2. 2. – CONSIDERACIONES POLÍTICAS

El clima político imperante en un momento dado pueden ser determinante para los avances o retrocesos de las políticas de privatización. De ahí la importancia, para los privatizadores, de aprovechar las ventanas de oportunidad que se presentan, a veces, durante períodos de tiempo limitados.

Una cuestión relevante es si las privatizaciones pueden utilizarse para obtener ventajas electorales, es decir, si un programa de privatización puede ser orientado hacia sectores de la población con el fin de asegurarse la reelección en los comicios siguientes. Hay estudios que demuestran como los Gobiernos infravaloran las acciones1 y se inclinan por un modelo de asignación que favorezca a los inversionistas domésticos.

A menudo se dice que los Gobiernos de derechas son más proclives a privatizar y la razón que se argumenta es la preferencia por la creación de una clase capitalista que les apoye políticamente con su voto.

Los estudios empíricos realizados por Biais y Perotti (2000), demuestran cómo los Gobiernos conservadores son más proclives a asignar acciones a precios inferiores aún sea a costa de la maximización del ingreso de la privatización, intentando asegurarse el voto popular; sin embargo, los Gobiernos de izquierdas parecen inclinarse más por la maximización del ingreso y usar estos recursos para otros fines. Está demostrado que las privatizaciones tienen motivaciones políticas, es por tanto imprescindible tener en cuenta la ideología política del Gobierno y las limitaciones presupuestarias dentro de los análisis.

Por otra parte posiblemente en sociedades donde la clase media es relativamente pobre, ha de motivarse políticamente reduciendo fuertemente el precio. No obstante, puede ser imposible cambiar las preferencias de los electores si las desigualdades son muy importantes o el programa de privatización no es lo suficientemente grande.

Los esquemas de la privatización, incluyen a veces, rasgos que imposibilitan la reventa o la hacen imposible, o bien no son vendibles hasta después de las elecciones. En otras ocasiones se ha incentivado el mantenimiento de la propiedad de las acciones durante un largo período de tiempo (caso de Telefónica en España, por ejemplo), reduciendo impuestos sobre plusvalías o distribuyendo acciones libres.

Un sistema de privatización, que equivale a condicionar el conjunto de decisiones empresariales post-privatización, es el denominado “golden share” o acción de oro, del que hablaremos más adelante. Según el profesor Cuervo (1998), con este sistema, la privatización plena de la empresa se producirá transcurrida no sólo la vigencia de la acción de oro, sino después de un cambio en la presidencia de la empresa y del partido del Gobierno y que el potencial uso de la acción de oro puede afectar al precio de las acciones en la privatización ( España es un buen ejemplo de ello: Repsol, Telefónica, Endesa, Iberia,...).

Biais y Perotti (2000) obtienen evidencia que las políticas de privatización diseñadas para cambiar las preferencias políticas es más probable que tengan éxito si:

- El tamaño de la privatización es grande.

- El aumento de la eficiencia de la firma privatizada es grande.

- El porcentaje de acciones vendidas a gerentes y personas con información privilegiada es bajo.

Por último, siguiendo a Cuervo (1998), se supone que los políticos buscan maximizar su permanencia en el poder, por ello, están vinculados al mercado de votos. Debido a ello se desarrollan acciones vinculadas a satisfacer demandas de grupos de presión, más que a maximizar el resultado esperado de la empresa. El punto central de dicho razonamiento es la ausencia de otros motivos, en lugar de una función de utilidad centrada en las compensaciones económicas y no económicas de los individuos, como incentivos nacionales, altruismo, orgullo en el servicio público, que pudiera motivar a los directivos de las empresas públicas a la búsqueda de la eficiencia.