Con el modelo neoliberal, también se ponen en marcha una serie de medidas en la política económica de los países latinoamericanos fuertemente endeudados y con escasos recursos financieros.
Dicha política se materializa a través de los denominados Planes de Ajuste Estructural (PAE)1 , e inician con ellos en el año de 1982; Bolivia, Chile y México; le siguen en 1985, Costa Rica, Jamaica, Trinidad Tobago y Uruguay; posteriormente en 1987 Argentina, Brasil, Colombia, el Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cuyo objetivo; tratar de “ajustar la estructura productiva de un país para que su economía sea más eficiente, produzca más con los factores productivos disponibles, vuelque su producción hacia el mercado exterior y sea capaz de enfrentar con éxito los problemas de la balanza de pagos causados por la deuda externa y las oscilaciones de los términos de intercambio. Altas tasas de crecimiento proporcionan la base para aumentar el empleo y los ingresos fiscales para efectuar obras de bien social e infraestructura para el desarrollo” (Guardia, 1990).
Dentro de los ajustes realizados, se incluye además la reforma de la política agropecuaria –también indicada por el Banco Mundial- debido a que “el sector primario es altamente improductivo y poco rentable” (De Pina, 1999). Con tal argumento, inicia la contracción y segmentación del mercado, el incremento de la pauperización, el abandono de tierras, el cambio de cultivos y el desmantelamiento de la producción destinada al mercado interno, con la consecuente acentuación del carácter estructural de las importaciones y disminución del consumo de básicos por parte de amplios sectores de la población2 .
A lo anterior, se suman otros cambios que enfrenta la población del sector agropecuario; pues con la política implementada por el Estado se orilló a que el agro produzca sin apoyos productivos; sin la posibilidad de obtención de créditos, con la desaparición paulatina de subsidios, etcétera. Como corolario, la disparidad entre campo-ciudad se acentúa aún más, significando con ello el desplazamiento de la población que habita las zonas rurales a los centros urbanos, la pérdida de tierras, concentración de la propiedad agraria, el fortalecimiento de los empresarios capitalistas y la reducción del abastecimiento alimentario por parte de las economías campesinas (Vega, 2006)3 .
Con los Ajustes Estructurales derivados del modelo neoliberal, que presuponía el aumento de la productividad, el crecimiento económico y el incremento en los niveles de bienestar de las poblaciones; sin embargo, se presentó una realidad cruel y desconocida para gran parte de la población, expresada en el surgimiento de una concentración sin precedentes de la riqueza en unas cuantas personas, el empobrecimiento de millones de seres humanos, el desempleo o subempleo de la mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA), la condena de millones de personas a la desnutrición, a no tener derecho a la educación, a la salud ni a la tierra, sentenciándolos por tanto, a vivir en la injusticia y la marginación y sin tener un futuro digno (Vidales, 1996).
1 Los Ajustes Estructurales son orientados en dos vertientes: a) reducir el déficit fiscal a través de la reducción del gasto público y aumentar los impuestos; b) fortalecimiento del sector exportador: el primero supone el cierre y privatización de las principales empresas públicas: hospitales, centros de salud y recreación, escuelas y universidades públicas, disminución o erradicación de los subsidios a los pobres, mercantilización de todas las actividades (educación, salud, cultura, descanso, etc.). Asimismo, se supone la generalización de impuestos al consumo tipo IVA, y la reducción de impuestos al capital y a la propiedad; el segundo, sostiene que con esta medida se fortalecerá la competitividad interna de las economías nacionales, y que el sector exportador generará ingresos suficientes para consolidar el mercado interno, incrementar el empleo, bajar los precios de las mercancías importadas y favorecer al conjunto de la población que podrá disfrutar de todo tipo de bienes y servicios, tras de todo lo cual se generará empleo interno por la inversión de los ingresos provenientes de las exportaciones (Guardia, 1990).
2 Como ya se mencionó anteriormente, para el caso de México, la política agropecuaria incluye la reforma del Artículo 27 Constitucional y la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (TLCAN).
3 La economía campesina se define como una unidad familiar que desarrolla múltiples actividades con diversas fuentes de ingreso y combinaciones: producción agrícola, ganadería en pequeña escala, venta de fuerza de trabajo en mercados laborales regionales o en ciudades, pequeño comercio, artesanías, actividades informaciones y emigración, finalmente tiene el objetivo de la reproducción de la unidad familiar, la seguridad alimentaría y el acceso a otros bienes y servicios básicos (CEPAL, 1999).
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