5.2.2. La estructura interna de la contracci�n fiscal.

El profundo ajuste en la pol�tica de gasto p�blico respond�a a dos objetivos concretos:

a) Alcanzar el equilibrio presupuestal porque ello brindar�a estabilidad a la econom�a, bajo la consideraci�n de que la causa de la inflaci�n y las distorsiones en los mercados ten�an su origen en el d�ficit p�blico.

b) Reorganizar las prioridades presupuestales del Estado a la luz del reconocimiento de la necesidad de renunciar a sus tareas productivas y sociales.

El primer objetivo se deriva del deterioro financiero que empez� a sufrir el Estado, particularmente debido a los desajustes presupuestales de las finanzas paraestatales. Seg�n puede verse en el cuadro y gr�fica 63, el sector paraestatal muestra una posici�n deficitaria desde 1970, la cual se va ampliando de tal manera que en 1981 representa el 5.5% del PIB. Este deterioro financiero obedece a la insuficiencia de recursos del sector paraestatal para sostener la fuerte expansi�n de la capacidad productiva a que estuvo sujeto, la cual requiri� la contrataci�n de deuda p�blica y el uso de un creciente volumen de transferencias otorgadas por el gobierno central, como lo muestra el cuadro y gr�fica 64. A pesar de este d�ficit paraestatal, el sector p�blico mostr� una posici�n superavitaria durante el per�odo mencionado, seg�n consta en la informaci�n del cuadro 63, debido a que los ingresos p�blicos totales crecieron a un ritmo mayor que el gasto p�blico total y mostraron valores superiores a �ste, lo cual permiti� compensar el d�ficit paraestatal. A partir de la crisis de 1982, la ca�da de los ingresos p�blicos a un ritmo mayor que el gasto p�blico, propici� el deterioro financiero del sector p�blico, apareciendo grandes d�ficits fiscales que se mantuvieron hasta 1990, a�o a partir del cual se reducen, desapareciendo entre 1992 y 1994 y volviendo a aparecer y extendi�ndose hasta el a�o 2000. Es importante destacar que la aparici�n del d�ficit del sector p�blico coincide con la desaparici�n del d�ficit del sector paraestatal. Efectivamente, para 1983, despu�s de 10 a�os de super�vit constantes, el Balance total del Sector P�blico muestra un d�ficit que alcanza un 11.5% como proporci�n del PIB. En cambio el sector paraestatal obtiene un super�vit, despu�s de 14 a�os de d�ficit constantes. Esto se debe, en parte a la reducci�n del gasto paraestatal y en parte al incremento de las transferencias que precisamente, permiten aliviar la situaci�n financiera del sector paraestatal deteriorando la del sector p�blico. Por supuesto, esto propicia que el gasto paraestatal pueda reducirse m�s r�pidamente que el gasto p�blico. Sin embargo, en los a�os siguientes el d�ficit p�blico persiste a pesar de que el volumen de transferencias disminuye dram�ticamente, al igual que el gasto paraestatal. As�, por ejemplo, es posible observar que en 1988 las transferencias representaron menos de la mitad de las existentes en 1983, sin embargo el d�ficit p�blico fue del 8% como proporci�n del PIB. Seg�n se ve la contribuci�n paraestatal al d�ficit p�blico disminuye considerablemente y esto permite afirmar que el sector paraestatal a partir de los ochenta dej� de determinar el deterioro financiero del Estado, dicho de otro modo, el d�ficit p�blico se independiza del d�ficit paraestatal. Como puede verse en la gr�fica 63, mientras que a partir de 1983 el sector paraestatal pr�cticamente no presenta d�ficits o estos son muy peque�os, el sector p�blico muestra una posici�n deficitaria permanente. Esto se explica por el hecho de que al disminuir la necesidad de apoyos al sector paraestatal, como resultado de la disminuci�n de su gasto, disminuyen las transferencias otorgadas (de manera notoria a partir de 1986) a un ritmo tal que para 1996 son tan reducidas como en 1973. Esto significa que las presiones que ejerc�a el gasto paraestatal sobre el gasto total disminuyen y con ello, disminuye su influencia sobre el d�ficit p�blico total. Pero tambi�n se explica porque el Estado ha perdido capacidad para incrementar sus ingresos como resultado de su retiro de las actividades econ�micas y porque la disminuci�n de los recursos que orientaba al fomento econ�mico, le impiden impulsar un crecimiento econ�mico tal que permita recuperar los niveles de recaudaci�n.

En conclusi�n, la reducci�n del gasto paraestatal s�lo se alcanz� como objetivo en el mediano plazo, mientras tanto, no logr� mejorar la situaci�n financiera del Estado y en cambio debilit� la capacidad de la econom�a mexicana para reiniciar un proceso vigoroso de crecimiento econ�mico en el largo plazo.

El segundo objetivo se deriva de la nueva concepci�n sobre las funciones del Estado y se manifiesta en la reorganizaci�n de la estructura interna del gasto p�blico. La creciente participaci�n que hab�a mostrado el gasto econ�mico en el gasto total, desde la trascendental reorganizaci�n fiscal en la d�cada de los treintas, constituy� uno de los principales mecanismos de intervenci�n econ�mica estatal. Este gasto lleg� a representar hasta el 57% del total en 1954 y en 1975, seg�n consignan cuadro y gr�fica 65. Y alcanz� su m�xima participaci�n en 1980, concentrando el 69.7% del total, en correspondencia con sus funciones de acumulaci�n. Sin embargo, como resultado de la reformulaci�n de esas funciones, a partir de 1984 es notoria la reducci�n de su participaci�n, de tal manera que para 1996 representaba, tan s�lo, el 23% del total. Proporci�n igual a la que tuvo en 1934, a�o en que, todav�a a la distribuci�n del gasto se realiz� bajo criterios financieros liberales y que, adem�s, no volvi� a ser tan baja durante todo la etapa de vigencia del Estado Intervencionista.

Del mismo modo, la renuncia a las tareas sociales del Estado cancel� la v�a de las reformas sociales, lo cual se manifest� en una reducci�n de la participaci�n del gasto social, que en 1985 represent� apenas el 6.8% del total, mientras que durante los setentas tuvo valores hasta del 25% como en 1972 y en ning�n a�o de esa d�cada particip� con menos del 16.4%. Sin embargo, a partir de 1988, este rubro recupera su participaci�n, de manera que hacia 1996, representaba un 25% del total. Esto no significa, sin embargo, que el Estado haya recuperado sus funciones sociales, en realidad lo que sucedi� es que, ante el deterioro del nivel de bienestar, resultado de las reformas econ�micas, se vi� obligado a implementar una pol�tica social que amortiguara el impacto de los ajustes, la cual, pese al monto de recursos que se le destin�, no puede equipararse a lo que he denominado reformas sociales.

Los cambios en la participaci�n del gasto administrativo, particularmente a partir de 1984, cuyos valores contrastan con los de la etapa intervencionista, denotan la renuncia del Estado a su papel impulsor del crecimiento y del mejoramiento del bienestar social y la recuperaci�n de los principios del Estado Administrador. As�, el gasto administrativo pas� a representar una cada vez mayor proporci�n del gasto total, pues mientras en los setentas observ� valores de entre 21 y 37%, su incremento constante en los a�os siguientes lo llevaron a alcanzar, en 1996 una participaci�n del 51.8%. Porcentaje muy similar a los observados durante la etapa del Estado liberal pre-revolucionario.