacionalista y reformista sustentada por intelectuales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que enfatizaba la relación entre dependencia de potencias extranjeras y subdesarrollo. Fue así como en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), se difundió la tesis de que la seguridad nacional comprendía, además de la defensa militar, el desarrollo económico y social. Los oficiales que compartían este paradigma aspiraban a combatir el subdesarrollo junto con el pueblo, demostrando de paso su disconformidad por el inmovilismo de los gobiernos.  Fue así como se gestó un golpe de Estado de carácter reformista el 3 de octubre de 1968, encabezado por un líder de prestigio como era Juan Velasco Alvarado, quien entre otras medidas nacionalizó la empresa International Petroleum Corporation, efectuó una reforma al aparato estatal, desarrolló un programa de reforma agraria y expropió a grandes propietarios extranjeros. Finalmente, también fue depuesto por un golpe de Estado fraguado por su primer ministro, el general Francisco Morales Bermúdez en el año 1975.19
En la década de 1970 irrumpieron una serie de dictaduras militares en América Latina, esta vez dejando una secuela de víctimas humanas producto de la aplicación de políticas de orden en extremo represivas, con actos de brutalidad inadmisibles que incluso sobrepasaron gravemente los propios reglamentos internos de las instituciones involucradas. Una cuestión que debe ser destacada aquí es la caracterización de los nuevos dictadores, en contraste a los de épocas de primera mitad del siglo XX.  Aún cuando resulta tentador escudriñar explicaciones históricas a través de la formación,  ideas y personalidad de los dictadores que encabezaron las diferentes tomas de poder en Latinoamérica y en tiempos más recientes, no es posible dejar de lado los antecedentes de fondo que llevaron a implantar Estados autoritarios.
Una de las explicaciones más atendibles, en este sentido, la aporta Guillermo O´Donell, quien ha señalado que las Fuerzas Armadas de Brasil en 1964, de Argentina en 1966, de Uruguay en 1972-1974, de Chile en 1973 y otra vez de Argentina en 1976, pusieron todo su aparato institucional en pro de interrumpir diversos procesos sociales que determinados sectores ciudadanos vieron como un profundo caos. En la práctica ocurrió que las crisis de la década de los años setenta fueron percibidas como muchos más graves que las de los sesenta, en que amenazas como la del comunismo se sintieron más próximas, todo en medio de un desorden político demagógico que parecía el caldo de cultivo perfecto para acciones subversivas revolucionarias. A ello se sumaban otros sucesos objetivos como las dificultades que vivían las economías de esos países, como el 500% de inflación anual aproximada en Chile y Argentina (1973 y 1976 respectivamente), la inminente cesación internacional de pagos y la drástica caída de la inversión extranjera. 20
En Uruguay, además, los propios militares fueron uno de los blancos preferentes de los ataques guerrilleros, generando un brutal contrapunto de violencia cuyas secuelas durarían muchos años. De este modo, el argumento finaliza expresando que en los alzamientos militares de la década de los setenta las Fuerzas Armadas habrían intervenido principalmente con intenciones de carácter preventivas y restauradoras, buscando detener un proceso que, a ojos de los oficiales, terminaría como el colapso total de la sociedad, del Estado y de la economía. Todo ello obligó, entonces, una intervención firme, decidida y violenta, como ocurrió. 21
En otros países de América Latina, el emerger de las dictaduras dejó una secuela de crímenes y muerte como pocas veces se había visto –si es que hay alguna comparable- en el pasado. El continente debió soportar un proceso destructivo en términos de calidad de vida. El académico mexicano Carlos Figueroa sintetiza el devenir de las dictaduras que comenzaron en la década de los sesenta y que se prolongaron hasta más allá de los años 80:
“Como es sabido, desde los años sesenta una moderna dictadura emergió en Brasil y allí se quedaría hasta mediados de los años ochenta. La “Revolución Argentina”, iniciada en 1966 -así llamaron los militares argentinos a la instauración de su dictadura-, buscó frenar el auge popular y la crisis política que se desencadenó después del derrocamiento de Perón en 1955. El retorno de éste no sería sino un breve interregno que llegó a su fin cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón en 1976, y llevaron a niveles nunca antes vistos, el terror como gestión estatal. En los años setenta, dos sociedades con una arraigada cultura democrática, Chile y Uruguay, vivieron una situación que antaño era inconcebible: las Fuerzas Armadas se convirtieron en eje sustancial del poder político, los sectores civiles más derechistas se unieron a la paranoia anticomunista, el terror se convirtió en la mediación esencial entre el Estado y la sociedad. Diversas informaciones periodísticas (difundidas con motivo de la detención en Londres del general Augusto Pinochet), nos indican una cifra que oscila entre dos mil y tres mil desaparecidos en el período más cruento de la dictadura pinochetista.22
El resumen anterior citado es suficientemente aclarador en cuanto relaciona determinados procesos destructivos, ocurridos en América Latina bajo dictaduras reconocidas, con hechos que determinaron directamente un bienestar social negativo. En esencia refleja el drama de aquellos que fueron afectados directa e indirectamente por la violencia de un Estado no constituido legítimamente, en un acontecer atentatorio contra los derechos básicos del hombre y contra los propósitos del propio Estado que, por mandato, debe accionar su poder en la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de la gente común.
