VII. 3. La política alimentaria y el combate a la pobreza

La política pública en la región puede analizarse temporalmente a partir de 1950 en tres períodos. En el primer período, de 1950 a 1977, la economía de la región se basaba en torno al sistema tradicional de RTQ. En este lapso, la política pública se limitó a otorgar créditos y a fomentar la organización productiva a través de las sociedades de producción agropecuaria (Caamal, 1985).

El segundo período, de 1977 a 1997, se caracterizó por la ampliación de la frontera agrícola en terrenos de buena calidad para la práctica de la agricultura mecanizada. En este lapso, los apoyos se orientaron en forma de subsidios a los insumos y productos e infraestructura agrícola (Ku, 1990). No obstante, la política pública sólo benefició a las comunidades con acceso a terrenos de buena calidad que representaba alrededor del 20% de las familias de la región. El resto de las familias dedicadas al sistema agrícola tradicional en tierras de baja calidad quedó marginado de los apoyos gubernamentales.

El tercer período, de 1997-a la fecha (2009), se desarrolla en un contexto de economía abierta. Esta etapa se caracteriza por un empobrecimiento gradual de las familias campesinas (Figueroa, 2005b) y el crecimiento del trabajo asalariado en los servicios y las maquiladoras. La política pública actual es amplia, pero se puede diferenciar en productiva y social. Los programas más importantes de la política productiva son Procampo, Alianza para el Campo y Procede, y de la política social el programa Oportunidades. No obstante, su efectividad ha sido muy limitada, ya que la pobreza en el medio rural del país permanece en niveles altos.  En 2004, el 28% de los habitantes de las zonas rurales se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57% en una situación de pobreza moderada (Escalante, 2006). Una manifestación de la pobreza rural son las condiciones precarias de alimentación en la población indígena localizada en los estados sureños de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Campeche. En Campeche, por ejemplo, de acuerdo el Índice de Riesgo Nutricional (IRN), la situación alimentaria general empeoró en el período de 1990 a 2000, ya que el IRN pasó de moderado a alto (Roldan et al., 2003). Algunos elementos clave que pueden explicar esta situación son:

VII.3.1. Política inequitativa
 
Las políticas públicas en México son inequitativas (World Bank, 2004) porque favorecen a las regiones y familias de mayores recursos (Escalante, 2006; Appendini, 2001). En las comunidades, los programas existentes favorecen a los GD con mayor dotación y mejor calidad de tierras. El Procampo y Alianza para el Campo, los programas más importantes que se aplican en la región, tienen una clara orientación hacia los agricultores comerciales. El Procampo, en el 2006 otorgó en promedio, $1,130.00 a los GD de Xkakoch y Chunhuas de agricultura tradicional; mientras que a los de Nohalal, de agricultura comercial pagó, en promedio, $6,000.00. En este mismo plano, el Programa Alianza para el Campo en sus diversas modalidades (semilla, diesel, equipo agrícola, etc.) otorgó, en promedio, apoyos por $500.00 a los GD de agricultura tradicional y de $10,000.00 a los GD de agricultura comercial. Lo anterior pone de manifiesto que los programas de apoyo al sector agropecuario no reconocen la heterogeneidad de los recursos de que disponen las comunidades y los GD. Este sesgo en las políticas favorece a que la desigualdad económica y social de las familias persista o se ensanchen aún más.

Este tipo de políticas no ha contribuido a reducir la pobreza, puesto que no reconoce la heterogeneidad de los recursos que poseen los GD en el medio rural. Por esta razón, es necesario formular políticas que reconozcan las diferencias de los modos de vida de los GD. Recientemente se ha reconocido la importancia de considerar la heterogeneidad de los territorios en la políticas de desarrollo rural y de mitigación a la pobreza (Dirven, 2004), apostar a un desarrollo territorial más que a uno sectorial (Gordillo, 2004). En un estudio reciente sobre desarrollo territorial rural en América Latina, Schejtman y Berdegué (2004), proponen cuatro tipos de territorios, caracterizados por diferentes trayectorias y potencialidades históricas, socioeconómicas e institucionales, los cuales merecen aplicar políticas diferenciadas.  

