CAPÍTULO OCHO: PRIVATIZACIONES EN OCEANÍA

8.1.- PRIVATIZACIÓN DE LOS BOSQUES EN NUEVA ZELANDA

En el sector forestal de Nueva Zelanda, 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 6 millones de hectáreas de bosques naturales, la experiencia de la privatización ha sido prácticamente la primera en su tipo a nivel mundial, por lo que ha despertado considerable interés en el plano internacional en lo que se refiere al proceso y los efectos de la misma1.

En 1987 se creó la New Zealand Foresty Corporation, como sociedad de responsabilidad limitada, facultada para dirigir las operaciones forestales comerciales de la administración central, esto es, bosques, serrerías, viveros y otros bienes de capital. La nueva empresa tuvo mucho éxito; de hecho, hizo de un organismo oficial que acumulaba pérdidas una empresa altamente rentable.

El presupuesto de 1988 estableció criterios para determinar qué intereses públicos se venderían:

- El Gobierno tendría que recibir por la venta de la empresa más de lo que se esperaba recibir si conservaba la propiedad.

- La venta de cualquier empresa tendría que propiciar, y no obstaculizar, el logro de los objetivos sociales y económicos del Gobierno.

De acuerdo con Brown y Valentine (1994) y Clarke (1999), el primer paso del proceso de privatización fue la constitución de un grupo de trabajo forestal para que recomendara al Gobierno la manera más adecuada de vender los bienes forestales de la Corona. El citado grupo recomendó la venta únicamente de los bosques, pero no las tierras que la sustentaban y, además, deberían venderse en forma de tala y explotación y la superficie forestal debería dividirse en parcelas para la venta.

Se dividió la superficie forestal en 90 unidades de tamaños variables entre 51 y 132.112 hectáreas y a cada unidad se asignaron derechos de propiedad transferibles llamados licencias forestales de la Corona, especificándose en cada caso las condiciones de venta.

Se estableció un concurso en pliego sellado respecto a unidades separadas o grupos de unidades de tal forma que al cerrarse el concurso, en julio de 1990, se habían inscrito 82 participantes, de los cuales la mitad eran extranjeros.

Entre julio de 1990 y abril de 1992 se vendieron 647.000 hectáreas utilizando el procedimiento de licitación, pasando a controlar solo el 7% de la superficie forestal. En 1996 se vendieron otras 170.000 hectáreas.

El estudio de Clarke (1999), concluye que la privatización en Nueva Zelanda, ha logrado los objetivos de rentabilidad, competitividad y aumento de inversiones en las actividades forestales, aunque no mayores niveles de empleo dada la baja densidad de mano de obra en el sector forestal de Nueva Zelanda.