LA ÉTICA PROFESIONAL DE LOS INVESTIGADORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Virginia Morales Sánchez

1.3 El problema de investigación

El detalle del proceso de institucionalización de la ciencia y la investigación, y de los elemen­tos que la constituyen en una actividad profesional, nos colocan en condición para hacer los planteamientos que motivan la presente investigación y sus alcances.
En el centro de los debates sobre la ciencia, y más propiamente, de la investigación científica, se encuentra su justificación social como uno de los ejes del desarrollo económico de toda nación, por tanto, su capacidad de producir bien social.
Entonces, una premisa básica de cualquiera de sus disciplinas sería el estar al servicio de la sociedad, así como en estrecha relación con ésta. Es decir, que su estructura organizacional sería la adecuada para favorecer y promover dicha relación.
En sociedades altamente desarrolladas, como Estados Unidos y el Este de Europa, a partir de la década de 1960, se iniciaron un gran número de movimientos académicos en primera instancia, y después civiles, que cuestionaron duramente la función social de la actividad científica.
Las discusiones más importantes, giraron alrededor de exhibir los tipos y formas de subordina­ción de la actividad científica a los centro de mando gubernamental, militar, industrial o de algún otro sector de la sociedad. La raíz de estos cuestionamientos, se halla en la concepción analítica de la ciencia y la tecnología, que proclama una valoración positiva de ambas actividades. Bajo esta construcción filosófica, la ciencia es una empresa intelectual de investigación teórica, que debe deslindarse claramente de la tecnología y dedicarse a crear los sistemas teóricos y conceptuales centrados en enunciados nomológicos, que se consideran leyes científicas [Medina, 2000: 18].

Por su parte, la tecnología es entendida como la creación de instrumentos y normas de acción práctica, que indican cómo se debe proceder para conseguir un fin determinado, basándose en leyes científicas, en el uso o aplicación del conocimiento científico, para producir mate­riales, diseños, productos, procesos, sistemas, servicios, nuevos o sustancialmente mejorados [Richards, 2000:132].
Haciendo una interpretación de las dos nociones podría entenderse que el conocimiento cien­tífico derivado de la ciencia, no es moralmente bueno ni malo por sí mismo, sino que ello depende del uso que se le dé [Medina, 2000: 18]. De igual manera, las innovaciones tecnoló­gicas en cualquiera de sus formas, son sólo máximas racionales que persiguen la eficiencia en el servicio o la mejora en la productividad [Elster, 1992: 105].
Dicho de otra manera, el conocimiento científico y la tecnología son medios para obtener fi­nes determinados. Ni los científicos, ni los tecnólogos son responsables de los fines que otros elijan, es decir, que el problema de la elección de fines se traslada a terceros, a los tomadores de decisiones como los políticos, los empresarios, los militares, etc. [Olivé, 2000: 86].
El problema en esta concepción, es que la ciencia y la tecnología se definen como neutrales, al su­poner que las teorías científicas tienen el fin de describir y explicar hechos y no es su papel, hacer juicios de valor sobre esos hechos. De igual manera, el papel de la tecnología es ofrecer los medios adecuados para obtener fines determinados. La decisión de obtener, efectivamente, tal o cual fin, no corresponde ni al tecnólogo ni al científico.
Pero ¿realmente los científicos y los técnicos, no son partícipes de las decisiones? Ellos no rea­lizan una elección, cuando deciden participar en una investigación u otra, o crear tecnologías, métodos o sistemas, para ciertos sectores de la sociedad, aun si quien financia sea la sociedad conjunta. En tal caso, ¿qué mueve a los investigadores a formar parte de un proyecto de inves­tigación y a comprometer sus resultados con uno u otro sector social?

