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CAMBIO CLIMÁTICO, DERECHO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

• Independientemente de que la base de la conservación de los recursos naturales ya se encontraba plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, nuestra Carta Magna ya incluye otros artículos con disposiciones relativas a la protección del Medio Ambiente a saber:

El artículo 4º. Constitucional establece en su párrafo quinto lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley(DOF, 2017).

Del precepto constitucional descrito, se desprende el derecho que todo individuo tiene a un ambiente sano a fin de desarrollarse con bienestar y el compromiso del Estado mexicano de garantizar tal derecho, ya que cualquier daño o deterioro al medio ambiente, causara responsabilidad al que lo provoque de acuerdo al mandato legal vigente.

Siguiendo en la misma estructura con el análisis constitucional de los artículos que inciden directamente sobre la protección del medio ambiente en nuestro país, tendremos que referirnos al artículo 25, que en su primer párrafo establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,…” (DOF, 2017).

Este elemento, que se integra en el mencionado artículo, es decir el de la sustentabilidad ambiental implica una administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

• Siguiendo con la lectura de este artículo y de su análisis, encontramos que el estado para garantizar crecimiento integral con sustentabilidad ambiental establece en el párrafo séptimo lo siguiente:
• Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente (DOF, 2017).
• El artículo 25 de la CPEUM  establece las formas o modalidades de la actividad industrial y entre estas, encontramos la reubicación de empresas o fabricas que afecten la calidad de vida y del medio ambiente de los centros de población urbana.
• Este precepto va más allá, al establecer el papel que deberá jugar el estado para dictar las medidas necesarias y llevar a cabo las acciones que se requieran para establecer las condiciones para el desenvolvimiento de la actividad económica de la nación, mencionando nuevamente el termino desarrollo industrial sustentable, es decir, se hace especial énfasis en crecimiento económico con desarrollo ambiental sustentable sin que ninguna de las dos cosas tengan que estar una en contra de la otra.
• Se transcribe a continuación el párrafo noveno del artículo 25 de la CPEUM en relación a lo planteado, señalando que:
• La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución (DOF; 2017).
• Íntimamente relacionado el artículo 25 de la CPEUM, con el artículo 27 de la misma Carta Magna establece la propiedad de la Nación sobre tierras y aguas ubicadas en territorio nacional así como la facultad de transmitir la propiedad de las mismas a particulares mediante la concesión o transmisión de las mismas para la constitución de la propiedad privada, así como para llevar a cabo las acciones materiales y jurídicas tendientes a la conservación y protección de los elementos naturales y dictar las medidas correspondientes para preservar la protección de los centros de población en el goce de una calidad de vida óptima.
• Para llevar a cabo lo anterior, el Estado Mexicano cuenta con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 al señalar que:
• La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, y con lo cual el estado mexicano cuenta con las herramientas necesarias para la preservación y cuidado de los recursos naturales de la nación así como su equilibrio ecológico…..(DOF, 2017).
• Sin embargo para lograr lo anterior, es necesario que el gobierno mexicano incorpore y logre una mayor participación de los tres órdenes de gobierno y de toda la sociedad.
• El Congreso de la Unión tiene facultades para revisar las acciones del gobierno en materia de conservación del medio ambiente señalándose dichas facultades en el artículo 73 de la CPEUM, siendo varias las fracciones de ese precepto que tratan el tema en comento, como es el caso de la fracción XVI que a continuación de describe:
• Artículo 73. El congreso tiene facultad:
• XVI.Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan (DOF, 2017).

• Como se puede apreciar el articulo 73 comienza señalando que las facultades del congreso son varias y de muy diversa índole relacionado con las políticas del ejecutivo en varios ámbitos pero específicamente en el renglón de la conservación del medio ambiente.
• En materia de protección al medio ambiente, la fracción XVI de dicho artículo 73 es importante ya que faculta al Congreso de la Unión a revisar las políticas y disposiciones de la autoridad de salud de nuestro país en materia de contaminación ambiental y su prevención.
• Otra de las facultades establecidas en este artículo 73 constitucional es la relacionada con la creación de leyes cuya concurrencia se establezca entre el gobierno federal los estados y los municipios, como la fracción XXIX-G:
•  XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,   de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico (DOF, 2017).
• Dicha atribución del precepto citado es por demás relevante al considerar la creación de dispositivos por parte del legislativo que regulen y fomenten la colaboración entre los tres niveles de gobierno en materia de medio ambiente.
• El texto que aparece en la fracción XXIX-C señala que:
• XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de   las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución(DOF, 2017).
•           De la fracción XXIX-C del artículo 73 de la CPEUM se puede considerar que es prácticamente igual al que se detalla en la fracción XXIX-G del mismo artículo.
•             De las anteriores fracciones se puede considerar que los temas de orden ecológico y del medio ambiente, son de orden general y por tanto revisable por el Congreso en el ámbito de sus funciones e instrumentarse por los tres niveles de gobierno.
• Otro de los artículos de la CPEUM que trata la temática sobre el medio ambiente es el 115 en su fracción V que establece:
•  
• Artículo 115. ………..

