PARTICIPACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE AGUAS EN ESPAÑA y BRASIL 1

Wanderléia Elizabeth Brinckmann
 Michele Friedrich

Para empezar el debate
En este nuevo siglo la cuestión de la sostenibilidad social, ambiental, ecológica y económica apareció como base de discursos ampliamente reconocidos en las conferencias internacionales y tiene lugar un cambio de mentalidad y de paradigmas en el proceso de ordenamiento y gestión de las aguas en España y Brasil. Los diferentes actores se vuelcan en la preservación, recuperación, conservación y protección de la calidad y salud de este sistema de recursos indispensable para la vida y trabajan en pro de su ordenamiento y uso racional y sostenible. Es indiscutible que los temas que han dominado los debates en el ámbito internacional sobre políticas hidráulicas, también han influido en las reformas necesarias en el ámbito de las políticas del agua en los dos países en donde se pretende caminar hacia una política más “integrada y participativa” de los recursos hídricos.
En este trabajo el debate esta centrado en las principales características, críticas y retos que entraña el hecho de involucrar participativamente a la sociedad en el proceso de ordenamiento y gestión de las aguas en ambos países. Una tarea que es, según Ituarte (2003) multidisciplinar y en la que deberían estar implicados investigadores de distintas áreas una vez que la planificación hidrológica no puede plantearse rigurosa y coherentemente si no es en el marco de una estrategia territorial de referencia. En el caso de Brasil, y basándonos en la Ley 9433/97 (Silva, 1998; Brinckmann, 2001 y 2005) y en el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos (2002) la discusión esta centrada en los principales aspectos de la política de aguas del país profundizando las dimensiones específicas de la gestión integrada cuyo marco territorial es la cuenca hidrográfica. Frente a la complejidad y amplitud de las cuestiones presentes en la consolidación de este proceso en Brasil, es  necesario contar con un adecuado apoyo institucional que permita armonizar los diversos intereses sectoriales en el campo de los recursos hídricos.
Para tener éxito en esta tarea es importante conocer y aplicar los fundamentos que orientan el proceso: el agua es un bien público, finito y vulnerable; un recurso natural limitado y que posee valor económico cuya prioridad de uso es el consumo humano y animal. La gestión descentralizada, integrada y participativa deberá proporcionar el uso múltiple del agua, adoptándose la cuenca hidrográfica como unidad territorial de planificación.

En España, según las informaciones obtenidas en el Libro Blanco del Agua, en adelante LBA (2000: 5-6):
 “...el valor medio de escorrentía anual se distribuye muy irregularmente en el territorio. Los territorios de la cornisa cantábrica son los que tienen mayor abundancia de agua, con valores superiores a los 700 mm/año. A gran distancia se encuentra el resto de las cuencas, que no superan los 250 mm/año. La menor escorrentía de España se produce en la cuenca del río Segura, que no alcanza ni los 50 mm/año, es decir, casi veinte veces inferior a la de Galicia y cinco veces inferior a la media nacional... A esto, se agrega una acusada irregularidad temporal de las aportaciones en algunas zonas del territorio, como en la cuenca del Guadiana...”.
Existe en el país, un grave desequilibrio en la relación recursos hídricos-demanda de agua, especialmente en territorios del sureste de la Península Ibérica. Para ajustar esa relación están programados y en fase de desarrollo una serie de planes de mejoras así como la modernización de los regadíos. Es un esfuerzo conjunto de comunidades de regantes y administraciones, sobre el principal consumidor de agua, para liberar recursos y lograr una mayor eficiencia en la aplicación del riego.
Más de un millón de hectáreas regadas se encuentran en este proceso de cambio, con objeto de adaptarse y hacer frente a las demandas del siglo XXI que exige una nueva “cultura del agua” (Gomez Espín, 1997, 1999 y 2001; Arrojo Agudo et al., 1999; Arrojo Agudo et al., 2000).
El análisis de escenarios del PHN permite llegar a la conclusión de que debido al marco de la PAC 2 y al resto de condicionantes que imponen los acuerdos comerciales internacionales, existen territorios en España donde el regadío debe defenderse para aprovechar sus ventajas competitivas y otros donde su función debe ser la de evitar el vaciamiento y desertización del territorio. Pero se pone de manifiesto en este plan, la necesidad de ahorro de agua actualmente utilizada en el regadío: “el volumen ahorrado se ha de conseguir, básicamente, por la vía de la modernización y mejora de infraestructuras” (Peréz Peréz, 1996: 52). Según el LBA (2000: 356) es en los sistemas áridos y semiáridos, donde la importancia del agua se evidencia de forma aguda y pone de manifiesto la gran cantidad de procesos ecológicos y funciones ambientales, económicas y sociales que dependen de este bien. España dominada por entornos áridos y semiáridos, constituye un buen ejemplo de ello, como se puede apreciar en el mapa 2 3 , que presenta los sistemas españoles deficitarios que padecen una escasez de tipo estructural, o sea, “el recurso potencial, incluyendo reutilización, desalación y transferencias, es sistemáticamente inferior al nivel de consumo que se pretende alcanzar” (LBA, 2000: 357).
Este mismo estudio (2000), manifiesta que existe:
“un conjunto de sistemas que, aún presentando superávit, corren el riesgo de sufrir una escasez de carácter coyuntural, debido a que sus niveles de consumo se hallan relativamente próximos al recurso potencial. En tales condiciones, secuencias hidrológicas adversas podrían dar lugar a problemas de suministro por insuficiencia de recursos. Estas situaciones de escasez coyuntural se presentan en Hoya de Guadix, Jaén y sistema de regulación general del Guadalquivir, Sierra Tejada - Almijara en el Sur, la práctica totalidad del Júcar, si se exceptúa la Marina Alta y los sistemas con escasez estructural (Vinalopó - Alacantí y Marina Baja), Alhama, Jalón, Martín, Guadalupe y Matarraña en la margen derecha del Ebro, sistemas Centro y Sur de Cataluña y en las islas de Ibiza, Tenerife y Gran Canaria” (LBA, 2000: 355-357).

El apartado Riesgo de Escasez: la situación actual y los problemas existentes y previsibles (LBA, 2000: 357) informa que:
 “una parte importante de los sistemas de explotación de la mitad sur oriental de la península, junto con algunos sistemas de la margen derecha del Ebro, parte de Cataluña y algunas islas, estarían sometidos, aún en el hipotético caso de máximo aprovechamiento de los recursos potenciales, incluyendo desalación y transferencias, y máximo grado de reutilización, a una escasez de recursos de carácter estructural o coyuntural. Debe señalarse, no obstante, la diferente gravedad de las situaciones de escasez coyuntural y estructural. En las primeras, los problemas de insuficiencia de recursos tienen un carácter temporal, y están generalmente asociados a rachas hidrológicas adversas, de tal modo que en condiciones de normalidad hidrológica no se presentarían problemas graves. De hecho, debe recordarse que estos sistemas, aun estando sometidos coyunturalmente a un riesgo de escasez, presentan, en términos medios, un superávit de mayor o menor cuantía. En las situaciones de escasez estructural, porel contrario, los sistemas son permanentemente incapaces de atender sus consumos, y la insuficiencia de recursos, incluso en el supuesto de aprovechamiento exhaustivo, constituye un problema crónico”.

