VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y
REVOLUCIÓN
Edgardo González Medina
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El régimen bonapartista intentó emplearse con éxito en algunas esferas de
gestión pública sin menoscabar el poder del Estado. Al finalizar el segundo
gobierno de Rafael Caldera, la administración de la polìtica petrolera se
encontraba predominada por las peores ambiciones privatizadoras. Se intentaba
convencer a los venezolanos de la conveniencia de asociar la anterior política
petrolera a una estrategia global de uso energético del petróleo donde el más
bajo precio combinado con mayores volumenes de producción garantizaría ingresos
monetarios crecientes, mayor captura de mercados principales y secundarios, y
participaciòn en negocios petroleros y petroquímicos transnacionales. Dentro de
la estrategia general se concebía la ruptura con el cartel petrolero OPEP en
momentos en que el mercado mundial se encontraba deprimido y los paises
productores de petróleo OPEP y no OPEP se encontraban en crisis, lo cual sería
acelerado, según ellos, de producirse la ya previsible confrontación militar
contra algunos paises árabes. Para 1998 el precio del barril de petróleo llegó a siete dólares, y sobre esa
realidad se pretendía justificar como solución una mayor expansión productiva
que solamente podía llevarse a cabo si se contaba con una intensa inversión de
capital extranjero. De esta forma se concebía una variedad de formas asociativas
con las transnacionales, de orden ya conocido en otras áreas de negocios, tales
como el join venture, criollizado bajo los nombres de asociaciones estratégicas
y riesgos compartidos. En fin de cuentas, se intentaba abrir de nuevo las
puertas a las empresas transnacionales, se preveía dividir PDVSA en varias
empresas más pequeñas, susceptibles algunas de ser privatizadas. El modelo
privatizador ya habia sido probado en un país de economía grande como habia sido
la Unión Soviética, donde la tarea de desmontar al Estado se habia llevado a
cabo mediante rapaces privatizaciones, dividiéndose las grandes agencias
estatales del modelo soviético en pequeñas unidades vendidas mediante vales
gratuitos canjeables por acciones que terminaron en pocas manos. Los asesores
del Fondo Monetario Internacional pensaron que si habian podido desmontar un
poder económico estatal tan sólido como habia sido el soviético, entonces podían
desmontar cualquier estructura estatal latinoamericana con facilidad. El régimen bonapartista en 1999 inicialmente promovió una reacción contra esa
política entreguista, y se planteó con éxito contribuir a los signos de
recuperación de los precios petroleros que ya se veían venir, con un esfuerzo de
revitalización que la OPEP ya juzgaba posible, participando con el mundo árabe
en la retoma de la estrategia de fortalecimiento de los precios del barril
mediante la fijación de cuotas de producción. Aunque no tuviesen la fuerza de
los años gloriosos, los paises de la OPEP contribuyeron a cambiar la tendencia
de los precios, que se alimentó además de las expectativas comunes que
históricamente hacen oscilar los precios. Paralelamente, en el mundo de las
transnacionales se verificaba un reacomodo de las compañías de mayor signo
nacionalista de los EE.UU, vale decir la Texaco unida a la Chevron, que
pivoteadas con la llegada a la Casa Blanca del grupo político-familiar a ella
asociado, encabezado ahora por George W. Busch, se empleó en una polìtica que en
el fondo coincidió con el proceso de fortalecimiento de los precios del
petróleo. Contribuía a ello, así mismo, la recuperaciòn económica de Rusia y
otros países de la vieja Uniòn Soviética que pasaban a consumir su propio
petróleo que pasaban a retirar progresivamente del mercado mundial.
Coincidencias no extraña si se piensa que las compañías norteamericanas, cuya
producción principal venia siendo obtenida de los campos petroleros texanos a un
costo de producción superior a los arrojados en los campos de otras
transnacionales como la Exxon, se habian visto afectadas en el pasado por los
bajos precios y ahora venían por una revancha. La política internacional de la Casa Blanca se acopla seguidamente a la
necesidad de sus empresas criollas de estimular el crecimiento de los precios
petroleros, y de la misma forma ocurre con las empresas petroleras rusas, lo
cual se tradujo en una mayor perturbación de los entornos politicos de los
territorios petroleros, los cuáles en el caso de los países de Medio Oriente, de
suyo se encontraban perturbados. Similarmente, un proceso de alza de precios del
petróleo colocaba - como en efecto lo hizo - al resto del mundo comprador de
petróleo, en una mayor dependencia de la maquinaria polìtica y militar de los
EE.UU que en fin de cuentas era la garantía mas idónea de la estructura
capitalista mundial a la que venia entrando también Rusia por la puerta grande. En una vertiente de esa ola se deja llevar Venezuela, evidenciándose una
intuición correcta de la realidad mundial por parte de los responsables de la
política petrolera en los primeros años del gobierno de Chávez. La conclusión
estratégica no era nueva, por demás. En la fundaciòn de la OPEP Venezuela y los
árabes ya habian jugado también con las contradicciones similares a las vistas
entre la Texaco y la Exxon: Las de la Shell y la British. Al frente de la
polìtica petrolera Hugo Chavez tuvo el acierto de colocar inicialmente a ciertos
discípulos de Juan Pablo Perez Alfonzo que habian sido echados al cesto por los
yuppies elevados en las réplicas gubernamentales de Carlos Andrés Perez y Rafael
Caldera. De esta forma Alí Rodriguez Araque, Alvaro Silva Calderón, Mendoza
Potellá, Francisco Mieres, Mazhar Al Shereida, y otros, son colocados al frente
o de alguna forma gravitan sobre una concepción conservadora de la política
petrolera que en el fondo no era nueva sino la misma que con la firme visión
nacionalista de Perez Alfonzo habia establecido en forma pacífica pero
inconmovible el principio de la defensa de los precios a través de la OPEP.
