5.2.- PRIVATIZACIONES EN BRASIL

Durante décadas el sector público brasileño ha promovido acciones y programas orientados al desarrollo económico e industrial del país, participando directa e indirectamente en la consolidación de diversos sectores productivos.

En 1990 se creó un programa dedicado íntegramente a la privatización de empresas estatales, con el objetivo de reordenar la participación estatal en la economía, reducir la deuda pública y aumentar la productividad y competitividad de la industria nacional. A principios del 2000 se habían privatizado 65 empresas y otorgado concesiones de 58 servicios públicos con lo que se ingresó 72 mil millones $ y transferió al sector privado 18 mil millones $ en deudas.

Por sectores destacan: Telecomunicaciones, comenzó en 1997 tras haber sufrido durante años ausencia de inversiones; se optó por un modelo que llevaba la competencia. Ferrovías, que antes de ser privatizadas presentaban grandes deficiencias en la calidad del servicio, volumen de negocio (tras la privatización aumentó el 75%) e inversiones; para su venta se dividió en siete bloques regionales y se optó por un modelo de privatización por concesión de 30 años, dando prioridad a la inversión y la mejora de los servicios principalmente de carga (tras la privatización aumentó el 37%). Para las carreteras, el Gobierno busca maneras de incorporar el sector privado a la construcción y transferirle su mantenimiento; el proceso está siendo complicado debido a la dificultad de equilibrar los costes y los ingresos generados por el peaje. Hasta el 2000 se habían transferido 10 mil kilómetros de carreteras entre federales y estatales. En aeropuertos, la meta del Gobierno es encontrar maneras de facilitar la entrada de capital privado para promover la expansión de los transportes aéreos. La privatización del sector eléctrico, iniciada en 1995, tuvo como objetivo permitir la entrada de capital privado para elevar las tasas de inversión y asegurar que la capacidad de generación y los sistemas de transmisión y distribución, siendo todavía la mayoría de empresas de generación y trasmisión públicas.

Ueda (2000), concluye que la privatización del servicio de telefonía (fija y móvil) en Brasil no ha resuelto los problemas de las deudas; además, la mejora de los servicios no se produjo cuando se anunciaba.