LAS MÁSCARAS DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA: TENSIONES Y DESAFÍOS EN LOS PROCESOS DE ORDENACIÓN DEL ESPACIO

Virginia Jabardo Pereda

Introducción

No es una novedad admitir los desencuentros –también encuentros- y la falta de diálogo que durante largo tiempo ha marcado la relación entre la geografía y el resto de disciplinas del campo de lo social1 . Tampoco lo es llamar la atención acerca de la escasa consideración que éstas han prestado a la dimensión espacial de los fenómenos sociales, tendencia que sin embargo, está siendo revertida. La aplicación práctica de los trabajos geográficos, fundamentalmente a través de los sistemas de información geográfica, ha propiciado que antropólogos, sociólogos, historiadores, expertos en ciencias ambientales, etc., hayan entendido la relevancia y funcionalidad que la espacialidad entraña para el análisis de dichos fenómenos. Pero sobre todo, y tal como lo explica Rogério Haesbaert, la dimensión geográfica ha sido paradójicamente redescubierta en el debate de los procesos de desterritorialización, en donde expertos de otras áreas de estudio diferentes a la geografía, propugnan la disolución de la territorialidad provocada por la crisis de la modernidad (2004). No obstante, nos recuerda Gustavo Montañez, hace más de un siglo que el padre de la sociología francesa –Emile Durkheim- participara en un arduo debate frente a Friedrich Ratzel donde se dirimía el lugar que le correspondía ocupar a la geografía en el seno de las ciencias sociales (2009: 36). Sería el propio Durkheim quien para aquel entonces abordara estas cuestiones entendiendo el espacio como una representación colectiva: “es el espacio ocupado por la sociedad el que ha proporcionado la materia prima de la categoría de espacio” (1912 [1982]: 409, citado en Huici, 2007: 21). La sociología durkheimiana dedicaba entonces sus reflexiones al espacio social, categoría que posteriormente ha constituido uno de los pilares sobre los que se sostiene la obra del filósofo Henri Lefebvre, quien enmarca dicho concepto en la teoría de las representaciones, la cual establece un desdoblamiento entre el “espacio de las representaciones” y las “representaciones del espacio” (1983). Y junto a ambos científicos sociales, otro francés, en este caso Yves Lacoste, nos advertía acerca del objeto de análisis propio de la geografía: “las prácticas sociales (políticas, militares, económicas, ideológicas…)” que se desarrollan en el espacio (1976: 81).
El espacio se ha instituido entonces, desde los más tempranos debates, como categoría de análisis para la geografía. No significa, sin embargo, que la dimensión social haya formado parte inherente a la conformación de aquella como ciencia. Al contrario, ha consistido un largo y complejo recorrido en donde no ha sido sino hasta finales del siglo pasado y comienzos del presente cuando se ha incorporado la subjetividad de los actores sociales, de su conocimiento y experiencias socioespaciales a los trabajos geográficos. Pero sobre todo ha sido a partir de la comprensión del espacio como producto social que se ha comenzado a tomar en consideración los fenómenos sociales en el proceso de producción del mismo 2. Siguiendo esta línea de análisis, este trabajo aborda los procesos de construcción del espacio en el caso de la Amazonía, en donde aquel aparece atravesado por relaciones sociales y de poder que contribuyen a conformarlo.
Se suma por otro lado el eterno debate acerca de la separación, presumiblemente irreconciliable, entre geografía física y humana, lo cual explica para muchos el hecho de que esta disciplina –concebida erróneamente por largo tiempo como ejercicio meramente descriptivo de marcado empirismo- se haya mostrado incapaz de posicionarse al mismo nivel que otras ciencias sociales. Admitiendo entonces tales cuestiones y la indefinición a la que como consecuencia se ha visto sumida la geografía tras quedar relegada a cierta marginalidad en el campo de las investigaciones sociales, sería algo insustancial seguir haciendo leña del árbol caído, dado que sólo se contribuiría a conferir una imagen sombría de ella, lo cual en absoluto se merece 3.
Más allá de esto, estas cuestiones forman parte de un debate que demuestra el dinamismo en el que se encuentra la geografía, la cual ha sido capaz de establecer vínculos epistemológicos y metodológicos frente a otras disciplinas a partir de las reflexiones surgidas en torno a categorías analíticas tales como espacio, lugar, territorio y territorialidad, región, local, paisaje, etc., que han permitido hacer frente a la fuerte segmentación disciplinar a la que se ha visto abocada la teoría social y por la que los expertos de los diferentes campos de estudio se refugian tras los postulados de partida correspondientes a sus respectivas áreas de conocimiento. Son más los puntos en común entre éstas y es ahí en donde el debate se enriquece y adquiere interés en el proceso de construcción del conocimiento.
Reconociendo entonces el progresivo –aunque tardío- interés manifestado por parte de las ciencias sociales hacia la dimensión espacial de los fenómenos sociales, cabe preguntarse en primer lugar el papel que juega la geografía contemporánea en los debates surgidos en torno a la conceptualización del espacio. La geografía regional, la geografía humanística, la nueva geografía, las corrientes posestructuralistas, la geografía cuantitativa, marxista, feminista, radical, han contribuido a prestar mayor atención al espacio como “dimensión constitutiva de las relaciones sociales” (Gómez y Hadad, 2011: 5) y a conferir un carácter controversial en las discusiones que surgen en torno a dicho concepto.
El elenco de categorías analíticas que aparecían unas líneas más arriba constituye un claro ejemplo de la interdisciplinariedad que es viable alcanzar en los trabajos científicos en donde desde diversas, pero complementarias, miradas y aproximaciones, se construya una teoría espacial orientada a explicar los fenómenos sociales sin perder de vista la espacialidad de los mismos. Los discursos en torno al espacio han sufrido una gradual transformación que ha permitido la reconfiguración constante de dicho concepto el cual debido a la redefinición a la que se ha visto sometido, plantea a día de hoy un campo poliédrico de análisis.
El tema central que ocupa este capítulo es pensar los procesos sociales y las relaciones de dominación prestando atención a la complejidad espacial en la que éstas están imbricadas. Poner de manifiesto una serie de cuestionamientos acerca de las relaciones de poder inherentes a los procesos de apropiación del espacio para, de esta manera, aportar algunos elementos de reflexión sobre el carácter y el significado del mismo, entendido como espacio de análisis social pero también como sinónimo de espacio habitado, de espacio vivido en los términos de Milton Santos (2000).
La disputa y los conflictos surgidos entre distintos grupos humanos y agentes sociales por la apropiación y ocupación del espacio compartido, presupone la noción de territorialidad (Haesbaert, 2004). Y es que asumir el territorio como propuesta epistemológica y como herramienta de análisis social, pone de manifiesto la dimensión sociocultural del espacio (Gómez y Hadad, 2011). Al mismo tiempo estos territorios conforman espacios de acción y lugares de resistencia para los actores sociales, escenarios en los que se enfrentan lógicas opuestas de entender el territorio y se articulan relaciones de poder que establecen jerarquías, las cuales contribuyen a su vez a ordenarlo 4.
Sumado al significado que a nivel global posee la Amazonía, el cual ha sido y es reiterado en tantos trabajos, el espacio amazónico constituye un escenario de relevancia para los estudios geográficos, pero no sólo, por varios motivos: por su importancia estratégica en la geopolítica latinoamericana; por albergar la mayor biodiversidad del planeta; por constituir el hogar de numerosos pueblos originarios y por ser un territorio sometido a una continua amenaza por las acciones llevadas a cabo entre quienes compiten por su apropiación y explotación. Sin embargo, un asunto al que no se le ha prestado la suficiente atención es el de la consideración de la Amazonía como potencial espacio integrador de América del Sur y por ende de Latinoamérica. Aunque algunos trabajos apunten a esta dirección, las disputas por el uso de recursos impiden la adopción de un compromiso formal por parte de los países que integran la región amazónica.
Nos alerta Raffestin acerca de los intereses encubiertos de las políticas de integración, entre los que sobresale el propósito de anular diferencias (1993). En este sentido la integración nos desvela su doble cara. Partiendo de un discurso ficticio que busca fortalecer un espacio, una región, invisibiliza la diversidad interna, una diversidad que para el caso de la Amazonía le confiere la riqueza de la que presume.
