COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MÉXICO

II.-  FUNDAMENTOS DE LA TEORIA ECLECTICA DE LA COMPETITIVIDAD NECESARIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE, EN EL FUTURO INMEDIATO: 2013-2018.

II.1-.Marco teórico para arribar a la propuesta de la competitividad económica 

II.1.1..-Basada en la experiencia de la industria manufacturera en el territorio mexicano.

El conocimiento del sistema capitalista y de sus leyes concretamente, debe de constituir el referente fundamental  para la formulación e implementación factible de cualquier política pública económica que se desee instrumentar para elevar la calidad de vida de los mexicanos. En este contexto se ubica la política para la promoción del desarrollo empresarial regionalmente, en virtud de que las empresas surgen, evolucionan, se consolidan o desaparecen  en dicho sistema. Al respecto, sabemos que las empresas desempeñan una función social  trascendental  dentro del circuito económico al utilizar, por el lado de la oferta, los factores de la producción con los que genera los bienes y servicios que requiere la sociedad sin dañar el medio ambiente y, por el de la demanda, generan el ingreso proveniente de sus utilidades y de los salarios necesarios para adquirirlos y así gestar  el desarrollo sostenido y sustentable de la economía.
En este contexto es que en general para la elaboración de una  política pública se deben de considerar mínimamente entre otros factores, la existencia y el efecto que producen las leyes de la oferta y la demanda, de la acumulación y del movimiento de capitales, ya que la primera hace de las empresas entes que luchan por su supremacía en el mercado y la otras, inducen que las empresas que se apropian del mercado se consoliden y expandan  mediante la acumulación del capital, mismo que a su vez sustenta su movilidad y conversión en monopolios que tienen capacidad suficiente para crear o acceder a las innovaciones tecnológicas: Piedra de toque de su competitividad. En particular, se debe de considerar que por su conocimiento del mercado, son diferentes sus niveles de inversión y los coeficientes ocupacionales que generan primordialmente con procesos de fabricación intensivos en capital, ello da lugar a distintas capacidades de planta productiva instaladas y al reto de su aprovechamiento óptimo sin deteriorar  el entorno ecológico en que operan.
Derivado de lo anterior puede decirse que la promoción institucional debe hacerse por tamaño de empresa; en este sentido, puesto que son tan diferentes las unidades de producción, distintas deben ser las directrices de política económica que se establezcan, por ejemplo, para impulsar  la operación simultánea y/o conjunta de la empresa grande con el resto de las escalas de producción industrial del país. 
La primera tiene fortalezas monetarias, técnicas, productivas, distributivas y comerciales que no tienen el resto de los estratos empresariales, ya que éstos, en particular la micro y pequeña empresa, generalmente no operan con economías de escala, no innovan permanentemente y por consiguiente sus procesos de fabricación no son eficientes ni abaten costos como la gran empresa que lo hace en la producción, en el desplazamiento de sus productos y en el uso de medios de comunicación y de estrategias mercadológicas para acercarse al consumidor en los mercados nacional e internacional, de manera que las fluctuaciones económicas: ciclos de corta y larga duración, las afectan  significativamente y las hacen mucho más vulnerables cuando estos se hallan en las fases depresiva y de crisis.
Importancia que el Estado le concede actualmente a las MYPES.

Oscar Lange (1976) comenta que estas escalas de producción siempre han existido, dado que parecieran ser  intrínsecas a la sobrevivencia del ser humano que siempre ha requerido de su capacidad creativa para allegarse o producir los medios necesarios para subsistir y evolucionar.  Su presencia ha sido notoria en cualquier época, no ha importado el sistema ni el modelo económico que los países tengan en vigor, ellas están allí a pesar de su escasa capitalización, de sus  serias limitaciones de administración, de organización, de operación y de su fragilidad ante el cambio de política económica.
