SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUATRO COMUNIDADES MAYAS CON DIFERENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL NORTE DE CAMPECHE, MÉXICO

Lucio Alberto Pat Fernández

VII. DISCUSIÓN

VII.1. Medición de la inseguridad alimentaria

Estudios recientes realizados en Campeche proporcionan información detallada sobre el problema alimentario, pero están basados en medidas antropométricas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2006), en Campeche el 30.6% de los preescolares, 20% de los escolares y 15.9% de los adolescentes con residencia rural tiene baja talla o desmedro, y 2.7% de los adultos están desnutridos. La información revela que alrededor del 69% de la población del estado tiene problemas de desnutrición.

Otros estudios ofrecen otra perspectiva de la situación alimentaria; por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que para el año 2005 la pobreza alimentaria en Campeche afectó al 20% de la población. No obstante, para los municipios que conforman la región analizada, la pobreza alimentaria es significativamente mayor que el promedio estatal, siendo para Calkiní del 43%, para Hecelchakán del 27.8% y para Tenabo del 25.8% (CONEVAL, 2007b).

Esta información, aunque agregada, sugiere que en Campeche y en la región estudiada existen graves problemas de alimentación, ya sea que se evalúen mediante mediciones antropométricas  o bien mediante el ingreso familiar.

En este estudio se partió de la premisa de que la seguridad alimentaria (inseguridad alimentaria) no puede medirse adecuadamente por un solo indicador debido a que es un fenómeno complejo y multidimensional que está determinado por la disponibilidad, el acceso, el aprovechamiento biológico de los alimentos y la vulnerabilidad. Por esta razón, para medir todos los aspectos de ella es necesario el uso de múltiples indicadores. Esta situación condujo a la selección de los indicadores: a) porcentaje de gasto destinado a la compra de alimentos en el gasto total; b) diversidad de alimentos consumidos; c) la percepción de seguridad alimentaria y, d) índice de suficiencia calórica (ISC). Estos indicadores no se consideran competidores entre sí, sino por el contrario, son alternativas complementarias para ayudar a comprender los diferentes aspectos de la seguridad alimentaria.

Los indicadores de gasto de los alimentos, de diversidad y de percepción alimentaria se obtuvieron a escala comunitaria y el índice de suficiencia calórico se obtuvo a nivel de grupo doméstico. De acuerdo a los tres primeros indicadores, los GD de las comunidades de Chunhuas, Xkakoch y Chunhuas son alimentariamente inseguras y sólo Nohalal es alimentariamente segura. Por su parte, el ISC, evaluó al 80% de los GD de todas las comunidades como alimentariamente inseguras. Estos resultados, aunque están relacionados con las mediciones antropométricas reportadas en el ENSANUT y de pobreza alimentaria por el CONEVAL, no son comparables con nuestros datos. Sin embargo, revelan que la inseguridad alimentaria es un grave problema en la región de estudio.

Los indicadores usados en este estudio presentaron algunas ventajas y desventajas que es conveniente analizar. Las ventajas detectadas para los indicadores usados a escala comunitaria fueron la rapidez con que se obtuvo la información y el bajo costo de procesamiento de la información. Ello se debió a que los indicadores se elaboraron con la opinión de la gente a través de la realización de talleres comunitarios en lugar de usar las encuestas ingreso-gasto y la encuesta alimentaria. No obstante, las mediciones son agregadas porque se obtuvieron a escala comunitaria. Además, se observaron problemas de alteración de respuestas entre los participantes de los talleres. Esta situación se registró especialmente en el indicador de autopercepción de la seguridad alimentaria en la comunidad de Nohalal. En esta comunidad, los GD se declararon en inseguridad alimentaria porque el reporte de una situación contraria, según ellos, podría usarse para retirarles el apoyo del programa Oportunidades. Cabe señalar que existen investigaciones que reportan que las escalas de medición cualitativas tienen correlación significativa con las mediciones de consumo energético (FAO, 2002).