No obstante, se estaba refiriendo Raffestin con esta idea a las regiones conformantes de estados, a regiones articuladas en torno a determinados elementos constituyentes que subrayan la diversidad frente a otras entidades, bien sean éstas de carácter político-administrativo o identitario. Digamos microrregiones, las mismas que ocupan las reflexiones de Gilberto Giménez y las que de forma similar asocia con la cuestión de la identidad (1994). Y es que ya lo apunta este último, el concepto de región entraña una gran ambigüedad e imprecisión. Quizá una de las nociones más satisfactorias sería la propuesta por Kayse: “fracción de la superficie terrestre que se inscribe en un marco natural que puede ser homogéneo o bien diversificado; que ha sido ordenado por unas colectividades unidas entre sí por relaciones de complementariedad; y que se organizan alrededor de uno o varios centros, pero que dependen de un conjunto más vasto” (cit. en Giménez, íbid., 168). Son varios los elementos que se recogen en la anterior definición los cuales adquieren interés para este trabajo. En primer lugar encontramos una alusión a la diversidad frente a la homogeneidad, característica que no tiene porqué ser un criterio definitorio de tal espacio. Constituirá éste un aspecto presente a lo largo del texto y es que confiere mayor relevancia en la discusión científica prestar atención a las diferencias locales que conforman el espacio amazónico, a esas microrregiones a las que nos venimos refiriendo y sobre todo, a la heterogeneidad que define a cada una de las colectividades. Se hace mención por otro lado al hecho de ordenar el espacio, lo cual es algo que en la historia de la humanidad los seres humanos han venido realizando: el espacio se construye, el espacio se produce y el espacio se ordena. Este fenómeno se contrapone a la planificación del mismo, la cual se lleva a cabo por instituciones estatales a partir de una lógica socioespacial que no tiene porqué ser coincidente con la de la población que lo habita. Esta diatriba definirá el hilo conductor del presente trabajo. Constituye además un espacio polarizado, conformado por un centro y una periferia. Para el caso de la Amazonía son varios los núcleos en torno a los que pivotan múltiples periferias. Estos núcleos centrales están altamente reconocidos por el potencial productivo que albergan, y son, por ende, quienes reciben grandes inversiones de capital. Consisten en lo que podríamos denominar usando el concepto que Luis Tapia utiliza para su trabajo sobre la Amazonía ecuatoriana, “aglomerados sinérgicos” (2004), lugares nucleares que han contribuido a conformar la región amazónica respondiendo esencialmente a la explotación de recursos, siendo que el patrón de asentamiento y la densidad demográfica se explican en base a la disposición de dichas áreas nucleares.
Adicionalmente se apunta en esta definición a las relaciones de complementariedad, frente a lo que surge otra objeción: acabamos de insinuar las diferentes maneras que contribuyen a construir los procesos de ordenación del espacio. Sin embargo, éstas no guardan siempre relaciones de complementariedad, sino que en muchas ocasiones, las más, tales relaciones están marcadas por el conflicto y la resistencia. De hecho la etimología del término regere 5 nos da muchas pistas de las relaciones de dominación intrínsecas a la región.
Yves Lacoste se posiciona junto con aquellos que han llamado la atención del riesgo en el que se puede caer al estudiar la región geográfica -entendida ésta en términos vidalianos- la cual y según este autor no sólo impide atender a representaciones del espacio diferentes sino sobre todo a las relaciones que se establecen entre éstas (1976: 50) 6. Tal idea de Lacoste merece nuestra atención desde el momento que el interés atrae el foco de análisis en las relaciones que emergen en la ordenación espacial.
El último aspecto interesante de la definición recogida en el trabajo de Giménez tiene que ver con la historicidad de la región y concretamente de la región sociocultural, la cual ha compartido un devenir histórico que le otorga un significado particular al experimentar procesos de cambio similares, pese a las distinciones internas. Una perspectiva diacrónica impediría que se relegasen las historias locales, las cuales se hace necesario recuperar y tomar en consideración en el estudio del proceso de construcción del espacio amazónico, para no convertirlo en un modelo ahistórico.
Son aún frecuentes aquellos trabajos que ponen el acento en la dimensión económica de la Amazonía y en las posibilidades que la explotación de recursos, las altas tasas de biodiversidad, el ecoturismo, etc., brindan a su desarrollo. No nos interesan tanto estos aspectos sino la dimensión sociocultural, aún siendo conscientes de que ambas no se pueden desvincular, al igual que tampoco podemos eludir las acciones políticas. Se trata de evitar partir de una escala de prioridades que contemple los procesos productivos como el principal impulsor del desarrollo. Es desde dicho enfoque desde el que Tapia estudia la construcción regional de la Amazonía sosteniendo al comienzo de su trabajo que “sólamente las regiones que se liguen a la producción para el mercado externo o el mercado interno de altos precios (…) van a tener oportunidades de desarrollo (2004: 38). Aclara este autor que es exclusivamente en los “aglomerados sinérgicos” en donde es posible que se impulse tal desarrollo dado que estos resultan de la “dinámica económica ligada a procesos productivos, los cuales están unidos por múltiples vías (terrestres, fluviales, aéreas y telecomunicaciones) que vinculan áreas productivas, centros administrativos y financieros y ciudades mercado (íbid., 27). Y es que como bien queda explicado en el trabajo de João Santos en el que aborda la región como categoría de análisis pero también de acción política (2012), no puede entenderse la construcción regional de la Amazonía –en este caso brasileña- sin atender a los planes de desarrollo efectuados de cara a alcanzar la integración de este espacio bajo un modelo de crecimiento que se sustenta fundamentalmente en la explotación de la naturaleza, convertida en recurso y fuente de materia prima.
Fue David Harvey quien cuestionó la intervención del capital en los procesos de construcción de espacios regionales (2006) en donde las periferias a las que nos referíamos anteriormente quedan supeditadas a una entidad superior que las integra. No podemos negar que en la construcción de la Amazonía operen unas relaciones asimétricas de poder y que esta región se haya construido sobre la explotación de recursos naturales y las lógicas del capital que han convertido este espacio en una mercancía.
Por el contrario asumimos entonces el espacio amazónico como una región identitaria, una región contenedora de microrregiones definidas por ciertas particularidades que en el contexto global se están viendo sumidas a procesos de transformación a los que cada una de ellas hace frente desde su propia creatividad. Una región que en ese proceso de integración, lucha por mantener la heterogeneidad que la caracteriza. Una región construida bajo parámetros de reconocimiento de la diversidad cultural y de la territorialidad, del uso y apropiación del espacio de las poblaciones locales.
Uno de los principales propósitos de este trabajo consiste por lo tanto en desvelar aquellos aspectos menos conocidos para profundizar en el conocimiento acerca del territorio amazónico y la propuesta que actualmente se orienta a la integración territorial panamazónica. De tal manera que los estudiantes dispongan de una visión amplia acerca del significado y el alcance de los procesos que forman parte del ordenamiento del territorio en la Amazonía y a partir de un juego de escalas, específicamente para el caso boliviano.
En relación a él se establecen distintos niveles de ordenación territorial que por un lado articulan las relaciones de poder y por otro dibujan un campo de acción en el que entran en juego las disputas surgidas entre los distintos actores y agencias por la gestión del territorio. Para el caso de Bolivia, en el que se centrará este capítulo en particular, tales procesos se inscriben en el marco de las autonomías, reconocidas en el nuevo modelo estatal descentralizado el cual otorga mayores competencias, en cuanto a la administración de los recursos naturales se refiere, a las comunidades locales.
Apenas sí hay trabajos que traten la ordenación del territorio en este país integrante de la región amazónica, constituyendo uno de los grandes desconocidos de entre los países de América Latina en el estudio de dicho campo, motivo principal por el cual nos hemos decantado por su elección. Asimismo, en Bolivia queda reflejado de manera evidente la superposición de competencias entre unas y otras instituciones encargadas en la ordenación del territorio (pluri)nacional. La ordenación del territorio ha representado una de las tareas pendientes de las políticas del actual y anteriores gobiernos del país. Insistimos en la validez de estudiar las transformaciones locales vinculadas a los procesos de producción del espacio, para entender las transformaciones regionales. Es por ello que el caso boliviano cobra interés y a él dedicaremos parte de nuestras reflexiones.

