9.3. – SEGUNDA FASE DEL PROCESO PRIVATIZADOR: 1992-1995

Entre 1992 y 1996 empiezan a ser importantes la venta en la bolsa de paquetes de acciones de empresas públicas, en general muy rentables, acelerándose esta política en 1996, como podemos apreciar en el gráfico 9.2 del anexo II. El objetivo perseguido en estos años es la reducción del déficit público para cumplir los criterios de convergencia impuestos por la Unión Europea; se puede afirmar que en este periodo las privatizaciones no obedecieron a un plan estratégico claro y manifiesto de racionalización del sector público. No obstante, según el profesor Gámir (1999), las privatizaciones han servido de poco para enfrentarse con el problema de déficit público en el marco de la contabilidad europea; son más útiles para el requisito de la deuda, al menos como tendencia, y van en la misma dirección que el clima de intensificar la competencia a través del mercado que implica la Unión Económica y Monetaria, no siendo cierto que las privatizaciones hayan sido un instrumento básico para ingresar en el euro, pero sin duda ayudan a la cultura de Maastricht.

Para Vergés (2003), la venta de las acciones de las grandes empresas públicas rentables ha permitido obtener fondos para reducir déficit corriente y endeudamiento público del año en que se realiza la operación pero, en contrapartida, tales ventas han implicado la renuncia a unos ingresos futuros (dividendos y revalorizaciones) del orden de 5,3 veces el importe equivalente a la suma de las pérdidas de las empresas públicas deficitarias de las que se ha liberado el Estado también por la vía de las privatizaciones. A corto plazo, pues, tales privatizaciones representan una importante ayuda para el presupuesto del Estado; concretamente para cumplir con dos de los principales indicadores macroeconómicos exigidos por el tratado de Maastricht para la incorporación desde el primer momento al sistema monetario europeo: la tasa de déficit público, y la de endeudamiento público. Sin embargo, a medio / largo plazo las repercusiones sobre el presupuesto estatal del conjunto de privatizaciones llevadas a cabo será desfavorable.

En esta segunda etapa de privatizaciones el método de la OPV1 se constituye en el principal de privatización. Durante el período 1992-1996 las privatizaciones supusieron una media de 0,4 puntos del PIB.

Como destaca Mañas (1998), a lo largo de los últimos años, se ha ido destilando un modelo español de ejecución de grandes ofertas públicas que se caracteriza por su eficiencia y fiabilidad en los resultados. Este modelo autóctono se encuentra muy bien adaptado a las circunstancias peculiares de los sistemas financieros continentales, lo que ha implicado que algunas de sus principales innovaciones hayan sido incorporadas en las OPV de otros países con circunstancias similares, como es el caso de Italia. Señala Mañas como notas positivas del modelo español: flexibilidad, capacidad de innovación y adaptación, dinámica apropiada, capacidad de colocación y fiabilidad y esfuerzo colectivo.