Por su parte, el indicador ISC permitió medir la carencia de energía, un aspecto esencial del concepto de seguridad alimentaria, el cual es más robusto, no obstante de que la información requiere de mayor tiempo para su obtención, procesamiento y análisis. Asimismo, se ha documentado que el consumo de alimentos no es uniforme a lo largo del año (FAO, 2002; Alayón y Gurrí, 2005). Sin embargo, en este estudio, la extrapolación del consumo de alimentos de una semana a un año, supone que no existen variaciones importantes en el consumo de alimentos a lo largo del año. La estacionalidad de la producción es un factor determinante cuando el acceso a los alimentos proviene fundamentalmente de la producción agrícola (FAO, 2002), pero cuando el acceso procede principalmente del ingreso monetario la variación estacional de la producción tiene poca relevancia (Sen, 2000).

En el caso de estudio, las encuestas indican que todos los GD analizados obtienen sus ingresos de fuentes diversificadas tanto de actividades agrícolas como no-agrícolas. Para, los GD pertenecientes a la estrategia laboral, la estacionalidad de la producción agrícola tiene poca importancia, ya que prácticamente todos los alimentos que consumen, los compran. Para los GD de la estrategia agrícola, la estacionalidad de la producción es importante sólo cuando existe una reducción significativa en su volumen de producción originada por un desastre natural, como una sequía prolongada, o por inundaciones. Los GD de esta estrategia, tienen un nivel de producción de maíz (el alimento básico) tal, que les permite separar una pequeña parte de ésta para su consumo y el resto lo destinan a la venta. En contraste, para los GD de la estrategia agrícola-laboral, por lo general, sólo alcanzan a producir maíz para abastecer su consumo durante seis meses del año; para el resto del año lo compran con el ingreso proveniente de las actividades no-agrícolas. Por ello, estos GD son los más expuestos a reducir el consumo de maíz por efecto estacional.

Respecto a la escala de estudio, los indicadores a escala comunitaria reflejan una condición promedio (general) de cómo los GD visualizan su situación alimentaria. Esta condición promedio enmascara el hecho de que al interior de cada comunidad coexisten GD con mejores y peores resultados alimentarios. La escala de grupo doméstico supera esta restricción debido a que define la condición de cada GD respecto a un patrón de referencia aceptado de consumo energético. Asimismo, los resultados obtenidos pueden usarse para agrupar a los GD en diferentes categorías de seguridad alimentaria.  

Adicionalmente, en el transcurso del año, el consumo de alimentos de los GD está influenciado por el intercambio de alimentos, los regalos de comida, la cacería y las festividades religiosas. Estos factores no se consideraron en el cálculo del ISC, en virtud de la escasa información disponible y la dificultad que se tiene para valorarlos; pero debido a que son eventos ocasionales, se estima que tienen poco impacto en el ISC.

Finalmente, de acuerdo a múltiples estudios (FAO, 2002) al obtenerse el ISC de manera retrospectiva se suele subestimar el consumo de alimentos por cuestiones de memoria, de apreciación de cantidades consumidas, y por el interés y nivel de escolaridad de los entrevistados. Además, el ISC, en este trabajo, no consideró los alimentos ingeridos fuera de la casa. Esto es especialmente importante para aquellos GD que tienen algún(os) miembro(s) trabajando fuera de la comunidad, lo cual afecta —en particular— la estimación en las localidades. A pesar de la importancia de este aspecto, en este estudio encontramos que la mayor parte de los que trabajan en las maquiladoras y la construcción en las cabeceras municipales, llevan su comida. Ya que, de otro modo —como ellos mismos dicen— su salario no les alcanzaría para sobrevivir.

Aun con todas estas limitaciones en el cálculo de los indicadores, éstos convergen con la teoría que sostiene que la inseguridad alimentaria presenta una correlación negativa con el ingreso, la diversidad de alimentos consumidos y la ingesta energética (Figueroa, 2005a).