EL MITO AMAZÓNICO: LA AMAZONÍA COMO TERRA NULLIUS7

Del mismo modo que sostiene Walter Mignolo que la modernidad no tuvo en cuenta a América en su construcción, el espacio amazónico se construyó al margen de los estados-nación emergentes tras la instauración de los regímenes republicanos a comienzos del siglo XIX.
La historia colonial alimentó desde un principio el mito del vacío amazónico el cual sirvió para legitimar las conquistas de este territorio y las masacres perpetradas a poblaciones locales en la región. La terra nullius, la tierra deshabitada, despoblada, se entendió como el espacio geográfico más adecuado para descongestionar los grandes núcleos de población de las colonias españolas –principalmente- para más tarde ser asumido como el lugar desde el cual se proveería de materias primas a las naciones recientemente independizadas de cara a su exportación hacia las potencias europeas, con la finalidad última de alcanzar un progreso que con tanto anhelo se persiguió por parte de gobiernos liberales y sucesivos. La consideración de la Amazonía como tierra sin habitar favoreció que los estados de los diferentes países integrantes de este espacio geográfico, cultural e identitario, se atribuyeran el derecho de explotación del mismo. Regiones periféricas, como es el caso de la Amazonía, atraían a capitales internacionales a través del favorecimiento del mercado de tierras y de la creencia ciega en la abundancia infinita de recursos existentes en ella.
Las políticas extractivistas y la articulación del territorio amazónico se remontan entonces al periodo colonial y han constituido el germen de las actuales medidas adoptadas a día de hoy por los respectivos gobiernos en materia forestal y agraria. Pero no sólo fue considerado como espaço vazio, sino que la Amazonía fue también construida bajo una representación que ponía de manifiesto un espacio ahistórico en donde sus habitantes quedaban congelados en un estatismo ajeno a las dinámicas socioespaciales de la región, o al máximo convertidos en “hombres-objeto” cuyo reconocimiento se mediría exclusivamente en términos productivos (Santos, J., 2012).
La ausencia del Estado que ha definido a la Amazonía, ha contribuido a diseñar el ordenamiento del territorio de esta región sin un esquema previo. Sólo cuando las amazonías atrajeron la atención en los procesos de construcción de los estados nacionales, es que fueron incorporadas al territorio de cada uno de los países amazónicos, a través del uso y abuso de discursos ideológicos teñidos de una fuerte carga nacionalista.
Para el caso de Brasil contamos con el excelente trabajo de Porto Gonçalves quien reflexiona acerca del patrón de organización del espacio geográfico amazónico. Ilustra de qué manera la Amazonía sudoccidental brasileña y en concreto los valles del Acre-Purus y del Juruá, en lo que sería el actual estado de Acre, tras ser asociados a la imagen de “tierras no descubiertas” fueron objeto de una fuerte depredación de recursos, fundamentalmente del caucho y látex (2001) lo cual dio pie a Craveiro Costa a escribir La conquista del desierto occidental, título que habla por sí solo. Enclaves como Manaos o Belem absorbieron ingentes oleadas de migrantes nordestinos, quienes persiguiendo el sueño de un futuro mejor, se convirtieron en mano de obra movilizada para el comercio siringalista 8. Ambos centros comerciales experimentaron un brusco crecimiento tras la fiebre del caucho vivida en el país hacia finales del siglo XIX y principios del XX, convirtiéndose en importantes focos de atracción del capital extranjero empeñado en participar de los procesos de producción de goma aún a costa de la deforestación de la selva. A parte de algunas mejoras introducidas en su planificación urbana (infraestructura vial, alcantarillado, innovaciones arquitectónicas, etc.), crecieron de manera desordenada bajo fórmulas de improvisación que provocaron una des-ordenación del tejido urbano. La región amazónica de Brasil apenas estuvo vinculada al espacio geográfico nacional, situación que se agravó tras la crisis siringalista la cual provocó la fuga de capitales extranjeros. Sin embargo, hacia la década de los cuarenta del pasado siglo, le fue asignada la tarea de proporcionar el escenario idóneo para llevar a cabo el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, emprendido durante el gobierno de Getúlio Vargas (íbid., 168). Finalmente y en el marco del paradigma de la sustentabilidad, la selva amazónica quedó incorporada al mercado nacional a partir de inscribirse en un nuevo patrón de organización del espacio que pivota sobre São Paulo (íbid., 190). Estos procesos no hicieron sino intensificar la polarización interna y la desestructuración socioespacial que a día de hoy aún caracterizan a la Amazonía de Brasil, así como enfrentar territorialidades contradictorias tejidas en un mismo espacio.
Para el caso de la Amazonía de Bolivia, la ausencia de la administración del gobierno central queda evidenciada en la desarticulación territorial que se produce entre la región andina y la región amazónica e incluso frente a la zona de los valles. En este país el espacio amazónico es un territorio marginal, periférico, habiendo sido ignorado o escasamente tenido en cuenta por los diversos gobiernos de turno bolivianos. No es casual que Bolivia, pese a estar ocupada hasta en un 60% por territorio amazónico, sea frecuentemente asociado con los países andinos, lo cual demuestra la escasa consideración del espacio amazónico pese a formar parte mayoritaria del territorio nacional. Tampoco es casual entonces que en este vasto territorio apenas existan centros urbanos importantes (Santa Cruz de la Sierra en el departamento que lleva el mismo nombre o Trinidad en el departamento del Beni) que equilibren la jerarquía territorial localizada históricamente en la región más occidental del país: las Tierras Altas. Y menos casualidad existe en el hecho de que sea la propia ciudad de Santa Cruz de la Sierra quien abandere a través de las élites oligarcas emergentes de entre la población mestiza, el movimiento autonómico que en las Tierras Bajas 9 está disputando frente al gobierno del Estado plurinacional mayores niveles de gestión territorial y de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Otro ejemplo del todo ilustrativo que nos ayuda a entender el fenómeno del que estamos tratando lo constituye Colombia. Son diversos los trabajos que coinciden en que la ausencia del Estado y el mito de terra nullius han propiciado la ocupación de la selva amazónica por parte de los grupos armados, y el establecimiento en ella de su eje de operaciones. Sin entrar en este debate, el cual parece bastante verosímil dado que ha desacreditado la gobernabilidad del Estado en la región, ocurre un fenómeno interesante: la presencia de estos grupos en el territorio amazónico del país ha ahuyentado a empresas nacionales y multinacionales las cuales han declinado en sus actividades de explotación de recursos naturales, contribuyendo de esta manera a preservar la biodiversidad en dicho espacio. La intromisión de éstas se ha visto frenada por la situación de guerrilla que a día de hoy puebla parte de los bosques amazónicos colombianos y la cual ha actuado como fuerza contenedora de los proyectos de desarrollo territorial.
Acerca de la Amazonía ecuatoriana no se puede decir lo mismo. La escasa densidad de población ha sido suficiente para que las empresas extractivistas hayan incursionado en el territorio amazónico. En éste han tenido lugar los episodios de mayor violencia frente a las poblaciones indígenas que lo ocupan, siendo el más reciente el caso de la reserva Yasuní -parque que presenta una de las tasas de biodiversidad más altas del planeta- en donde el gobierno de Rafael Correa ha dado luz verde a la entrada de maquinaria pesada para comenzar la explotación de minerales, fundamentalmente. La existencia aquí de numerosos grupos étnicos ha supuesto un obstáculo frente a los programas de colonización amparados por los gobiernos ecuatorianos. Estos programas han dado paso a su vez a todo un conjunto de acciones que no ha hecho sino que incrementar la amenaza al equilibrio medioambiental de los ecosistemas de esta región, así como la vulnerabilidad de las especies de fauna y flora que en ella habitan y los grupos humanos que basan su producción en los recursos que de ella se proveen. Esta fórmula, no obstante, se repite en mayor o menor medida en el conjunto de países que integran el conjunto del espacio amazónico.
El ambiguo reconocimiento de la región amazónica en cada uno de los países que la conforman se debe en buena medida a las posturas estratégicas y  las jerarquías internas que se disputan la (in)definición de este espacio a fin de imponer los particulares límites establecidos en función de los intereses económicos y geopolíticos más convenientes para cada uno de ellos.