La magnitud de las represiones ocurridas en América Latina no siempre estuvo correlacionada directamente con el tamaño territorial de los países afectados. Aún cuando en un país grande como Argentina la cifra de personas desaparecidas en esos años alcanzó entre 15 y 20 mil, o que en un país pequeño como Honduras la cifra fue de 179 personas desaparecidas entre 1980-1993, las dictaduras militares de un país pequeño como Guatemala, a lo largo de 36 años de conflicto, produjeron cifras estimadas que van desde los 40 mil a 45 mil desaparecidos. En contraparte de este último caso, en el país más grande de Sudamérica -Brasil- desaparecieron 136 personas entre los años 1970-1975 y en México, un país como vimos con un régimen semidemocrático pero estable, una guerra sucia interna aportó cifras que van desde los 500 a 1000 desaparecidos.23
El fin de los autoritarismos latinoamericanos parece coincidir con el agotamiento de la pugna Este-Oeste entre los dos grandes bloques ideológicos que enfrentaron peligrosamente al Mundo, que fueron encabezados por la ex Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El peligro comunista ya había pasado, los avances en la comprensión  del funcionamiento de las economías por especialistas de Oriente y Occidente, sumado todo ello a los avances tecnológicos en las comunicaciones e intercambio de ideas en el nuevo proceso que se iniciaba, la globalización, hicieron prácticamente inevitable el advenimiento de una nueva época en que las democracias y los consensos políticos, en torno a ella, posibilitaran nuevas vías de entendimiento más civilizadas y en que los rezagos de autoritarismo no tenían sentido ni cabida en el nuevo contexto sociopolítico de América Latina.
Una manera alternativa de examinar la evolución de esta nueva realidad histórica, que en la categorización aquí establecida he denominado procesos constructivos, es admitir que debido a fracasos en lo económico observados en las fases autoritarias de las décadas de los setenta y ochenta -calificada como la “década perdida de América Latina” por algunos autores- se promovieron fuerzas de disenso que posibilitaron movilizaciones democratizadoras que, a su vez, tuvieron un sustento moral muy fuerte en asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos a causa de los sucesos que hemos descrito en párrafos anteriores:
“Las crisis de los autoritarismos en América Latina no sólo afectará a los recientemente instaurados, más conocidos en la expresión de O’Donell, como Estados Burocráticos Autoritarios, sino que también a los autoritarismos tradicionales en la región. Tal crisis encuentra condiciones de desarrollo en el impulso dado a la tendencia a la democratización a través del creciente proceso de globalización, pero su manifestación en Latinoamérica se precipitará ante el fracaso económico de los regímenes autoritarios”.24
En el caso argentino, después del colapso de la Guerra de las Malvinas y del régimen militar en 1983, se produjo un cambio político de relevancia. La figura central de ese cambio fue Raúl Alfonsín, quien condujo la iniciativa política frente al gobierno militar y consiguió derrotar en las elecciones celebradas en octubre de aquel año, al candidato peronista Italo Luder.  Este proceso constructivo argentino reorganizó los partidos después de siete años de proscripción, centrando sus esfuerzos en concretar la aspiración  de una democracia constitucional con instituciones estables. En esto tuvieron más éxito  los radicales, encabezados por Alfonsín, pudiendo de paso ampliar su base de apoyo. 25
En Bolivia, un caso complejo, la transición a fines de la década de los setenta se constituyó en un proceso difícil, entre otros factores por la existencia de facciones militares y económicas comprometidas con el narcotráfico. La elección presidencial del 9 de julio de 1978 en que triunfó el general Pereda Asbún, quien había sido ministro del Interior durante la dictadura de Hugo Banzer, obtuvo un sospechoso 50% de los votos  alcanzado bajo fraude generalizado. Por esta razón debió tomar el poder bajo el compromiso de efectuar nuevas elecciones en un plazo no superior a los seis meses. Sin embargo, en los hechos se produjo un interregno de dos años en el cual sectores civiles rivales buscaron afanosamente apoyo militar y en que sucesivos generales intentaron mantener las riendas del poder en medio de nuevas y sucesivas  propuestas de elecciones.26
Los civiles y militares fueron incapaces de encontrar una salida que pudiese satisfacer las demandas sociales relativas a cuestiones económicas, libertades, crímenes y abusos pasados. Aún así, en julio de 1979 se efectuaron elecciones no manejadas, pero sus resultados no fueron concluyentes, pues Siles aventajó oficialmente a Paz, pero apenas por 1500 votos, con Banzer ocupando un tercer lugar. El Congreso determinó que, en estas condiciones, no era factible la elección de ni uno ni de otro. Para empeorar las cosas, el ejército tomó el poder dos meses después, de manera rápida y sangrienta, clausurando el Congreso. Sin embargo, debido a la presión popular, la institución castrense permitió que el proceso democratizador continuara, pero en medio de persistente inestabilidad hasta 1980, año en que ganó Siles Suazo y que asumió sólo dos años después. Su gobierno, empero, no consiguió consolidar la transición esperada, debiendo adelantar las elecciones en 1985, un año antes del término de su mandato, que correspondía a 1986.27
