2.10.3. – AUDITORIA Y PRIVATIZACIÓN

La responsabilidad de los Gobiernos no termina con la privatización del servicio o de la empresa, sino que deben elaborar la regulación que sea necesaria para garantizar que los servicios públicos se prestan al ciudadano en cantidad y calidad adecuadas y que las empresas privatizadas, en el caso de que no existan condiciones de competencia, no llevan a cabo actuaciones contrarias al interés general. Por ello, los Tribunales de Cuentas deben hacer un esfuerzo por adaptarse y redefinir sus competencias de acuerdo con la nueva configuración de las actividades del sector público en sus respectivos países.

Torres y Pina (1998) han realizado un estudio empírico sobre las auditorías de los procesos de privatización llevadas a cabo por los Tribunales de Cuentas de la Unión Europea, con el fin de verificar si es coherente con las especificidades de los procesos de privatización y si se está protegiendo suficientemente los intereses de los ciudadanos.

La auditoría de privatizaciones1 de empresas y servicios públicos sólo se generaliza en la UE, entrada la década de los noventa, siendo por tanto un fenómeno relativamente nuevo. En general, los Tribunales de Cuentas que están afrontando la fiscalización de privatizaciones, demandan una metodología generalmente aceptada, a nivel nacional e internacional, que oriente sus actuaciones.

Pocos países potencian la incorporación de los Tribunales de Cuentas desde el comienzo del proceso privatizador. Así Tribunales de Cuentas de Austria, Francia, Irlanda, Islandia y Reino Unido llevan a cabo la auditoría de las privatizaciones tras la venta; los Tribunales de Cuentas de Alemania, Dinamarca y Portugal, se incorporan al proceso tras la venta, en algunos casos, y en otros, cuando la decisión de privatizar está tomada, pero antes de la venta; y en España y Noruega, los Tribunales de Cuentas se implican en el proceso una vez tomada la decisión de privatizar, pero antes de llevar a cabo la venta. Por último, únicamente los Tribunales de Cuentas de Finlandia y Holanda, se incorporan al proceso de privatización desde el comienzo, incluyendo la planificación de la misma.

Los Tribunales de Cuentas de la gran mayoría de los países de la UE no llevan a cabo auditorías sobre el cumplimiento, por parte del Estado, de las obligaciones asumidas en el curso de la privatización.

Concluyen Torres y Pina que la auditoría de las privatizaciones se esta centrando en los aspectos básicos del proceso de privatización como son, el cumplimiento de la legalidad, la suficiencia de la información, la razonabilidad del precio pagado por el comprador y la consecución de los objetivos específicos de cada venta en particular.