LA INDEFINICIÓN DEL ESPACIO AMAZÓNICO EN EL PROCESO DE  INTEGRACIÓN REGIONAL

Hacia la década de los 70 del siglo XX, la opinión pública internacional comenzó a tomar conciencia acerca del proceso de degradación ambiental al que el planeta había sido sometido. El modelo de producción industrial capitalista que se sustentó en la explotación de recursos naturales provocó importantes transformaciones medioambientales. La segunda revolución industrial aceleró estos cambios y fue señalada como la gran responsable de la expansión demográfica, la carrera armamentística, el uso indiscriminado del petróleo, la electricidad, las industrias químicas, la deforestación y desertización, etc. Todo ello puso en tela de juicio el modelo de desarrollo de los países occidentales. Saltaron las alarmas acerca de la situación de crisis ecológica que se estaba viviendo a escala mundial, la cual comprometía incluso la subsistencia de la vida, incluida la del hombre, en la Tierra.
Pero no sería hasta finales del siglo pasado cuando la Amazonía logró hacerse un hueco formalmente en la agenda internacional. En concreto hubo que esperar a la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 la que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). A partir de este momento quedó marcada la institucionalización de las protestas lideradas por los movimientos ecologistas en defensa del medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad. El hito de Río 92 contribuyó a que los gobiernos de muchos países se sintieran presionados a adoptar medidas encaminadas a salvaguardar los ecosistemas. El principal reto que se planteó en esta cumbre consistió en orientar el desarrollo económico de los países hacia un modelo sustentable, es decir, satisfacer las necesidades socioeconómicas presentes sin sacrificar los recursos naturales ni poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones, lo cual fue plasmado en la fórmula del Paradigma del Desarrollo Sostenible, del que tanto se ha escrito 10.
Pese a la imagen –cuestionable- de vacío amazónico, cada vez se presta mayor atención a esta región debido a las riquezas que, desde el punto de vista medioambiental, alberga. El hecho de que la Amazonía se haya convertido en un interesante foco de análisis para diversas disciplinas científicas hace que en función del enfoque desde el que sea estudiada, sean consideradas unas u otras particularidades de la misma.
En su conceptualización suelen utilizarse diversos criterios: físico, político, biogeográfico, hidrográfico o ecológico. La extensión del espacio amazónico abarca en torno al 44% del territorio del continente sudamericano y se origina a partir del curso del río Amazonas, que nace en la región andina de Perú, y del río Orinoco, así como los afluentes de ambos. El amplio elenco de trabajos dedicados a pensar la Amazonía aún no han logrado ponerse de acuerdo acerca de la extensión de ésta: se manejan cifras que oscilan entre los 7,5 millones a los casi 8 millones de km². El motivo de tal indefinición se debe a varias causas: la diversidad de criterios aplicados a su conceptualización, el avance de fronteras (agrícolas y ganaderas); la modificación constante de éstas por los procesos naturales y la acción humana; la ampliación de monocultivos; los intereses encontrados entre los diferentes actores sociales que ocupan tal espacio, etc. Pero si hubiera que señalar un motivo principal éste sería sin duda alguna el desacuerdo existente entre los países integrantes de la región acerca de las fronteras internas de la misma; las discrepancias que surgen al establecer líneas divisorias. En función de los criterios que se adopten la superficie del espacio amazónico variará sus dimensiones. Esta situación de ambigüedad conceptual más que una cuestión anecdótica construye un escenario de tensiones entre los países integrantes en donde todos y cada uno, en sus propuestas por alcanzar la integración regional de la Amazonía, pugnan por imponer su visión y los criterios bajo los cuales quedaría definido este espacio.
La ventaja de alcanzar un consenso en la definición de los límites de la Amazonía radica en el hecho de que de esta manera se podría realizar una cartografía de las amenazas y riesgos ambientales frente a los que combatir en un intento de prevenir desastres naturales y sociales, elaborar diagnósticos e incluso seguimiento de los procesos inscritos en este contexto. La adopción de una visión panamazónica sería positiva no tanto para avanzar en la integración regional y en la efectividad de las políticas públicas en este espacio, sino para anular las desigualdades regionales que lo polarizan. Sin embargo, el interés estratégico de los recursos naturales ha obstaculizado dicho proceso.
Lo más habitual en las discusiones en torno a la representación discursiva de la Amazonía es que se tengan en cuenta los criterios biofísicos (vegetación, relieve, hidrografía) y administrativos (caso de Ecuador y Brasil), y suelen ser considerados secundarios aquellos de tipo socioeconómico. No obstante, se carece de consenso sobre el alcance y significado de la Amazonía. La heterogeneidad resultante en cuanto a su concepto evidencia en buen grado la existencia de múltiples amazonías las cuales emergen además conforme a la multiplicidad de actores que habitan la región.
La disyuntiva existente entre los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica debido a la polisemia que envuelve a la noción del espacio ocupado por la Amazonía en los respectivos territorios nacionales, impulsó la creación de la Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada (RAISG) en el año 1996, cuyo trabajo desarrollado por un equipo interdisciplinar se encarga desde entonces, entre otras cosas, de avanzar en la homogenización del concepto 11. Lo que en realidad se pretende es elaborar una metodología de trabajo coordinada, a la vez que descentralizada, entre científicos de todos los países integrantes de la red orientada a diseñar una base de datos integral en la que se recoja el conjunto de información cartográfica digital de los países participantes. La RAISG ha establecido que la Amazonía constituye “la sumatoria de los límites políticos de las regiones amazónicas de cada país”, donde “en Bolivia, Perú y Venezuela coinciden con el límite biogeográfico; en Ecuador y Colombia, corresponden a los municipios o las provincias que comprenden el límite biogeográfico; y para Brasil es una definición administrativa llamada Amazonía Legal” 12
Las distintas informaciones manejadas y la vaguedad de las fronteras internas subregionales fueron la razón principal que motivó a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a reunir a un determinado grupo de expertos quienes tras la realización de un taller de consulta organizado por la Comisión Europea, lograron alcanzar un acuerdo en el año 2005 acerca de los límites de este espacio a partir de tres criterios que se yuxtaponen: hidrográfico, ecológico y biogeográfico. El primero de ellos hace referencia directa a la superficie de tierra regada por los ríos Amazonas y Tocantins; el criterio ecológico divide la región amazónica en diversas ecorregiones, mientras que el tercer y último criterio considera a la Amazonía como la “extensión históricamente conocida del bioma forestal amazónico de tierra baja (Amazon lowland rainforest)” (Eva y Huber, 2005: 10).
En este contexto la conceptualización de la Amazonía ha ido adquiriendo cada vez mayor interés. Y es que una vez establecidas las fronteras internas y la demarcación de territorios, se agilizarán las concesiones de explotación otorgadas por los respectivos gobiernos a los diferentes sectores que operan en los países amazónicos.
Para la RAISG supone una tarea esencial:
“profundizar el análisis prospectivo de la Amazonía, para identificar la situación futura en temas como: captura y almacenamiento de carbono forestal según usos del suelo (áreas protegidas, territorios indígenas y otros); nuevas fronteras de economía extractiva en torno al agua (hidroeléctricas o trasvases para riego y agua potable); promoción de la integración regional y sus implicaciones en materia de infraestructura, seguridad energética o movilización de poblaciones; estrategias de adaptación al cambio climático para la reducción de vulnerabilidad socioambiental en selva alta y zonas inundables de la Amazonía” (2012: 60).

Los lineamientos principales corresponden a la búsqueda de un desarrollo en términos económicos, por lo que se insta al conjunto de países pertenecientes a esta región a que compartan determinadas directrices, desempeñen acciones colectivas de manera integral y adopten estrategias comunes. Pero cabe preguntarse si se aspira a través de estas medidas a la consecución de un desarrollo equitativo que beneficie a todos los países integrantes de la Amazonía, sin privilegiar a unos por encima de otros, que no se favorezcan a unas regiones sobre otras, ni a unas poblaciones en detrimento de otras. Es decir, que se haga frente al esquema de centro-periferia el cual a través de la consolidación de los “aglomerados sinérgicos” responde a la lógica del capital e intensifica la disociación socioespacial. Los acuerdos establecidos entre los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica en su tarea de ajustar la delimitación biofísica del espacio amazónico, se orientan a hacer prevalecer los intereses económicos y geopolíticos. Mantener esta tendencia en el proceso de integración amazónica agravará la situación de marginalidad en la que numerosas poblaciones se encuentran y la polarización regional se verá, como consecuencia, incrementada. La integración de la región amazónica no pasa entonces porque tales países diseñen una hoja de ruta en común y acuerden unánimemente los límites y extensión del territorio amazónico con el fin de impulsar el pretendido desarrollo integral de la Amazonía. Por el contrario, responde al reconocimiento de las identidades colectivas ligadas a territorialidades contrapuestas, a las geografías de la diferencia que se construyen desde lo local, las cuales plantan cara desde diversas formas de resistencia, a una planeación hegemónica y homogénea del espacio.