Un último caso de transición que puede ser referido es el de Uruguay, que parece asemejarse al caso chileno por la evolución de los acontecimientos sociopolíticos previos al golpe de Estado. Charles Gillespie ha sostenido  que el crecimiento del terrorismo, las huelgas, la inflación, el extremismo ideológico y, en último término, la reacción autoritaria militar a todo esto, son fenómenos que se pueden atender de mejor manera como síntomas de la crisis de la democracia uruguaya entre 1968 y 1973. El entonces Presidente constitucional Juan María Bordaberry recurrió a una alianza con los militares, participando en un golpe de Estado en 1973 que disolvió el Parlamento. En 1974 un documento presentado por  las Fuerzas Armadas abolió el voto doble simultáneo y estableció que, en adelante, cada partido sólo podía presentar un candidato presidencial, con el objeto de “fortificar, moralizar, homogeneizar y democratizar efectivamente a los partidos políticos futuros”.28
El gobierno de Bordaberry estuvo respaldado por oficiales militares que ocuparon diversos cargos en el aparato de gobierno. En sus primeros años se produjeron varias crisis en torno a desacuerdos de cómo plantear la política económica, que alcanzó su máxima expresión en 1976. Fue entonces cuando Bordaberry hizo circular un memorando en que propuso la abolición permanente de los partidos políticos  y la prolongación a su cargo, lo que no agradó a las Fuerzas Armadas, siendo depuesto en 1976. La transición uruguaya fue gradual y relativamente compleja, pues el mismo día que asumió Aparicio Méndez, el nuevo Presidente, firmó la Cuarta Acta Institucional que prohibía realizar cualquier actividad política, por quince años, a quince mil ex políticos. Las limitaciones democráticas abarcaron a representantes  de izquierda, del partido Colorado, del partido Blanco y las funciones legislativas se transfirieron al denominado Consejo de la Nación, que incluía como representantes a 21 generales de nivel superior. Todo este panorama político creó confusión tanto en la izquierda como en los partidos tradicionales, que no podían operar redes de clientelismo pues tenían denegado el acceso a recursos estatales.29
La verdadera transición uruguaya sólo apareció en el horizonte temporal después que fracasó el intento antes descrito de reinstitucionalización controlada, bajo una propuesta que se conoció como el “Cronograma”. Fue así como la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), anunció que las elecciones se efectuarían con seguridad en 1981, previa reforma de la Constitución sometida a referéndum en1980. Sorprendentemente, la derrota del “Cronograma” por un 57,2% contra un 42,8%, con una concurrencia de votantes de un 87%, dejó estupefactos tanto a militares como a la oposición. La historia en búsqueda de un consenso definitivo se prolongaría hasta mediados de los años 80. En realidad, más que una transición, en el caso de Uruguay se trataría de una redemocratización –o sea, el retorno a la democracia- con el sorprendente rasgo de que los términos bajo los cuales pudieron concordar los militares, los colorados y el Frente Amplio, eran muy similares con relación a la estructura global existente a comienzos de todo este proceso.30
A mediados de la década de los años 90 las transiciones en América Latina en general estaban aún en una etapa de consolidación. El profesor M. A. Garretón ha hecho ver que el término de los regímenes autoritarios dio inicio a procesos de transición hacia democracias políticas aún incompletas, que aún debían superar herencias institucionales del autoritarismo, asegurar el control civil de los militares, resolver la cuestión de los derechos humanos y constituir regímenes efectivamente participativos, en particular que atendieran asuntos tradicionalmente postergados como los que habían afectado a grupos marginales, étnicos, mujeres y jóvenes. 31
Pero aquellos años correspondían a nueva época en que la idea de democracias incompletas se afianzaba por la falta de modernidad en varios países, no sólo por la presencia simultánea de problemas en el ámbito laboral y desigualdades aún vigentes, sino por ausencia de programas efectivos o políticas que entregasen una adecuada satisfacción a nuevas necesidades de la población, más sofisticadas, como poder superar la soledad, derrotar el aburrimiento y desarrollar la creatividad.32

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