VII.3.2. Política descentralizada

Las políticas públicas también han ignorado que el combate a la pobreza y la seguridad alimentaria requiere de un cambio en las instituciones, entendida ésta como las normas y las reglas entre los actores sociales (Rello, 2001). La importancia de las instituciones radica en que constituyen el sistema de incentivos y restricciones que determinan el comportamiento de las organizaciones (Flores y Rello, 2002). Por lo tanto, se requiere que las instituciones que operen bajo nuevas normas y reglas que eliminen las viejas prácticas del clientelismo y corporativismo bajo las cuales han funcionado las organizaciones, como en los casos de Chunhuas y Xkakoch. También, es necesario eliminar la formación de organizaciones efímeras que sólo responden a las condiciones de apoyo estatal y federal, como en el caso de Nohalal. Este tipo de organizaciones han desalentado la democracia, la transparencia, la acción colectiva y la participación de las mujeres como mecanismos para la solución de los problemas.

VII.3.3. Política sectorial

Las políticas y programas actuales se centran al apoyo de las actividades agropecuarias, especialmente las relacionadas con el incremento de la producción y productividad. No obstante, de que se reconoce que las actividades no-agrícolas son cada vez más importantes en la estrategia del ingreso de las familias rurales (de Janvry y Sadoulet, 2001; Reardon et al., 2001). En las comunidades estudiadas, en promedio, el 41.6% del ingreso total de los GD proviene de las actividades no-agrícolas. En este escenario, la política pública debe reorientarse para beneficiar a todos los tipos de actividades del medio rural y facilitar la movilidad rural-urbana mediante inversiones en infraestructura carretera (Araujo, 2004; Dirven, 2004), la educación y la salud (Yúnez y Taylor, 2001), y la información (Ellis, 2004; Dirven, 2004). Esto no significa que la política agrícola no sea importante para reducir la pobreza e inseguridad alimentaria o que deban reducirse los apoyos al sector, sino que también es necesario diseñar políticas para el sector no agrícola. Es más, las políticas deberían alentar las vinculaciones entre las actividades agrícolas (producción) con las no-agrícolas (servicios y comercio) como motores de crecimiento local (Dirven, 2004).   

VII.3.4. Política integral
 
Los diseñadores de las políticas deben reconocer que la inseguridad alimentaria es un problema multidimensional determinado por la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento biológico de los alimentos (FAO, 2006). Por lo tanto, para alcanzar ésta, la política pública debe enfocarse simultáneamente en aumentar la producción, el ingreso y mejorar el aprovechamiento biológico de los alimentos. La integridad de las políticas es un factor que debe incorporarse a los programas de alimentación, tal como se ha hecho con los programas de reducción de la pobreza. Sin embargo, la integridad de las políticas tiene que traducirse en una adecuada coordinación y colaboración interinstitucional (CEPAL, 2005).

VII.3.5. Política participativa

Finalmente, las políticas públicas se formulan, se instrumentan y se evalúan con poca o nula participación de los beneficiarios (Rosenblatt, 2007; World Bank, 2004). A pesar de que se sabe que la participación de los beneficiarios contribuye a canalizar sus demandas e incorporar sus iniciativas (Echeverría, 2000). Al respecto, las demandas de los participantes en los talleres realizados en las comunidades de Santa Cruz, Xkakoch y Chunhuas se relacionan primordialmente con las necesidades básicas, como la extensión de los servicios de salud y abastecimiento de medicamentos. Esto se debe a que los GD relacionan a las enfermedades con la descapitalización, ya que frecuentemente, para cubrir los gastos médicos recurren al empeño de joyas y terrenos o a la venta de ganado mayor, lo que en cierta medida compromete su estrategia de supervivencia. Después se centran en las actividades que desarrollan, como el aumento en los subsidios, el empleo temporal y mejores salarios; lo que refleja la diversificación de actividades de los GD y la pérdida de la importancia relativa de la agricultura, principalmente en la estrategia de vida agrícola-laboral. De las tres comunidades estudiadas, Chunhuas figura en cuarta prioridad, en cuanto demanda por ampliar el nivel de educación secundaria y preparatoria. En Nohalal, la gente identifica como prioridades el aumento a los subsidios a las actividades agropecuarias, la educación y los servicios de salud (cuadro 21). No obstante, ninguna de las comunidades planteó la necesidad de hacer cambios en las organizaciones locales.
 