 USOS Y USUARIOS DEL TERRITORIO AMAZÓNICO Y DE SUS RECURSOS NATURALES

En contra de la imagen de espacio deshabitado y vacío, cabe señalar que en torno a 30 millones de personas pueblan la Amazonía. La Cumbre de Río 92 contribuyó en gran medida a visibilizar este espacio, a través de la internacionalización de la agenda amazónica. Consecuentemente surgiría algunos años más tarde el ya mencionado Tratado de Cooperación Amazónica el cual se planteaba desde la integración de esta región. En ella se concentran una multitud de actores sociales e institucionales –pequeños, medianos y grandes propietarios, empresas dedicadas al sector forestal, ganadero, agrícola, hidrocarburífero, minero, pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonos, órdenes religiosas, organizaciones no gubernamentales, organismos nacionales e internacionales, grandes capitales extranjeros y nacionales, etc.- cuyas acciones entran en conflicto de manera frecuente, debido a las lógicas antagónicas de uso y explotación de los recursos, diseñando un escenario de territorialidades superpuestas y en la mayor parte de ocasiones, conflictivas.
Este espacio, susceptible de ser explotado, no está por consiguiente al margen de la globalización ni de los procesos articulados en torno a ella. Los procesos de cambio a nivel socioambiental han tenido lugar a ritmo desenfrenado en la Amazonía, principalmente desde la segunda mitad del siglo XX: la construcción de carreteras, de hidroeléctricas, la explotación de yacimientos de petróleo y gas principalmente, la agricultura mecanizada de monocultivos, las estancias de ganadería extensiva, etc., han forzado una nueva reorganización del territorio panamazónico, nuevas formas de uso y ocupación del espacio y transformaciones en la cobertura de los suelos, de los bosques y de la tierra.
Un elemento compartido por los países integrantes de esta región fue el hecho de que se propiciaron políticas de colonización de las consideradas tierras baldías del espacio propiamente amazónico, diseñadas con el objetivo de caminar hacia el desarrollo económico en los respectivos países, justificando la implementación de éstas por la baja densidad poblacional. La construcción de carreteras fue el elemento principal para lograr el éxito de tales programas. Existe un claro vínculo entre la construcción de infraestructura vial y el incremento de las tasas de deforestación (Chomitz et al. 1996; Barreto et al., 2006; Pfaff et al., 2007; Southworth et al., 201, cit. en RAISG, 2012: 16). Las facilidades para penetrar hacia el interior de la selva amazónica, provocaron entre otras cosas, que indirectamente creciese el interés por la explotación de los yacimientos petrolíferos 13: la Texaco comenzó a operar en Colombia y Ecuador, la industria petrolera se nacionalizó en Perú y Bolivia; Venezuela comenzó a participar en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Ecuador creó por su parte la Corporación Estatal de Petróleo Ecuatoriano (CEPE) (Fontaine, 2006: 29-30).
Otro de los efectos colaterales de la penetración hacia el interior de la región amazónica fue el incremento constante de la superficie dedicada a la ganadería extensiva. Y es que buena parte de las áreas en donde los bosques fueron tumbados se transformaron en pastizales para el ganado. La explotación de los recursos forestales en la Amazonía se hace en gran medida de espaldas a la ley pese a los intentos por legalizar dicha práctica a través de las concesiones forestales, los planes de manejo forestal y los esfuerzos encaminados a implantar la certificación forestal que es exigida cada vez con mayor insistencia desde los mercados internacionales. Si bien, de forma paralela se continúan cometiendo ilegalidades en el manejo de los bosques.
De lo expuesto hasta el momento se extrae como conclusión que este conjunto de fenómenos se han retroalimentado unos a otros y han formado parte de un conjunto de políticas impulsadas por los distintos estados quienes han recibido fondos y préstamos provenientes en su mayor parte de instituciones de crédito tales como el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional (incluso de las agencias de cooperación estatales y multilaterales) destinados a hacer efectivas tales políticas sectoriales a nivel nacional y regional a fin de aliviar los desequilibrios internos, aunque hayan provocado el efecto contrario, agravándolos.
Uno de los errores más comunes que cometieron los países amazónicos fue no implementar una planificación del territorio que respondiera a cuestiones socioambien-tales. Este programa de medidas se fue acometiendo sin visión a largo plazo, de una manera un tanto espontánea, lo cual repercutió fundamentalmente en los pequeños propietarios rurales y las comunidades campesinas e indígenas quienes se vieron forzadas a trasladar sus asentamientos y quienes vieron decrecer el rendimiento de sus cosechas, cultivos y explotaciones. Como resultado de ello se produjo una migración a las ciudades, lugares en los que se asentaron antiguos colonos e indígenas para vivir de forma precaria en las periferias que de manera desordenada iban configurando el espacio urbano. Se dio además otra consecuencia y es que las grandes empresas, en muchos casos multinacionales, ocuparon las propiedades en las que tales actores desempeñaban sus actividades agrícolas y silvoforestales lo cual derivó por un lado en la expulsión de estos y por otro en la absorción de los mismos como mano de obra en las nuevas explotaciones. El efecto inmediato fue la modificación, a distintos niveles, de las formas de vida de estos grupos sociales tras la adopción de nuevos patrones de comportamiento y de nuevos modelos de explotación de los recursos que dejaban de lado la sostenibilidad la cual había definido las formas de aprovechamiento llevadas a cabo a escala local por las comunidades rurales. Todo ello tuvo lugar a costa de la inserción en los mercados mundiales de la región amazónica y sobre todo a costa de la desaparición de 800.000 km² de cuenca amazónica para los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado y la conversión de hasta un 68% de tierras en pastizales (Fontaine, 2006: 30).
Al abordar los fenómenos vinculados con los procesos de globalización es frecuente encontrar referencias a la denominada “crisis de gobernabilidad democrática” (íbid., 31) que paradójicamente aparece vinculada a las disputas de competencias por el espacio en los países amazónicos. De esta manera se pone de manifiesto la ausencia del Estado, quien tras la sumisión al modelo neoliberal ha dejado en manos de las ONGs la administración de políticas públicas a las que delega parte de las funciones que le corresponderían asumir a él mismo, al tiempo que incrementa los servicios privados 14.
La presión ejercida por los organismos internacionales alentados por las voces de la opinión pública que se alzaban en defensa del medioambiente, propició el pensar acerca de la internacionalización de la agenda amazónica lo cual se comenzó a hacer efectivo el 3 de julio del año 1978 en Brasilia, con la firma del mencionado Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) por parte de los países conformantes de tal espacio. Sin embargo y pese a los logros alcanzados, la cuestión amazónica enfrentó a diversos colectivos –principalmente ONGs conservacionistas y organismos multilaterales- que no lograban definir las políticas medioambientales sobre la sostenibilidad a la que se pretendía orientar el desarrollo en la Amazonía. La  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) tomó entonces como decisión otorgar mayor visibilidad a las poblaciones locales por constituir éstas los usuarios más directos de la región y porque la creación de parques naturales, áreas protegidas y territorios indígenas excluía de competencias a tales sectores sociales que tradicionalmente habían basado su modelo de producción en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y de la tierra dentro del espacio amazónico.
No por casualidad el movimiento indígena emergió tan vigorosamente en este contexto, respaldado por aquellas organizaciones que revalorizaban los saberes indígenas y los conocimientos locales, los cuales se apuntalaban sobre los principios de respeto hacia la naturaleza. Pero existe un fenómeno más relevante y que tiene lugar en el conjunto de países que acogen a población indígena, que deriva del hecho de que los pueblos que se autoidentifican como originarios asuman este tipo de normativas jurídicas 15 que dicho sea de paso, parten de postulados legales del ámbito occidental, en buena parte contrarios al derecho consuetudinario indígena. Lo que ocurre es que se enfrentan dos lógicas de entender, ver y en definitiva interpretar el mundo, dos cosmovisiones antagonistas. No obstante, las comunidades indígenas se han visto forzadas a aceptar las cláusulas recogidas en tales convenios como herramienta política a la que recurren para contraponer resistencia a la soberanía territorial de la que los estados nacionales de América Latina se apropian a la hora de ordenar el territorio.

 EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA

El ordenamiento territorial en Bolivia -considerado prioritario en la agenda del actual gobierno en el marco del desarrollo sostenible- viene definido como el “proceso de organización del uso del suelo y de la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales” (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001: 11).
El objetivo principal que se persigue mediante este instrumento de planificación es articular el conjunto del territorio nacional -en función de sus potencialidades y limitaciones- en base a unos parámetros de sostenibilidad determinados, a fin de contribuir al manejo óptimo del suelo en los diferentes asentamientos humanos así como minimizar la vulnerabilidad de impactos ambientales negativos en zonas de riesgo para lograr un adecuado uso de la tierra y ocupación del territorio (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001).
La ocupación del territorio en la región amazónica de Bolivia ha generado de manera directa e indirecta toda una serie de situaciones de conflicto entre actores sociales 16. Las superposiciones territoriales han constituido uno de los elementos definitorios del espacio amazónico en Bolivia. En éste, las principales disputas han surgido debido al avance sin freno de la frontera ganadera en los territorios ocupados por las comunidades indígenas. Los terceros llevaron a cabo todas las tretas posibles para ocupar las propiedades comunales indígenas que quedaron reducidas a mosaicos espaciales cada vez más limitados. Chirif y García Hierro comentan en relación a esto que las “élites (del Oriente boliviano) no están dispuestas a modernizar su sistema de uso permanentemente expansivo del suelo ni a perder su apuesta especulativa o a debilitar una sólida posición hegemónica regional construida sobre la libre disposición de suelos y recursos” lo cual les lleva a mantener una posición intransigente ante el proceso de titulación de tierras (2007: 47).
La asimetría y el antagonismo son los elementos definitorios principales de las relaciones de poder gestadas en la región amazónica entre distintos grupos sociales, debido al hecho de compartir y competir por el mismo espacio geográfico. La posición del todo parcial adoptada por la legislación agraria del país constituyó el estímulo esencial por el que el movimiento indígena de las Tierras Bajas decidió canalizar sus demandas de tierra y territorio amparados por las declaraciones de organismos internacionales 17.
Las superposiciones de territorialidades se producen además a otro nivel. Las encontramos entre las agencias encargadas del ordenamiento territorial. En el caso de Bolivia éstas son principalmente el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), las alcaldías municipales y, en último término, las recién incorporadas agencias institucionales: las autonomías municipales -indígenas y campesinas- entre las que tiene lugar un solapamiento de competencias que aún no se ha resuelto. Son habituales las disputas que pueden llegar a surgir por las competencias que asumen los distintos poderes conforme a la gestión del espacio territorial. Se contraponen los intereses económicos frente a la sostenibilidad de las políticas sectoriales, lo cual quiere decir que existe una oposición entre una visión a corto y largo plazo. Tales disputas dan forma a un nuevo escenario en el que diferentes actores sociales y agentes institucionales compiten por el espacio. Un espacio que se define a su vez en términos relacionales, que se constituye en la interrelación entre tales grupos y que se dirime entre la fragmentación y la continuidad.
La elaboración de planes de ordenamiento territorial, conforme al artículo 300 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), es competencia de los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígenas. Esto quiere decir que existe la posibilidad para aquellos gobiernos que se conviertan en las nuevas jurisdicciones político-administrativas, de elaborar su propio plan de ordenamiento territorial. En todo este proceso se hace necesario tener en consideración las lógicas de ordenación del territorio y el manejo de los suelos por parte de las comunidades locales para alcanzar una coherencia entre los planes de ordenación y la propia cosmovisión de éstas. En caso de que esto no se produjese se correría el riesgo de provocar el resquebrajamiento de los territorios comunales que pasarían a ser gestionados pariendo de concepciones diferentes del espacio.