Los datos sobre el consumo de agua en España denuncian una situación problemática y de irregular ordenamiento y distribución territorial de las aguas. El país consume con el regadío 24.200 Hm3 (80% del agua); con el abastecimiento a núcleos urbanos, 4.300 Hm3/año (14% del consumo) y con la industria, 1.900 Hm3 /año (6% del consumo total). Lo que demuestra que el uso urbano supone entre el 8 y 10% del consumo de agua, pero lo problemático es que se prevé que aumente este porcentaje debido al desarrollo del turismo residencial y turismo de sol y playa, precisamente en las zonas donde el agua es más escasa y se emplea para fines de ocio (zonas verdes, piscinas, campos de golf, etc.). El consumo de la industria (6-15%) se mantiene como consecuencia de las medidas de ahorro que se están implantando para reducir costes y los efluentes contaminantes. Aún así, se constata que en el suministro de agua a ciudades e industrias, uno de los principales problemas es el de las pérdidas en las cañerías de distribución. Se estima que del 50 al 70% del agua que se extrae se desperdicia, por evaporación, fugas y otros motivos.
Para los primeros años del siglo XXI, tal y como nos lo explican los autores consultados y los medios informativos europeos (El País, La Verdad, Le Monde, 2002...) entre el 40 y el 60%  del agua utilizada por empresas de servicios públicos se pierde por causa de filtración o derrame, robo y rendición de cuentas deficiente. Las redes de tuberías de las grandes ciudades europeas pueden perder hasta el 80%  del agua que transportan a causa de su deterioro. La Comisión Económica para Europa de la ONU evalúa estas pérdidas en unos 10.000 millones de dólares anuales. Esta situación es grave, aunque los expertos afirmen que el país está abastecido, pero salvando las cuencas del norte, Duero y Ebro y según se avanza hacia el sur y sureste, falta este recurso. Comprobado está que la costa mediterránea cuenta con menos del 10%  de los recursos hídricos del país y un 50% de la población dispone de poca o muy poca agua. Además, en estas regiones están concentrados los proyectos de desarrollo de la agricultura de riego y tal situación agrava fuertemente los problemas del agua y su utilización (Cuadro 1).
Existe un serio problema de disponibilidad hídrica en el mediterráneo español, especialmente grave en algunas cuencas, que no podrá ser resuelto mediante la intensificación de sus recursos propios, convencionales y no convencionales, dado el actual grado de agotamiento de estos, lo cual exige soluciones urgentes por parte de los poderes públicos sobre su forma de utilización. La problemática hidrológica provoca fuertes impactos socioeconómicos, que inciden sobre el sector agrario y las comarcas rurales, amenazando con la degradación del tejido productivo y con el estrangulamiento económico de estos territorios. También están amenazados los sistemas de abastecimiento urbano, cuyo riesgo de crisis es elevado debido a la ausencia de recursos suficientes y garantizados, acelerado por el despilfarro y las pérdidas provenientes de la mala conservación del sistema de abastecimiento urbano.
Para Iglesias, Estrella y Gallart (2005: 341) la necesidad de reducir la presión sobre los sistemas hidrológicos para no comprometer su sostenibilidad y la creciente limitación del aumento de la disponibilidad de agua de calidad suficiente, está llevando a que la planificación del agua se centre en las posibilidades de reducción de la demanda. En este sentido, señalan algunas acciones aplicables en territorio nacional:
1) Informar a los ciudadanos sobre el uso de sencillas técnicas de ahorro, como los de la descarga de las cisternas de los inodoros, los cuales podrían contribuir a un ahorro del 40% de agua del consumo urbano;
2) Implantar sistemas modernos y fiscalizados de medición del agua que podrían producir un descenso de entre 10 y 25% del consumo de agua;
3) Implementar políticas que penalicen el consumo excesivo (turístico, doméstico, industrial, agrario);
4) Asegurarse que las políticas de subvención de las actividades agrícolas sean favorables a la sostenibilidad hidrológica;
5) Mejorar las técnicas de riego y la eficiencia de las conducciones;
6) Mantener un control eficaz de las tomas directas de aguas subterráneas y de vertidos;
7) Mejorar las redes de medida de precipitación, meteorología, manto nival, caudales y niveles piezométricos favorecería una información adecuada sobre el ciclo hidrológico;
8) Actualizar y utilizar  las nuevas tecnologías y de bases de datos sobre los recursos, demandas y sistemas de explotación.
Y como lo señala Moral Ituarte et al. (2003) la constitución de los centros de intercambio de derechos del uso del agua, previstos en la Ley de Aguas, mejoraría considerablemente su gestión, especialmente en condiciones de escasez, al favorecer la percepción de dicho recurso, por parte de los usuarios, como un bien escaso y facilitar la implantación de la recuperación de costes previstos en la DMA 2000/60 CE.