Sin duda, el ISC permitió medir la magnitud de la inseguridad alimentaria de los GD en las comunidades. No obstante, el ISC es un indicador de resultado o disponibilidad que no explica las causas básicas de la inseguridad alimentaria en las comunidades estudiadas. Para superar esta restricción se han propuesto indicadores de proceso (Maxwell y Frankenberger, 1992) o acceso a los alimentos (Figueroa, 2005a), pero muchos estudios revelan que estos indicadores son insuficientes para caracterizar la inseguridad alimentaria (Hoddinott, 2002). En este sentido, Chung et al. (1997) encontraron que hay poca correlación entre un conjunto grande de indicadores de proceso con los indicadores de disponibilidad. En este estudio encontramos que los indicadores de acceso “de proporción del gasto en alimentos” y “la escala cualitativa de inseguridad alimentaria” son de poca utilidad para explicar las causas de la inseguridad alimentaria. Asimismo, se quedó demostrado que el ingreso tiene una baja correlación con el ISC y, por lo tanto, bajo potencial explicativo de la inseguridad alimentaria.

VII.2. Los modos de vida y la inseguridad alimentaria

La dificultad de explicar las causas de la inseguridad alimentaria mediante un indicador o un conjunto de indicadores de proceso pone de manifiesto la necesidad de contar con otros marcos conceptuales. Por esta razón, se procedió a relacionar el ISC y los otros indicadores de seguridad alimentaria señalados, con el marco de los modos de vida. De tal forma que el análisis causal de la inseguridad alimentaria no se limite a los indicadores aislados de acceso, sino que se sitúe en un marco más amplio e integral.

En este sentido, el marco de los modos de vida nos permitió plantear que el problema de inseguridad alimentaria depende esencialmente del conjunto de capitales con que cuentan los GD. Las decisiones del GD sobre el uso de los capitales entre las diferentes actividades (agrícolas y no-agrícolas) constituye la estrategia por la que se accede a los alimentos. Éstos, a su vez, están moldeados por las estructuras (instituciones y organizaciones), procesos (políticas y legislación) y factores externos (contexto de vulnerabilidad) que afectan la disponibilidad, el acceso económico y la estabilidad a los alimentos.

El análisis de los capitales reveló que los GD se caracterizan por la heterogeneidad en la dotación de capitales, y la tierra es el activo que define esta diversidad. La tenencia  asimétrica de las tierras de buena calidad permitió agrupar a las estrategias de vida en tres categorías: a) asalariada, b) agrícola-laboral y c) agrícola, y relacionarla con los indicadores de inseguridad alimentaria. En este proceso se detectó que el acceso a terrenos de buena calidad (capital natural) esta correlacionado positivamente con el acceso a al capital financiero y social, y la seguridad alimentaria (ISC)

Asimismo, al examinar la política rural se encontró que los subsidios favorecen a los GD con mayor dotación de tierras que pertenecen a las estrategias agrícola y agrícola-laboral, pero son vulnerables al aumento de los precios de los insumos, la reducción del precio del maíz y los desastres naturales. Mientras que la estrategia laboral es vulnerable a la inestabilidad del empleo y los bajos salarios. 

Finalmente, la metodología permitió detectar que los GD no permanecen pasivos ante las condiciones imperantes; por el contrario, adoptan medidas para enfrentar las crisis y mejorar sus condiciones de vida. Así, los GD de la estrategia agrícola se enfocan a aumentar su escala de producción y a intensificar el uso del suelo; los de la estrategia laboral, incorporan cada vez más al mercado laboral a las mujeres y jóvenes; y los de la estrategia agrícola-laboral reducen el uso de insumos agrícolas y aumentan el número de miembros en actividades asalariadas.

De acuerdo con los resultados de este estudio, existe heterogeneidad en los grupos domésticos en cuanto a la suficiencia alimentaria, los cuales, como se demostró, están estrechamente relacionados con los modos de vida y las estrategias de los mismos. Al respecto, es claro que los capitales que integran el modelo de modos de vida, es la tenencia de la tierra, su extensión y calidad el principal determinante de la seguridad alimentaria. Al respecto, el estudio indica que los GD propietarios de más tierras mecanizadas (8.0 y más hectáreas) que optan por la estrategia agrícola, son los que menor proporción del gasto dedican a la compra de alimentos, mayor diversidad de alimentos consumen y son los únicos cuyo consumo energético es mayor al recomendado (ISC>1). Mientras que los GD con menos tierra mecanizada (5 o menos hectáreas), de baja calidad o los sin tierra, optan por la vía asalariada o agrícola-asalariada destinan más del 50% a la compra de alimentos, consumen menor diversidad de alimentos y su ingesta energética es inferior a lo recomendado. Este resultado difiere al encontrado por Ruben y Van den Berg (2001), en Honduras, quienes sostienen que las familias que obtienen su ingreso de las actividades no-agrícolas satisfacen en mayor grado sus requerimientos energéticos que los ocupados en la agricultura y los que combinan la agricultura con el trabajo asalariado. También discrepa con la tesis generalizada de que el empleo no-agrícola permite superar la pobreza y la inseguridad alimentaria de las familias rurales en América Latina (Reardon et al., 2001).

