PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

José Leopoldo Montesino Jerez

2.5 Más mantequilla: Fuerzas Armadas y temas positivos de calidad de vida 
2.5.1 Resguardo del patrimonio arqueológico

El resguardo del patrimonio arqueológico de una nación presenta algunas facetas poco estudiadas desde el punto de vista analítico aún cuando, la descripción básica del problema como es el robo o saqueo subrepticio de piezas, documentos, restos de carácter arqueológico o daños ambientales por el excesivo número de turistas presentes, ha sido suficientemente tratado en la literatura.
Un aspecto relacionado pero aparentemente tratado con menos profundidad, es el rol de las Fuerzas Armadas en la conservación y preservación del patrimonio nacional en general. El sentido intuitivo lógico, ciertamente, parece advertirnos que se trata de una función que corresponde a las policías, ya sea en labores de vigilancia, custodia y prevención de daños que el público pueda cometer, como en el seguimiento y pesquisa de personas que hubiesen efectuado hallazgos y actividades comerciales privadas con las piezas u objetos encontrados.
Una primera pregunta que surge en torno a esta cuestión es ¿de quién son los objetos hallados?. Han existido casos hasta famosos de descubrimiento de restos arqueológicos en terrenos privados donde se han estado efectuando trabajos de construcción, por ejemplo. Uno de tantos que puede ser citado aquí es el caso del emplazamiento de Terra Amata, en la bulliciosa ciudad de Niza, donde se descubrió un campamento de homo erectus, antepasado de la especie humana actual y considerado por los expertos como “el primer hombre”.
Un caso semejante al anterior en algunos aspectos, pero muy distinto en otros, concierne a la policía peruana. Se trata del saqueo de una tumba Moche en el año 1988 y el rescate posterior de un tocado esa cultura. La pieza había sido confeccionada hacia el año 100 d.C., de un tamaño aproximado de 50 x 60 centímetros y consistente en una cabeza humana con fauces de felino, cabellera con ocho tentáculos de pulpo y ojos incrustados de lapislázuli.1
El relato de los hechos que van desde el hallazgo de la valiosa pieza hasta su posterior recuperación contiene todos los elementos necesarios para constituir una verdadera novela policíaca con alcances cinematográficos: el asesinato del coleccionista de arte Raúl Apesteguía en el año 1996, la participación de una mafia internacional de traficantes, la existencia de un catálogo de una clandestina exposición de piezas precolombinas, la colaboración del arqueólogo peruano Walter Alva con la Interpol y hasta una sofisticada operación de agentes de Scotland Yard en Londres.2
El seguimiento de las piezas pertenecientes a la cultura Moche fue posible gracias a la intervención de un detective holandés de nombre Michel Van Rijn, quien asistió a una exposición clandestina de arte precolombino organizada por Leonard Patterson en Santiago de Compostela, España. Este detective, tras recibir un lujoso catálogo impreso en Nueva York, se percató de la importancia de las piezas en exhibición y dio impulso a la investigación que llevaría a rescatar el pulpo de oro laminado por parte de Scotland Yard. 3
Los dos casos antes relatados, el de Terra Amata y el saqueo de piezas de la cultura Moche, nos lleva a reflexionar sobre qué solución definitiva se puede esbozar a situaciones como las descritas, por un lado, y si las Fuerzas Armadas de países de América Latina como los estudiados aquí, Argentina, Perú, Colombia y Chile, deben desarrollar algún tipo de acción preventiva de mayor envergadura.
Un aspecto que no puede dejase de lado es reconocer que existe un mercado de piezas patrimoniales, es decir, una demanda y una oferta de ellas. Los economistas sabemos que, para este tipo de casos, asignar una mayor cantidad de recursos represivos, más policías o soldados en caso extremo, no tiene ningún efecto sobre el comportamiento de la demanda, pero sí de la oferta. Una política restrictiva afecta la función de oferta pues ésta disminuye por el mayor riesgo inducido a los productores y los mayores costos que esta acción les representa. Por tanto, al igual que en el caso de las drogas, el precio se eleva y el negocio se vuelve mucho más lucrativo para los  eventuales  traficantes ilegales.
La tendencia es, en un escenario de política coercitiva, a que surjan mafias y negociaciones escondidas sobre los objetos demandados y que uno los ejemplos aclara al incorpor un hecho criminal en el relato.  La reflexión que aquí cabe es, en consecuencia, si vale la pena asignar más recursos al control de una actividad ilegal que es imposible de eliminar en la práctica, como de hecho también ocurre con la droga, cuando parte del desenlace termina con la muerte de una o más personas, es decir, el peor escenario esperado desde el punto de vista de la calidad de vida a que debe apuntar una política de carácter social.
El diagnóstico para este tipo de temas es bien claro y la literatura económica lo reafirma. El mecanismo que permitirá disminuir el consumo de drogas, comercio ilegal de animales o de objetos arqueológicos es un escenario de libre oferta y demanda, pero con una política de asignación de recursos, tanto humanos como materiales, que tienda  a una disminución de la demanda.
 Es decir, en el caso de los objetos patrimoniales, permitir que distintos grupos privados buscadores de tesoros actúen, inviertan y desarrollen su actividad, bajo supervigilancia y adecuada identificación, es tal vez una buena alternativa. Los trabajo subrepticios, escondidos, perseguidos, complican aún más el eventual daño de objetos que poseen características de bien público. Aunque esta posición parezca incluso fuera de lugar, se requiere compatibilizar la ecuación que incluye realizar nuevos descubrimientos arqueológicos y recompensar el esfuerzo por seguimiento y hallazgo.
El Estado generalmente está falto de recursos, en todos los países del mundo, como para atender necesidades de inversión en estudios profesionales de investigación arqueológica. El estudio analítico histórico previo, la contratación de expertos, el pago a portadores de víveres en zonas alejadas, la excavación y movimiento de toneladas de tierra no es un asunto menor. Muchos de estos trabajos demoran años en obtener resultados, lo que limita el desarrollo de la ciencia arqueológica. Por el otro lado de la ecuación está el derecho de un pueblo a conocer sus raíces, su historia pasada y que los trabajos en el área no impliquen destrucción total o parcial  de las piezas encontradas.
En el tema de la vigilancia, que corresponde a las Fuerzas Armadas y policiales, resulta oportuno que mediante sistemas de rastreo por cámaras en zonas geográficas sensibles, sumado a un trabajo de inteligencia en terreno, en particular para países como Perú y Colombia, se detecten posibles intentos de apertura de tumbas arqueológicas. La idea en este punto no es reprimir, sino educar y exigir a quienes deseen desarrollar un trabajo arqueológico en beneficio propio y de la sociedad, lo efectúen en las condiciones profesionales requeridas.

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