PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

2.4.3.2 Delincuencia en América Latina

La delincuencia en América Latina en los últimos años ha evolucionado desfavorablemente desde el punto de vista de la calidad de vida de la población.  Hace algunos años, en 1999, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio de carácter socio-económico en que, con datos y antecedentes sólo relativos a delitos violentos, el daño o costo causado por estos -en términos monetarios- alcanzaba cifras de nivel macroeconómico realmente sorprendentes:

“En América Latina la violencia es extensa y tiene inmensos costos. Los indicadores más tradicionales ilustran su cuantía. En la región hay 140.000 homicidios cada año; cada latinoamericano pierde el equivalente a casi tres días anuales de vida saludable por causa de la violencia; 28 millones de familias son sujetas a hurto o robo en un año o, para decirlo en forma más contundente, 54 familias son robadas cada minuto, aproximadamente una por segundo”.1
Las gruesas cifras anteriores permitían entonces reconocer que el tema de la delincuencia había adquirido a fines del siglo pasado una connotación que no podía dejar indiferente a quienes deseaban aumentar el bienestar de la población. Si bien cada país de América Latina anotaba diferentes valores en los indicadores, algunas conclusiones alcanzadas a partir  del estudio del BID permiten comprender de mejor modo lo que está sucediendo en esta materia. En líneas generales, se hablaba de una epidemiología de la violencia, concepto derivado de la terminología médica que, en su acepción clásica, describe las condiciones de tiempo, lugar y persona de ocurrencia de los fenómenos, identifica los factores de riesgo y cuantifica su importancia.2
La epidemiología clásica de la violencia, como si de tratara de una epidemia médica, aplica métodos de investigación similar a la comprensión del fenómeno delictivo. Las conclusiones más relevantes utilizando este enfoque y que resumen un trabajo de tres investigaciones semejantes aportadas por analistas especializados, referentes a las ciudades de México, Cali y Caracas, fueron: (a) las muertes por homicidio intencional ocurren con mayor frecuencia en las poblaciones jóvenes, en particular entre las edades de 15 a 34 años; (b) existe una notoria diferencia en cuanto al sexo de quienes cometen homicidios, siendo las tasas de las mujeres mucho más bajas que la de los hombres, aunque más altas al compararlas con estándares internacionales; (c) las muertes suceden con mayor frecuencia en horas de la noche y al amanecer y con mayor intensidad durante los fines de semana o en vísperas de días feriados; (d) las armas y el alcohol están fuertemente asociados a la ocurrencia de hechos de violencia, siendo las armas de fuego las más utilizadas, mientras que el uso de las armas corto punzantes alcanzó sólo el 15%; (e) la violencia ocurría en mayor proporción en poblaciones de bajos ingresos, en particular si se considera el sitio de residencia de la víctima más que el sitio de ocurrencia del hecho y (e) es importante tener en cuenta el contexto social en el que se mueve la víctima, pues las riñas y atracos son factores de riesgo para homicidios que afectaban a los hombres, mientras que la vivienda era factor de riesgo para las mujeres. 3
La epidemiología contextual de la violencia, por otra parte, es un enfoque que además permite discriminar la importancia relativa de los distintos factores de riesgo y la contribución de estos a que ocurra la violencia. En esta visión de los acontecimientos violentos es fundamental detectar la importancia de la influencia del alcohol y la salud mental, el contexto cultural, el capital humano y social, así como el contexto macroeconómico. 4
Un gran numero de estudios sobre violencia y comisión de delitos en América Latina reconoce que la tendencia en su evolución a partir de la década de 1980 y hasta mediados de la primera década del siglo XXI ha ido en aumento. En su conjunto, América Latina y el Caribe mostraron una clara tendencia creciente a partir de 1980 (12,5 homicidios-año/ 100 mil habitantes), 1991 (21,3 homicidios-año / 100 mil habitantes) y 2006 (25,1 homicidios-año /100 mil habitantes). En el Cuadro Nº 2..11 se comprueban estos y otros datos, proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y publicados en un estudio de la Fundación Internacional FIIAPP, elaborado con la asistencia de la Unión Europea.5
La revisión de la tendencia anterior revela una situación de criminalidad explosiva. De acuerdo a criterios establecidos por OPS, un índice de situación normal de criminalidad es aquel que se da en el rango de entre 0 y 5 (exclusive) homicidios por cada 100 mil habitantes al año, siendo posible tratar el problema con métodos convencionales. El rango entre 5 y 8 (exclusive) homicidios-año por cada 100 mil habitantes  se considera una situación delicada, mientras que un valor por sobre los 8 homicidios-año por cada 100 mil habitantes corresponde a una situación epidémica.6