Los estudios disponibles sobre la situación:  El Problema del Agua en España: Vías de Solución 4, Libro Blanco del Agua 2000 5 y La Planificación Hidrológica en España 6 apuntan caminos para solucionar la cuestión destacando, principalmente, la necesidad de elaborar y poner en práctica, un plan integrado y participativo de planificación y gestión de aguas. En estos documentos se presentan propuestas de principios y directrices a ser adoptados para solucionar el problema, resaltando aspectos que deberían ser conocidos por todos los implicados en este proceso. Como nos lo explican los miembros de la Fundación IME (1998:19) para resolver definitivamente el problema del agua en España será necesario re-definir la estrategia y la dirección a seguir partiendo de una visión política y social clara y compartida, que evite que se rechacen de entrada planteamientos diferentes.
Según esta misma Fundación (op cit, 19-20):
“habrá que definir los cambios tanto en el marco legal, Ley de Aguas y Plan Hidrológico, como en los criterios básicos de gestión de los recursos hídricos necesarios para conseguir los objetivos establecidos (...) Se deben desarrollar las plataformas necesarias para hacer efectivas las mejoras previstas: políticas sectoriales y planes de inversión y financiación para los distintos ámbitos de actuación. Todo este proceso debe ir acompañado de “un esfuerzo importante de comunicación para concienciar nuestra sociedad con respeto a la relevancia del problema, evitando así una utilización partidista e interesada de la opinión pública”7 .
Observando la figura 1, en estos y otros aspectos se centran los debates respecto a la planificación hidrológica en España, con orientaciones para el uso económicamente viable, ecológicamente correcto y sostenible de los ecosistemas acuáticos.
Al referirse al actual PHN Calvo-Rubio (2002: 47-48) constata que  “éste es, el primer Plan Hidrológico en la historia del país que tiene como principio la limitación de la superficie regada a su situación, y no persigue entre sus objetivos la transformación de nuevos regadíos”. Desde su punto de vista, el plan está concebido bajo una perspectiva de restauración de la sostenibilidad perdida por avatares históricos y por la necesidad de garantizar el suministro hídrico a regiones gravemente amenazadas y estranguladas en el presente y en el futuro por la falta de agua. Otro aspecto importante destacado por medio de las discusiones sobre el PHN es el apuntado por Calvo García Tornel (2002: 319), cuando afirma que los trabajos preparatorios “han puesto de relieve determinadas situaciones de extrema gravedad respecto a las posibilidades futuras de aplicación y uso de las disponibilidades hídricas” y numerosos sistemas de aprovechamiento se muestran a día de hoy “como insostenibles sin una profunda remodelación”. De ahí la necesidad según Urban Miguel (2002: 511) de “empezar a actuar siendo sostenibles (...) el agua es un recurso natural que, en un futuro, va a limitar la riqueza y la expansión turística, industrial o agronómica de cualquier estado (...)  por eso se apuesta en la aprobación de un PHN pero de un PHN sostenible”.
La combinación de la participación de los ciudadanos en el manejo y en la gestión de los recursos hídricos, la evolución conceptual del proceso participativo en la que se procura la búsqueda de un nivel apropiado de autoridad (descentralización /desconcentración) con el consenso público (ética de valores construidos), es el marco que orienta esta discusión y por lo tanto, se reitera además, que las soluciones propuestas deben reflejar una amplia preocupación con el desarrollo social, con la emergente valoración económica del agua y con el carácter fuertemente participativo de las acciones necesarias a ser implementadas. El desarrollo sostenible es plenamente alcanzable por la búsqueda de justicia, el equilibrio de los ecosistemas y por un compromiso compartido en promover la preservación de la vida y el ejercicio de opciones para las futuras generaciones. Muchos de los autores que provienen de diferentes disciplinas y campos de acción así se expresan respeto a este proceso, para Aguilera Klink (1997: 10) “no hay gestión del agua sin gestión del territorio, de la misma manera que no nos apropiamos sólo de recursos sino de ecosistemas”. Díaz Pineda (2000)  señala que “España no es un país sin suficientes canales y embalses. Es un país sin suficientes planificadores del territorio. La gestión del agua debiera de ser la gestión de las tramas de relaciones territoriales en las que ésta interviene” (Díaz Pineda Moral Ituarte, 2003: 4). Coincidiendo con los tratados en el ámbito mundial, López Martos (2000: 46) constata que “es necesario tener en cuenta esta estrecha relación entre agua y territorio, tanto el punto de vista de la planificación como de la gestión, de forma que lleguemos no sólo a la gestión integral del agua por cuencas hidrográficas, como hoy está admitido casi universalmente, sino a la gestión conjunta de ambos (...)”.
Por otro lado, la mayoría de los estudios presentados desde el año 1998 en el Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas, apuntan a la necesidad de una nueva cultura del agua y un cambio de paradigma de la mentalidad hidrológica desde una triple racionalidad: ecológica, económica y social, poniendo de manifiesto la gran cantidad de colectivos ambientalistas, sociales y culturales así como de técnicos, científicos y profesionales de diversos ámbitos (desde juristas a biólogos pasando por geógrafos, economistas, sociólogos e ingenieros) comprometidos en impulsar una “nueva cultura del agua” y forzar el fin de una inercia hidráulica que tras más de un siglo de historia se entiende que ha agotado su modelo. Estos trabajos insisten en la necesidad de que la política de aguas española tendrá que ser sostenible en el sentido más global del término, de modo que el plan hidrológico tendrá que ser no sólo la decisión sobre una determinada infraestructura que transporte volúmenes de agua de unas zonas a otras, sino un conjunto de medidas que aborde: la resolución del conjunto de usos y de los aspectos ecológicos y socioeconómicos de este recurso.
La Fundación IME (1998: 23) destaca que la estrategia para solucionar el problema del agua debe definirse para el conjunto del territorio y tiene que ser concertada con las comunidades autónomas, ya que la mayoría de las cuencas hidrográficas y de las unidades acuíferas se extienden más allá de cada una de las comunidades y del propio Estado, y que “el modelo territorial establecido en la Constitución Nacional hace imprescindible la coordinación entre las distintas administraciones para solucionar los desequilibrios interregionales”.
La Directiva Comunitaria del Agua (DMA2000/60 CE) señala la importancia de que la concepción actual sobre el ordenamiento y la gestión de aguas en España, expresada en el PHN, tiene por objetivo principal: promover la preservación, conservación y reutilización del agua y la necesidad de optimizar la gestión de la misma, incorporando los máximos niveles de ahorro, reduciendo la contaminación y propiciando la recuperación de la vida de los ríos. Las propuestas que se derivan del nuevo paradigma de gestión señalan una clara orientación hacia la atención de las necesidades coyunturales y urgentes, al tiempo que tratan de sentar las bases de una nueva movilización de los recursos hídricos sobre el territorio nacional. Aunque los debates actuales estén centrados en la temática de los trasvases, el problema va más allá y los puntos de vista desarrollados a partir de criterios de sostenibilidad abren caminos en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito local a una opción para la planificación, manejo y conservación de los ecosistemas acuáticos desde los recursos disponibles y la gestión integrada de la demanda. También se reclama una valoración más cuidadosa de los recursos de cada cuenca y de los recursos internos para evitar la escasez y los costes de la aplicación de nuevas formas de gestión, o sea, ahorro, desalinización y utilización sostenible de los recursos subterráneos y los elevados costes ambientales y sociales que significan una mala gestión del agua (Estevan y Naredo, 2004; Bauer, 2004).
En España y en otros países de la UE, crece la convicción de que los problemas de calidad y cantidad, los conflictos por el uso del agua y de los manantiales, así como la protección y la conservación de este bien indispensable, sólo podrán ser solucionados eficazmente a través de la gestión pública, pero basada ésta en la participación de los usuarios y de las comunidades implicadas en el proceso.  Para esto se debe tener en cuenta la adopción de la cuenca hidrográfica como unidad básica de planificación y gestión del agua, objetivando su racionalización asociada a la mejoría ambiental, considerándose  los aprovechamientos, usos y la conservación de los bienes ambientales así como la acción humana en el territorio de la cuenca. 
El resultado de tales acciones, se puede ver en el Documento síntesis de reflexiones, acuerdos básicos y propuestas del Primer Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas (1998) que señala que la participación efectiva de todos los actores y agentes, va unida indisolublemente, a una nueva comprensión del escenario en el que debe moverse la gestión del agua, lejos de las limitaciones y servidumbre del pasado y caracterizada por su apertura a realidades y situaciones ignoradas o minusvaloradas hasta ahora. Como lo afirman Aguilera Klink (1992 y 1995); Maia Neto (1997) y Llamas (2000) “una nueva cultura del agua implica un profundo cambio ético pues de puro factor productivo el agua debe pasar a considerarse como un activo ecosocial” 8.
De entre las consideraciones finales del II Congreso Ibérico (Oporto, 9-12/11/2000),  sobre la participación ciudadana, la consideración XIX destaca que:
 “la educación ciudadana en una “Nueva Cultura del Agua” basada en la percepción holística de tan singular bien natural, en el ahorro, la eficiencia, el respecto a los ríos, a los sistemas hídricos naturales y a los patrimonios de naturaleza ligados a la presencia del agua en general, es y será una de las prioridades a instaurar en los hábitos y la sensibilidad sociales”.

