PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

2.4.3.3 Acción policial

La acción policial respecto del fenómeno delincuencial puede entenderse al menos de dos maneras: (a) acción preventiva y (b) acción de respuesta. El énfasis o proporción que las fuerzas policiales otorgan respecto a las labores que corresponden  a cada una de estas líneas de acción dependerá,  probablemente, de las circunstancias que rodean la situación social del momento y las políticas públicas aplicadas por las naciones latinoamericanas.
El rol policial, o más bien dicho, la forma y las estrategias que han estado utilizando las diferentes instituciones del orden público interno ha estado cambiando constantemente y tratando de adecuar la asignación de recursos escasos de acuerdo a las realidades locales. En lo que atañe a la acción preventiva, las orientaciones de políticas públicas en general se han encauzado a recomendar el trabajo de las policías con la comunidad local e implementación de programas especiales, mientras que en cuanto a la acción de respuesta, la discusión académica se ha centrado en: (i) un asunto de carácter normativo, que requeriría de fundamentos empíricos, sobre si conviene o no utilizar el concepto de “tolerancia cero” estableciendo medidas severas contra quienes delinquen; (ii) el exceso de fuerza policial -o incluso militar- que se transforma en un delito cometido cuando los procedimientos utilizados afectan seriamente los derechos humanos de las personas.
Las políticas de “tolerancia cero” han sido fuertemente criticadas por algunos especialistas, cuando se han intentado aplicar a países de América Latina. Beranrdo Kliksberg, por ejemplo, se ha referido a este tipo de estrategias como mitos que son desmentidos por evidencia de la realidad. En por lo menos dos ellos refuta el enfoque no tolerante: (a) primer mito à el problema es policial y se resuelve con mano dura y (b) segundo mito à los países exitosos han conseguido resultados porque han aplicado mano dura. Los otros dos mitos que incluye en su trabajo son se refieren a otros aspectos del problema delincuencial: (c) tercer mito à las causas últimas de la criminalidad son poco conocidas y (d) cuarto mito à el enfoque integral sólo produce resultados a largo plazo.1
Al reflexionar sobre el primer mito, de que el problema es policial y se resuelve con mano dura, Klinskbeg señala que las políticas predominantes en muchos países han estado guiadas por esta visión básica: afinamiento de los aparatos de seguridad, estrategias y programas de control policial, actuar sin miramientos para frenar a delincuentes reales y potenciales, legislación para facilitar la acción policial y hasta hacer responsables penalmente a los padres por los delitos de los hijos. Agrega que la teoría de la “ventana rota”, acuñada en 1982 por Wilson y Kelling, es la que fundamentaría la idea central de lo que  se conoce como enfoque de “tolerancia cero”.2
El otro frente de críticas a la “tolerancia cero” se relaciona con el segundo mito indicado, de que los países exitosos han conseguido resultados porque han aplicado mano dura. Aunque planteado en esta forma no concuerda cabalmente con lo que señala Howard Safir en su libro, recordando que sólo orientó su política a la ciudad de Nueva York, no a Estados Unidos ni a otros países, el argumento sigue con que los resultados de la “tolerancia cero” en lugares de América Latina como países de Centroamérica  han sido muy pobres y, en cambio, en países tanto latinoamericanos como europeos desarrollados en que se han implementados políticas preventivas, los resultados han sido mucho más exitosos. 3
El otro aspecto relevante de la acción de uniformados que aparece en la discusión académica es la utilización de fuerza policial o incluso militar desmedida ya sea por procedimientos de rutina o en misiones peligrosas. En esencia, este tipo de conducta constituye por lo general un delito, por cuanto las distintas sociedades y sus respectivas Fuerzas Armadas tienen leyes y reglamentos específicos que deben cumplir. El análisis de los expertos se centra básicamente en el uso desproporcionado de la fuerza que afecta a numerosas personas, lo que deja de lado un tema hasta cierto punto relacionado que es la comisión de un delito, por parte de uniformados, que ocurre imprevistamente. 4
El uso indebido de la fuerza, por parte de las policías de América Latina, probablemente corresponde a un exiguo porcentaje respecto del total de acciones realizadas en un período determinado, pero la gravedad de algunos de ellos obliga a ubicarlos dentro del análisis. No es mi intención en esta parte del texto, incluir cifras que confirmen o rechacen tal aseveración, sino solamente destacar la existencia de este tipo de hechos.
Un caso emblemático del comportamiento indebido de la policía fue la masacre ocurrida el día 2 de octubre de 1992 en la mayor prisión de Sao Paulo, Brasil, en la que murieron 111 prisioneros. El hecho se produjo en una acción que habría tenido como objetivo  aparente controlar una pelea entre pandillas al interior del recinto. La narración de lo acontecido no deja de sorprender, constituyéndose en una fugaz añoranza de la idea de “solución final”:

“Ni un solo policía murió. Fueron utilizadas ametralladoras dentro de un recinto cerrado. La masacre tuvo ribetes dantescos, ya que no sólo dispararon sobre los prisioneros al azar, sino que éstos fueron apaleados, atacados con perros entrenados para morder los genitales, y apuñalados. Algunos fueron forzados a acarrear a sus colegas muertos y limpiar la sangre que fluía por doquier dado que a los policías les aterrorizaba la posibilidad de contraer SIDA. De hecho, una de las razones presentadas por la policía para justificar su actuación fue que los reclusos los habían atacado con dardos bañados en sangre contaminada con SIDA”.5
La masacre anterior habría sido la cúspide de una “política dura” de parte de la administración del estado de Sao Paulo, para combatir la delincuencia, que no sólo respaldaría matanzas por parte de la policía, sino el ataque público a defensores de los derechos humanos. Según la profesora y doctora en Antropología, Teresa do Rio Caldeira, en 1991 un total de 1171 personas murió en Sao Paulo en “enfrentamientos con la policía”, contra 27 de la ciudad de Nueva York y durante los primeros meses de 1992 hubo 1264 muertes y el total del año probablemente alcanzó las 1500 personas. 6
Los comentarios finales de este apartado constituyen una opinión personal mía que intenta resumir la validez de unos u otros argumentos a favor de políticas contra el delito, en el sentido de mayor prevención y menos coerción o viceversa. En primer lugar, quisiera apuntar que resulta evidente que el problema es complejo, pues  se trata de maximizar una función de bienestar social, como es alcanzar una sociedad sin delitos, sujeta a diversas restricciones o limitaciones. Entre ellas, el costo contable de mantener personas en la cárcel y el costo de oportunidad del aporte que eventualmente esas personas puedan hacer a la sociedad civil estando libres.
En segundo lugar, la aplicación de norma estrictas contra el crimen y la violencia,  mal que mal tiene sentido y cierto grado de eficiencia, aunque algunos ilustres autores citados no lo vean tan así. El efecto de las normas y leyes en el comportamiento humano es algo que está probado en diversos contextos y no es un asunto nuevo. Hace más de un siglo el legislador Edwin Chadwick, en Inglaterra, comprobó estadísticamente que el cambio en la norma del transporte de prisioneros en barcos ingleses hacia Australia, mejoró la supervivencia de los mismos.
En tercer lugar,  pienso que la postura de Bécker  ciertamente es polémica pero parece ser una solución intermedia entre la “tolerancia cero” (que equivaldría sólo a “garrote”) y las políticas preventivas o de búsqueda de la cohesión social. La lectura del libro de Howard Safir obliga a reconocer que la prevención también tuvo un lugar importante en su política de acción policial. Aún cuando el término “cero tolerancia” aparece mencionado en su libro y como un pilar  fundamental de su enfoque, se detectan aspectos preventivos importantes en el capítulos 3 (Tecnología y vigilancia policíaca), capítulo 8  (Vigilancia) y 12 (Prevención del consumo y venta de drogas). 7 
En términos de asignación de recursos y economías en el manejo de presupuestos, la implementación de un sofisticado sistema administrativo-computacional en  la ciudad de Nueva York, el Compsat, ha permitido no sólo prevenir delitos de todo tipo sino aumentar la eficiencia en la captura de los ya cometidos. El Compsat es un sistema de mapeo computarizado que rastrea los incidentes en las quejas ciudadanas, datos administrativos y delitos, transformando la información de entrada en el Reporte Compsat de salida, que permite optimizar la asignación de recursos.8
En cuarto lugar, los programas preventivos y las medidas que apunten a mejorar las relaciones entre policía y comunidad, me parece que marcarán la pauta en el futuro, con los debidos resguardos y consideraciones. En lo personal, creo estar ubicado en el rango que propone políticas de prevención (70% de esfuerzos) y de coerción (30% de esfuerzos), pero eso dependerá naturalmente de cada situación in situ, en un contexto, localidad, país y tiempo determinado.
Existe la percepción de que la justicia no cumple su rol, por un lado, y de que las cárceles están tan llenas de presos que el tema presupuestario condiciona la determinación de castigar con muchos años de prisión. Así, el problema no estaría en las leyes mismas, que incluyen penas severas, sino en el sistema judicial o los jueces que castigan con suavidad al reconocer una infinitud de atenuantes de los abogados defensores. Ciertamente todo esto es muy difícil de probar.
Sin embargo, de ser cierto, la situación se agrava por el hecho de que la información que reciben los individuos se distorsiona por efecto de la prensa y televisión que destacan, en mayor proporción, el hecho de que tal o cual delincuente fue apresado, juzgado y dejado libre. Si ese tipo de información es cotidiano, el mensaje que está enviando la sociedad es: “cometa delitos, saldrá libre rápido, no se preocupe”. En cambio, si las policías, los gobiernos y la prensa o televisión privada cooperan entre sí, respetando la debida libertad de expresión, pero mostrando la verdadera realidad de las cárceles, o a lo menos, los  perjuicios por delinquir, de seguro que la propensión a cometer faltas graves disminuirá.9
En otras palabras, una política de mano dura puede fallar por el hecho de que  aquellos tienden a cometer delitos no reciben el verdadero castigo que merecen sumado a un problema de información que no advierte, especialmente a los jóvenes, del verdadero costo a enfrentar desde el punto de vista de una vida sana normal que permita el desarrollo de sus capacidades potenciales.