7.5.- PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS EN BANGLADESH

En la actualidad las empresas públicas en Bangladesh dominan los sectores de agua, gas, electricidad, aerolíneas, ferrocarril, telecomunicaciones, bancos y seguros.

Tras la nacionalización de 1972, inmediatamente después de la independencia, bajo el primer régimen militar, se vendieron, durante el periodo 1975-1981, 255 empresas públicas. En 1982, bajo otro régimen militar, se liberalizó la economía y se desnacionalizaron 261 empresas públicas más. En consecuencia, este sería el tercer programa de privatización abordado por Bangladesh que, por valor de sus activos, sería el mayor.

Los ingresos de las empresas públicas han venido sufriendo descensos y los rendimientos son negativos, necesitando apoyo presupuestario. Los costes de producción son muy elevados, sobre todo debido al exceso de personal y a la escasa productividad. La dirección es ineficaz, no tiene autonomía, abusa, hurta y vende a precios antieconómicos1. Todo ello supone una pérdida de competitividad muy importante de los productos nacionales en el mercado internacional.

El mercado doméstico de capitales no tiene capacidad para absorber las ofertas públicas de venta, por lo que será necesaria la concurrencia de inversores extranjeros que, a su vez, no participarán hasta que los inversores interiores muestren su interés.

En Bangladesh, para lograr un nivel de crecimiento superior, un desarrollo de sus infraestructuras y una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, deben adoptarse y ejecutar políticas apropiadas para privatizar. La privatización es el tránsito esencial en el camino hacia un crecimiento económico superior y hacia un mayor nivel de desarrollo. Asimismo, para mejorar el rendimiento es crucial el cambio del gobierno corporativo.

7.6. - PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS COLECTIVAS EN VIETNAM

La reforma agraria en Vietnam se inició en 1988 con la Ley de la Tierra y la Resolución 10 de abandono de las tierras colectivas, renunciando al sistema iniciado en los años sesenta. La reforma consistía en el paso del cultivo colectivo a la economía agraria basada en el mercado; en 1990 las descolectivizaciones estaban prácticamente terminadas.

Cuatro millones de hectáreas fueron introducidas en el plan de privatización. Su magnitud económica es obvia, tres cuartos de la fuerza laboral depende directamente de los cultivos, por tanto la Ley de privatización de la tierra era muy importante como norma de supervivencia y distribución.

Según algunos estudios la descolectivización, realizada a través de los Comités Públicos Provinciales, estuvo desde un principio dominada por el conflicto, la ambigüedad y la corrupción, asignándose las mejores tierras a las familias y parientes de las elites locales.

Ravallion y Walle (2001), realizan un estudio basado en una muestra de 2.810 granjas rurales, clasificadas por regiones con características geográficas e históricas similares, a fin de probar si la aplicación de la descolectivización ha conseguido las metas distributivas.

Para la muestra en su conjunto y por cada región se puede afirmar, según Ravallion y Walle, que la asignación de la tierra fue eficiente, igual que cabría esperar de una privatización basada en oferta competitiva. Los resultados no coinciden con los de otros estudios respecto a una asignación no igualitaria de la tierra a consecuencia de la influencia de los poderes locales en el proceso, indicando un esfuerzo por proteger a los mas pobres y reducir las desigualdades.