Al respecto, en lo que atañe a su evolución, todo indica que hasta la vigencia del modelo de organización de la producción fordiana en la economía occidental, que prácticamente duró hasta finales de la década de los setenta del siglo pasado, las MYPES manufactureras  incursionaban en el mercado de manera independiente, un tanto al azar y circunstancialmente, con acciones marcadamente individuales, con pocos apoyos institucionales y sin estrategia ni programas de organización en grupo, ya que se pensaba que en el largo plazo desaparecerían (OCDE ,1991) debido a la exitosa evolución  y consolidación de la gran empresa terminal que operaba con modelos de organización y administración vertical centralizada.
Antecedentes
En este contexto, en México a partir de la administración federal basada en la planeación socio-económica (que se inició con el Presidente Lázaro Cárdenas) el  apoyo institucional se caracterizó principalmente por la canalización de recursos financieros para la solución de sus problemas operacionales, ya que en el seno de Nacional Financiera y del Banco de México (principalmente) se crearon diversos fideicomisos para la proliferación de la pequeña y mediana industrial, dentro de los que destacaron los fondos de fomento como el FOGAIN para auxiliarlas con recursos crediticios para el capital de trabajo y adquisición de activos fijos de la pequeña y mediana industria, el FOMIN, con capital de riesgo transitorio en estas empresas, el FONEI, con  créditos para el desarrollo industrial, el FIRA con recursos para el campo, el FONEP con apoyos crediticios para la realización de estudios de factibilidad financiera y viabilidad técnica, así como otro fondo fideicomiso que proporcionaba créditos para la instalación de las empresas en terrenos correspondientes a parques, ciudades y conjuntos industriales seleccionados estratégicamente en el país, al igual que ARMO y el CECADE que capacitaban a  la mano de obra y a los técnicos para la realización de estudios y proyectos, respectivamente. En  octubre de 1978 se creó en Nacional  Financiera con apoyo del Banco Mundial el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria, PAI, que usando el crédito como eje rector del apoyo a estas empresa, aglutinó varias de las funciones de los fideicomisos antes mencionados  en torno a la solución de sus problemas operacionales, que no estructurales, pensando que éstas no solo tenían problemas financieros sino que también eran muy importantes los de índole productiva, organizacional  e inclusive de asistencia técnica. 
Es importante mencionar que  este apoyo institucional  “integral” en cierta forma ya visualizaba lo que posteriormente y de manera constante los empresarios  entrevistados le informan cada cuatro años al INEGI por medio de su Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI, quienes desde hace muchos años y hasta el año 2006 en que se realizó la última, vienen señalando que sus problemas principales son los antes  descritos  como estructurales y no los identificados como operacionales; sin embargo, el gobierno se empecina en apoyar estos y no en solucionar los primeros. 
Ahora bien, la crisis internacional del sistema fordiano de organización para la producción, para ese entonces ya era notoria y evidenciaba la necesidad de un cambio, mismo que se inició a principios de la década de los ochenta del siglo XX,  durante la cual surgió el modelo posfordiano como opción para que la gran empresa continuara siendo competitiva en el mercado internacional, ahora llamado globalizado, en el que la pequeña empresa  industrial ganó  su espacio en el ámbito de la producción, en virtud de que en este sistema, en que la dirección vertical de las empresas multinacionales se flexibilizó con el fin de que éstas pudieran  establecerse abiertamente en diversos países en los que se eliminaron las barreras arancelarias y que contaban con mano de obra y materias primas baratas, de manera que pudieron aplicar sistemas de “producción flexible” en diversas regiones del mundo y con los cuales brindaron la oportunidad a la pequeña industria para que participara en sus procesos de producción ofertando partes y accesorios que podían fabricarse en unos países, ensamblarse en otros y posteriormente comercializarse en terceros países.
Este sistema de organización para la producción flexible caracterizado por la segmentación del proceso de fabricación en muchas unidades, por lo general en pequeñas empresas industriales de producción separadas, que permite superar la limitación de la producción masiva de un solo producto homogéneo en la gran planta, hace viable la producción de bienes diferenciados en las cantidades requeridas por el mercado, lo cual evita la acumulación de inventarios y proporciona una nueva relación de las empresas con sus proveedores y clientes al organizarse con lemas como “calidad total, justo a tiempo y cero inventarios” (Sánchez Barajas, 2007: 24). Ello les dio ventajas competitivas y comparativas a las empresas multinacionales, EM.