Asimismo, en la consideración XX se insiste en que la Directiva Marco formula insistentemente la necesidad de desarrollar la participación ciudadana en materia de gestión de aguas, superando el concepto tradicional del usuario. Al respecto se constata la falta de una verdadera participación ciudadana en su gestión, tanto en España como en Portugal. De modo que es necesario “desarrollar estrategias de comunicación y participación que integren a los diversos colectivos sociales que de forma creciente y con discursos cada vez más consistentes, reclaman su incorporación a la toma de decisiones en la gestión del agua”. Señalamos pues, tomando como referencia estos documentos, la importancia de la gestión (información, educación, planificación y administración) de los recursos hídricos como elemento esencial para garantizar la vida de la sociedad que tiene en el territorio de la cuenca su medio de vida.

La caracterización de las cuencas hidrográficas brasileñas (Mapa 3) la hacemos basándonos en los estudios de Albuquerque (1981); Ab’Saber (1989) y en el Ciclo de Conferencias sobre Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2002: 20ss).
1) Cuenca Amazónica: es la mayor cuenca hidrográfica del mundo, con 7.050.000 Km², de estos 3.904.392,8 Km² están en tierras brasileñas. Su río principal (Amazonas), nace en el Perú con el nombre de Vilcanota y recibe posteriormente los nombres de Ucayali, Urubamba y Marañón. Cuando penetra en  Brasil, pasa a llamarse Solimões. Cuando encuentra las aguas del río Negro, próximo a Manaus,  recibe el nombre de río Amazonas. Este río recorre 6.868 Km, es el segundo mayor del planeta en extensión (después del río Nilo, en Egipto) y el mayor del mundo en caudal de agua. Su anchura media es de 5 Km, posee 7.000 afluentes, presenta diversos cursos de agua menores y canales fluviales creados por los procesos de lluvia y escorrentía. Está localizado en una región de llanura y tiene cerca de 23.000 km de ríos navegables, que posibilitan el desarrollo del transporte hidroviario.
La navegación es importante en los grandes afluentes del río Amazonas, como el Madera, el Xingú, el Tapajós, el Negro, el Trombetas y el río Jari. En 1997 se inauguró en la Cuenca del Amazonas, la hidrovía 9 del río Madera, que opera de Porto Viejo hasta Itacoatiara. Posee 1.056 Km de extensión y es el camino natural de distribución y exportación de gran parte de la producción de granos y minería de la región.
2) Cuenca del São Francisco: Posee una área de 645.067,2 Km² de extensión y su principal río es el São Francisco, con 3.160 Km. Es el mayor río totalmente brasileño y recorre cinco estados (Minas Gerais, Bahía, Pernambuco, Alagoas y Sergipe). Es de fundamental importancia para la economía de la región pues permite la actividad agrícola en sus márgenes y ofrece condiciones para el regadío artificial de áreas más lejanas, muchas de ellas semiáridas. Los principales afluentes perennes son los ríos Cariranha, Pardo, Grande y de las Viejas. Su mayor trecho navegable se encuentra entre las ciudades de Pirapora (MG) y Juazeiro (BA) con 1.371 km de extensión. El potencial hidroeléctrico del río es aprovechado principalmente por las grandes hidroeléctricas de Xingú y Paulo Alfonso. Una cuestión bastante polémica actualmente es el trasvase del  río São Francisco pues “hasta hoy  no existe un estudio adecuado de la viabilidad técnica de esa propuesta" según Benjamín Bley, profesor titular del Instituto de Geociencias de la Universidad de São Paulo. Para este estudioso, antes de decidirse por el trasvase, es preciso saber, por ejemplo, cuales serán sus impactos ambientales y si el São Francisco puede soportarlo. El río tiene ya, cinco hidroeléctricas a lo largo de su curso, es ampliamente utilizado para abastecimiento público y para el regadío. Otro problema, según el profesor, es que no se dispone de datos fiables sobre el uso actual de las aguas de este río. "Las estadísticas oficiales hablan de cerca de 120 mil hectáreas de tierra de regadío en el curso del São Francisco, pero si contabilizáramos las ligaciones clandestinas el número real llegaría a unas 250 mil hectáreas" (Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Ciclo de Conferencias sobre Medio Ambiente y Recursos Hídricos (2002: 25); Ambiente Brasil (2003, 2004 y 2005)).
3) Cuenca del Tocantins-Araguaia: Es la mayor cuenca localizada totalmente en territorio brasileño, con 813.674,1 Km². Sus principales ríos son el Tocantins y el Araguaia. El río Tocantins, con 2.640 km de extensión, nace en Goiás y desemboca en la Foz del Amazonas. Posee 2.200 km navegables entre las ciudades de Peixe (GO) y Belém (PA) y parte de su potencial hidroeléctrico es aprovechado por la hidroeléctrica de Tucuruí, en Pará - la segunda mayor del país y una de las cinco mayores del mundo-. El  río Araguaia nace en Mato Grosso, en la frontera con Goiás y se une al Tocantins en el extremo norte del estado de Tocantins. La construcción de la hidrovía Araguaia-Tocantins, ha sido cuestionada por las ONGs, debido a los impactos ambientales que puede provocar, pues atraviesa diez áreas de preservación ambiental y treinta y cinco áreas indígenas, afectando a una población de diez mil indígenas.
4) Cuenca del Río de la Plata: el río de la Plata tiene origen en el encuentro de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, en la frontera entre Argentina y Uruguay. Esos cuatro ríos son los principales formadores de esa cuenca, de 1.397.905,5 Km² -la segunda mayor del país – y que ocupa tierras de  Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina. El Río Paraná con 2.940 km, nace en la conjunción de los ríos Paranaíba y Grande, en la divisa de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y São Paulo. Representa el mayor aprovechamiento hidroeléctrico de Brasil, un ejemplo es la central de Itaipú. En 1999 fue inaugurada en el Río Paraná, la central hidroeléctrica de Porto Primavera que es la segunda mayor del estado de São Paulo. Los afluentes del Paraná (Tietê y Paranapanema), tienen gran potencial para generación de energía. En relación a las hidrovías, la Tietê-Paraná, es la más antigua del país, actualmente con 2.400 km de extensión. El  río Uruguay posee 1.500 km de extensión, con 625 km navegables, entre São Borja y Uruguaiana (RS). En los demás trechos posee buen potencial hidroeléctrico 10.
5) Cuenca del Atlántico Sur: está formada por varias pequeñas y medianas cuencas costeras de los ríos que desaguan en el Océano Atlántico. El trecho norte-noreste engloba ríos localizados en el norte de la cuenca amazónica y aquellos situados entre la foz del río Tocantins y la del río São Francisco. Entre ellos, está el Río Parnaíba, en la divisa entre el Piauí y el Maranhão, que forma el único delta oceánico de las Américas. Entre la foz del río São Francisco y la divisa del Río de Janeiro y São Paulo están las cuencas del este, donde se destaca el río Paraíba do Sul. A partir de ese área inician las cuencas del sureste-sur. Su río más importante es el Itajaí, en el estado de Santa Catarina. Si por un lado tenemos grandes cuencas hidrográficas, con considerables caudales superficiales de agua que permiten atender las necesidades de las poblaciones en cuanto al consumo  humano, a los transportes y comunicaciones, al regadío, al consumo de los animales, por otro, en algunas áreas, en especial del noreste brasileño (regiones semiáridas) y grandes metrópolis del país, tanto su calidad cuanto su cantidad están comprometidas.
En Brasil, según nos aclara Tucci (2000:15), existe una falta de disponibilidad cuantitativa en las regiones semiáridas y limitaciones cualitativas y cuantitativas causadas por la falta de racionalización de su uso en las regiones de gran densidad urbana y de uso del agua para la agricultura intensiva. Los servicios de agua en las ciudades brasileñas poseen problemas crónicos, con pérdidas en la distribución y falta de racionalización del uso en los ámbitos doméstico e industrial y pérdidas de entre el 40 y el 65% del agua colocada en los sistemas de distribución. Cuando falta, la tendencia es buscar nuevos manantiales sin que se reduzca el consumo y se desarrolle un programa de racionalización. El mismo autor (2000: 25-28ss) señala que en “el semiárido brasileño (10% del país), el gran reto es el de la sostenibilidad del hombre, pues la baja disponibilidad del agua es el resultado de la evapotranspiración de 3.500 mm y una precipitación entre los 250 y 600mm/año. Ejemplo típico es el estado de Ceará con el 60% de su territorio formado por roca cristalina, sin agua subterránea y en el interior pernambucano el agua del subsuelo es salobre, inadecuada para consumo humano. El semiárido necesita de volumen para regularizar la disponibilidad en los años críticos, pero cuando el volumen de aguas en la presa es elevado (gran volumen con relación a la escorrentía), la renovación del volumen es pequeña y existe la tendencia a la salinización del agua.
Para Tucci (2000: 28) en las regiones sur y sureste, el uso del riego aún depende de la reducción de costes de los proyectos de regadío para la mayoría de las culturas, con excepción del arroz por inundación. Existe un conflicto natural entre el uso del agua para la agricultura y el abastecimiento humano y “(...) la solución de esos conflictos pasa por el aumento de la eficiencia de los sistemas de regadío y por la gestión adecuada de los efluentes agrícolas y de la contaminación difusa (...)”.
Cerca de 89%  del potencial de aguas superficiales de Brasil está concentrada en las regiones norte y centro-oeste. Los 11% restantes del potencial hídrico de superficie, está en tres regiones (noreste, sur y sureste), donde están localizados el 85,5% de la población y 90,8% de la demanda de agua del país (Tabla 1).
Para atender las necesidades brasileñas (Gráficos 1 y 2) se necesita apenas 0,83% del potencial hídrico de los ríos del país, puesto que la demanda media per capita, considerando los usos múltiples (11,34 l./hab./día), es aún muy baja en relación a los patrones de dieta saludable (15,35 l./hab./día). La media mundial de agua para una dieta saludable es de la orden de 27,36 l./hab./día. Este mismo estudio señala que la disponibilidad de agua superficial en Brasil, en las principales cuencas hidrográficas, presenta un total de la orden de 5.327 km³/año, para una población estimada en 190.799.170 habitantes, que define una disponibilidad per cápita de 32.869 m³/hab./año (IBGE, 2010). Mientras tanto, la escasez de agua en el país está asociada a las bajas disponibilidades específicas en la región noreste y a las altas densidades demográficas en las regiones sureste y sur.