La tenencia de la tierra en las comunidades es ejidal y su acceso está restringido a los ejidatarios hombres. Los hijos de los ejidatarios pueden trabajar la tierra de sus padres, pero los avecindados —constituidos por inmigrantes— no tienen acceso a la tierra. Entre las comunidades existen diferencias notables en cuanto a la extensión y calidad de la tierra. Las comunidades de Santa Cruz, Xkakoch y Chunhuas son las que poseen menor superficie de terrenos mecanizados, a diferencia de Nohalal. Por lo tanto, no es casual de que en Nohalal el 44.6% de los GD pertenezcan a la estrategia agrícola y cultiven maíz en terrenos cuya extensión oscila entre 8.0 y 11.0 hectáreas. En cambio, en Xkakoch, Santa Cruz y Chunhuas 36%, 39% y 45% de los GD, respectivamente, siguen la estrategia agrícola-laboral y poseen predios mecanizados de 5.0 o menos hectáreas. El tamaño de los predios de Nohalal corresponde, aproximadamente, a la condición que guardan el 30% de los productores de maíz del centro y norte de Campeche (6-10 ha) (Tucuch et al., 2007). Mientras que en Xkakoch, Santa Cruz y Chunhuas corresponde a la condición que tiene  el 54% de los productores de la misma zona (1-5 ha).

Por otra parte, la afiliación a organizaciones productivas aumenta en la medida que los GD poseen mayor extensión de tierras mecanizadas. Esto se debe a que la formación de organizaciones surgió como una exigencia de las instituciones de gobierno para entregar subsidios productivos únicamente a grupos organizados. Es así como aparecieron las Sociedades de Producción Rural (SPR) de maiceros, ganaderos y apicultores en las comunidades. Para las actividades agrícolas —como la elaboración de carbón— para los cuales no existen subsidios, tampoco existen organizaciones. Por su parte, a los GD sin tierras no se les exige pertenecer a alguna organización productiva, puesto que sólo reciben el apoyo del programa social Oportunidades.

A su vez, la presencia de organizaciones productivas y la política de subsidios que favorece a los productores comerciales (Appendini, 2001; Escalante, 2006), han provocado que la estrategia agrícola y, en menor medida la agrícola-laboral, capten la mayor parte de los subsidios productivos. Así, los productores de maíz con mayor extensión y calidad de tierra pertenecientes a la estrategia agrícola reciben mayores pagos del Procampo y subsidios a la compra de semilla y combustibles que los de la estrategia agrícola-laboral. El efecto combinado de estos factores permite que los GD de las estrategias agrícola y agrícola-laboral obtengan mayor ingreso y mayor ISC que los dedicados a la estrategia laboral. Por su parte, los montos de subsidio social “Oportunidades” son similares para las tres estrategias. Estos resultados defieren con los encontrados por Arranz et al. (2006), quienes señalan que el consumo per cápita de calorías en México es similar para las familias que reciben apoyos sólo del Procampo, las que reciben subsidios sólo de Oportunidades y las que reciben ambos apoyos. Ello, probablemente se atribuya a que en su estudio estiman el consumo calórico sin considerar que existe una enorme heterogeneidad en la dotación y calidad de recursos de las familias, especialmente de la tierra. 