Cuadro Nº 2.11

Evolución de la tasa de homicidios para América Latina y sus regiones
(1980 – 2006, Homicidios al año por cada 100 .000 habitantes)

Fuente:  Kliksberg, Bernardo, p. 5. El autor señala que la fuente original es Informes Anuales sobre el estado de la salud en las Américas, elaborado por la OPS.
De acuerdo a los datos del Cuadro Nº 2.11 se desprende que la tasa de homicidios de América Latina triplica la epidémica, la tasa correspondiente a la de los países andinos, de un 45,6, más que la quintuplica y la tasa de los países del cono sur casi alcanza a la epidémica. 
La comparación de la criminalidad entre América Latina y países o zonas del mundo desarrollado en el año 2006 resulta ampliamente desfavorable: la tasa de la región (25,1) es hasta cuatro veces mayor que la de Estados Unidos (6,4), casi 17 veces la de Canadá (1,5) y quintuplica el promedio de los países desarrollados.7
En lo que atañe a algunos países de América Latina y de acuerdo a información para el año 2006, el grupo con tasas de criminalidad más agudas incluye a Colombia (10 veces la epidémica), El Salvador (5 veces), Venezuela (4,25 veces) y Brasil (3,8 veces). Por debajo del umbral de los 8 homicidios-año por cien mil habitantes se hallan solamente Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y algunas de las islas. 8

Cuadro Nº 2.12

Tasas de homicidios por países de la región en 2006
(Número de homicidios por cada 100.000 habitantes)