Considerando los cinco elementos señalados, reflexionamos que la política alimentaria rural debe basarse en los siguientes ejes: i) Las políticas deben ser locales y diferenciadas en virtud de que las comunidades y los GD son heterogéneos en el acervo de capitales que poseen y en los resultados obtenidos (ingreso, seguridad alimentaria, conservación de los recursos naturales); ii) La política pública debe orientarse hacia el fortalecimiento de las organizaciones y capacidades locales; iii) La política del sector rural no debe orientarse excesivamente hacia la promoción de las actividades agropecuarias, sino también a las actividades no-agrícolas; iv) Los diseñadores de las políticas deben partir del reconocimiento de la inseguridad alimentaria, que es un fenómeno complejo y multidimensionalidad, y por lo tanto, requiere de la participación y coordinación interinstitucional y la colaboración multidisciplinaría; v) Las políticas deben formularse, implementarse y monitorearse con la participación de diferentes actores sociales, incluyendo a los propios beneficiarios.

Con base en lo expuesto, la propuesta de política se estructura considerando los determinantes de la seguridad alimentaria para las tres estrategias indicadas (cuadro 22). Los instrumentos de política están dirigidos: primero, a acelerar la acumulación de capital humano, financiero y físico a través del mejoramiento de las condiciones de salud de la población, educación y la capacitación laboral; el aumento de la infraestructura y la producción agrícola; el aumento del valor agregado de la producción agropecuaria; y el incremento del ingreso. Segundo, el fortalecimiento de capital social comunitario a través de la formación de redes que les permitan elevar la capacidad de negociación para la compra de insumos, la venta de productos y al acceso a nuevas tecnologías. Tercero, el cuidado del capital natural por medio del desarrollo de actividades recreativas, la restauración de los recursos agotados y los servicios ambientales.

VII.4. Ejes de política alimentaria local
 
VII.4.1. La disponibilidad de alimentos

VII.4.1.1. Aumento de la productividad agrícola 

Una forma de incrementar la producción y el ingreso de los GD es mediante el incremento de la productividad de maíz con el uso de la tecnología actual de los mejores productores o la generada por los centros de investigación. En la región, el rendimiento promedio de maíz en los últimos ocho años en terrenos mecanizados, es de 2.50 ton/ha (SIAP, 2008); no obstante, es posible aumentar el rendimiento a 5.0 ton/ha (Schuren, 2001) si se adoptara la tecnología de los Menonitas y en 7.0 ton/ha, si se usara la tecnología validada por el INIFAP (Ku, 2000).

La fertilización es el componente tecnológico que más puede contribuir al aumento del rendimiento, puesto que actualmente se aplica menos de la mitad de la dosis recomendada (Tucuch et al., 2007). Otros factores que pueden incrementar el rendimiento, son la aplicación oportuna de los fertilizantes y herbicidas, el establecimiento de la densidad óptima de siembra y el uso de semillas apropiadas (Estrada, 2004). A pesar de que se cuenta con la tecnología para incrementar el rendimiento del maíz, poco se sabe cómo se difunde entre los productores y qué factores limitan su uso.

VII.4.1.2.  Aumento de la productividad de la ganadería

La ganadería que se practica en la región es extensiva, caracterizada por una baja inversión de capital y empleo de escasa fuerza de trabajo. Por lo que existe potencial para incrementar la productividad y la rentabilidad, si se introducen algunos cambios en la tecnología, como:

i) Mejorar la sanidad de los animales mediante la atención apropiada de enfermedades infecciosas y parasitarias.
ii) Complementar la alimentación del ganado con esquilmos agrícolas y forrajes de corte, especialmente durante la época de sequía.
iii) Mejorar la calidad de los pastos mediante el establecimiento de praderas mejoradas e incorporación de especies arbóreas y arbustivas forrajeras en diferentes arreglos agronómicos, y
iv) Mejorar la calidad genética de los animales mediante la cruzas de razas locales e inseminación artificial.

