Que se gaste ese dinero petrolero

Con relativamente grandes masas de dinero, temores externos frente a los precios agrícolas, bajos precios y poca demanda de importación de productos manufacturados por parte del mercado mundial, la economía busca volcarse hacia los sectores en los cuales la inversión percibe un proceso natural, que caracterizaba el país en su perfil de sujeción externa. Y se vuelca hacia la construcción, que configura el tercer punto de un cerrado triángulo identificado con la elevación del sector comercial y de servicios en otro lado y la depresión agrícola en el otro, que impulsaba el éxodo de campesinos a las ciudades reforzando la estructura dominante de la tenencia de la tierra e invalidando cualquier expectativa favorable de equilibrio regional, aunque algunos tuvieran ciertas esperanzas de señorita vieja en la producción de café y cacao.

Los gastos oficiales se dirigen a la obra pública, eufemismo de la construcción y los servicios de mantenimiento, una especie de meretriz de la historia económica en Venezuela, que perdió su virginidad en los años inmediatos del postgomecismo, aunque ya había tenido sus aventuras desde Guzmán Blanco.

Para diciembre de 1946 el gobierno ha contraído sobre una deuda de Bs. 31 millones, la cantidad de Bs. 24,5 millones en emisiones destinadas a las obras públicas. El gasto presupuestario del Ministerio de Obras Públicas alcanza casi la cuarta parte del presupuesto gubernamental y se cifra en Bs. 99 millones en el primer semestre de 1946, mientras que en el segundo semestre llega a casi un tercio del mismo presupuesto cifrándose en Bs. 107 millones. Otros gastos ministeriales apuntan en el mismo sentido: Compra del tranvía de Caracas, mejoras en los servicios eléctricos, préstamos a las municipalidades para expropiaciones inmobiliarias, elevación del capital del Banco Obrero, que era una entidad encargada de construir viviendas populares, etc.

Dice el BCV en su Memoria:

“... Hay un hecho fundamental que debemos destacar antes de entrar en el análisis de la política de gastos. El volumen relativo a los ingresos, su calidad – en proporción importante – de contravalor de una riqueza del subsuelo que por razón natural ha de agotarse paulatinamente, y nuestro estado económico y social atrasado, obligan al Gobierno a invertir la mayor parte posible de los ingresos en obras que contribuyan a elevar el nivel de la economía nacional de un modo eficaz y con efecto duradero. Por otra parte, el éxito definitivo de esa política depende de que sea estructurada en forma tal, que los gastos respectivos puedan tener estabilidad y continuidad, que la política interfiera lo menos posible en el desarrollo de sectores básicamente sanos de la economía y que se adapte al ritmo coyuntural de la vida económica del país, a fin de que puedan ser amortiguados y suavizados los impulsos alcistas y bajistas que procedan de los factores incontrolables (¡sic! ) de la economía...” 54

Considerada la particular y tradicional sindéresis del discurso del BCV, y conocido el timorato pensamiento de la burguesía venezolana, uno se explicaría que la idea de gasto estable exigida por los grupos económicos, que motivaba el texto de la Memoria del emisor, se refería precisamente a la estabilidad del concreto armado, magnánima idea de las oligarquías urbanas, herederas de terrenos, y de los vendedores de cemento, arena y cabillas.