Lo anterior aunado al creciente desempleo observado a partir de la década de los setenta en Europa occidental orilló por una parte, a los países a considerar las pequeñas industrias como instrumento estratégico  para su desarrollo económico; por otra parte, a evaluar  la inserción de las EM en la mundialización y a considerar que ello en cierta forma representaba una amenaza para sus planes de gobierno, al supeditarlos en parte a los planes de inversión que tuvieran estas empresas con una visión y actuación  abiertamente monopólica en el mercado internacional. Al respecto, Miguel Ángel Rivera Ríos (2000: 78) comenta que en el largo plazo el espacio internacional terminará por absorber al nacional. Para enfrentar esta tendencia y defender las economías nacionales se gestó el  agrupamiento de los países en bloques económicos regionales (Dabat, 2000). En relación con este artículo diremos que actualmente destaca, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: TLCAN y el de la Unión Europea: UE.   
Impacto en la industria pequeña y mediana de México.

La incorporación de la pequeña industria a los procesos segmentados de fabricación de la gran industria despertó el interés institucional por estudiar formalmente las Mypes industriales en México. Su estudio reveló que además de poder incidir significativamente en la producción estas unidades de producción generaban altos coeficientes de ocupación y por consiguiente abatir el flagelo del desempleo. Así, se decidió apoyarlas institucionalmente dado que constituían la principal fuente de empleo en el país; además de que se les identificó como la principal escuela para la formación empírica de empresarios que con su  capacidad gerencial contribuían relevantemente en la creación del PIB, en el desarrollo regional, en el aprovechamiento de materias primas y mano de obra locales, etc.       
Así, al iniciarse la administración federal 1982-1988, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se creó la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria, con objeto de elaborar la política oficial y establecer los mecanismos de apoyo institucional a estos estratos empresariales. Posteriormente las acciones de apoyo gubernamental ampliaron su cobertura de fomento hasta el resto de los sectores económicos del país.
Resultados observados.
Como se indicó al principio de esta exposición, los magros resultados que se han obtenido con las políticas públicas de apoyo a las MYPES en los últimos treinta años, se debe a que éstas se han elaborado y aplicado desconociendo las citadas leyes del capitalismo, las fases de los ciclos económicos y últimamente ignorando  la opinión de los empresarios mexicanos sobre los principales problemas que los aquejan (ENMN, 1998, 2002, 2006). Se hace este comentario  ya que sólo así  es  como se  explica el alto índice  de mortandad  que acusan; al respecto, en opinión de Alberto Nájar (2011): “Cada año el gobierno mexicano recibe unas 100,000 solicitudes para crear nuevas empresas. Pero de acuerdo con el especialista, el 80% de éstas muere antes de cumplir el primer año, y de las que sobreviven la mayoría cierra sus puertas antes de un lustro.”
Agréguese el menor ritmo de crecimiento en su número que contrasta con el creciente número observado en la gran escala de producción industrial (Censos Económicos de 1999 y 2004), que obligan a preguntarse si se están acentuando las tendencias monopólicas en el país. También se detectó la reducción de su número en la Ciudad de México y el Estado de México (Sánchez, 2009) la cual  contrasta con el incremento mostrado de  la gran empresa en la frontera norte del país, así como la desvinculación significativa de las MYPES de las cadenas productivas, comerciales y de servicios de las grandes empresas (Sánchez, 2007), y su escasa participación directa o indirecta en las exportaciones mexicanas, (Dussel, 2000).  
¿Pero cuál ha sido la política ortodoxa instrumentada para impulsar la economía nacional y el bienestar de la sociedad civil que de ella emana? Derivada de ella, ¿Cuál ha sido la política de impulso para el sector empresarial y concretamente para las MYPES?  
En los últimos 30 años se ha aplicado una política pública caracterizada  por: a)  “más mercado y menos estado”; b) la desregulación administrativa; c) la promoción del crecimiento económico a través de las exportaciones, para cuyo efecto fueron reducidos significativamente los aranceles a la importación, se firmaron tratados comerciales internacionales de manera que con la apertura se globalizaron nuestras acciones para igualar los precios internacionalmente,  para contar con oportunidades para acceder a la oferta mundial de materias primas distintas o semejantes a las producidas en México, así como a maquinaria, insumos y equipo, a procesos tecnológicos innovadores, etc., que abatieran costos de producción y  reforzaran la competitividad mundial de las empresas mexicanas.