Aún cuando coincidieran otros factores del mercado mundial, Venezuela tenia que
hacer su parte del trabajo y lo hizo, y a partir de la revigorización de la OPEP
iniciada en su Conferencia realizada en Caracas. Pero por otra parte, hasta el año 2.002 el régimen bonapartista fue
absolutamente ineficaz en la atención de políticas económicas. El bonapartismo
en realidad perdió la oportunidad histórica de colocar en una mejor posición a
las clases trabajadoras, aunque innegablemete ha intentado implementar programas
de financiamiento de la producciòn de bienes y servicios. Superadas las crisis
de los años 2.002 y 2.003, se establecieron o fortalecieron una decena de fondos
de financiamiento agrícola e industrial que han alimentado centenares de
proyectos. Al estudiarse las cuentas de esos fondos se evidencia que una masa
inmensa de recursos ha sido trasladada a proyectos productivos, y forzosamente
ese fuerte estímulo de la demanda permitió que el indicador del valor agregado
revertiera su tendencia regresiva, pero si se analizan los efectos que debieron
haber sido obtenidos y que no se obtuvieron, emergen preguntas cuyas respuestas
no parecen disponibles, principalmente por la carencia de un sistema de control
y seguimiento de esas polìticas de financiamiento. El régimen no se ha empleado
en hacer una revolución, en efecto; y si se ha empleado en financiar el sistema
tal cual lo encontró; pero dicho financiamiento no ha dado las respuestas que
teóricamente debió haber dado, y aparece en todo caso como un proceso de
despilfarro descomunal. En materia petrolera también el régimen dobló la cerviz ante el imperialismo.
Con el mecanismo casi espúreo de un Decreto-Ley, basado en una autorizaciòn para
legislar que obtuvo de una Asamblea Nacional adocenada que le era afecta, Hugo
Chávez derogó la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos y puso en vigencia
un instrumento legal que permitiera abrir de nuevo las puertas a las
transnacionales, sin una debida consulta o debate con la sociedad. El 1 de enero
del año 2002, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, y en su
artículo 9 dispuso que por actívidades primarias debe entenderse todo lo
relacionado con la exploración, explotación, transporte y almacenamiento
inicial. A la vez en su articulo 22 prescribe que tales actividades pueden ser
realizadas por empresas mixtas, en las cuales participe el sector privado.
En la anterior Ley solo se habia permitido la posibilidad de convenir con las
transnacionales contratos de servicios, que se extendió a asociaciones
estratégicas (join ventures) sin un contenido legal prestablecido, de tal forma
que su perfil nacionalista debia quedar definido en la discusión de los términos
de esos contratos y dependìa de la voluntad polìtica de los negociadores. Pero
el nuevo Decreto-Ley establece opere lege un tipo de asociación tradicional de
Empresas de Explotación, mediante lo cuál las compañías transnacionales pueden
entrar directamente en el negocio petrolero, cumpliendo con el requisito
bastante holgado de poseer solo hasta el 49% accionario y que la empresa mixta
pague al fisco un máximo de 30% en regalías por el uso de los yacimientos del
Estado. En la figura anterior de contratos de servicios, las contratadas no
pagaban conceptos de regalías ya que desempeñaban el papel de prestadores, y era
el Estado quien les liquidaba el equivalente a una alícuota de los beneficios
obtenidos por el Estado en el negocio. En la nueva figura empresarial, las
transnacionales obtuvieron el derecho de propiedad privada sobre la explotación,
asociados al Estado. Si bien habría sido perentorio la revisión de los contratos
de servicios, incluso la sola supervisión efectiva de las condiciones en que
eran prestados esos servicios hubiera bastado para optimizar los rendimientos
del tipo jurìdico.
Los avances en el desempeño del Estado
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