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano     municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción (DOF, 2017)

• De lo anterior se desprende que la fracción V del artículo 115 constitucional de la misma, en especial el inciso g) que da a los municipios la facultad para crear zonas de reservas ecológicas, está acorde con el tercer párrafo del artículo 27 de la CPEUM.
• REFORMA ENERGÉTICA

Las reformas constitucionales en materia energética fueron promulgadas en diciembre de 2013 con el objeto de modernizar el sector energético del país. Este nuevo marco sienta las bases para un mercado de generación de fuentes de energía renovables y tec­nologías más limpias, además de impulsar la eficiencia energética en la generación, distribución y transmisión de electricidad, entre otras temáticas (SENER, 2015).
LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LTE)
La Ley de Transición Energética fue promulgada y publicada el 24 de diciembre de 2015,  y tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica (DOF, 2015).
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS (LPDB)

Esta Ley publicada el 1º de febrero de 2008  tiene por objeto la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y establece las bases, entre otras acciones, para procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y de gases de efecto de invernadero (DOF, 2008)

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA)

• El Poder Legislativo emitió esta ley en el ámbito federal con el objeto de que el Ejecutivo contara con las herramientas necesarias para prevenir, controlar, regular y sancionar la contaminación del medio ambiente derivado de los altos  contaminantes atmosféricos emitidos por todo tipo de vehículos de automotor así como industrias y fábricas.
• La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fue promulgada y publicada el 28 de enero de 1988 durante el sexenio de Miguel de la Madrid  y ha sufrido varias reformas a lo largo de estos años.
•             El 25 de noviembre del 1988 se emitió mediante decreto el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos (RLGEEPARP) que tiene por objeto establecer e implementar medidas tendientes al combate de la contaminación ambiental.
•             La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está contemplada en dicha Ley, esta dependencia del Poder Ejecutivo Federal tiene como objetivo garantizar la  preservación de la vida.
•             La ley contempla 204 artículos y 4 transitorios de los cuales por lo menos diez han sido derogados, se reforman varios y se adicionan otros, todo esto debido a que lo que respecta al medio ambiente se tiene que ir modificando conforme se va deteriorando el mismo y regular donde no se previó la protección de este.
•             Esta ley se compone de seis apartados:
• Las Disposiciones Generales.
• Biodiversidad.
• Aprovechamiento racional de los elementos naturales.
• Protección al Ambiente.
• Participación social e información ambiental.
• Medidas de control y de seguridad y sanciones.

           
En su artículo 5 la LGEEPA establece como  facultades de la Federación:

Artículo 5. Son facultades de la Federación:

I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional;
II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;
III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;
VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;
VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;
IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 BIS de esta Ley;
X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;
XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia.
XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;
XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente;
XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;
XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;
XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;
XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y
XXII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación (DOF, 2018).

            En esta disposición la autoridad federal justifica su interés en la preservación del equilibrio ecológico y las medidas de mitigación y adaptación que lleva a cabo para prevenir e incluso para sancionar a quienes no cumplan con las regulaciones, de preservación de las aguas nacionales, así como la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas.

LEY  ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (LOAPF)

Esta Ley, establece dentro de las funciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la competencia directa en el cambio climático, en su artículo 32 Bis, fracción XVI: “Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono” (DOF, 2017).

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (LGCC)

• Esta Ley publicada en el Diario oficial de la Federación el 6 de junio del 2012, consta de 9 títulos con un total de 116 artículos y 10 transitorios. Entro en vigor 90 días hábiles después de su publicación (artículo 1° transitorio).

     La LGCC es reglamentaria de disposiciones constitucionales como el artículo 4° que en su párrafo quinto expone el derecho que todo individuo tiene a un ambiente sano a fin de desarrollarse con bienestar y el compromiso del Estado mexicano de garantizar tal derecho, ya que cualquier daño o deterioro al medio ambiente, causara responsabilidad al que lo provoque de acuerdo al mandato legal vigente. (DOF, 2017).