IV. 1. Instituciones encargadas en la ordenación del territorio en Bolivia

De cara a comprender con mayor nitidez el proceso de ordenación territorial en Bolivia, es necesario aclarar los roles que han adoptado y desempeñan las agencias encargadas de su diseño e implementación. El proceso de redistribución de tierras fue canalizado por diversos organismos -el INRA, la Superintendencia Agraria y el Tribunal Agrario- encargados de la ejecución de las políticas públicas referentes a la implementación de tal proceso, que en un principio reconocieron la prioridad de los derechos territoriales de las comunidades locales teniendo en cuenta además la vocación de los suelos y la capacidad de la tierra. Tales organismos debían trabajar de manera conjunta y compartir con otras entidades privadas recursos, infraestructura y capital social y humano para lograr la efectividad de tales medidas. Pese a las buenas intenciones se les ha llegado a acusar de doblegarse a los lineamientos agrarios de la economía de mercado así como de propiciar una contrarreforma más que una reforma agraria.
En el transcurso de apenas 5 años entró en vigor en Bolivia la nueva ley agraria, comúnmente conocida como ley INRA, la cual llegó de la mano de la segunda reforma agraria implementadas en el país en el pasado siglo 18. Pese a que en un principio se propusiera eliminar el latifundio del Oriente boliviano, el cual se caracterizaba por la concentración de la tierra, no hizo sino que incrementarlo debido, en buena medida, a los privilegios concedidos a propietarios privados. Se volvieron a cometer los mismos errores que hicieron fracasar la Reforma Agraria del año 1953 y numerosas poblaciones locales se vieron forzadas a desplazarse. 
En el caso del Instituto Nacional de la Reforma Agraria 19 los intereses privados condicionaron desde los primeros años sus acciones. Éste cedió a las presiones de las élites terratenientes quienes pretendían ralentizar y obstruir el proceso de redistribución de tierras con el fin de consolidar las propiedades que en muchos casos habían sido expropiadas a comunidades campesinas o indígenas de manera más que cuestionable. Los funcionarios de este organismo se posicionaron a favor de aquellos y como consecuencia actuaron de forma parcial perjudicando a los grupos sociales más vulnerables e invisibilizados históricamente en el país. La incompetencia, la lentitud del proceso y las continuas negligencias del INRA se sumaron a la ambigüedad que definía la legislación agraria. Con la llegada al poder del actual Presidente de la República, Evo Morales, en al año 2005, se produjo una reordenación del propio INRA y se prometió acelerar los procesos de titulación de tierras, muchos de los cuales se encontraban en un estado de inactividad 20. No obstante, las competencias de este organismo se superponen con otras instancias gubernamentales como son los casos de la Superintendencia Agraria o la Superintendencia Forestal las cuales se fusionaron en mayo de 2009 en una única: la ABT, a la que nos hemos referido anteriormente. A día de hoy, la ABT es la principal institución oficial encargada del control de los recursos naturales en Bolivia, tanto a nivel comunal como en los niveles superiores.
Tras la entrada en vigor del la Ley Forestal en el año 1996, creada no por coincidencia en el mismo año que la Ley INRA 21, se estipuló que sería la ABT quien regulase la actividad forestal en los bosques del país y fundamentalmente en la región amazónica, donde se incurría en mayores riesgos ambientales, y quien concediese además permisos de aprovechamiento forestal en las áreas circunscritas en las que llevar a cabo la explotación de recursos forestales. A su vez era el Estado quien debía certificar las propiedades en las que se realizaría tal actividad. La acción del gobierno quedó en entredicho dado que las concesiones otorgadas por éste, las cuales debían hacerse además bajo parámetros de sostenibilidad, en realidad se concedieron en áreas de alto potencial forestal y no en tierras fiscales, como quedaba estipulado en la normativa.
Desde hace algún tiempo Bolivia ha pretendido orientar las políticas forestales del país hacia la descentralización, lo cual a día de hoy aún no se ha hecho efectivo debido a que las decisiones más importantes en cuanto a la administración y gestión de los recursos naturales se refiere, se continúan adoptando en el nivel central, relegando las competencias de prefecturas y municipalidades así como de organizaciones comunitarias (Figura 1). Por lo tanto, la última palabra le corresponde al gobierno central quien a menudo hace caso omiso de las demandas de niveles inferiores. Al mismo tiempo se corre el riesgo, tal  como ha sucedido en algunos casos, que desde las prefecturas departamentales o desde los gobiernos municipales se actúe libremente incumpliendo la legislación nacional en materia agraria o forestal en beneficio de intereses particulares o de empresas que operan en este sector.
Asimismo la ABT trabaja por mantener un uso adecuado de los suelos, por lo que sanciona aquellas acciones que no procedan acorde con lo estipulado en el reglamento jurídico del país. En este sentido se produce un nuevo solapamiento de competencias con el INRA desde el que se declaran las reversiones y expropiaciones de tierras conforme a la ley 1715. Las mismas son denunciadas por la ABT a quien a su vez le corresponde la tarea de regular la zonificación de tierras en base a las directrices ministeriales por un lado y la de conceder autorizaciones de ejecución de los Planes de Ordenamiento Predial. La ABT es entonces la encargada, tras examinar los informes previamente elaborados sobre la capacidad de uso mayor del suelo de una determinada propiedad, de dictaminar el avance o no de la frontera agrícola o ganadera siempre que se eviten las superposiciones con otras propiedades y siempre que tenga lugar en un espacio en donde la capacidad de uso mayor del suelo permita un cambio de uso.
La ilegalidad en Bolivia ha constituido uno de los vectores principales tanto del sector agrario como forestal. Del mismo modo que ocurrió con la Ley de Reforma Agraria, la Ley Forestal se implementó en el mismo clima de tensión en el que los empresarios privados influyeron para acomodar la normativa a sus estrategias de acción y redactar la ley conforme a sus propios intereses a los que se dispensó un claro trato de favor 22. En la década de los años setenta de la pasada centuria, los gobiernos dictatoriales del país promulgaron la Ley Forestal y la Ley de Fauna y Vida Silvestre. Ambas legitimaban un modelo de explotación basado en la extracción intensiva y selectiva de los recursos naturales con mayor valor comercial. Las concesiones forestales se otorgaron entonces ignorando los derechos territoriales de otros propietarios, priorizando los intereses económicos por encima de la sostenibilidad medioambiental.
Estos hechos tuvieron lugar debido a la ambivalencia o incluso incongruencia jurídica entre la Ley Agraria y la Ley Forestal que permitía la existencia de vacíos legales, los cuales eran aprovechados por las empresas madereras en detrimento de los pequeños propietarios. Algunas de las acciones más comunes que se produjeron tuvieron que ver con los desmontes realizados en áreas clasificadas como tierras de producción forestal permanente, los que pese a estar prohibidos por ley se lograban llevar a cabo gracias a la aprobación por parte de la Superintendencia Agraria del correspondiente Plan de Ordenamiento Predial. Estos desmontes posibilitaban la posterior transformación de los usos del suelo.
Otro ejemplo que lamentablemente ha ocurrido con frecuencia en los bosques de la región amazónica de Bolivia es el que cometieron distintas empresas dedicadas al sector maderero al interior de los territorios indígenas. Dado que la legislación forestal del país sancionaba actividades de uso y aprovechamiento de los recursos maderables en tales espacios, para superar este trámite, las empresas acordaron con los dirigentes indígenas de las respectivas comunidades las condiciones de explotación, sin previo consenso entre el conjunto de comunarios y comunarias quienes, de acuerdo a su sistema jurídico, debían dirimir de forma colectiva acerca de la actividad de dicha empresa.
Estos ejemplos ponen de manifiesto el escaso rigor en la aplicación de la legislación a pesar de que la Ley INRA disponga en la Segunda Disposición Final que “en las tierras de aptitud de uso agrícola o ganadero, en las de protección o producción forestal y en las comunitarias de origen, en las que existiera superposición o conflictos de derechos, prevalecerá el derecho de propiedad agrícola, ganadera o de comunidad campesina, pueblo o comunidad indígena u originaria sobre las concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal”23 y la constitución del estado precise que en caso de solicitud de una conversión de tierras de “cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros”, ésta podrá realizarse exclusivamente siempre que se haga en un espacio legítimamente designado para ello y conforme a lo estipulado en la ley vigente (artículo 389) 24. Actualmente es la ABT quien determina las zonas destinadas a servidumbres ecológicas y de zonificación de los usos del suelo de dichas áreas.
Las superposiciones de concesiones de aprovechamiento forestal han sido una constante en el panorama del sector forestal de Bolivia, al igual que ocurre con las superposiciones de los títulos de propiedad de la tierra. Buena parte de los bosques amazónicos en los que se otorgaron contratos de aprovechamiento coincidían con áreas indígenas, campesinas o tierras fiscales. Sin embargo, la presencia de especies maderables de alto valor comercial atrajo al capital extranjero, principalmente norteamericano, que financiaba al 100% a empresas bolivianas durante el primer año a condición de que ésta proveyera de madera durante dicho periodo 25. La ilegalidad suplantaba a las acciones que se ajustaban a la legislación forestal en el momento que el monto de madera extraída no alcanzaba lo exigido.
Chumacero reflexiona acerca de algunas de las contradicciones en las que ha incurrido la legislación de Bolivia en lo referente al uso de los recursos naturales. Para demostrarlo se basa en dos artículos que recoge la NCPE: el artículo 348 que aclara que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y el artículo 403 en el que por el contrario se expresa que los pueblos indígenas tienen el “derecho a la tierra, al uso y al aprovechamiento exclusivo de todos los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por ley” (2010: 35). Este caso, referido a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se repite con el resto de usuarios agrarios y forestales y refleja el solapamiento de normas jurídicas sancionadas en la legislación del país. La propia Ley Forestal comete otra contradicción en su artículo 32 que reconoce por un lado la “exclusividad en el aprovechamiento forestal”en los territorios indígenas con“la existencia de concesiones forestales anteriores a la titulación de territorios indígenas” (Herbás y Patiño, 2010: 216).
Del mismo modo que ha sucedido en el resto de países amazónicos, en Bolivia se da una correlación entre la pérdida de masa forestal y el incremento de la superficie destinada a otros usos del suelo, fundamentalmente tierras de cultivos o pastizales para el ganado.