Los principales conflictos por el uso del agua, están en las áreas de gran densidad demográfica e intensa concentración industrial (regiones sureste y sur), territorios donde la contaminación de los recursos hídricos es más grave, aumentando significativamente los costos para el tratamiento del agua. La escasez de recursos hídricos también aumenta los costos de captación de este recurso, pues los manantiales están cada vez más distantes de los centros urbanos o es necesaria la explotación de fuentes alternativas.  En el estado de São Paulo, por ejemplo, se estimaba que ya para el año 2010 la demanda de agua sería superior a la oferta en las cuencas del Piracicaba, del Alto Tietê y la Baixada Santista, áreas que concentran la mayor parte de la población estatal. Sintetizando, Brasil según Tundisi y Scheuenstuhl (2012: 108), es un país con abundantes recursos hídricos que están distribuidos inequitativamente en relación con la población y las actividades económicas. Los usos del agua son diversos, estando aproximadamente el 70% destinado a la agricultura y el 30% al suministro para usos humanos, industriales, pesqueros, recreativos, de navegación e hidroelectricidad.

I. 1. 1. Concepción actual: participación, ordenamiento y gestión de Aguas
Tomando como base estas informaciones, los datos del Mapa 4 y los informes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Biodiversidad y Florestas (2012), el gran desafío de Brasil a día de hoy consiste en saber cómo armonizar el ordenamiento territorial con la gestión de recursos hídricos continentales y costeros, considerando los aspectos de orden político, legal, institucional, físico, biótico y socioeconómico del país.
La respuesta en nuestra opinión, está en observar la legislación: 1) de recursos hídricos, Ley nº. 9.433/97, art. 3º, que exige la integración de la gestión de recursos hídricos con la gestión ambiental y la integración de la gestión de las cuencas hidrográficas con la de los sistemas estuarios y zonas costeras. Amén de observar las definiciones del 2) GERCO = Plano Nacional de Gerencia Costera – Resolución n° 5 del CIRM de diez/1997 donde se afirma que es imprescindible:
 “la gestión integrada de los ambientes terrestres y marinos de la Zona Costera (ZC), con la construcción y manutención de mecanismos transparentes y participativos de toma de decisiones, basada en la mejor información y tecnología disponible y en la convergencia y compatibilización de las políticas públicas en todos los niveles de la administración”.