Esta política pública “ortodoxa” de fomento no ha promovido el crecimiento requerido de la economía en relación con la oferta de mano de obra en el territorio nacional; este desequilibrio se ha debido principalmente, a que si en general el modelo de producción flexible propone la integración de la pequeña con la gran industria, en México ha sido insuficiente la integración de los diversos  tamaños de empresas en las cadenas de valor. Agréguese a lo anterior,concretamente, que la  planta productiva con perfil exportador está constituida en mucho por empresas maquiladoras y multinacionales, que dadas las facilidades que les brindan por ejemplo, el TLC,  se concretan a importar (cuyo valor desde hace muchos años  suele ser muy parecido al de sus exportaciones, tal que el superávit de éstas   últimas es pequeño) y ensamblar sus productos que luego exportan competitivamente  a los principales mercados mundiales. Los resultados de esta actuación históricamente revelan que aun cuando estas empresas han dado empleo a alrededor de un poco más de un millón de personas anualmente, también señalan que usan alrededor del 2% de los insumos nacionales (se infiere que son pocas las pequeñas industrias mexicanas que se los proporcionan) y que  ha sido escasa la transmisión del “know how”, es decir, son relativos los beneficios que han traído a la economía y sociedad  mexicana en términos de competitividad  económica y de bienestar, puesto que ni son las empresas tractor ni remolcadoras esperadas. 
Ello nos permite señalar que la “política ortodoxa” del fomento del comercio exterior como bujía del crecimiento económico, no ha dado los resultados esperados en términos de empleo, desarrollo empresarial e incremento de las innovaciones tecnológicas para hacer competitivas a las pequeñas empresas industriales mexicanas, en virtud de que al usar modestamente las empresas extranjeras las materias primas, los insumos y la mano de obra locales, ello ha inhibido en particular  la participación significativa de  las principales fuentes de empleo en el país: las micro y pequeñas empresas  (MYPES), ya que es escasa su presencia  en sus cadenas productivas, comerciales y de servicios.
Al ser moderada e irregular su participación directa o indirecta en el comercio mundial, principalmente de bienes con valor agregado, la acción de  las MYPES  industriales se ha reducido a la satisfacción del mercado nacional, donde lamentablemente, compiten en condiciones desventajosas con respecto a las grandes empresas comercializadoras que últimamente han priorizado sus importaciones masivas del lejano oriente, en particular de China. En resumen, estas unidades de producción lejos de ser beneficiarias del modelo económico neoliberal,  fueron perjudicadas porque desde 1986 en que México decidió abrirse en forma importante al mercado internacional, no fueron preparadas para exportar como tampoco para competir exitosamente en el país con la oferta extranjera que muchas veces lo hace deslealmente.

Derivado de las teorías  anteriores y de los resultados insatisfactorios que se han obtenido con su instrumentación por parte de los tres órdenes de gobierno en el pasado  y, en el muy reciente, existe un cumulo  de información que he analizado y evaluado detalladamente con el fin de elaborar una opción que permita optimizar el gasto público, es decir, la intervención del Estado en la economía, en la búsqueda regional de ventajas comparativas y competitivas que proporcionen a la sociedad la equidad en las oportunidades para el empleo y en la distribución del ingreso, así como la justicia social y la calidad de vida de los mexicanos  en plena armonía con la preservación del medio ambiente, por ser éste la fuente de donde la empresa  toma muchos de los factores de la producción, cuya combinación adecuada genera los  bienes y servicios    que demanda la sociedad en  tiempo y espacio determinados.

