9.7.- PRIVATIZACIONES, LIBERALIZACIÓN Y REGULACIÓN EN ESPAÑA

La conclusión de Hernández y López de Castro (2000) sobre las medidas de privatización y liberalización y sus efectos sobre el bienestar social es clara: se han generado sustanciales beneficios y son previsibles mayores beneficios aún a medio plazo sobre consumidores, trabajadores, accionistas y contribuyentes, por lo que puede afirmarse que el saldo neto de esta política para la sociedad en general, y en particular para los consumidores, ha sido extraordinariamente positivo. Respecto a las privatizaciones en sentido estricto, ha sido también una política altamente beneficiosa para las empresas españolas hasta ahora públicas ya que se ha fortalecido su estructura, se ha promovido su internacionalización transformándose en auténticas multinacionales, se ha incrementado su competitividad, se han mantenido los niveles de empleo y mejorado la calidad del mismo, se ha ampliado el accionariado de las compañías y, por último, se han hecho más profundos los mercados financieros.

A su entender, las ganancias en el bienestar social atribuibles al proceso de privatizaciones + liberalización1 se manifiestan principalmente en tres ámbitos: se ha mejorado la eficiencia en el funcionamiento de las empresas y sus mercados; los consumidores se han visto beneficiados con reducciones de precios, nuevos servicios y mejoras en la calidad y atención al cliente, y que se ha producido una gran creación de valor por las empresas privatizadas: además de los dividendos y, sobre todo, la revalorización bursátil que beneficia a más de tres millones y medio de accionistas directos, se observa un gran esfuerzo inversor destinado al fortalecimiento de las propias empresas (infraestructuras, calidad de servicio, internacionalización, diversificación, I + D...). Este crecimiento empresarial, obviamente, está al servicio de la generación de riqueza y empleo tanto de forma directa en la propia empresa (beneficiando a accionistas y trabajadores), como de forma indirecta por el efecto arrastre en la demanda de bienes y servicios en el conjunto de la economía. Aunque es difícil de estimar, la creación neta de empleo es segura.

Desde un punto de vista jurídico, podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1999, donde se aclara que la Ley General Presupuestaria faculta al Consejo de Ministros para decidir acerca de la privatización de empresas públicas y que la privatización no debe significar automáticamente la pérdida de la “consideración de servicios esenciales de titularidad estatal”.

En este sentido, como afirma Ribas (1998b), se consideran emblemáticos los procesos de liberalización y privatización de los servicios públicos básicos:

- Sector de gas: Gas Natural y ENAGAS.

- Sector eléctrico: Endesa.

- Sector de la telefonía: Telefónica, Retevisión y Telefónica Internacional.

Además, Hernández y López de Castro(2000) destacan como medidas liberalizadoras de acompañamiento a las privatizaciones:

- Ley del sector eléctrico de noviembre de 1997 que, como reconoce la OCDE, introduce una gran reestructuración del sector y debería aportar un impulso significativo a la competencia en el sector.

- En el ámbito de las telecomunicaciones existe libertad casi plena desde la aprobación de la Ley general de telecomunicaciones de 1998.

- En el sector petróleo se liberalizaron los precios de los gasóleos en 1996 y en 1998 la Ley 34/98 culmina el proceso de desmonopolización y liberalización de los carburantes líquidos.

- En el sector de gas, el RD 1377/96, garantizó el acceso de terceros a la red nacional de gasoductos y a las plantas de regasificación susceptibles de alimentarla.

- La Ley de aguas ha abierto nuevas posibilidades a la iniciativa privada en el sector.

- La Ley de liberalización de los servicios postales ha abierto una cierta competencia en el sector.

- Además, se han producido importantes avances liberalizadores en el transporte. En particular, en el transporte aéreo se han adoptado medidas liberalizadoras, tanto al libre acceso de las compañías aéreas, como a la introducción de segundos operadores de handling, como el establecimiento de un sistema objetivo de adjudicación de horarios de salida y llegada de vuelos y la plena privatización de Iberia.

Para Trigo (2004), las privatizaciones iniciadas en 1985, conjuntamente con la regulación favorable a la competencia, han promovido la eficiencia, han aumentado las opciones asequibles a los consumidores, han aportado fondos para sanear el sector público empresarial y equilibrar el presupuesto de las Administraciones Públicas, han contribuido a eliminar elementos de deslealtad competitiva, a la contención de precios, a la ampliación de los mercados de valores y al acceso a la propiedad de los ahorradores. En todo momento se intentó compatibilizar el mantenimiento del empleo con los demás objetivos.