Aspectos estos que vienen evolucionando desde 1997, con la nueva Ley de Aguas y pasados 15 años, los 27 estados brasileños han establecido consejos y sistemas para la gestión del agua en todos los comités de cuenca. Además, en el año 2001 se creó la Agencia Nacional del Agua (ANA) con el fin de coordinar las acciones a nivel federal y ayudar a implementar el proceso de manejo integral del agua en los ríos federales y en cada estado de la federación brasileña. A pesar del progreso notable a nivel institucional y la búsqueda continua de la eficiencia y la descentralización aún detectamos una serie de problemas (Mapa 4) para los cuales buscamos soluciones.
En el trabajo de TUCCI et al. (2000: 43) se explica esta situación de la siguiente manera: en Brasil la escasez de agua no es sólo cuantitativa, el problema mayor es la escasez cualitativa, es la calidad de la misma que llega a la población la que pone de manifiesto la escasez selectiva existente. Frente a la relativa abundancia que caracteriza su uso en la mayoría de las grandes cuencas fluviales brasileñas, es necesario planificar y gestionar de forma sostenible las demandas, a través de un enfoque “socioeconómico” con el objetivo de aumentar la eficiencia en el uso y en la asignación de este recurso. Se hace necesario consolidar una política del agua que permita superar definitivamente el anterior paradigma hidráulico (de 1934, obrista, tecnocrático y centralista) para centrarse en la gestión de un bien (social, ambiental, ecológico y económico), cuya prioridad máxima en la asignación del agua sea el consumo humano además del uso múltiple. 
Con base en los estudios realizados respecto a las cuencas hidrográficas brasileñas y en los datos del mapa 5, se hace necesario lograr la estabilidad socioeconómica y ecológico-ambiental a través de políticas públicas eficientes, eficaces y trasparentes para llegar al equilibrio y sostenibilidad de la cuenca y de este modo avanzar en la consolidación de los principios que orientan el nuevo paradigma de gestión, art. 3º inciso II, de la Ley 9.433/97: la gestión de los recursos hídricos deberá realizarse en el cuadro del ordenamiento territorial, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección ambiental, además de comprometerse a ofrecer para el conocimiento, evaluación y debate con la sociedad, informes sobre el estado cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos (Sistema Nacional de Informaciones sobre Recursos Hídricos).
El actual sistema de gestión de las aguas se basa en la interacción que existe entre los diferentes actores comprometidos en el proceso y la capacidad institucional para consolidar las acciones en el territorio.
De manera diferente a otros países con larga tradición institucional, Brasil que hasta mitad de la década de los 90 tenía una organización puramente sectorial del agua, presenta avances institucionales significativos, aunque no haya alcanzado la base necesaria que le permita aplicar lo que prevé la nueva PNRH. Con la intención de resolver los conflictos, cuando se organiza el nuevo sistema y se establece la Ley 9.433/97 se define que el flujo de informaciones deberá circular entre los participantes de manera sistemática, dinámica y crítico-analítica. Lo significativo de esta ley (Figura 2) es la adopción de la cuenca hidrográfica como unidad territorial de gestión, respetándose la forma descentralizada, participativa e integrada de administrar este territorio. Para ello establece los comités de cuenca, como foro de decisiones y parlamento de las aguas.
La principal diferencia entre la gestión tradicional basada en los reglamentos del Código de Aguas de 1934 y las perspectivas actuales de gestión, reside en la metodología aplicada. Las formas de relaciones que establece esta Ley 9.433/97, desvelan aspectos que rescatan la historia y reflejan cuestiones polémicas como es el caso de los conflictos entre los sectores hidroeléctrico, de regadío (productores de arroz del sur de Brasil contra abastecimiento público); el del trasvase de aguas del río São Francisco y de la industria de la sequía en el noreste; las consecuencias de lluvias y avenidas en las grandes superficies urbanas y la histórica relación sociedad contra Estado. Nos encontramos en un territorio afectado por lo que llamamos “escasez cualitativa” debido a la mala gestión que hasta hoy, se ha hecho de este recurso. Las demandas de agua por sectores productivos (agrícola e industrial) están determinadas por un entorno social (estructura y redes de actores que construyen y difunden los discursos hegemónicos en el país) e institucional (las reglas y normas profundamente enraizadas en la cultura local) que impiden solventar los conflictos y problemas ambientales existentes.

Considerándose los principios para la gestión del agua en Brasil (Figura 3) institucionalizados en la Ley 9.433/97 donde también están especificadas las condiciones necesarias para avanzar y lograr metas sostenibles en el país, aclaramos que éstas son de responsabilidad compartida y dependen de la protección de los manantiales y de una red de tratamiento de alcantarillado; de la preservación y/o ampliación de la disponibilidad hídrica en las áreas críticas del noreste; del adecuado control de las avenidas en las grandes metrópolis y principales áreas urbanas del país y de la conservación del suelo rural.
Esta Ley 9.433/97 posee una visión diferente respecto al proceso de gestión de aguas dado que fue un ejercicio largo, teñido de las particularidades de pesos y medidas en el marco político brasileño, cuyos puntos fuertes consisten en la claridad en las definiciones e interpretación de conceptos; la creación de la Agencia Nacional de las Aguas; la fijación de arreglos institucionales que sustentan el ejercicio del dominio público hídrico; el establecimiento de mecanismos activos para la planificación hídrica y por promover la participación social y la descentralización, bases que sustentan la gestión de aguas por cuencas. El punto clave de la nueva ley como lo destacan Vianna Junior y Salcedo Repolês (2012: 10) deberá ser el de asegurar la existencia de la igualdad, formal y material, la libre manifestación de opiniones entre los miembros de los comités de cuencas para la legitimidad y la eficacia de sus decisiones, respetando los principios jurídicos de la gestión democrática y descentralizada del agua determinada por esta legislación.
En este contexto, lo más importante es educar a los miembros de los Comités de Cuenca (población, profesionales y gestores) para asumir el desarrollo de los planes de acción establecidos en cada cuenca en conformidad con los intereses de la sociedad y la preservación ambiental. Porque como  nos lo señala Frank (2010: 48) "... a pesar de la experiencia y formación, a todos los miembros de los comités todavía les hace falta un tipo específico de capacidad – la de trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria y multi-escala-, hecho que impide la transformación de los conocimientos individuales en proyectos colectivos”. En esta misma línea y no menos importante es invertir en grupos de investigación dirigidos a atender las principales dificultades tecnológicas resultantes del proceso de gestión de aguas en los diferentes ecosistemas acuáticos y complejos regionales brasileños: Amazonía, Pantanal, Cerrado, Mata Atlántica, Sistemas Subtropicales, Semiárido, Sistema Costero entre otros.
Según Braga et al. (2006); Tucci (2007) y Tundisi y Scheuenstuhl (2012: 103) es necesario promover los esfuerzos necesarios para implementar una política integral de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca en Brasil, a través del apoyo al programa de descentralización a gran escala, el cual se encuentra actualmente en curso. Esto deberá incluir la atención al manejo de aguas superficiales y subterráneas y la promoción de la integración de datos biogeofísicos, uso de suelo, actividades agrícolas y la calidad del agua de arroyos, ríos mayores, embalses y lagos. Aún con los avances, consideramos que esta ley necesita ser revisada porque los planes de cuenca, por ser dinámicos, no deben ser instrumentos nacidos de un partido político o grupo político. Sumamente importante será fortalecer aún más la ANA, protegiéndola de los ajustes políticos partidaristas (salidas de ministros y secretarios de recursos hídricos, etc.) garantizándose de esta forma, la transparencia en el desarrollo de todo el proceso de planificación y gestión de las aguas en Brasil. Claro está que es la relación re-definida entre sociedad y Estado, la que definirá en último término los rumbos a seguir en el país, estableciéndose los instrumentos necesarios para consolidar una gestión de aguas que combine e interaccione con las normativas firmadas en el ámbito internacional.
Es un proceso a largo plazo que presenta una posibilidad de cambio no exenta de conflictos. La gestión integrada subraya la necesidad de la reforma institucional y el fortalecimiento de la participación de todos los actores endógenos y exógenos en el proceso  dado que vivimos en una época en que no podemos perder tiempo con discursos políticos puramente demagógicos. Como bien lo explica Milton Santos (1998: 117) el discurso político puede ser eficaz cuando sea instruido por el discurso académico. Necesitamos entonces un discurso competente que, en manos de políticos igualmente competentes, les permita dominar la problemática, buscando, a través del proceso político, y por aproximaciones sucesivas, solucionar los problemas sociales, ambientales y económicos de cada cuenca hidrográfica brasileña.

