1. 3. – CONCEPTO DE PRIVATIZACIÓN

No hay que confundir la provisión pública de un bien o servicio con la prestación de los mismos. En este último caso, el Estado realiza por sí mismo una actividad económica, mediante el empleo de una empresa pública o un departamento de la Administración. Sin embargo, puede también comprometerse tan sólo a facilitarla, estableciendo la regulación pertinente o proporcionando financiación a través de diferentes sistemas como la subcontratación, concesión de ayudas a empresas privadas, etc. (Fernández, 1995).

Siguiendo a García Echevarría (1999), los procesos de regulación y de privatización deben perseguir, como objetivo, en primer término, la ampliación sistemática del funcionamiento de la economía de mercado, fortaleciendo un orden económico y social basado en la actuación eficiente de los mercados y en la máxima simetría posible en las relaciones entre todos los partícipes. El pilar básico para que funcione una economía de mercado es la existencia institucionalizada de los mercados, como amplios espacios reguladores de la racionalidad económica y social, con su impacto en la racionalidad de todos los comportamientos humanos, tanto en sus dimensiones económicas como sociales. Los procesos de privatización deben contribuir a lograr una mayor eficiencia económica y social a través del cambio de las culturas empresariales y de las instituciones del entorno.

También hay que distinguir los términos privatización y liberalización, ya que actúan en ámbitos diferentes. La liberalización implica la adopción de medidas dirigidas al estímulo ( y la protección, cuando es necesario) de la competencia en los mercados de bienes y servicios. La privatización, por su parte, en su acepción más estricta supone el cambio de propiedad de empresas o el cambio en la entidad jurídica del prestatario de bienes y servicios.

Siguiendo a Cuervo (1997), existe privatización cuando la transferencia de propiedad implica la pérdida de la influencia dominante de los poderes públicos en la empresa. La existencia de influencia dominante del sector público se presupone cuando:

- El sector público posea directa o indirectamente la mayoría del capital.

- Puede designar o, de hecho, designa, a más de la mitad de los miembros del Consejo o la dirección de la empresa.

Por su parte, la política de desregulación, consistente en la eliminación o la disminución de las intervenciones gubernamentales que restringen el funcionamiento de los mercados, aún cuando ha tenido poca intensidad, ha puesto un mayor énfasis que la privatización en la competencia y, a través de ésta, en el estímulo de la eficiencia de la competencia ( Costas y Bel, 1997).

En la formulación de las políticas privatizadoras, es importante conocer las distintas modalidades y aplicar la adecuada a cada caso específico. En este contexto, el término privatización es mucho más amplio que la simple transferencia de una empresa al sector privado, y abarca incluso el proceso mediante el cual una empresa pública es sometida a la disciplina del mercado. Por tanto, la palabra privatización comprende, desde el cambio de propiedad de la empresa del sector público al privado, pasando por la liberalización o desregulación de las actividades previamente restringidas al sector público, hasta la provisión de bienes y servicios en determinadas condiciones, por empresas del sector privado antes adscritas en exclusiva al sector público.

De una revisión de la literatura más reciente sobre el tema, se pueden inferir al menos tres enfoques que ayudan a comprender este proceso. El primero, considera la privatización como un fin en sí misma y enfatiza en los aspectos económicos ( reducción del déficit público, capitalización del mercado de valores, etc.). El segundo enfoque destaca los aspectos sociales y políticos del proceso de privatización (fomento del capitalismo popular, influir en las inclinaciones políticas del votante). Finalmente el tercer enfoque, estudia la privatización desde el punto de vista teórico - conceptual, es decir, discute el contenido del concepto analizando los problemas de carácter metodológico que podría acarrear su instrumentación (venta directa de parte o la totalidad de la empresa, cesión del control corporativo, oferta pública de venta).

Entendemos por privatización el proceso económico, político y social de reestructuración que, a través de la transformación jurídica del carácter de pública al de privada de la propiedad de una empresa, de un sector o de una actividad económica, abre nuevos espacios de acumulación y ganancia privada.

Las proposiciones de privatización se fundamentan en la creencia de que las fuerzas del mercado distribuyen los recursos más efectiva y eficientemente que las fuerzas interventoras del Estado . En este sentido, la privatización definida de forma amplia abarcaría todas aquellas acciones que tienen como meta reducir la intervención del Estado en la economía. En consecuencia, comprendería no sólo una transferencia de bienes públicos al sector privado, sino también la desregulación de determinadas actividades públicas o privadas, al igual que la concesión de la prestación de servicios públicos al ámbito privado. En sentido estricto, la privatización se circunscribiría al cambio de titularidad o gestión del sector público al privado lo cual implica la asunción, por los particulares de bienes o actividades económicas anteriormente bajo la titularidad o gestión pública.

De acuerdo con González Páramo (1995), privatizar es cambiar las relaciones de agencia que caracterizan a una determinada actividad. Cuando se privatiza una empresa, cambian tanto el principal – pasa a serlo el nuevo accionariado - como los controles internos y externos a los que se ve sometida la empresa.

Pero tan importante como la venta de las empresas es la desregulación de los mercados o la regulación para la competencia posterior. Así ocurre en los denominados “servicios públicos comercializables” (Public Utilities), bienes de provisión privada pero cuya dependencia de la Administración se explica por su interés público, esto es, correos, transporte (ferroviario, marítimo, aéreo, urbano e interurbano), energía (electricidad y gas), telecomunicaciones, abastecimiento de agua, puertos y aeropuertos. En estos casos no es suficiente con privatizar, es necesario además fomentar la competencia creando mecanismos que la defiendan.