VII.4.1.3.  Producción integrada del solar

La producción de porcinos, aves, frutales y algunas hortalizas en los solares, tradicionalmente ha constituido una importante fuente de alimentos, ingreso y ahorro de la población rural. No obstante, estas actividades cada vez tienen menor importancia en las estrategias de vida de las familias. Por lo tanto, la promoción de la producción integrada del solar, aves-frutales y hortalizas puede aumentar la disponibilidad de alimentos en los mercados locales y aumentar el consumo de proteínas de origen animal de las familias rurales. Sin embargo, debe considerarse que este tipo de explotaciones pueden acarrear problemas de salud a las personas por contaminación de alimentos o por la transmisión de enfermedades de animales a las personas. En años recientes, en diversas regiones del mundo han emergido enfermedades causadas por bacterias como Salmonella Enteritis, Salmonella Campylobacter, Salmonella Newport y E. coli 0157:H7; y virus como el de la influenza y del síndrome respiratorio severo (SARS), todos ellos trasmitidos por animales domésticos (Todd y Narrod, 2006).

VII.4.2. El acceso a los alimentos

VII.4.2.1. Programas de capacitación laboral

En la región, con excepción de los programas para la elaboración de artesanías no existen programas de capacitación laboral que mejoren las oportunidades de trabajo de los GD. A pesar de que existe una brecha importante para aumentar el ingreso familiar, si la capacitación se orientara en aquellos empleos de mayor demanda urbana o que prepare a la personas para el trabajo por cuenta propia. En Santa Cruz, por ejemplo, el trabajo de la construcción representa alrededor de 30% del ingreso de los GD; sin embargo, la mayor parte de este ingreso lo generan los ayudantes de albañil que perciben la mitad del salario de un albañil. Por lo tanto, la capacitación en albañilería podría aumentar sustancialmente el ingreso de las personas dedicadas a esta actividad. Otros programas de capacitación pueden enfocarse hacia actividades de autoempleo, como carpintería, plomería, soldadura, reparación de aparatos electrodomésticos y motores, entre otros.

VII.4.2.2. Promoción a la microempresa rural y el autoempleo

En las comunidades existen condiciones favorables para el establecimiento de microempresas rurales que añada valor a la producción agropecuaria de la región. Así, en Nohalal los agricultores disponen de la materia prima suficiente para la elaboración de alimentos balanceados para animales. En Nohalal, Santa Cruz y Xkakoch, los apicultores podrían tramitar su propia marca y envase de miel para su venta directa. En Chunhuas se puede incursionar en la producción de miel orgánica en el área de la RBLP. Además, en todas las comunidades, la producción apícola puede diversificarse y obtener otros subproductos como la cera, la jalea real, el propóleo, el polen y el veneno de la abeja. También es factible establecer pequeños negocios de “conservas de frutas” de temporada, como la ciruela (Spondias spp), nance (Byrsonima crassifolia), cocoyol (Acrocomia mexicana), guayaba (Psidium gujava), papaya (Carica papaya), tamarindo (Tamarindus indica), chile (Capsicum spp), entre otros.

El establecimiento de la pequeña empresa agroindustrial no requiere de grandes inversiones, sino más bien de esquemas de financiamiento que ofrezcan préstamos de poco monto, de manera que llegue al mayor número de GD.

VII.4.2.3. Formación de redes para la compra de insumos y la comercialización de productos agropecuarios 

La estructura agraria de la región, caracterizada por la existencia de numerosos productores y pequeños volúmenes de producción, favorece el intermediarismo en la compra de insumos y venta de productos.

La venta de fertilizantes, semillas y pesticidas está acaparada por cuatro distribuidores ubicados en las cabeceras municipales. Estos distribuidores abastecen alrededor de 20 mil hectáreas de tierras mecanizadas, sembradas casi exclusivamente de maíz (Sagarpa, 2006). Como norma, en cada hectárea cultivada de maíz se aplica —en promedio— 100 kg de fertilizante (Tucuch et al., 2007), 20 kg de semilla mejorada y 2 litros de herbicidas (información de campo). Por lo que el volumen de venta es de 2,000 toneladas de fertilizantes, 500 toneladas de semillas y 40 mil litros de herbicidas. Si los productores de la región se asociaran para la compra de estos insumos tendrían la posibilidad de adquirirlos a menor precio debido a las rebajas que se obtienen al comprar al mayoreo.   

