9.9.- GOBIERNO DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

En la última década se han promulgado en un buen número de países, entre ellos España1, códigos de buen gobierno o códigos éticos de conducta. La gran mayoría de ellos coinciden en ciertas recomendaciones: consejos de administración integrados por un buen número de consejeros no ejecutivos, remuneración de directivos vinculada a algún indicador del rendimiento de los accionistas, publicación de la remuneración de los consejeros y hacer recaer los cargos de máximo nivel ejecutivo sobre personas diferentes, garantizando el reparto de poderes2.

En el caso español, la capacidad de supervisión se analiza por Fernández y Gómez (2002), observándose una relación positiva y significativa entre la proporción de consejeros no ejecutivos (externos) y el valor de la empresa. Fernández y Gómez, usando una muestra de 57 anuncios de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno por empresas españolas, concluyen que el mercado valora positivamente estos anuncios, especialmente en el caso de empresas que anuncian la aprobación de un reglamento interno del Consejo de Administración ajustado al Código de Buen Gobierno; por el contrario, no se observan estos rendimientos para el caso de empresas que anuncian la adopción de ciertas recomendaciones puntuales de forma aislada.

Una de las principales conclusiones a que llegan los análisis de los resultados del cuestionario sobre Código de Buen Gobierno (“Código Olivencia”) relativos a los ejercicios 1999, 2000 y 2001, realizados por la CNMV, es que las sociedades privatizadas y las que han salido a Bolsa tienen un nivel de seguimiento superior a la media. Concretamente la media de las sociedades privatizadas es 22,5 puntos ( 94% en 1999 y 96% en 2001); es más, estas entidades siguen todas las recomendaciones, aunque cinco de ellas parcialmente. Además el número de Consejeros es de 15-16, por encima de lo recomendado en Código.

9.10.- EFECTOS SOBRE EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

En España, al igual que en el resto del mundo, son muchos los investigadores que han obtenido evidencia acerca de la eficiencia post-privatización de las empresas privatizadas. A continuación enumeramos algunas de ellas.

Así, Hernández Cos, et al. (2001), usando una muestra de 3.889 empresas en el período 1983-1996, concluyen que la titularidad pública afecta de forma negativa y significativa a la productividad relativa. Los resultados respaldan también la conclusión de que la competencia es importante, pero no tanto como para permitirnos ignorar el papel de la titularidad, es decir, dadas las condiciones de competencia y otros factores que influyen en la productividad, la titularidad pública parece afectar de modo negativo a la eficiencia empresarial.

Myro (1985), usando información agregada del ejercicio 1980, concluye diciendo que existe una menor productividad aparente del trabajo y del capital en el conjunto de las empresas del INI.

Prior, Vergés y Vilardell (1993), utilizando información agregada sectorialmente en el periodo 1981-1984, llegan a la conclusión de que globalmente se da una mayor eficiencia productiva del sector de empresas privadas, aunque con fuertes diferencias sectoriales.

Argimón, et al. (1999): la eficiencia media de las empresas donde la empresa pública supera el 50% es inferior a la del resto de empresas; las condiciones competitivas que definen el mercado tienen una contribución relevante para explicar la eficiencia relativa.

Rapallo (1999), utilizando una muestra de 14 empresas españolas privatizadas entre 1985 y 1995, obtiene evidencia positiva, aunque no determinante, de incremento de eficiencia debida a la transferencia de la propiedad.

Villalonga (2000), utilizando una muestra de 24 empresas españolas privatizadas entre 1985 y 1995 llega a las siguientes conclusiones:

- La eficiencia no depende sólo de la propiedad, sino que involucra a otros factores.

- Los factores políticos y organizativos ejercen un efecto positivo significativo sobre la eficiencia.

- La eficiencia aumenta tras la privatización pero a largo plazo, con la introducción de competencia.

Sanchís (1996), utiliza una muestra de empresas públicas que han sido privatizadas y/o sufrido un proceso de reestructuración en el periodo 1978-1990 y concluye que los efectos de la privatización y reestructuración han sido, en general, positivos sobre la evolución de la productividad, incrementándose significativamente con los aumentos de competencia.

Melle (1999), realiza una análisis comparativo de resultados de las empresas públicas españolas vendidas total o parcialmente a través de OPV durante el periodo 1990-1996, deduciendo peores resultados de las empresas públicas; asimismo, algunos resultados de las empresas públicas han mejorado tras la privatización, no obteniendo evidencia significativa sobre la mejora de eficiencia de las empresas al cambiar de titularidad pública a privada.

El traspaso de propiedad pública a privada de la empresa Astilleros Canarios, S.A. por venta directa y previo saneamiento, analizado por Jiménez (2002), revela mejoras en los resultados generales, concretamente mejora su rentabilidad, capacidad financiera, estructura de costes y productividad con relación a la evolución de los valores en el período como empresa pública.

Por el contrario, Cabeza (2002), usando una muestra de 19 empresas españolas privatizadas entre 1995-2000 mediante los métodos de venta directa y oferta pública de venta, contrasta la hipótesis de si los procesos privatizadores aumentan la eficiencia económica de las empresas privatizadas, para lo que calcula las rentabilidades económica, financiera y el margen sobre ventas para el año de la privatización y para los dos años anteriores y posteriores a esa fecha. El resultado sugiere que no existe incremento significativo de la eficiencia económica de las empresas tras su privatización en España.

De análisis de los anteriores estudios podemos concluir, de acuerdo con Izquierdo y Herrero (1999), que en entornos competitivos y abiertos la empresa privada presenta mayor rentabilidad y productividad que la pública, mientras que en sectores no competitivos, la privatización aumenta la eficiencia, pero sólo si va acompañada de una liberalización suficiente de los mercados.