IV. 2. Instrumentos complementarios del ordenamiento territorial

La frágil ordenación del territorio en Bolivia ha concedido prioridad al uso de los suelos relegando como consecuencia cuestiones relativas a la propia gestión del territorio. Parece que el motivo de ello haya sido la búsqueda de legitimación de tales usos. Hasta finales del siglo pasado, el Estado boliviano no había adoptado ninguna medida para regular el ordenamiento territorial en el país. Fue entonces cuando se comenzaron a implementar las primeras disposiciones legales y administrativas, inexistentes hasta el momento. Se diseñaron algunos instrumentos orientados a normalizar la ordenación de los suelos. Fue así como apareció la Unidad de Ordenamiento Territorial (UOT) que a su vez puso en marcha el Sistema Nacional de Información para el Ordenamiento Territorial (SNIOT), encargado de registrar y actualizar la información territorial, así como de elaborar la información cartográfica y bases de datos para representar espacialmente los atributos biofísicos y socioeconómicos de Bolivia (Ardaya, 2009: 66-67).
A parte de estos y según fuentes ministeriales, son varios los instrumentos con los que cuenta Bolivia para el ámbito del ordenamiento territorial: los Lineamientos de Políticas de Ordenamiento Territorial, los cuales recogen la estrategia del ordenamiento territorial, los Informes de Evaluación del Ordenamiento Territorial que consisten en losdocumentos de evaluación técnica elaborados cada 5 años para valorar el grado de aplicación de las directrices del ordenamiento territorial y las Guías Metodológicas en las cuales se encuentra definido el marco conceptual y los procedimiento metodológicos que serán posteriormente utilizados por las prefecturas y gobiernos municipales a la hora de elaborar los correspondientes Planes de Ordenación del Territorio (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001: 4). En relación a la gestión del territorio los instrumentos más importantes son: los Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT) -en los niveles nacional, departamental y municipal- a través de los cuales se “identifica las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales; se orienta a la optimización de su uso y la distribución de los asentamientos humanos; y define acciones para optimizar la relación entre la población y el territorio; por lo tanto es un instrumento político de planificación” (de Vries, 1998: 65).
Estos planes a su vez integran otras dos herramientas técnicas: los Planes de Uso del Suelo (PLUS)  (Mapa 2) y los Planes de Ocupación del Territorio (POT). La primera de ellas define el uso de la tierra en función de las capacidades y categorías de los suelos así como de las potencialidades de tipo socioeconómico en cada región, las directrices que regulen la intervención sobre los mismos, las recomendaciones de manejo, etcétera, todo ello orientado a la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. El POT por el contrario constituye el instrumento que se encarga de la articulación y vertebración del territorio en función de los requerimientos de los centros, redes y flujos de las actividades productivas y de distribución de los servicios, y que busca favorecer la regionalización.
En el nivel municipal, la institución responsable del control y fiscalización de los recursos naturales es la Unidad Forestal Municipal (UFM) que participa en el diseño de los planes de manejo en las fases de verificación y certificación y trabaja como intermediaria entre la propia ABT y los actores locales. Fue común el control de estas unidades por parte de la población mestiza, quien compartían intereses económicos con las empresas que operaban en las áreas forestales y quien al mismo tiempo era propietaria de estancias privadas y de espacios forestales en los que se aplicaba la Ley Forestal de manera muy ambigua, lo cual se realizaba en detrimento de los usuarios locales de los bosques, en su mayor parte habitantes de comunidades campesinas e indígenas. Queda demostrado con ello una vez más, que la actividad forestal en Bolivia se ha definido en buena medida por la ilegalidad y las irregularidades, las cuales el gobierno actual se ve en la obligación de corregir.
En el nivel más local y para el caso particular de las antiguas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), actualmente convertidas en Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs), estos están exentos de elaborar planes de manejo dado que los chacos familiares por lo general no suelen superar las 2 hectáreas de superficie, lo cual les exime de preparar dicho plan. Más allá de estas cuestiones técnicas, para los pueblos indígenas sería del todo determinante ver ampliadas las competencias en materia de gestión territorial. La condición que les otorga el nuevo régimen autonómico les permitiría desempeñar el pleno derecho en el control y gestión del los recursos naturales conforme a la legislación nacional. También fue en algunas TCOs en donde se decidió crear la Guardia Forestal Indígena (GFI), que viene constituida por los propios habitantes de las comunidades quienes tienen como misión vigilar y proteger los territorios comunales así como custodiar los recursos naturales de estos, confiscando aquellos que sean extraídos bajo acciones ilegales.
A parte de estas instancias, otros organismos 26.se encargan de regular la actividad forestal en Bolivia, como sucede con: la Unidad de Control de Desmontes e Incendios Forestales (UCDIF) y la Intendencia de Desarrollo Forestal (IDF), además de las Unidades Operativas de Bosque y el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.