Por otra parte, los productores venden su producción de miel y carbón a unos cuantos intermediarios frente a los cuales tienen escasa o nula capacidad de negociación para obtener mejores precios. La compra regional de la miel está dominada por siete empresas: Hansa, Mieles, Apiexport, Mieles Mayab, Miel Mex, Mieles y Cera de Campeche y Tropical Forest Honey (López, 2007). Estas empresas exportan casi la totalidad del producto a Alemania, y aunque el volumen de producción que acaparan en la región es de apenas de 400 toneladas (Guemes y Pat, 2003), en todo el estado acopian anualmente más de 7 mil toneladas. La información disponible no permite establecer con precisión su margen de ganancia. Sin embargo, con base en datos oficiales (Sagarpa, 2005-2008) estimamos que el precio de exportación en los tres últimos años ha sido entre 40% y 50% más que se les paga a los productores.

Similarmente, la comercialización del carbón está controlada por intermediarios locales quienes, por acaparar el producto y revenderlo a los mayoristas, reciben un precio de hasta 30% mayor al pagado a los productores (información de campo). Las ganancias que quedan en manos de los intermediarios pudieran trasladarse a los productores, siempre y cuando formen redes de comercialización con este propósito. La formación de organizaciones rurales no es espontánea, por el contrario, requiere del apoyo gubernamental a través de las políticas públicas. No obstante, la experiencia local muestra que los programas de gobierno fomentan las asociaciones de productores como un mecanismo para entrega-recepción de subsidios, en lugar de proponer esquemas de comercialización que beneficien a los productores.   

VII.4.2.4. Promoción del ecoturismo, la restauración forestal y pago de servicios ambientales

En las comunidades, la cobertura vegetal se ha reducido sustancialmente entre 1980 y 2006. En este período, en el ejido de Chunhuas la cubierta forestal se redujo del 40% a 15% (Pat et al., 2008b). Ello se debe a la alta presión a que está sometido este recurso para elaborar carbón, extraer leña y practicar la milpa. La pérdida forestal se ha agravado a partir de 1999 cuando, por decreto se creó la Reserva de la Biosfera de los Petenes (RBLP), que prohibió el aprovechamiento del 65% de los terrenos ejidales que se localizan dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Para poder aprovechar esas tierras, la comunidad debe sujetarse a los lineamientos del Programa de Conservación y Manejo de la reserva. En estas condiciones limitantes podría figurar un plan de mediano plazo que contemple: i) la restauración forestal, ii) la promoción del ecoturismo, e incluso iii) el pago a los servicios ambientales.

i) Promoción del ecoturismo: los recursos naturales pueden sustentar actividades recreativas (y culturales) como el ecoturismo. En la RBLP se puede apreciar una gran diversidad de flora y fauna, propias de la selva mediana y los manglares. Además de abundantes cuerpos de agua dulce, conocidos localmente como cenotes y ojos de agua (CONANP, 2006).

ii) Restauración forestal: se puede implementar mediante el pago de una prima por cada hectárea de terreno que se extraiga de la producción y se incorpore a un programa de restauración forestal (Echeverría, 2000).

iii) Pago de servicios ambientales (PSA): los recursos forestales ejidales dentro la RBLP podrían destinarse a la captura de carbono y recibir a cambio un pago por los servicios de conservación. Las experiencias en América Latina indican que el PSA puede contribuir a la reducción de la pobreza de las familias rurales. El impacto de los PSA depende del número de sus beneficiarios, la participación de sus integrantes y el monto recibido (Pagiola et al., 2005).

VII.4.2.5. Apoyos a la compra de equipo, maquinaria e infraestructura de riego
 
Una forma de renovar y aumentar el acervo físico es mediante el subsidio a la compra de equipo y maquinaria. Sin embargo, el acceso de estos apoyos otorgados mediante el programa “Alianza para el Campo” no deben beneficiar exclusivamente a los productores con mayores extensiones de tierras, como los de Nohalal, sino que deben buscarse esquemas de financiamiento que favorezcan a los minifundistas. Particularmente, el subsidio de pequeñas obras de irrigación permitiría intensificar el uso del suelo mediante la sustitución del cultivo de maíz por hortalizas. Este cambio en el uso del suelo tendría un efecto favorable sobre el empleo asalariado agrícola, ya que varias etapas del proceso productivo son realizadas de manera manual, que a diferencia del maíz cultivado en tierras de buena calidad, tiene mecanizado todo el proceso. Además, representa una opción para reducir la pobreza, ya que el tipo de cultivo permite aumentar significativamente el ingreso (Weingerger y Lumpkin, 2007).

