5.6.- PRIVATIZACIONES EN ARGENTINA

Las privatizaciones en Argentina parecen explicarse por una generalizada disconformidad con los resultados de la gestión de las empresas públicas, debido a la virtual imposibilidad que tenía el Gobierno para continuar financiando sus necesidades de expansión o sus quebrantos operativos y porque las dificultades para controlarlas no permitían instrumentar medidas orientadas a aumentar su eficiencia.

El amplio proceso de privatización encarado por el Gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se enmarco en este contexto, iniciándose un importante proceso de reformas que apuntó a la reestructuración de la economía y a la redefinición del papel del Estado en la misma.

En la década 1990-1999 los ingresos por privatizaciones ascendieron a 23.849 millones $, de los que 19.422 millones $ correspondieron a ingresos del sector público nacional (81%) y 4.427 millones $ (19%) correspondieron al sector público provincial. La modalidad de pago fue el 77% en efectivo y 20% títulos de deuda.

La política adoptada en el programa de privatización fue la transferencia de activos de las empresas públicas al sector privado, es decir, el Gobierno argentino asumió gran parte de los pasivos de las empresas que privatizó. Este proceder fue debido a que, por un lado, los inversores prefieren comprar empresas libres de pasivos y, por otro, gran parte de la deuda estaba garantizada por el Estado.

El Gobierno se desprendió de casi la totalidad de las empresas en las que participaba, abarcando una gran cantidad de sectores de actividad. Los sectores que concentraron casi la totalidad de los ingresos fueron: petróleo (39%), energía eléctrica (25%), comunicaciones (13%) y gas (12%).

El 67% de los fondos totales obtenidos en concepto de privatizaciones en el período citado fue de origen extranjero. La inversión directa representó el 51% del total. De hecho, las operaciones de compra de empresas públicas por parte de inversores extranjeros explican de alguna manera el rápido crecimiento de la inversión extranjera directa durante la década de los 90. Por países destacan: España (42%), seguido de EEUU con el 26% y Chile con el 10%. El programa se caracterizó también por su rapidez, el 66% de los ingresos se concentran en los cinco primeros años.

Si la mayoría de las empresas públicas daban pérdidas al Estado, una vez transferidas a manos privadas, en poco tiempo pasaron a dar ganancias. Así, los dividendos que en 1992 eran de 159 millones $ de las empresas privatizadas, pasaron a 1.670 millones $ en 1999.

Según Ongaro, et al. (2000), el programa de privatizaciones llevado a cabo en la década 1990-1999 alcanzó a la mayoría de las empresas estatales, cubrió prácticamente todos los sectores y estuvo caracterizado por la rapidez con la que se llevó a cabo. El grueso de las ventas se realizó durante los primeros años, cumpliendo un papel determinante en el reordenamiento de las delicadas cuentas fiscales, tanto por el importante ingreso de efectivo, en un momento en que el acceso al crédito internacional era limitado, como por la recuperación de títulos de la deuda externa, que fue vital para el logro de la regularización de los pagos externos.