Hilario Barcelata Chávez
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Después de la segunda guerra mundial, en el mundo se extendió un amplio consenso en torno al papel del Estado en la economía. La idea adquirió fuerte aceptación debido a la magnitud de los problemas derivados de la guerra y de la gran crisis de 1929 y en virtud del reconocimiento de la capacidad del Estado para hacer frente a la problemática económica del momento. Bajo este modelo, tanto los países desarrollados, como los no desarrollados, extendieron las tareas y responsabilidades de sus gobiernos rebasando la tradicional provisión de los servicios mínimos básicos (moneda, defensa, ley y orden) para desempeñar una importante labor en materia de asignación de recursos, de provisión de servicios educativos, de salud y seguridad social y del manejo macroeconómico, adquiriendo, a demás, el compromiso de combatir la pobreza y redistribuir el ingreso.
Se constituye así el llamado Estado Social o Intervencionista en cuyo origen podemos hallar dos grandes vertientes: De un lado los profundos problemas económicos que aquejaron al capitalismo durante la segunda y tercera década del presente siglo y que frenaron el proceso de acumulación de capital, poniendo en riesgo la vigencia misma del sistema capitalista. De otro lado, la efervescencia de las luchas sociales reivindicadoras de las masas populares sujetas a un intenso desarrollo ideológico y de organización, como resultado de sus condiciones de miseria económica y social y a la subordinación política que les impedía el acceso a espacios de poder.
El Estado intervencionista surge como una alternativa viable de reorganización económica, política y social pretendiendo resolver, lo que Keynes, resumía como el problema político de la humanidad: la combinación de la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Esto fue posible mediante una profunda reforma a las concepciones liberales del momento y dio como resultado una estructura económica novedosa denominada economía mixta.
En lo económico, las ideas que nutrieron esta reforma del capitalismo se fundamentaban, en el desencanto por la idea de los equilibrios presupuestales y la desconfianza en los mecanismos de mercado para asegurar, mediante ajustes automáticos, los equilibrios necesarios. Ello propició un rompimiento con los postulados del liberalismo económico tradicional. De igual modo, la profunda revolución teórica también se acompañó de una profunda revolución moral que se expresó en un cambio radical en cuanto a la concepción de la libertad social. Así, la libertad entendida como ausencia de coerción, como ausencia de imposiciones o limitaciones, como el derecho a no sufrir despojo de la propiedad, es decir libertad negativa pierde su preeminencia ante la nueva concepción de la libertad social como libertad positiva, que se entiende como una libertad para el autodominio, para adquirir capacidad de autodeterminación y autonomía. Es decir, la posibilidad de perseguir fines racionales. Por tanto es una libertad que legitima el derecho a recibir algo. Basado en este principio, el Estado adquirió, el compromiso de velar por el mejoramiento material de las clases trabajadoras como fórmula para dar respuesta a sus luchas sociales, así como la responsabilidad de asegurar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de acumulación cumpliendo objetivos de legitimación política y de armonización social.