EL DESARROLLO LOCAL COMPLEMENTARIO

Mario Blacutt Mendoza

El Salario y la Inflación

Se dice: “un aumento general de salarios es la causa principal de un aumento general de precios”. Por el momento, será suficiente explicar que las afirmaciones por medio de las cuales se trata de culpar al asalariado de los aumentos de precios, requieren de una condición previa, que generalmente no es tomada en cuenta por los economistas académicos. La condición es que haya una participación mayoritaria del sector asala-riado en el Ingreso Nacional. En los países altamente industrializados la clase asalaria-da conforma entre el 82% y el 92% de la fuerza total de trabajo (EE.UU e Inglaterra, respectivamente, pasando por una gama intermedia) Además, en EE.UU la participa-ción del salario en el Ingreso Nacional llega al 66%. En estas condiciones podría aceptarse que un incremento salarial sea un determinante de importancia en la apari-ción de los procesos de inflación, aunque esto es muy discutible. Yo postulo que el incremento de salarios es un efecto y no una causa del proceso in-flacionario. Los cálculos efectuados por las autoridades encargadas de las Cuentas Nacionales, han establecido que los sectores asalariados no pasan del 30% de la fuerza de trabajo, puesto que la gran mayoría está constituida por campesinos, artesanos y trabajadores familiares. También han establecido que la participación del salario en el PIB oscila alrededor del 30%. Con una estructura así determinada, no parece racional concebir que un aumento de salarios pueda tener gran influencia en la hipertrofia de los precios.

Una de las expresiones de la inflación usada por la nueva generación de académicos, se resume en el hecho de que la tasa de inflación de un país es el resultado de la tasa de depreciación de su moneda más la tasa de inflación importada. Por otra parte, no olvidemos la expansión incontrolada del déficit fiscal y, no menos importante, de las deformaciones de la oferta de bienes y servicios, por causas tales como variaciones del clima, desastres naturales en general y otros. Estas son afirmaciones muy impor-tantes para nosotros. Por otra parte, el componente importado, v.g, maquinaria, equipo, tecnología, conocimiento, de la industria nacional tiene una ponderación alta en la estructura de costos. Un aumento en el precio de esos componentes importados genera de inmediato un aumento de los precios internos, aumentos que nada tienen que ver con los niveles salariales. A esto es preciso añadir los incrementos de los costos financieros de las empresas, por la subida de las tasas de interés en el país prestamista. Ahora bien; estos incrementos en la hoja de costos de la empresa hacen que el empresario, en el mejor de los casos, trate de mantener la participación por-centual de sus utilidades, incrementado el precio. Al observar esto, el importador deduce que él también tiene derecho a una participación mayor; por sí acaso, sube sus utilidades en una proporción más grande que la proporción en que la ha elevado el del industrial criollo, como una operación preventiva de lo que podría ocurrir en el futuro. El industrial retruca, y así se acelera la competencia de pericia mercantil entre ambos. Este juego es una de las formas que adopta la  Especulación. Por su parte, el comerciante, cualquiera que sea su estatus, es el científico indiscutible del arte espe-culativo, por lo que el juego no puede llevarse a cabo sin su participación. Este laberinto nos muestra que la libre competencia, no deja de ser lo que siempre fue: el sueño dorado de los teóricos de la Economía, convertido en una terrible pesadilla para  los países. De un modelo dualista antes del ’52 hemos pasado a uno de oligopo-lios, a cargo de las transnacionales, en el presente. No hubo ningún puente de tran-sición entre ambos. De esta manera, la especulación y el miedo a invertir en el país, han conformado una malla de acero que no permite lograr tasas sostenibles de desarrollo nacional. Muy pocos se aventuran a invertir en el país.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta los aspectos relativos a la corrupción estatal, especialmente, la que se expresa en el pago y recepción de sobornos. Keynes fue uno de los primeros en demostrar que el atesoramiento era la causa principal para que los incrementos de la oferta monetaria no fueran a aumentar el ingreso nacional, a despecho de que las tasas de interés puedan encontrarse en niveles muy bajos. En Bolivia, el atesoramiento proviene principalmente de la corrupción, dado que los recursos que son sustraídos del erario público no son asignados al sistema productivo y, más bien, huyen del país en busca de refugio que les ofrecen los bancos de países más consolidados. Sin embargo, el tema de la corrupción es tan importante, que es posible que valga la pena hacer un breve paréntesis para analizarlo desde una pers-pectiva económica y así, apoyar mi argumento en contra de la supuesta responsabi-lidad del trabajador en el inicio de un proceso inflacionario.