DISPOSICIONES GENERALES.

La LGCC en su título I correspondiente a las disposiciones generales destaca del artículo 1 al 4 de la misma,

 Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico (DOF, 2018).

            Del presente precepto de la LGCC se puede considerar que esta es de  orden público y general, para aplicarse en todo el país, así como también está perfectamente acorde con el artículo 4° párrafo quinto Constitucional en materia de cambio climático y de más áreas relacionadas.

El artículo segundo establece que el objeto de la ley en comento como:

• Garantizar el derecho a medio sano,
• establecer la concurrencia de facultades entre federación, entidades federativas y municipios,
• Regular emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero,
• Regular acciones para  mitigación y adaptación,
• Reducir vulnerabilidad,
• Fomentar educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

DEFINICIONES

También el artículo tercero  de la LGCC Incluye definiciones, como la relativa al cambio climático al considerarlo como una variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la Atmosfera global que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo establecidos y otras definiciones como: adaptación, atlas de riesgo, emisiones, mitigación, resiliencia, resistencia, etcétera.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
 
ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN

En el título II de la LGCC del artículo 5 al 12 corresponde a la “distribución de competencias”.

Del artículos 5 al  6 de la ley en comento, menciona las atribuciones de la federación como la elaboración del atlas nacional de riegos; la regulación de actividades (entre otras):

• Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura.
• Planeación nacional del desarrollo,
• Soberanía y seguridad alimentaria,
• Prevención y atención a enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático,
• Protección civil,
• Desarrollo regional y desarrollo urbano,
• Demografía.

ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
En cambio el artículo 8 de la LGCC corresponde a las atribuciones de las entidades federativas:

• Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático,
• Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático,
• Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos,
• Evaluar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo en coordinación con municipios o delegaciones.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

El título III de la LGCC abarca del artículo 13 al 37 y trata sobre el “Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático” (INECC) que conforme a su artículo 13 se considera como:

Artículo 13. un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (DOF, 2018).

De conformidad al artículo 15 de la ley en comento el INECC cuenta con las siguientes funciones:

• Coordinación y realización de estudios y proyectos de investigación científica,
• Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
• Promover y difundir criterios, metodología y tecnologías para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
• Realizar análisis de prospectiva sectorial,
• Evaluar el cumplimiento de objetivos de mitigación y adaptación,
• Emitir recomendaciones sobre políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

            El artículo 17 de la LGCC establece que:
Artículo 17.La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del organismo, estará presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Gobernación; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (DOF, 2018).

POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

La LGCC en su título IV abarca del artículo 26 al 37 con el tema de la “Política Nacional de Cambio Climático” (PNCC) que en su artículo 26 trata sobre los principios en los que se basa:

• Sustentabilidad en ecosistemas,
• Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general,
• Principio precautorio, de prevención,
• Tránsito a una economía de bajas emisiones en carbono,
• Integralidad y transversalidad,
• Participación ciudadana,
• Responsabilidad ambiental,
• Uso de instrumentos económicos,
• Transparencia.

 
ADAPTACIÓN

En cuanto a los artículos del 27 al 30 de la LGCC con respecto a la adaptación se contempla:

• Instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación,
• Reducir vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático,
• Fortalecer resiliencia y resistencia de sistemas naturales y humanos,
• Minimizar riesgos y daños,
• Identificar vulnerabilidad,
• Establecer mecanismo de atención inmediata y expeditas en zonas impactadas,
• Fomentar y facilitar la seguridad alimentaria.

MITIGACIÓN

En relación a la mitigación, los artículos del 31 al 37 de la LGCC consideran:

• El principio de gradualidad,
• Fomento de capacidades nacionales:
• Análisis de medición, reporte y verificación,
• Análisis de determinación de líneas base,
• Consecuencias económicas y sociales,
• Análisis de competitividad,
• Análisis sobre sector de generación de electricidad,
• Análisis del desempeño del sector industrial, sujeto a medidas de mitigación,
• Establecimiento de metas de reducción de emisiones específicas.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

La LGCC en cuanto a la reducción de emisiones, el artículo 34  establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

• En la generación y uso de energía,
• Sector transporte,
• Sector agrícola, bosques y otros usos por suelo, y preservación de ecosistemas y la biodiversidad,
• Sector residuos,
• Sector de procesos industriales,
• Educación y cambios de conducta, consumo y producción.

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Recibido: Febrero 2018 Aceptado: Febrero 2018 Publicado: Febrero 2018

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