Los estudios efectuados en Brasil y España sobre el ordenamiento y la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos, señalan que muchos son los desafíos que se presentan para resolver los problemas de infraestructura urbana que traen consecuencias socioeconómicas y ambientales críticas: la contaminación de los manantiales por los vertidos domésticos, industriales y pluviales que disminuyen la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano; las considerables pérdidas en el sistema de distribución de agua además de su tratamiento están comprometidas por el exceso de fuentes  contaminantes; la ausencia de una red de alcantarillado y recogida selectiva agrava la contaminación; el drenaje urbano erróneo provoca desbordes de los ríos causando daños en avenidas durante los períodos lluviosos, lo cual implica elevados costes de recuperación, provocando todo ello un importante impacto en la economía local.
Considerándose las investigaciones realizadas en España (DMA 2000/60/CE; Gil Olcina, 2002; Resolución del foro social por una nueva cultura del agua, 2003)  y Brasil (Brinckmann, 2005; Tundisi y Scheuenstuhl, 2012: 108), identificamos como retos actuales de la política hídrica:
• Hacer un esfuerzo adicional para implementar la gestión integral de las cuencas (estatales y nacionales).
• Adoptar metas en cuanto a la calidad del agua y el saneamiento (tratamiento de aguas residuales domésticas, así como el tratamiento y la eliminación de residuos sólidos) para reducir el riesgo y la vulnerabilidad especialmente de las poblaciones rurales y periurbanas.
• Desarrollar estrategias para resolver conflictos sobre los múltiples usos del agua: la hidroelectricidad en áreas de alta biodiversidad (como la región del Amazonas en Brasil), las áreas de regadío y turismo residencial (mediterráneo español), los impactos regionales sobre el ciclo hidrosocial, el crecimiento de la agricultura y la deforestación con los efectos sobre las fuentes de agua para abastecimiento público.
• Desarrollar y estimular estudios estratégicos de los recursos hídricos, el desarrollo económico y el uso de instrumentos económicos para la gestión integral de los mismos (el principio de que aquel que contamine el agua o la consuma es quien la paga).
• Promover el manejo integral de las cuencas, bajo un concepto de ecosistema introduciendo tecnologías nuevas y de menor costo tales como la ecohidrología y ecotecnología. Estas prácticas de gestión pueden ser articuladas con estudios ecológicos y la introducción de tecnología para recuperar arroyos, ríos urbanos, ríos de gran tamaño y la protección de acuíferos.
• Promover estudios para la evaluación de los servicios de ecosistemas de agua dulce desde el punto de vista económico, tales como el papel de los humedales y bosques riparios en la conservación de la calidad y la cantidad del agua, así como la conservación de la biodiversidad.
• Desarrollar estrategias, promover grupos de estudio e implementar acciones para reducir el impacto de los desastres de origen hidrológico causados por el cambio climático y el uso inadecuado de la tierra, incluyendo análisis de riesgo de las áreas críticas.
• Mejorar la investigación de los indicadores biológicos dentro de los modelos de ecosistemas acuáticos, así como los estudios y evaluaciones estratégicas del futuro de los recursos hídricos, la calidad y cantidad de agua y su reutilización.
• Promover e implementar estrategias adaptativas de gestión para manejar los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, la disponibilidad del agua y su suministro.
• Proporcionar apoyo para mejorar la capacitación de administradores y la transferencia de tecnología a todas las regiones de ambos países, así como desarrollar actividades para fomentar la participación ciudadana a nivel de cuenca, promoviendo la educación sobre asuntos hídricos entre toda la población brasileña y española.
• En el caso específico de Brasil, se debe poner especial atención en las regiones del Amazonas y del noreste y en el caso de España, en la costa mediterránea, considerando las características especiales de sus ciclos hidrosociales, la dependencia extrema al agua para el desarrollo local y regional y la necesidad de un esfuerzo nacional de capacitación en estas regiones.
• Promover estudios para evaluar el impacto del uso de agua del subsuelo y promover la vigilancia de la calidad del agua del subsuelo y manejar la sobreexplotación en ciertas regiones.
• Desarrollar la gestión de los recursos hídricos en las cuencas que se comparten con otras naciones como parte de la política del agua en Brasil y España.