La depresión agrícola, la elevación de la construcción, y el desarrollo del sector terciario, se encadenaban, encontraban causa (se encausaban) diría uno de esos académicos a quienes la lengua se les enreda hablando del antecedente y el consecuente, con el desabastecimiento de productos. El Estado debe resolver el problema, y anula la licencia previa para las importaciones más o menos tradicionales, es decir las mercancías que en algún momento anterior fueron importadas. La licencia previa comienza a operar solamente sobre importaciones nuevas, que antes no habían ocurrido, como de mantequilla, carnes congeladas, secas y saladas, y otras. Los precios de los productos de consumo esencial son regulados. En diciembre de 1945 el gobierno revolucionario había decretado la rebaja de alquileres a cambio de la exoneración de impuestos durante cinco años para nuevas edificaciones de precio controlado. Se suprime el impuesto sobre la producción de derivados del petróleo. El Estado, a la par de fijar precios máximos a los artículos de primera necesidad, los importa directamente y establece un subsidio al diferencial arrojado entre el costo y el precio de la regulación, tanto en importaciones públicas como privadas. Comestibles como arroz, manteca, aceites, maíz, azúcar, harina de trigo, y otros, son importados por el Estado ampliamente, y por particulares también, a los cuales se les exonera los derechos arancelarios. Se les subsidia el precio a los criadores y se regula el precio de la carne. Se fijan tarifas máximas para la carga transportada, y el gobierno importa directamente vehículos y cauchos que pone a disposición de particulares. Al final, aunque toda esta política se ve distraída por la especulación, se logra no obstante mitigar la elevación del costo de la vida, a bien decir, más por una elevación del efectivo en manos de las clases de menores recursos que por la eficacia del directo control de los precios. El abastecimiento importado penetraba significativamente la circulación mercantil. Puede decirse que la velocidad del dinero era marcada desde el exterior, inherente al precio mundial, de forma tal que mientras menor era el efecto del precio externo sobre una masa monetaria dada en el interior, se generaba un fenómeno lógico sobre una velocidad de dinero disminuida en el orden interno, ya que la masa monetaria incidía sobre los precios internos. Los precios combinados no subían con la masa monetaria debido a un precio externo que venía equilibrado con las condiciones monetarias de sus países de origen. Se verificaba un diferencial entre la elevación de los precios y el aumento del efectivo per cápita del público, que redundaba positivamente en el poder de compra. Pero, no obstante, se configuraba un montaje de nueva economía: Elevación de sueldos, subsidios al precio y a costo, exoneración de aduanas, liberalidades oficiales a la orden del día, etc., sin disminuir en última instancia el efecto del aumento en la circulación. 55

Los empresarios, particularmente los comerciantes, protestan y claman por la derogación de controles exigiendo aumentos de precios. El gobierno les responde con la disposición de atacar la problemática a nivel de los costos de producción a través de los organismos financieros, además de concretar la absorción en forma líquida de los requerimientos más urgentes.

A los industriales se les asigna la Corporación de Fomento, que viene a sumarse al Banco Agrícola y Pecuario y al Banco Obrero en la promoción económica. La Corporación, creada por Decreto el 29 de mayo de 1946, se inicia con un capital propio de Bs. 60 millones, heredando adicionalmente Bs. 30 millones de una anterior Junta Nacional para el Fomento de la Producción, y le fue atribuida una partida no menor del 2% ni mayor del 10% anual del presupuesto gubernamental, lo que equivalía a unos Bs. 70 millones más. Era una institución nacida con propósito no regalista, como derivó muchos años luego. En los inicios se propone influir la modificación de las relaciones de producción capitalistas promoviendo ciertos cambios en la estructura de la propiedad y administración industrial. En 1946 recibe además, el 50% de las acciones del Banco Industrial de Venezuela.

Abarrotados de divisas (en 1946 se alcanzan las cifras mas altas en muchos años), los venezolanos no encuentran mas remedio que esperar que la mercancía de importación forme precios a bajos niveles, lo cual colidía con el anhelo de competir, y debieron condescender en que una remota posibilidad de que se formara ese tipo de precios desde los países de origen, consistía en abandonarse a la idea de vender materias primas baratas desde los países de la periferia, entre ello el petróleo.

No había ánimo para revaluar la moneda, porque el efecto de abaratamiento de las importaciones por vía cambiaria atentaría mucho más contra la ya débil producción nacional. Tampoco podía devaluarse para atacar las importaciones, en razón de la sensibilidad de la masa monetaria, ya bastante excesiva que amenazaba con desencadenar la inflación.

Venezuela poseía un tipo de cambio diferencial, inferior para la compra de dólares petroleros, justificado en el hecho de considerarse la explotación petrolera una parte exógena de la estructura productiva; y más alto para las exportaciones agrícolas. Esta situación había impedido el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigía la derogación del control de cambios vigente desde el régimen medinista. Cuando Venezuela recibía un dólar del petróleo ponía en circulación 3,09 bolívares. Si requería importar un dólar en mercancías, debía disponer de aquellos 3,09 más 0,26 bolívares adicionales (una tasa de cambio de importación de Bs. 3,35). Si subía la tasa cambiaria del dólar petrolero, el importador de petróleo en los países desarrollados seguía pagando un dólar, pero Venezuela colocaba a disposición de los venezolanos más de 3,09 bolívares, (supongamos Bs. 3,19), con lo cual la corriente monetaria disponía diez céntimos adicionales para hacer operaciones, que se empleaban efectivamente en la compra de divisas para traer mercancías. Como no podía sostenerse un cambio mayor para el solo dólar petrolero, se reclamaba la unificación del tipo de cambio, que era finalmente lo mismo, es decir la reevaluación forzosa del dólar petrolero (devaluación del bolívar frente al dólar petrolero). Venezuela ingresa al FMI, sin embargo, cuando éste le permite continuar con el cambio diferencial durante cinco años a partir de 1946, previéndose que pasados los cinco años pudiera continuar con dicho control monetario solamente con autorización del organismo financiero internacional.