En varias oportunidades se ha afirmado que el soborno exigido por reparticiones del Estado, era una subvención indirecta del sector privado hacia el sector público. Creo que esto no es cierto. El funcionario que recibe el soborno (la parte que le correspon-de) dispone de él como un activo personal, no estatal, por lo que el dinero recibido se recicla siempre al sector privado y no queda en el público. Si el soborno fortaleciera las arcas estatales dejaría de ser soborno para convertirse en una contribución al fisco; pero, por lo que se puede averiguar, nadie ha hecho jamás alguna contribución pecuniaria al Tesoro General de la Nación, ni con escondidas ni con abiertas intencio-nes. Por otra parte, diré que sólo existe un efecto económico del soborno que es absoluto: el incremento del costo del proyecto a ser implementado por el Estado o de los bienes y servicios que adquiere de los proveedores sobornadores, con el consi-guiente aumento de los precios. Debido a que, en última instancia, estos bienes serán pagados por los impuestos, la comisión ilegal que beneficia a los sobornados ocasiona un sobreprecio que debe ser pagado por el contribuyente. Los otros efectos económi-cos son relativos y dependen del origen y del destino que cada cantidad recibida ha recorrido. Supongamos que el soborno procede de una empresa que produce bienes nacionales; si el sobornado orienta, a su vez, el producto del soborno a la fabricación de bienes nacionales, entonces habrá existido una simple transferencia industrial con efectos neutros para la Economía, sin efectos negativos para la estructura productiva de la nación, aunque sí con aumento de precios. Este sería en menos dañino de los casos. Ahora, supongamos que el soborno procedente del mismo sector es asignado por el sobornado a actividades comerciales o financieras en el país. Habrá entonces una transferencia de recursos de un sector productivo, la que creará valor agregado, a uno que no lo hace en una magnitud similar. En este caso, los efectos en la esfera productiva serán negativos. ¿Y si los recursos son asignados al contrabando? Entonces aumenta-rá la oferta de bienes de consumo importados (¡ojala fuera un contrabando de maquinaria, equipo e insumos industriales!) con la consiguiente pérdida de divisas y el incremento del déficit en la Balanza Comercial.

¿Qué sucederá si los recursos cosechados son exiliados a una cuenta bancaria del exterior? Pues sucederá lo peor; aumentará el consumo suntuoso de bienes importa-dos, con los conocidos efectos en la Balanza Comercial y la pérdida de divisas. La ostentación y el aumento artificial del nivel de vida del sobornado, producirán un aumento extra de los precios en la economía nacional. En este proceso, sería posible afirmar que las transferencias de recursos sobornantes, provenientes de recursos especulativos a las empresas productoras de bienes, podrían considerarse como positivos a favor de la estructura productiva del país, mientras que las transferencias emergentes de sectores especulativos a otros sectores especulativos, podrían consi-derarse neutras. Finalmente, la transferencia de fondos al contrabando y a las cuentas bancarias foráneas, mostrarán un grado de daño sistemático no solamente a la estruc-tura productiva de la nación, sino a su sistema económico, social, político, cultural y ambiental. A esto es necesario añadir un costo que no es considerado económico: la frustración y la des-moralización creciente de un pueblo, que ve con reiterada indig-nación no sólo el enriquecimiento ilícito de algunos ciudadanos, sino la obligación de pagar de su propio ingreso, vía impuestos, el beneficio así conseguido por el sobornado.

Estas causas han motivado ya un proceso inflacionario sin que el salario se haya movi-do un centavo hacia arriba; al contrario, el salario real ha sido reducido. El anuncio de que un aumento de salarios produce la inflación (“un aumento general de precios”) no ha sido cierta en nuestro país, al menos desde 1986. En primer lugar, diremos que la inflación no se expresa en un “aumento general de precios”. Un aumento general de precios significa que los precios de todas las mercancías suben en la misma propor-ción los unos con relación a los otros. Ya hemos analizado la competencia especulativa de los empresarios, comerciantes e importadores cuando las expectativas  son pesi-mistas, competencia en la que el asalariado no tiene cabida. De este modo, el precio de los diferentes bienes y servicios no se incrementa a una misma tasa, más bien lo hace a tasas diferentes, unas de las otras. Para muestra, tómese el precio de la fuerza de trabajo llamado salario que es el que sufre el menor incremento. Partiendo de él, las variaciones de los precios es asimétrica, lo que ocasiona que haya, efectiva-mente, una distribución de ingresos en contra de los asalariados y a favor de los empresarios, los que, como ya se vio, los traspasan al precio de sus respectivos productos. Así, unos precios suben a un ritmo mayor que otros; la asimetría depende de las condiciones de producción en el corto plazo, cuando algunos insumos o factores se vuelven más escasos que otros; el precio que menos se incrementa es el de la fuerza de trabajo, es decir, el salario, puesto que el proletariado es muy reducido y débil en nuestro país. Si observamos con atención el devenir económico boliviano, veremos que el trabajador pide aumento de salarios después y no antes de iniciado el proceso inflacionario. Una prueba de ello es que usa el Costo de Vida (los índices de precios al consumidor) pasado; nunca se ha dado el caso de que use indicadores tales como la inflación espe-rada, por ejemplo. Por todo lo anotado, es posible afirmar que la inflación importada y las expectativas de los empresarios, más la especulación y la corrupción son los principales causantes de una inflación, no los salarios. Ahora vivimos  en una época de estabilización de precios y el asunto de la inflación ya no es tan importante; pero, eso no significa que no lo sea en el futuro.