5.4.- PRIVATIZACIONES EN CHILE

Chile, como la mayoría de los países latinoamericanos, iniciaron en los años 30 un proceso de industrialización. El tamaño del Estado alcanzó su máximo nivel a comienzos de los años 70, en 1973 existían 200 empresas públicas y 259 empresas que habían sido intervenidas por el Estado; más aún, bajo el Gobierno Allende, el sector bancario se encontraba casi completamente en manos estatales.

En este contexto hubo un primer grupo de empresas privatizadas, que fueron aquellas intervenidas por el Gobierno Allende. En esta etapa (1974-1978), el Gobierno devolvió 259 empresas de aquellas legalmente intervenidas a los dueños originales y vendió 200 firmas y bancos considerados potencialmente competitivas, es decir, que no tenían ninguna característica de monopolio natural. La mayoría de estas empresas se vendieron mediante el procedimiento de venta directa.

En 1985, el Gobierno inició la reprivatización de las firmas que había intervenido un par de años antes como consecuencia de la crisis financiera, destacando en este segunda etapa (1985-1989) cambios en los procesos de privatización, tales como, evitar la concentración de propiedad. Para apoyar políticamente este proceso el Gobierno vendió firmas creando incentivos especiales que permitieran a los trabajadores adquirir y mantener acciones.

Los trabajos empíricos realizadas por Maquieira y Zurita (1996), basadas en una muestra de 22 empresas privatizadas durante la segunda ronda comparando cuatro años antes y cuatro años después de la privatización, encuentran que aumenta la rentabilidad, la eficiencia y la inversión; sin embargo, el efecto sobre el empleo y el endeudamiento es ambiguo. Por último, disminuye la liquidez, a consecuencia de las mayores inversiones, y aumentan los dividendos.