I. 4.1.-La USAID (2007) en su obra “El tamaño importa: Las políticas pro pymes y la competitividad” comenta que en años recientes, la competitividad se ha vuelto la prioridad de gobiernos, objeto de estudio de instituciones académicas, y preocupación de inversionistas y empresarios. Existen instituciones, nacionales y extranjeras, que han desarrollado y publicado indicadores para tratar de medir la competitividad de los distintos países, y en el caso de México sus estados.
Comenta que en el ámbito internacional, el Foro Económico Mundial, al igual que el IMCO, desarrolló un indicador para medir la competitividad de los países. Para el primero, la competitividad es la “habilidad que tienen los países para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos”.
I.4.2.-En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2012 de la actual administración menciona como uno de sus cinco ejes políticas públicas una economía competitiva y generadora de empleos, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publica periódicamente su indicador de competitividad estatal y un índice de competitividad a nivel internacional.
Para el IMCO, la competitividad significa la “habilidad de una región para atraer y retener inversiones”.
A pesar de sus diferencias conceptuales, ambos índices utilizan variables sobre las instituciones y el ambiente de negocios en los países o estados para medir la competitividad de las mismas.
El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial incorpora variables como derechos de propiedad, independencia judicial, calidad de la infraestructura y cobertura educativa. La mayoría de las fuentes de información son instituciones públicas y una encuesta de empresarios. En el caso del IMCO, el Índice de Competitividad Estatal utiliza variables como corrupción, imparcialidad judicial, reforestación anual, acceso a servicios y población económicamente activa, entre otros. En este caso, la mayor parte de sus datos provienen de fuentes públicas.
Estos indicadores sirven para que los gobiernos puedan implementar políticas públicas que atiendan los factores que inhiben su capacidad de atracción de inversiones y desarrollo. No con menos importancia, la publicación periódica de los índices crea una sana competencia entre gobiernos por mejorar sus políticas públicas y promover “un mecanismo de desarrollo por ‘imitación’, en donde se identifiquen las mejores prácticas”.
Indica la USAID que a pesar de su utilidad, los índices de competitividad no ofrecen recomendaciones para desarrollar programas pro-activos de apoyo para ciertos sectores de la economía.
La mayor parte de las variables institucionales necesitan de reformas de largo plazo que en muchos casos requieren de procesos políticos complicados y prolongados. Por su naturaleza, utilizan a países, estados o regiones como unidad de análisis, lo que limita su utilidad para implementar políticas públicas enfocadas a pequeñas y medianas empresas .La capacidad de atraer y retener inversiones, y con ello proveer altos niveles de prosperidad para los ciudadanos de una región, país o estado, depende en gran medida de la competitividad de sus unidades productivas.
En muchos países, particularmente los más desarrollados, la mayor parte son pequeñas y medianas. En ese sentido, la competitividad del país está relacionada con la competitividad de las PyMEs.
En ese contexto es que enseguida inicia el estudio de estos estratos empresariales y para ello USAID informa que “Comúnmente se utiliza el término MiPyMEs para referirse a micro, pequeñas y medianas empresas. En el presente reporte se utilizará PyME para referirse a los tres tamaños de empresa
Así, en el caso de las PyMEs, ¿Cómo define la competitividad?
Indica que en este documento el concepto de competitividad de las pequeñas y medianas empresas deberá entenderse como:
La capacidad de producir, ofrecer y comercializar productos o servicios innovadores y de alto valor agregado, en las condiciones, cantidad y calidad que el mercado, en México y en el extranjero, demanda.
¿Por qué mejorar la competitividad de las PyMEs?
Para contestar esa pregunta USAID usó la información disponible en 2007, la cual correspondía a los Censos Económicos de 1999 que publica INEGI cada cinco años. Así, menciona que en México existen alrededor de cuatro millones de empresas.
De éstas sólo 6 700 son empresas grandes, el resto son micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs).6 Las PyMEs representan 99% de las empresas en México y en ellas se emplea 88% de los trabajadores no agropecuarios (véase la tabla 1).
De acuerdo con el censo económico de 1999,7 la participación de las PyMEs en el producto interno bruto (PIB) en ese año fue de 40%. En el 2006, de acuerdo con la OCDE, su participación pasó al 52%, lo que confirma su posición como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana.8
A pesar de su importancia numérica y a diferencia de las empresas de mayor tamaño, las PyMEs mexicanas tienen que superar diversos, y muchas veces complicados, obstáculos para su desarrollo y sobrevivencia. Las PyMEs se enfrentan a un difícil acceso al financiamiento, poca información sobre los mercados de sus productos, capital humano con poca capacitación, uso limitado de la tecnología e ignorancia acerca de los requisitos y normas para poder comercializar sus productos en mercados internacionales.9
Además de estos problemas, hasta años recientes, las PyMEs carecían de políticas públicas integrales de apoyo. No fue sino hasta el año 2001, con la creación de la Subsecretaría PyME de la Secretaría de Economía, que el gobierno federal creó una institución de alto nivel dedicada al apoyo de pequeñas y medianas empresas.
Sobre esto último yo difiero porque desde 1983 se atienden estos estratos empresariales institucionalmente dado que en ese año la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial creó la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria, para formular y poner en práctica la normatividad que favoreciera su impulso; además, fortaleció la coordinación de la banca comercial con la de desarrollo principalmente para otorgarles créditos. En este sentido dentro de la banca de desarrollo o de segundo piso, destacaron Banrural, Nafin y Banxico con sus fideicomisos correspondientes.
En opinión de USAID, la falta de atención tuvo como una de sus consecuencias que las pequeñas y medianas empresas no pudieran aprovechar los beneficios de la apertura comercial, en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto se ve reflejado en la poca innovación, baja productividad y aversión al riesgo que caracterizan a las PyMEs mexicanas. Mejorar el ambiente de negocios y las instituciones tendrá un efecto muy positivo en la competitividad y productividad de las empresas mexicanas, en particular las PyMEs.
Estas últimas, por su tamaño y naturaleza, son las que sufren con mayor frecuencia las consecuencias de no tener instituciones adecuadas para el desarrollo económico. No obstante, en el caso de las PyMEs, eliminar barreras comerciales y mejorar las instituciones y el ambiente de negocios es necesario pero no suficiente para mejorar su competitividad. Por sus características, las PyMEs necesitan de programas gubernamentales pro-activos de apoyo que les permitan acceder a los beneficios de economías abiertas y competidas. Los países con las posiciones más altas en los distintos indicadores de competitividad cuentan con políticas públicas que apoyan activamente el desarrollo de las PyMEs. México no debe ser la excepción.
Los distintos organismos internacionales reconocen la necesidad de impulsar programas de apoyo a las PyMEs. Tan sólo en el año 2004 el Banco Mundial dedicó casi 700 millones de dólares a programas que tienen como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 10
Su dimensión e importancia hacen de las PyMEs un sector fundamental para mejorar la competitividad de México. Los programas y políticas públicas que contribuyen a la vinculación, financiamiento, capacitación e innovación en las pequeñas y medianas empresas son instrumentos para mejorar la competitividad.