Por consiguiente se puede afirmar que los grandes desafíos para España y Brasil (Figura 4) se enmarcan en aspectos relativos a la gestión política y la gestión social del agua que se enmarcan en acciones para impedir el deterioro y contribuir al mejoramiento de los cuerpos de agua, asegurándose de esta forma una adecuada gobernabilidad de dicho recurso, involucrando de forma participativa, a los distintos usuarios y a la sociedad en su gestión. En el marco de la gestión política deberá garantizarse la buena relación entre los ciudadanos y los actores políticos, ofreciendo a los políticos espacios transparentes de actuación, capacitándoles para que comprendan y apliquen sus principios. Otro desafío es el de alejar la gestión política del agua de una posible gestión partidista, condición sine qua non para construir la gobernabilidad sana y sostenible de este bien ambiental social, ecológico y económico. En el marco de la gestión social, la sociedad desinformada y no participativa es un obstáculo para  la gestión del agua (en términos económicos, financieros, de justicia social y de cara a la sostenibilidad). Se pretende que la relación sociedad/agua, sea informada capacitándose las personas para que conozcan y comprendan el proceso (asumiendo compromisos), sepan escuchar (responsabilidad compartida), sean críticamente participativas (fiscalización y auditorías), debatiendo y exigiendo transparencia y demandando rendición de cuentas. Elementos indispensables y condiciones esenciales para darle solidez a la gobernabilidad de agua para las cuencas hidrográficas.
Frente a esta situación, el principio según el cual el agua debería ser reconocido como bien económico, no se debería concebir como un componente separado o independiente de las reformas legales y de políticas públicas. Aunque los principios económicos pueden ser poderosas herramientas para afrontar los problemas de contaminación y escasez del agua, las instituciones legales (Ley de Aguas) y políticas (comités de cuenca, confederaciones hidrográficas, etc.) son claves para resolver los conflictos por este bien vital. En este contexto, una visión estratégica debe constituir la base para la adaptación de las normativas (en el caso de España, de la  Directiva Marco 2000/60/CE y en el caso de Brasil, de la Ley 9.433/97) y la actualización de los criterios básicos de gestión de los recursos hídricos. Si no se consigue un concierto en los principios de reparto y solidaridad, en los criterios económicos y de régimen de dominio, y en las líneas generales de las políticas relacionadas con el agua (desarrollo humano, rural, urbano, medioambiental, turístico, etc.), no será posible un desarrollo posterior de actuaciones concretas que solucionen los problemas planteados a lo largo del siglo XXI. En principio, y así lo dice Gil Olcina et al. (1995: 376) tendría que darse una reorientación de la política de recursos hídricos: habría que pasar de una administración del agua basada en la flexibilidad de la oferta a otra fundada en la gestión de la demanda. Esto, por cierto, exigiría el desarrollo de una nueva percepción social del agua, relacionada con el paso desde su consideración como recurso a su valoración como patrimonio, noción que conduce a las ideas de transmisión frente a las de mera explotación, de interdependencia entre las acciones presentes y futuras, de relación sistémica entre el conjunto de las interacciones naturaleza/ sociedad.
En el caso español, la complejidad de la planificación hidrológica, en la escala espacial y cronológica planteada es inmensa. Ha sido puesto de manifiesto que las implicaciones de sus determinaciones sobre el modelo de desarrollo territorial requieren referencias expresas a sus estrategias por ser éste un requisito para la discusión y para llegar a un acuerdo social (Gómez Mendoza y Moral Ituarte, 1995: 378).  Los grandes desafíos y retos que se presentan hoy, para la gestión de aguas en España se traducen en la capacidad de superar la visión partidarista en el proceso de gestión, de tal forma           que no se pierda la oportunidad de la utilización del potencial estratégico que tiene la planificación y la gestión hidrológica en el país. Acera de esto deja constancia Calvo García Tornel (2002) en sus escritos, al apuntar a aquellos trabajos preparatorios a la elaboración del PHN español que pusieron de relieve determinadas situaciones de extrema gravedad con respecto a las posibilidades futuras de aplicación y uso de las disponibilidades hídricas en las cuencas españolas. La denuncia, más clara imposible: en España, numerosos sistemas de aprovechamiento del agua ya se muestran “insostenibles sin una profunda remodelación”. En segundo lugar está la organización de un proceso de educación para la participación en la gestión y el desarrollo de estrategias de información y comunicación que permitan integrar a los diversos colectivos sociales en este proceso el cual exige que los países de la UE adopten medidas para prevenir el deterioro adicional del estado de todas las aguas  (subterráneas y superficiales, incluidas las aguas costeras) y, acto seguido, conseguir y mantener el buen estado de esas aguas.
El diálogo con diferentes autores nos alerta de que la gestión de aguas en España no puede revestirse, como en el pasado con un carácter meramente hidráulico, tampoco reducirse a una simple norma o ley de trasvases. La discusión no está sólo en captar, conducir, retener, elevar y aprovechar el agua; esos objetivos comprometen ampliamente el proceso de ahorro de agua, la reutilización de aguas residuales y la defensa de la calidad del recurso al tiempo que están impidiendo la corrección de los impactos ambientales (Gil Olcina, 2002; Resolución del foro social por una nueva cultura del agua, 2003). Por otro lado, al constatarse la falta de una verdadera participación ciudadana en la gestión de aguas en España y otros países de la UE, otro de los aspectos señalados en la DMA 2000/60/CE, de obligada aplicación para los países miembros, constituye la premisa de combinar la participación ciudadana en la planificación del uso y gestión de los recursos hídricos buscándose un nivel apropiado de autoridad (descentralización/desconcentración) y la ética de valores construidos dentro de un  marco orientativo (Pérez Pérez, 2003). La transición para un nuevo paradigma resulta tan lenta en España debido a que los cambios se enfrentan a enormes resistencias derivadas del peso de una tradición centenaria de intereses creados, de la impopularidad política de ciertas reformas institucionales con importantes costes sociales y en primer lugar debido a la inercia administrativa generada por innumerables disputas político-partidistas. Por consiguiente, la búsqueda de soluciones deberá reflejar una amplia preocupación con el desarrollo social, con la emergente valoración económica del agua y con el carácter fuertemente participativo de las acciones a ser implementadas.
Si la cuestión del agua impulsa en el momento presente, y muy particularmente en Brasil y España, una intensa reflexión sobre la cultura de este recurso, éstas y otras consideraciones deberían conducir al diálogo entre todos aquellos que se ven afectados por la gestión del agua, tomando como base necesidades y aspiraciones que hasta el momento se han considerado contradictorias: continuar con el desarrollo económico pero con dimensiones sostenibles; tener en cuenta los problemas sociales (desarrollo social sostenible), valorando la experiencia de las poblaciones locales en el campo de la gestión, la autonomía con equidad en la distribución del agua y la capacidad de innovación (Fracasso, 2000; Llamas, 2001). Por consiguiente, prestar una mayor atención al patrimonio medioambiental (Rebouças y Braga, 2002). En otras palabras, tomar en consideración lo que muchos denominan “la nueva cultura del agua”;  la ética en el uso del agua; el uso sostenible de este recurso. Si  lo que pretendemos es la gran transformación no se puede olvidar la dimensión de patrimonio ecológico y la herencia de una historia de siglos de acondicionamientos, de usos y de relaciones de la población con el agua. Aunque para llegar a buen término hacemos hincapié en la articulación, la participación y en el conocimiento de los actores sociales (Boisier, 1997) responsables directos del proceso de gestión.  En la “era de la información” ha llegado el momento de pensar y considerar,  de forma global y simultánea, las dimensiones ecológicas, económicas, culturales y sociales de la gestión de los recursos de agua, en el marco de un diálogo abierto, responsable y democrático entre sociedad civil y Estado en los dos territorios analizados.
Lo que queremos señalar es que tanto en España como en Brasil y en todo el ámbito mundial, crece la convicción de que los problemas de calidad y cantidad, los conflictos por el uso del agua y de los manantiales, así como la protección y la conservación de los recursos hídricos, sólo podrán ser solucionados eficazmente a través de la gestión pública, pero basada en la participación de los usuarios y de las comunidades implicadas en el proceso. Tanto en el caso específico de la organización del proceso de planificación y gestión de las aguas, como en la organización del proceso de ordenamiento territorial, la participación ciudadana es un proceso histórico y cultural que no puede nacer con una simple ley o decreto. Por último, sólo reafirmar que la construcción y la consolidación de la gestión participativa se realiza a través de un abordaje interdisciplinario, en el que la idea de participación penetra en otras áreas y dinámicas organizacionales donde la idea de sostenibilidad asume un papel preponderante (Viola et al., 1994), porque es en la articulación, en la formación de redes informativas u otras dinámicas organizacionales, que está la posibilidad de compartir tareas, ampliando así el alcance de las iniciativas desarrolladas. En ello reside el papel de los comités de cuencas hidrográficas de Brasil, en ser el espacio para compartir e intercambiar informaciones, para tomar posición y para realizar acciones conjuntas, y en este punto fundamental reside la mayor diferencia entre el proceso que se realiza en España y el que se realiza en Brasil.

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