LA ÉTICA PROFESIONAL DE LOS INVESTIGADORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Virginia Morales Sánchez

1.4 El proceso de institucionalización de la ciencia en México

En México el proceso de institucionalización de la investigación es bastante reciente, autores como Eduardo Ibarra [1993a], Adrián Chavero [1992] y Eusebio Mendoza [1986], lo ubican como un proceso posrevolucionario, que se consolida formalmente hasta el cardenismo.
Los eventos que consideran punto de partida a ese proceso son la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1929, la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1937 y la creación del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CONESIC) en 1935. No fue sino hasta 1970 que se consolidó como un sistema nacio­nal, al crearse lo que hoy es el organismo rector de la planeación gubernamental en materia de ciencia y tecnología: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este órgano es el encargado de proponer y dar seguimiento a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

La estructura del sistema científico mexicano se ha ido transformando a lo largo del tiempo, en lo que se refiere a la red institucional que la conforma. Veamos algunos detalles importantes de este proceso.
Ibarra (1993b) destaca tres momentos del proceso de institucionalización de la investigación en México. El primero, comprendido entre 1930 y 1971, se caracteriza por la conformación de una red primaria sumamente laxa de instituciones para la actividad de investigación, que per­mite pasar de lo errático de los planteamientos realizados en materia de ciencia y tecnología, a configurar y dimensionar el problema verdadero de esta época: el atraso científico-tecnológico del país y su desvinculación estructural del desarrollo industrial.
Los grandes procesos de reorganización institucional realizados por el Estado durante esta etapa, incluyen el otorgamiento de la autonomía a la UNAM, la creación del Consejo Nacional de Educación Superior y la Investigación científica (CONESIC), la fundación del IPN [Solana, Cardiel, Bolaños, 1981: 289], la transformación en 1941 del CONESIC en la Comisión Impul­sora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), cuya actividad nunca rebasó los límites del Distrito Federal [UNAM, 1992: 102].
La segunda etapa comprende de 1971 a 1984, en ella se conforma un sistema mejor estructurado, con la creación en diciembre de 1970, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Organismo encargado desde entonces de proponer las políticas nacionales de ciencia y tecnología, de investigar las necesidades tecnológicas en los sectores productivos, de fomentar y de apoyar el desarrollo de la investigación [Ibarra, 1993b].
La tercera etapa, Ibarra la sitúa a partir de 1984. Esta etapa tiene como punto de partida el Pro­grama Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988 (PRONDETYC) y se extiende más allá para alcanzar una concreción mucho más clara y sólida en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica (PNCMT) 1990-1994.

En esta etapa, se aprecia la instauración de una tradición sexenal de programas que mantie­nen ciertas características. Así, para el sexenio zedillista se elabora el Programa de Ciencia y Tecnología 1995–2000 y en el sexenio foxista el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001–2006, y la Ley de Ciencia y Tecnología.
Los programas tienen en común: 1) una orientación hacia una reducción del flujo de recursos al sector, 2) la implantación de un proceso muy estructurado de evaluación y seguimiento, 3) la incorporación de nuevos actores sociales a la actividad, como el sector privado, a través de la definición de estructuras y reglas que modifican las relaciones entre los actores tradicional­mente involucrados y que facilitan la incorporación de los nuevos.
En esta etapa se hace evidente la implantación de un modelo cualitativamente distinto en el que las instituciones de educación superior y los centros de investigación estuvieron efectivamente orientados a apoyar la modernización económica del país. Esto implicaba la reorientación del, muy escaso, financiamiento a la investigación, para apoyar selectivamente los proyectos de ciencia y tecnología vinculados a las necesidades inmediatas de reestructuración del aparato productivo, utilizando como principal mecanismo la conformación de un sistema de evaluación y el seguimiento de todas las actividades y actores de la investigación, que permitiría acabar con la disyuntiva de definir a qué instituciones o centros asignar recursos y a cuáles no: a qué actividades universitarias debía financiarse y a cuáles no.
Acompañando estas acciones se conforman de Programas Especiales y se crean instituciones para evaluar a los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entre ellas el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 1984. Este instrumento respondía a una política de evaluación discrecional de la productividad del investigador y de la relevancia de sus proyectos, que tomaba como punto de referencia fundamental las prioridades estable­cidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los efectos de la aplicación de dicho instrumento, obligaban a los investigadores a recurrir a instancias extrauniversitarias para concursar por recursos limitados, debiendo modificar muchas veces sus proyectos para cumplir con las exigencias planteadas por la SEP o el CONACYT [Ibarra, 1993b: 134-138].
Todas estas medidas permitieron desestructurar las formas institucionales prevalecientes en la educación superior y en la ciencia, facilitando con ello la formulación y la implantación de los programas de modernización impulsados por el gobierno del presidente Salinas.
Ibarra, distingue un segundo momento de esta tercera etapa, ubicándolo en el período de 1988-1994, el cual describe como un período de reconstrucción tanto del sistema de educación superior como de la actividad ciencia y tecnología del país. El proyecto está plasmado en el Programa para la Mo­dernización Educativa, 1988-1994 (PME) y en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica, 1990-1994 (PNCMT) [CEPAL, 2002]. La reorganización de ambos sectores, se articula en torno a los procesos de evaluación y la reconceptualización de la autonomía universitaria.
Los nuevos mecanismos de regulación de la investigación en el país, quedan marcados por el abandono de la vigilancia a distancia, de épocas anteriores, por una vigilancia directa, configu­rada, en el caso de la actividad ciencia y tecnología, a partir de la evaluación del desempeño de los posgrados, la evaluación de la ciencia y la evaluación del desempeño de los investigadores. Para tales fines, se actuó en tres ámbitos, mismos en los que se expresan las modificaciones fun­damentales: el ámbito estratégico, el institucional y el de la normatividad [Ibarra, 1993b].
El ámbito estratégico contempla las acciones gubernamentales en materia de evaluación y financiamiento, y se constituye por las estructuras, procesos y relaciones que determinan la orientación general del sistema en su conjunto, en función de un proyecto político general y su expresión sectorial [Ibarra, 1993b: 151].

El ámbito institucional comprende las estructuras, procesos y relaciones que determinan la actuación de cada una de las instituciones que integran al sector, entendidas como unidades específicas. En este nivel se realizaron la reconfiguración de la política salarial, y las formas de operación y funcionamiento de las instituciones.
Finalmente, el ámbito más importante para este proyecto, el normativo, se constituye como un espacio de mediaciones entre los ámbitos estratégico e institucional. El análisis de la norma­tividad es una pieza clave, ya que permite prever posibles cambios que se perfilan, así como plasma hechos consumados. Las leyes o reglamentos expresan, en el terreno jurídico, las mo­dificaciones que se persiguen o que han sido implantadas en el terreno organizacional.
En este sentido cabe señalar que a partir del período salinista la normatividad se plasmó en programas, mientras en el sexenio de Zedillo se tradujo en leyes como la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 [CEPAL, 2002], y Ley para la ciencia y la tecnología de 2002 [CONACYT, 2003].
La reorientación de la política nacional en ciencia y tecnología reconfiguró la actividad cien­tífica de México y creó un nuevo orden normativo de las relaciones sociales dentro y fuera del campo. En capítulos posteriores profundizaremos en lo referente a los instrumentos y programas creados y puestos en marcha en este periodo, pues son decisivos en nuestra inves­tigación.

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