Las posibilidades de que un mayor número de GD adopte la estrategia agrícola son limitadas, debido a que la expansión de la frontera agrícola mecanizada para estas comunidades es prácticamente nula, no por el hecho del fin del reparto agrario en 1992, sino porque no existe más superficie susceptible de mecanizar. Por su parte, el aumento de la superficie sin posibilidades de mecanizarse destinada a las actividades de milpa, elaboración de carbón y extracción de leña ha conducido sistemáticamente a la pérdida del bosque. En Chunhuas, esta situación se ha agravado debido a que el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera los Petenes (RBLP), en 1999, prohibió el aprovechamiento del 65% de sus tierras ejidales, localizadas justamente en la zona de amortiguamiento de la reserva. Para poder aprovechar esas tierras, la comunidad debe sujetarse a los lineamientos del Programa de Conservación y Manejo de la reserva. La apicultura orgánica es una actividad con gran potencial de desarrollo en esta área, pero no figura opción para los habitantes y tampoco existe interés de las instituciones oficiales para promoverla. Los jóvenes se rehúsan a participar en las actividades productivas tradicionales con sus padres y prefieren el trabajo asalariado, como albañiles u obreros de las maquiladoras en las cabeceras municipales y en la capital del estado. Asimismo, aunque en las comunidades no existe una tradición migratoria, actualmente entre los jóvenes varones existe interés por trabajar en Canadá dentro del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). La emigración a Estados Unidos es prácticamente nula debido a la inexistencia de redes de migrantes (Schuren, 2002).

La liberación comercial a través del TLCAN ha afectado negativamente la rentabilidad del cultivo de maíz. Por un lado, la producción maicera de la región no puede competir con las importaciones, cuyo precio internacional no refleja el elevado subsidio que otorga el gobierno de Estados Unidos a sus productores (Burfisher, 2001; Nadal, 2000). Por el otro, el costo de los insumos se ha incrementado considerablemente, en especial el de los fertilizantes (Appendini, 2001; Gordillo, 2004). Recientemente, el promedio del fosfato diamónico (18-46-00), uno de los fertilizantes más usados en la región, se duplicó al pasar de $6,000/ton —en junio de 2007— a $13,000/ton, en abril del 2008. El incremento en el precio de los fertilizantes tendrá, en los GD cuyos ingresos dependen del cultivo de maíz, efectos diferenciados, según el tipo de explotación. Los productores tradicionales —como los que predominan en Xkakoch y Chunhuas— cultivarán sin fertilizante, solamente la superficie mínima necesaria para el consumo familiar, aunque ello reduzca el rendimiento. Los productores comerciales como los de Nohalal tienen dos opciones: mantener el uso de los fertilizantes en el nivel actual y aumentar el costo de producción o reducir su uso y disminuir el rendimiento. Ambas medidas afectan negativamente la rentabilidad y su permanencia como pequeños productores.

Otro elemento que potencialmente puede agravar la seguridad alimentaria de las familias con ingresos derivados de la agricultura es la exposición a los desastres naturales. Los huracanes representan una amenaza constante, puesto que la región se encuentra en la ruta de estos meteoros. Durante el período 1970-2006, 18 huracanes pasaron por la región (CNA, 2008); los cambios globales del clima indican que estos fenómenos, en el futuro, serán más frecuentes y de mayor intensidad (IPCC, 2001).

Ante el contexto adverso de la apertura comercial que enfrentan los productores de maíz, están optando por diferentes estrategias de afrontamiento. Los GD con mayor posesión de terrenos mecanizados (Nohalal) empiezan a aumentar la escala de producción a través del arrendamiento de tierras, la integración horizontal de la producción de maíz y la ganadería, así como la intensificación del uso del suelo. El arrendamiento de tierras es una práctica relativamente nueva en la región que se empezó a observar poco después de la reformas a la tenencia de la tierra de 1992. La integración horizontal es un proceso en curso que tiene el propósito de agregarle valor a la producción de maíz como insumo para la alimentación del ganado. Finalmente, la intensificación del uso del suelo mediante la introducción del riego es una alternativa en proyecto. De hacerse realidad, implicaría la sustitución del maíz por hortalizas debido a que en condiciones de riego el maíz no es rentable. Este cambio en el uso del suelo tendría un efecto favorable sobre el empleo asalariado agrícola, ya que varias etapas del proceso productivo son realizadas de manera manual, que demanda mano de obra, a diferencia del maíz cultivado en tierras de buena calidad que tiene mecanizado todo el proceso. Además, representa una opción para reducir la pobreza mediante un aumento significativo del ingreso con este tipo de cultivos (Weingerger y Lumpkin, 2007).