Fuente: Kliksberg, Bernardo, op. cit.,  p. 7. El autor señala que la fuente original es Situación de salud en las Américas. Indicadores básicos 2006., Organización Panamericana de la Salud. Las fuentes no aclaran que países se incluye en el denominado Cono Sur.
En el Cuadro Nº 2.12 se aprecian más en detalle los datos correspondientes a homicidios en el año 2006 por cada 100 mil habitantes para los países de América Latina. Cabe señalar que, según el autor, los datos pueden contener significativos márgenes de subestimación, al contrastar con investigaciones como las de Buvinic y Morrison (BID, 1999), que han calculado tasas brutas de homicidio al año superiores a las oficiales para ciudades como Río de Janeiro (63,5 c/100.000 h.), Cali (112,0 c/100.000 h.) y Caracas (76,0 c/100.000 h.).9
Las cifras contenidas en el Cuadro Nº 2.12 permiten distinguir con más detalle la situación subcontinental en materia de homicidios. El país con la tasa más alta es Colombia (84,6), seguido de El Salvador (43,4), Venezuela (34,1) y Brasil (31,0).  Argentina (6,8), Chile (5,3), Uruguay (5,2) y Perú (4,5) son países que, por el contrario, muestran bajas tasas de homicidios.
Una particularidad que no muestran directamente las cifras agregadas es el crecimiento en Centroamérica de grupos de jóvenes delincuentes conocidos como “maras”. En este caso existen dudas sobre las verdaderas dimensiones que han adquirido estas bandas delictivas, estimándose que la suma de las cifras de Honduras, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua, la cifra  podría alcanzar entre los 50.000 y 305.000  individuos.10
Los costos económicos de la violencia en general para los países de la región pueden dividirse en contables o directos y costos no monetarios o económicos. Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios requeridos en acciones tendientes a evitar la violencia (refugio temporal, hospedaje a mujeres y niños víctimas de abuso), por atención médica o tratamientos a las víctimas salas de emergencia, hospitalización, consulta médico-dental,  más los gastos en la captura y castigo de los autores (gastos de policía, sistema judicial, mantenimiento de prisiones y procesos judiciales).
Los costos no monetarios, por otra parte, corresponden básicamente a los efectos sobre la salud que no necesariamente provocan una mayor demanda en servicios médicos. Entre ellos están los asociados al aumento en morbilidad y mortalidad por homicidio y suicidio, el abuso del alcohol y drogas, más los desórdenes depresivos. El concepto técnico utilizado para estimar este tipo de costos es el de Años de vida ajustados por incapacidad (AVAD), que se pierden por agresiones violentas. El Banco Mundial efectuó una estimación determinando que sólo la violación sexual y las agresiones domésticas causan una pérdida de nueve millones de AVAD en el mundo al año, lo que  es mayor a la pérdida por todos los tipos de cáncer que afectan a las mujeres. Otros estudios aportados por diferentes autores muestran pérdidas de AVAD por la violencia social importantes: en El Salvador 178.000 AVAD por muertes violentas en 1995; en Río de Janeiro 163.136, en todo el Perú, 60.793; en Ciudad de México, 57.673, etc. 11
Los costos económicos examinados desde el punto de vista macroeconómico confirman la opinión de que la delincuencia es un tema prioritario tanto en el corto como largo plazo en diversos países de América Latina. Autores como Bernardo Kliksberg, Andrew Morrison, Mayra Buvinic y Michael Shifter han comentado el Cuadro Nº 2.13 elaborado originalmente en diapositivas por Juan Luis Londoño para una presentación en un seminario de promoción de la coexistencia ciudadana, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Cartagena, Colombia, el día 14 de marzo de 1998.
El Cuadro Nº 2.13 utiliza un tipo de medición distinta al AVAD, pero de igual modo permite apreciar la relevancia de las cifras en juego. Las cifras superiores a un 4% ó 5% del PIB indicadas sorprenden sobre todo si se toman en cuenta algún punto de referencia. Por ejemplo, el 0,6% de promedio del PIB destinado a la investigación anualmente en un país latinoamericano como Chile entre  2000-2005 y el 2,7% que destina Estados Unidos al mismo fin. Vemos en este cuadro que la suma porcentual de los diversos costos supera con creces lo destinado también en porcentaje a investigación incluso en Estados Unidos.12
Cuadro Nº 2.13

Costos económicos de la violencia social en seis países de América Latina
(Porcentaje del Producto Interno Bruto de 1997)

Fuente: Véase el mismo cuadro en (a) Morrison, Andrew; Buvinic, Mayra y Shifter, Michael,op. cit., p. 139 ó bien en (b) Kliksberg, Bernardo, op. cit., p. 9. La fuente original es Londoño, Juan Luis, Epidemiología de la violencia urbana. Diapositivas Seminario Coexistencia Ciudadana, BID, Cartagena, Colombia, 14 de marzo de 1998.
El Cuadro Nº 2.13 incluye además otra categoría o renglón dentro de los costos de nivel macroeconómico, en que parece mezclar los directos con los indirectos, como es el de “Imponderables”. Este se refiere a la suma que los ciudadanos están dispuestos a pagar (indirecto) para vivir sin violencia -se desprende que no la suma que pagan efectivamente- , el pago de rescates a secuestradores y sobornos por extorsión (directos). En la tabla citada por Bernardo Kliksberg este renglón se tradujo como “Intangibles” (o invisibles), entendidos como  “la sensación de inseguridad, el miedo, el terror y el deterioro de la calidad de vida”. 13

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