II.1.2..-Basada en el enfoque del desarrollo socio-económico territorialmente
Competitividad espacial
Para entender mejor  este enfoque, con ánimos de estructurarlo y determinar con propiedad  su alcance  es conveniente empezar  por definir lo que históricamente se ha entendido en palabras llanas por competitividad espacial diciendo que “es la capacidad que tiene una región para enfrentar la competencia”; ahora bien, como se puede inferir esta capacidad la determinan en general  las actividades económicas, los recursos naturales y la población asentada en un territorio y tiempo determinados. De ello se desprende la idea de que la  competitividad, la  capacidad de un espacio geográfico determinado emana de la competitividad de sus empresas, de la disponibilidad y calidad de sus recursos humanos y naturales, así como del entorno institucional que se les brinde. A lo anterior en la actualidad se debe agregar el apoyo que existe para la conservación del medio ambiente en que operan las empresas y actúa la sociedad. En ese contexto es obligatorio establecer una definición más amplia de la competitividad territorial diciendo que “ es la capacidad que tiene un espacio geográfico  para hacer frente a la competencia en el mercado, en condiciones de sustentabilidad.”
Con ese enfoque aseguramos:
1.- El uso,  reposición y conservación  de los recursos que integran la biodiversidad del territorio en pleno equilibrio con el crecimiento que tengan  la economía y la sociedad.
2.-  El involucramiento de los agentes económicos y sociales, individual e institucionalmente;
3.- Trabajar con procesos establecidos y con innovaciones expresadas por medio de cambios y manipulaciones no realizados antes,  que permitan obtener mejores resultados: productividad y rentabilidad, con  viabilidad ecológica; y
4.- Insertar y vincular los esfuerzos del territorio a las políticas  empresariales al igual que  a las públicas regionales, federales  e internacionales.    
Así, con este enfoque  garantizamos que los agentes económicos adquieran conciencia de lo importante  que es cuidar el medio ambiente, atender y trabajar con  las organizaciones empresariales, así como con las   instituciones  públicas puestas a su disposición por el Estado mexicano.
Al respecto, es interesante mencionar  que para obtener la competitividad regional  el Observatorio Europeo  (Fascículo 4, LEADER, 2000:3) es necesario trabajar  “la capacidad” en cuatro dimensiones, mismas que una vez conformadas sugiere que se fusionen en una estrategia  única; ellas son:
1.- La competitividad social, que se visualiza como la capacidad que despliegan  los agentes económicos para trabajar unidos con eficacia en un proyecto consensuado, aprovechando el apoyo institucional;
2.- La competitividad  medio ambiental: es la capacidad que tienen los agentes productivos para usar,  reponer y conservar oportunamente los recursos naturales, humanos y materiales que usan en sus procesos de fabricación, en un entorno físico institucional determinado;
3.- La competitividad económica. Es la capacidad de estos agentes “para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos  constituya un activo para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales (ídem);
4.- La localización en el contexto global, la cual entiende como la capacidad de los agentes económicos para ubicarse y actuar en los demás espacios local y externamente; ello, con el fin de que su proyecto gane importancia y se posesione globalmente.
Yo considero que este enfoque integral  para obtener la competitividad o  capacidades básicas  es conveniente instrumentarlo y que el reto es pugnar porque se aplique y mantenga en el largo plazo con su estrategia propia de desarrollo socio-económico.
Competitividad económica
Comenta el Observatorio Europeo (ídem, LEADER:6) que es fundamentar construir las cuatro capacidades descritas en el inciso anterior puesto que con ello es posible superar problemas en:  
1.- La etapa previa al inicio de la producción, los cuales suelen ser: la disponibilidad inadecuada de “infraestructuras  y servicios apropiados a la producción local,  así como sobre la disponibilidad de insumos, de bienes intermedios y de tecnologías para abastecer las distintas sucursales.”      
2.- Durante la etapa de la producción, en la cual destacan los problemas de calidad de los productos y de los servicios, que en mucho provienen del tipo de materias primas e insumos que se utilizan, de los procesos productivos, de la maquinaria y de los materiales y equipos auxiliares con los que elabora sus productos.
3.- En la etapa posterior a la producción. Aquí pueden ser los problemas de distribución y de comercialización rentables derivados de desplazamientos inoportunos e inadecuados de los productos como de la mercadotecnia y publicidad  inapropiados, así como los problemas relacionados con la falta de visión para realizar ajustes oportunos en los volúmenes de producción en los siguientes ciclos a consecuencia de cambios en la demanda, al igual que en la falta   de previsión para introducir nuevos productos o servicios al mercado.