VII.4.2.6. Seguro contra desastres naturales

La producción de maíz en la región es una actividad de mucho riesgo, puesto que se encuentra expuesta a las inundaciones y sequías. Durante el periodo 2000-2008 la superficie siniestrada de maíz representó —en promedio— el 14.6% de la superficie sembrada total (SIAP, 2008). Particularmente, los huracanes representan una amenaza constante, puesto que la zona se encuentra en la ruta de estos meteoros procedentes del Océano Atlántico. Durante el periodo 1970-2006, 27 huracanes impactaron la Península de Yucatán; de los cuales, 18 pasaron por la región (CNA, 2008). En 2007 el paso del huracán “Dean” por la región provocó la pérdida total del 45% de la superficie sembrada con maíz (SIAP, 2008). Los cambios globales del clima indican que estos fenómenos, en el futuro, serán más frecuentes y de mayor intensidad (IPCC, 2001). 

En vista de la importancia de estos eventos es necesario buscar mecanismos de financiamiento de seguro agrícola para todos los tipos de productores. Actualmente, sólo los ejidatarios que cultivan más de 6.0 hectáreas tienen cobertura de seguro contra desastres naturales, como los de la comunidad de Nohalal.

VII.4.3. El aprovechamiento biológico de los alimentos

VII.4.3.1. Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales 

La alta prevalencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales —ya indicado con anterioridad— sugiere que para reducir la incidencia de estas enfermedades, los servicios de salud podrían implementar talleres comunitarios de capacitación de prevención y tratamiento. El programa puede complementarse mediante campañas antiparasitarias periódicas para reforzar el aprovechamiento biológico de los alimentos. 

VII.4.3.2. Aumento de la cobertura de servicios básicos

A su vez, el aumento de la cobertura del servicio de electricidad, agua potable, pisos de cemento y letrina reducen las fuentes de contaminación biológica (bacterias, virus y parásitos) y mejoran la conservación de los alimentos.

En las comunidades en estudio existe una amplia cobertura de electricidad (97%), agua entubada (95%) y letrina (90.7%), pero baja proporción de hogares con pisos de cemento (50%). Lo que sugiere que faltan esfuerzos para potabilizar el agua, aumentar los hogares con pisos de cemento y letrinas, y evitar así brotes como la hepatitis “A”, recientemente controlada en Tankuche, una comunidad aledaña a la RBLP (Tribuna de Campeche, 2 de septiembre de 2008).

VII.4.3.3. Promoción de una alimentación saludable

En México, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años es de 5.3% y la suma combinada de sobrepeso y obesidad en niños entre cinco y once años es de 26% (ENSANUT, 2006). En Campeche, la prevalencia de sobrepeso en preescolares, y  sobrepeso y obesidad en escolares se ubica en 3.4% y 4%, respectivamente, por arriba del promedio nacional (ENSANUT, 2006). En el medio rural del país, una gran proporción de niños de 2 a 3 años desnutridos se convierten en niños obesos al pasar a la edad escolar. Esto es así porque los niños que fueron desnutridos son más propensos a padecer obesidad y al daño metabólico de ésta, que provoca diabetes, hipertensión, aterosclerosis e infarto (Ávila, 2007; SSA-INSP, 2006). Por lo tanto, la promoción de una alimentación saludable es indispensable, ya que el consumo de alimentos con alto valor calórico como los alimentos “chatarra” o las dietas altas en lípidos favorece al sobrepeso y la obesidad.

VII.4.3.4. Manejo adecuado de agroquímicos

El surgimiento de la agricultura mecanizada en la región, a finales de los 70´s, aumentó sustancialmente el rendimiento del cultivo de maíz, debido a la siembra de semillas mejoradas y al alto uso de agroquímicos. El incremento de la productividad no fue acompañada de un plan de protección al ambiente y a la salud de las personas. A pesar de que está comprobado que la exposición directa o indirecta a agroquímicos se relaciona con algunas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas, reproductivas, desordenes endocrinos, envenenamiento e incluso cáncer (Nugent y Drescher, 2006), hasta ahora se desconoce el efecto de los agroquímicos en el ambiente y la salud de las personas en la región; no obstante, es común observar que la aplicación de agroquímicos generalmente se realiza sin equipo de protección y sin el manejo adecuado de los envases y los residuos. Además, de acuerdo con apreciaciones de los productores, las intoxicaciones por agroquímicos es un problema de salud frecuente, sobre todo con los plaguicidas.

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