En los planteamientos sobre los procesos de institucionalización de la ciencia, establecimos que todo individuo para poder realizar la actividad de investigador, requiere haber recibido una formación dentro del sistema de educación y obtener de ahí, el título de Maestro o Doctor en Ciencias que lo acredita para el ejercicio como investigador, pues ha adquirido los cono­cimientos necesarios para aplicar métodos y técnicas propios de su campo de conocimiento; también ha adquirido las normas de conducta, costumbres y principios éticos de ese campo. Todo ello, lo hace competente para desarrollar su actividad como investigador en esa rama del cocimiento.
El ejercicio de su actividad como investigador del campo científico o tecnológico, se halla regu­lado por el Estado y por la institución u organización en la que labora; además de las normas profesionales a las que se debe ajustar, también le es necesario acatar las normas propias de su actividad como investigador. Se hace evidente que son diversos agentes los que detentan auto­ridad sobre la actividad de investigación, y es lógico pensar que, necesariamente, las decisiones de los investigadores estarán dentro del marco de todos estos focos de autoridad que norman su conducta como investigador. Pero ¿cuál de ellos es más dominante, o tienen todos la misma autoridad y la misma incidencia en sus decisiones, elecciones y preferencias?
En esta dirección, de múltiples agentes participando en la orientación de las decisiones de los investigadores del campo científico y tecnológico, se encamina la presente investigación, al considerar la posibilidad de la existencia de un sistema de acciones intencionales constituido por los agentes que deliberadamente buscan ciertos fines, en función de determinados intereses, lo que pone en juego creencias, conocimientos, valores y normas. Los intereses, los fines, los valores y las normas forman parte de ese sistema, lo que hace susceptibles a todos los agentes de una evaluación ética [Olivé, 2000: 87].

En este sistema de intencionalidades, los investigadores como actores toman decisiones y éstas necesariamente, tienen que responder a un sistema moral, es decir, a un orden de valores, a través del cual asignará prioridades en un proceso de confrontación con los sistemas valorativos e intencionales de otros actores participantes. Así, el tipo de decisiones que tomen favorecerá a algunos y dejará de lado a otros [Bunge, 1997:108]. La pregunta aquí es: a qué intereses favorece la actividad científico-tecnológica que se hace en el campo de la tecnología de información en México.
La investigación científica y tecnológica como actividad cumple una función social, que en su forma ideal está relacionada con la búsqueda del bien común. Dicho de otra forma, la ciencia y la tecnología deben relacionarse con el interés público, y regir su acción en valores e intereses sociales.
Por lo anterior, para que la actividad científica favorezca los intereses públicos, los sujetos que realizan dicha actividad no sólo deberían tener como parte de su sistema de valores, los valores sociales, sino que éstos debían de tener el nivel máximo de significatividad dentro de su escala valorativa. Sólo de esta manera sería la sociedad verdaderamente favorecida con las decisiones de los investigadores sería la sociedad.
Los movimientos sociales surgidos en los países desarrollados ponen de manifiesto que no es el interés público el que predomina en las decisiones de los investigadores y que existen otros actores del sistema que han colocado sus intereses en la cúspide de los sistemas de valores, tomando el control y dirección de las acciones en materia de ciencia y tecnología.
Un rasgo importante de los sistemas de ciencia y tecnología es que, mientras en los países de­sarrollados la ciencia y la tecnología están dirigidas hacia el desarrollo y la innovación, en los países en vías de desarrollo las actividades científico tecnológico se limitan a la asimilación y adaptación de tecnologías. Por esta razón, para nuestra investigación, presuponemos que los sistemas de ciencia y tecnología en los países desarrollados subordinan la acción de los siste­mas de ciencia y tecnología de países en vías de desarrollo, incidiendo en la conformación del sistema de valores que rige y orienta la acción de estos investigadores en todos los campos del conocimiento, y por tanto en el de las tecnologías de la información.
Es importante identificar lo que tienen por valioso en el ejercicio de su actividad como inves­tigadores y cómo orientan sus decisiones los diferentes órganos de regulación que integran la estructura científica mexicana, a qué grupos o sectores sociales favorecen y cuáles excluyen con sus decisiones.
En la búsqueda de soluciones a estas interrogantes, consideramos cinco ejes que incorporar en las hipótesis que guían esta investigación.

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