4.- Los problemas de organización y administración de las políticas públicas formuladas para el apoyo de la región, los que surgen de las buenas o malas relaciones con los tres órdenes de gobierno, de manera que  sus programas se instrumentan con lentitud o pueden ser insuficientes.
Competitividad territorial y competitividad de la empresa
Cuando dichos problemas  se resuelven se dice que se ha dotado a la región de competitividad económica, tal que por consiguiente, a ésta última la definen como “ La capacidad de los agentes para  generar y mantener el valor añadido a través de la integración de los recursos locales en productos y servicios que responden a las nuevas expectativas de los consumidores ya la evolución de los mercados ”(idem, LEADER: 15).
Así para alcanzar la competitividad económica territorial se deben diseñar e implementar políticas públicas apropiadas   y modalidades de organización y administración, de los procesos productivos, de comercialización y de servicios que acerquen al productor con el consumidor final, ello, en otras palabras, significa que se crean ventajas competitivas idóneas y congruentes con las   características geoeconómicas de cada región.
 Con este marco de referencia ahora  podemos decir que la competitividad de una empresa es su capacidad para enfrentar la competencia, en tanto que la competitividad de una región es su capacidad para crear y mantener el valor agregado que generan las empresas manufactureras.

¿Cómo caracterizar la competitividad económica o atractividad de una región, qué  indicadores debemos usar para diagnosticarla? 
Para contestar estas preguntas empecemos diciendo que en cualquier investigación los objetivos de la misma determinan la metodología e indicadores a utilizar. En consecuencia  si nuestro objetivo es que los agentes económicos creen y mantengan el valor agregado de una región y si sabemos que ello sólo se logra en las empresas manufactureras, entonces  conviene definir qué se entiende por  empresa manufacturera y por  desarrollo regional.
Empresa manufacturera 

Es la unidad de producción que cuenta con un organigrama, con un manual de funciones y que tiene como    objeto social el transformar con la mano de obra y cierto proceso de fabricación  las materias primas para convertirlas  en  productos finales;  al hacerlo les  agrega valor y vida de anaquel que le permiten distribuirlos y comercializarlos rentablemente en los mercados.  Esta mano de obra es especializada porque manipula con eficacia y oportunidad el proceso de fabricación en máquinas y equipos   sofisticados y por ello su  remuneración suele ser mejor y permanente, situación que en turno fortalece e incrementa  la demanda  regionalmente.   
Desarrollo regional
Considero que está en función de la naturaleza, de la sociedad y de la economía. La naturaleza aporta la extensión territorial, los recursos naturales, su cantidad  y  calidad de los mismos, entre otros elementos. Su conocimiento da lineamientos para construir los indicadores que permitan la reposición y mantenimiento de los recursos naturales tomados y usados en los procesos productivos de las empresas manufactureras.
 La sociedad. Ella proporciona por un lado la demanda de los productos y los ingresos  para adquirirlos. Por el  lado de la oferta la sociedad  suministra la PEA: Población Económicamente Activa, cuyas características de edad, nivel educativo, etc. son básicas para seleccionar el  tipo de  trabajadores que requiere la empresa para operar productiva y rentablemente con sustentabilidad.
Derivado de lo anterior se infiere que la triada naturaleza, sociedad y economía fundamentan su definición, de manera que para mi el concepto de desarrollo regional es la consecución del crecimiento equilibrado de la economía con la sociedad, en un espacio y tiempo determinados. 
Aquí está implícito el uso eficaz y oportuno de las innovaciones que aprovecho para definirlas  como los cambios o modificaciones que se hacen para aumentar la productividad en las empresas. Las innovaciones pueden ser tecnológicas o de otra índole, de manera que están insertas en los procesos de fabricación, en la maquinaria y equipo auxiliares, así como en la PEA, tanto del personal calificado como de los otros trabajadores y para  la formación de  empresarios, cuya visión, actitud y aptitud hacen posible el equilibrio  en forma sostenida y sustentable.