Al respecto decía el BCV en su Memoria:

“...En esa forma tiene Venezuela el tiempo necesario para estudiar con la calma requerida la modificación del presente sistema y la oportunidad de llevar a la práctica tal modificación, en forma que el valor de nuestra moneda corresponde a las condiciones y necesidades presentes y futuras del país en el Fondo y el Banco de Reconstrucción y Fomento, por otra parte, nos provee de elementos de reserva para eventuales desequilibrios en las cuentas internacionales y de la posibilidad de obtener capitales que pudieran ser necesarios para la ejecución de obras de desarrollo de la economía nacional…”.56

La idea de cambiar el fomento real, objetivo y actual, de las exportaciones no petroleras, por una ayuda virtual de capitales, no parece, sin embargo, un buen argumento para entrar al FMI.

Como la querencia de una niña coqueta, la fidelidad de la burguesía con el partido Acción Democrática es cambiante. Cuando el partido desde el gobierno se le ocurre ceder a los requerimientos de las clases populares, los hombres de negocios se asustan y le recriminan. Las expectativas en 1947, aún netamente favorables frente a la Junta Revolucionaria, han disminuido por obra de una gran movilización de masas que despliega el partido de gobierno. La elección de una Asamblea Constituyente será gloriosa porque se realizará bajo la sublime fe popular. En la Junta está representada una Venezuela fresca, joven.57 Las masas campesinas aportaban al movimiento ideales de redención que llevaban el sello de un pensamiento límpido como el olor de lluvia recién caída en los campos venezolanos. Un hito de grandeza animaba la historia venezolana porque se reputaba posible trasponer en medio de la emoción colectiva, umbrales de justicia que el pueblo jamás pudo cruzar quedando herido en ese punto en que se tocan pero no se confunden la historia y el anhelo humano de justicia social. La burguesía, no obstante elevarse como nunca en la historia de Venezuela, al ser adherida a este entusiasmo popular, e incluso deseando responder a su manera ante el propósito general de ascenso, se detiene y ve cortados sus impulsos, mas por realidades externas que por carecer de suficiente espacio en las relaciones del Estado. El auge industrial de los países desarrollados quiebra el aliento de los países latinoamericanos. Observar que los EE.UU. duplican con creces su Producto Nacional de 1939, que eleva casi al doble la producción física, que incorpora anualmente mas de un millón de personas al trabajo, y que triplica la Renta Nacional, era para inmovilizar cualquier emoción propia y entregarse a la contemplación un tanto amarga del vencedor.

Al otro lado del océano, Gran Bretaña había recuperado casi totalmente sus producciones de hierro, carbón, acero; y su exportación de maquinarías, automóviles y productos químicos excedía en un 50% a 100% el volumen arrojado antes de la guerra. Bélgica, Holanda, Noruega, Francia, Italia, territorios arrasados por la bota alemana, habían recuperado y sobrepasado sus niveles de preguerra. Todo ello obligaba al resto ingenuo del mundo a verse en el siempre oscurecido espejo de la pobreza y la dependencia; a rumiar con paciencia la desventura de lo que a falta de análisis parecía ser la posesión culposa de un alma agrícola o mineral, como pecado originalísimo de estos pueblos cuyo único consuelo eran las recurrentes crisis de avituallamiento en los países desarrollados. Un infeliz consuelo que reforzaba el complejo de verse sujetados a las ya tediosas actividades primario-exportadoras donde día tras día los grupos de obreros paupérrimos quedaban encerrados en el monótono sonido de un balancín, hipnotizados en el desfile de ennegrecidos rostros mirándose silenciosos en las entrañas de una mina, o envueltos en el sopor del vaho vegetal de los latifundios.

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