Los hogares sin tierra o con acceso limitado a la tierra (estrategia laboral-ERNA) podrían mejorar su ingreso y su seguridad alimentaria sólo si poseen la instrucción suficiente para emplearse en actividades no-agrícolas de media o alta remuneración (maestros, burócratas), tal como ha sido señalado en diversos estudios realizados en México y otros países de América Latina (Yúnez and Taylor, 2001; Rojas et  al., 2000; Attanasio y Székely, 2001).

En este sentido, en Nicaragua se encontró que los hogares sin tierra dedicados al ERNA tienen mayor ingreso que los pequeños y medianos propietarios de tierras. Sin embargo, esto es cierto sólo para los GD sin tierra con alto grado de escolaridad. Los que carecen de instrucción o tienen bajo grado de escolaridad se dedican a actividades de baja remuneración (Corral y Reardon, 2001). Similarmente, en Honduras se encontró que el ERNA contribuye a aumentar el ingreso y la seguridad alimentaria de los hogares pero sólo para los que poseen mayor grado de escolaridad, mayor extensión de tierra o tierras con riego. Mientras tanto, los hogares pobres sin o con bajo grado de escolaridad y que poseen pequeños predios, tienen la posibilidad de mejorar su condición alimentaria si se desempeñan en empleos asalariados dentro del sector agrícola (Ruben y Van den Berg, 2001).
 
De acuerdo con los resultados de este estudio, los GD de esta estrategia se emplean comúnmente en actividades temporales de baja remuneración, como albañiles, obreros, tricitaxistas o empleados domésticos, porque su bajo grado de escolaridad no les permite acceder a empleos mejor remunerados. Por ejemplo, el salario percibido por los albañiles les permite cubrir el 100% del valor de la canasta básica de alimentos y les queda un pequeño excedente monetario. Sin embargo, los tricitaxistas cubren el 93% del valor de la canasta alimentaria, los obreros de la maquiladora el 80% y los ayudantes de albañil sólo el 53.5% (Pat et al., 2008a).

Los escasos ingresos obtenidos de esta estrategia han conducido a una reestructuración organizativa y productiva de los GD. Las mujeres, antes dedicadas a las labores domésticas del hogar, ahora se ven obligadas incorporarse al mercado laboral como obreras de las maquiladoras y al empleo doméstico para completar el ingreso del GD. Además, un mayor número de miembros del GD abandonan la escuela secundaria en busca de empleo, lo que reduce las posibilidades de mejorar las condiciones de vida futura.

Peor aún, los hallazgos del estudio evidencian que una mejor escolaridad, no se traduce en la práctica en empleos mejor remunerados, debido a la falta de éstos en la región. Por ello, se requiere que las oportunidades laborales se incrementen y que el salario recupere su poder adquisitivo. Sin embargo, durante el periodo 1989-2006, el PIB creció a una tasa promedio de 3.2% (IMF, 2008), cuando requería crecer en promedio anual 7% y crear entre 800 mil a 1 millón de empleos para la población que cada año se incorpora al mercado laboral (Appendini, 2001). Además, el poder adquisitivo del salario no se ha podido recuperar al nivel de 1970. En 2006 se estimó que el poder de compra del salario fue 69% inferior al registrado en 1970 (Aguirre, 2007), situación que se ve agravada por la reciente crisis financiera global.

Otras formas de aumentar el ingreso no-agrícola, es que los GD cuenten con suficientes recursos económicos acumulados de la agricultura o de la remesas para autoemplearse en actividades rentables, como los negocios comerciales (Reardon et al., 2001; Corral y Reardon, 2001; Ruben y Van den Berg, 2001). No obstante, la reducción constante de la rentabilidad de maíz y la escasa importancia de la migración en las estrategias de ingreso de los GD indican que estas opciones no serán viables en el corto y mediano plazo. Ello supone que los GD prolongarán su dependencia de empleos de baja calificación y remuneración que en poco o nada contribuyen a superar la inseguridad alimentaria, como el caso del 64% de los GD de Xkakoch, el 51% de Chunhuas y el 44% de Santa Cruz.

La medición de la inseguridad alimentaria y la identificación de sus causas primarias tienen que redundar en mejores políticas públicas.

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