V. REFLEXIONES FINALES

Las amenazas medioambientales en la Amazonía y la deficiente ordenación del territorio hacen que el espacio amazónico se debata en una encrucijada de intereses entre diferentes actores y organismos. La tendencia hacia la economía de exportación no dejó de crecer y las políticas sectoriales de los respectivos países amazónicos entraron en contradicción con las políticas nacionales de desarrollo. Esta tensión generada repercute en la ordenación del territorio panamazónico el cual se debate entre las prioridades otorgadas a la dimensión económica, política, socioecológica o cultural. Esta secuencia queda en último término disociada en dos amplios bloques: la orientación a una mayor producción bajo la lógica de la acumulación de capital propio del modelo desarrollista y la prevalencia de los saberes ecológicos de las poblaciones locales y sus sistemas de manejo de recursos, la valoración del paisaje, la sustentabilidad de los modelos de explotación de recursos, la morfología espacial, etc.
La Amazonía podría presentarse como un elemento clave impulsador de una reorganización socioespacial alternativa para el conjunto de la comunidad sudamericana (por extensión latinoamericana) y no como foco de conflictos por la ocupación del territorio, como históricamente ha ocurrido y que a día de hoy aún sigue vigente debido a la penetración por parte de colonizadores de fronteras internas y principalmente debido a la acción monopólica de grandes empresas 27.
Otro fenómeno es el que enfrentan muchos de los pueblos indígenas de la Amazonía y de forma particular aquellos que ocupan el territorio nacional de varios países, como es el caso de los yanomamis, quienes habitan en Brasil, Venezuela y Bolivia. Ocurre que cada uno de estos países se apoya en sus respectivas legislaciones en el momento en el que deben afrontar situaciones de conflicto entre dos o más actores que ocupan el mismo espacio. La consecuencia más directa para las poblaciones originarias es el estado de indefensión jurídica en el que quedan relegados. Como resultado son expuestos a la rapiña de actores externos que aprovechan el vacío legal resultante para penetrar en los territorios ocupados por aquellos, frente a quienes se disputan su apropiación. Algunos episodios similares han provocado conatos de crisis diplomáticas entre los países involucrados en este tipo de conflictos dado que tales disputas fronterizas perjudican los acuerdos bilaterales entre ellos.
Uno de los principales desafíos al que se enfrentan los países amazónicos es el de poner freno a las relaciones de dominación y a las disputas por la apropiación de los recursos naturales en el esquema de un nuevo orden regional que reconozca la heterogeneidad de territorios culturales existentes en su interior, así como las diferentes territorialidades las cuales no pueden por más tiempo ser definidas partiendo de las contradicciones entre ellas, sino de su reconocimiento. No consiste tampoco en diluir las fronteras internas sino en evitar que éstas constituyan un espacio de exclusión potenciador de la conflictividad en la dimensión territorial. Supone prestar atención a las amazonías periféricas, a aquellas que han pasado desapercibidas por las economías nacionales. Es un compromiso para estos países actuar de manera conjunta para salvaguardar no sólo la biodiversidad de la región amazónica sino la compleja red que conforma ésta desde el punto de vista cultural, social y simbólico. El sistema fluvial amazónico está constituido como eje articulador del espacio amazónico pero no como factor de conexión interregional. Sería necesario identificar las prioridades y diseñar un plan coordinador que hallase la manera de potenciar una distribución más equitativa de los recursos y una ocupación espacial equilibrada a fin de contrarrestar la polarización regional.
En este quehacer panamazónico es de singular importancia consensuar una definición del espacio amazónico dinámica y flexible, la cual no se someta a criterios, bien sean estos físicos, biogeográficos o administrativos, que nieguen la diversidad del mismo. Para ello resulta fundamental la elaboración de una base de datos que recoja la mayor información posible, un sistema de información geográfica actualizado y una cartografía social de la región, sistemas de monitoreo en la planificación ambiental y en la evaluación de las explotaciones forestales, usos del suelo, saberes ambientales, etc., de cara a definir la agenda amazónica nacional y poder contribuir así a la internalización de la cuestión panamazónica en la que aparezcan incorporados de manera interconectada todos y cada uno de los elementos mencionados. No constituye por lo tanto una prioridad el convertir al espacio amazónico en una entidad integral, sino más bien adoptar  medidas que contribuyan al fortalecimiento del mismo bajo parámetros de seguridad ambiental y de justicia y equidad social sobre la base de procesos participativos entre las poblaciones locales que contribuyan a definir estrategias territoriales a nivel local. Sería conveniente que tal interlocución se produjese además entre la sociedad civil y los niveles estatales del ámbito público y las entidades privadas. Son por lo tanto necesarios lineamientos estratégicos y políticas de choque que hagan frente a los riesgos socioambientales, para poner freno al desgaste al que se está sometiendo a la región amazónica.
Una cuestión interesante a tener en cuenta es el tema del financiamiento. Éste a menudo ha provenido de los recursos que han aportado otros países con intereses económicos y geopolíticos en la región. Tal fenómeno ha minado la soberanía de algunos de los países amazónicos sobre este espacio, quienes debido a ello han delegado sus competencias en empresas transnacionales, situación que debe ser revertida para que los estados dejen de actuar como entes pasivos e intervengan y asuman el papel que les corresponde. Para ello es básico que se definan sin ambigüedades las competencias de cada uno de ellos y evitar así conflictos por el solapamiento entre agencias institucionales.
Asimismo, un aspecto compartido por las legislaciones de casi todos los países de la Amazonía es que los estados se reservan el derecho a otorgar concesiones de explotación de recursos pese a que esto deba realizarse, desde el punto de vista jurídico, en territorios sujetos a una determinada y particular legislación. Da la impresión entonces de que en vez de funcionar como diques de contención de la ilegalidad, en muchas ocasiones los estados amparan o garantizan la continuidad de la misma. Se hace necesaria por tanto una revisión del marco normativo en el conjunto de países amazónicos y la superación de toda una serie de obstáculos en cuanto al diseño de las políticas públicas pero sobre todo en cuanto a la voluntad de los organismos encargados en su implementación. En el caso concreto de Bolivia, resulta prioritario que a nivel institucional se actúe con firmeza y decisión en la aplicación de la legislación nacional -la Ley INRA, la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Participación Popular o la Ley Marco de Autonomías y los distintos instrumentos encargados en la ordenación del territorio-, sin cortapisas, sin superposiciones de competencias, pero sí con coherencia y con un trabajo coordinado. Una cuestión de la que Bolivia se encuentra aún a la cola con respecto al resto de países de la Amazonía, se refiere a la casi inexistencia de estudios de impacto ambiental y de seguimiento sobre la fauna o vegetación en aquellos territorios en los que se desarrolla cualquier actividad agropecuaria o forestal, los cuales se han visto limitados, por la falta de medios suficientes, a inspecciones aleatorias.
Otro de los retos a los que los gobiernos nacionales se enfrentan es el de combatir las desigualdades existentes entre los usuarios más directos de la región: las poblaciones locales. Para ello una opción es la de coordinar las políticas de desarrollo y las políticas sectoriales con las estrategias de acción de los usuarios de los suelos y los bosques de la Amazonía, quienes actúan, como mencionaba a lo largo del presente trabajo, bajo distintas lógicas. Los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental en este sentido y las autonomías tienen mucho que decir en el nuevo modelo descentralizado del Estado de Bolivia. Éste no debería estar diseñado para encaminarse a la desarticulación del aparato público encargado de gestionar la política agraria y forestal del país. Por el contrario, los diversos niveles establecidos según la NCPE están  llamados a gestionar de manera coordinada lo que se entiende bajo el paradigma del “sumak kawsay” o “buen vivir” como un desarrollo que parte del principio de la relación armónica, de la reciprocidad y de la solidaridad entre personas y frente a la  naturaleza 28.
El ordenamiento territorial en Bolivia constituye aún hoy en día un proceso inacabado. Se han logrado incipientes avances en dicha materia en la región amazónica. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Quedan pendientes tareas fundamentales para organizar el espacio sociogeográfico. Apenas sí se ha hecho efectiva la ordenación del territorio el cual adolece de numerosas carencias y limitaciones que se agravan para la región amazónica.
De entre los cuatro niveles en los que se gestiona el ordenamiento territorial en Bolivia: nacional, departamental, municipal y predial, apenas se han alcanzado algunas metas en el segundo y tercer nivel. En relación al ordenamiento territorial a nivel departamental éste se ha implementado a través de la declaración de varios decretos supremos que estipularon la elaboración de los Planes de Usos del Suelo (PLUS) en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Tarija, Potosí y Pando a los que se sumaron otras propuestas técnicas para la región amazónica y altiplánica además de en una parte del departamento de Cochabamba. A nivel municipal el ordenamiento del territorio ha tenido un alcance mucho menor. Éste se ha reducido a la elaboración de algunos proyectos de zonificación agroecológica como son el caso de ZONISIG o BID AMAZONIA para apenas cinco municipios 29 y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) 30. Conviene recordar alguna de las ideas que se planteaban al comienzo del capítulo: las recetas neoliberales impulsaron en Bolivia la denominada “Marcha hacia el Oriente”, que supuso la colonización de tierras en los departamento del Beni, Pando, Santa Cruz y parte de Cochabamba. Este fenómeno propició, entre otras cosas, que se consolidase la inadecuada ocupación del territorio del país así como la desarticulación territorial y el desequilibrio regional entre el Oriente y el Occidente bolivianos, brecha que entre ambas regiones se ha ido acrecentando y que a día de hoy mantiene una tensión latente frente a la que el proceso autonómico se presenta como respuesta.
La falta de voluntad política o incluso la negligencia de ciertas instituciones y organismos públicos han constituido los motivos principales que han provocado la transformación incontrolada de los suelos en el país así como la extracción selectiva de las especies forestales más valoradas de la Amazonía boliviana. Pese al aparente empeño del actual gobierno de la nación por poner en marcha políticas de ordenación del territorio más efectivas e integrales, la aplicación de los instrumentos encargados ha quedado en entredicho. Resulta paradigmático el caso de la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS 31, territorio éste en el que habita población indígena de diversos grupos étnicos y quienes están viendo ocupado el espacio que han habitado durante años, quedando sumidos en la desprotección. La realidad es que todos los gobiernos, en base a tales instrumentos jurídicos, han respaldado las expropiaciones de tierras que se han venido realizando en la región amazónica para propiciar la colonización, el avance de la frontera agrícola o ganadera, los monocultivos –soja principalmente-, las explotaciones de hidrocarburos, etcétera. Consiste éste un ejemplo claro de superposición de competencias por la gestión del espacio. Se ha comentado hasta qué punto los intereses privados presionan para imponer sus criterios y preferencias en los procesos de transformación del espacio. Al mismo tiempo ha ocurrido que son los municipios que a través de los planes de ordenación territorial realizados a nivel municipal definen las recomendaciones de uso agropecuario forestal y determinan la vocación de la tierra, otorgando derechos de explotación de la misma y controlando la gestión de la infraestructura vial, las reglas de uso y lugares de aprovechamiento de los recursos, la distribución de los servicios sociales, etc. No es por tanto tarea sencilla proyectar una correcta planificación territorial. Se suma a todo ello la existencia de fuertes discrepancias a la hora de adecuar las instituciones existentes a las recientemente creadas por el nuevo modelo estatal, caso de las autonomías indígenas y campesinas –constituidas en TIOCs- o las nuevas jurisdicciones municipales. La principal cuestión que se plantea es cómo incorporar éstas a la estructura estatal con las nuevas atribuciones que les han sido otorgadas. Los TIOC pasarían a convertirse en el primer nivel del nuevo régimen autonómico. Lo más interesante de este proceso es que la NCPE ampara en su artículo 275 la elaboración de estatutos indígenas por los que cualquier Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, tiene el derecho a ejercer el autogobierno en su jurisdicción conforme a sus prácticas culturales(Albó y Romero C., 2009: 80).
El nuevo régimen autonómico es concebido por las élites terratenientes del Oriente boliviano –región integrante de la Amazonía boliviana- como una de las opciones más viables para desvincularse del gobierno central y fortalecer las competencias sobre la gestión del territorio y de los recursos naturales a través del traspaso a las autonomías municipales de las facultades que previamente eran asumidas por la jurisdicción departamental. Algunas voces alertan del separatismo al que puede conducir esta disputa por las competencias jurídico-administrativas y el nuevo modelo descentralizado del país. Principalmente porque en el Oriente boliviano, los gobiernos departamentales controlados por las grandes élites están orientando las políticas sectoriales a garantizar sus propios intereses.
En cuanto a la cuestión que atañe a la articulación de funciones entre las diversas instituciones sociopolíticas del aparato central del Estado y de las nuevas entidades descentralizadas, aquellas requieren (re)definir sus roles y las competencias que a partir de ahora deberán adoptar con el fin de evitar solapamientos con el resto de jurisdicciones político-administrativas y territoriales 32. En lo concerniente a las actividades vinculadas con el sector forestal y agropecuario, el artículo 299 de la NCPE, dictamina que tales competencias corresponden de manera compartida al nivel central y a los niveles autonómicos. Y es que el Estado se reserva la administración de toda una serie de prerrogativas que en realidad obstaculizan la libre disposición que presuntamente parece definir a las nuevas jurisdicciones estatales.
El nuevo modelo autonómico boliviano no encuentra parangón con otras experiencias descentralizadoras puestas en marcha en otros países amazónicos, como son el colombiano, ecuatoriano o peruano. Es un proceso de mayor calado. Sin embargo, topa con los intentos independentistas que han llevado a los departamentos opositores de la administración del gobierno actual -Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija- a posicionarse contra la política autonomista de Morales y a intentar incrementar la capacidad legislativa y jurídica de las estructuras político-administrativas regionales.
A tenor de todo lo expuesto en este trabajo sólo queda reiterar las opciones entre las que se debate el futuro de la Amazonía como espacio de imposición de una territorialidad institucional bajo propuestas de integración regional conducentes a la disolución de conocimientos y experiencias socioespaciales contradictorias, o como espacio en constante configuración en el marco de las geografías de la diferencia, espacio generador de múltiples locus definidos por las subjetividades de los actores que construyen su identidad en base al territorio del que se apropian y transforman. Queda por responder cómo, en el marco de las autonomías, resolverá el Estado boliviano las competencias por el uso del espacio para saber si el esquema descentralizador puede convertirse en un elemento extrapolable al conjunto de países amazónicos que al conceder mayores prerrogativas a escala local, evite la fragmentación del territorio y preserve al tiempo la singularidad que caracteriza a la Amazonía.

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