VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y
REVOLUCIÓN
Edgardo González Medina
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Rafael Caldera llega a la Presidencia en la ola de ascenso de la izquierda
venezolana. Cuando estos partidos analizan los hechos pasados, deben darse
cuenta que no era la popularidad de Caldera lo que hizo posible el triunfo de
éste en 1993, sino que tras el agotamiento de los partidos AD y COPEI, las
clases populares habían volteado sus ojos a la izquierda venezolana, desechando
sus viejas ideas anticomunistas, oteando en el mundo de la alternativa política
no probada. No es Rafael Caldera quien hace gobierno a los partidos de
izquierda, sino éstos hacen Presidente a aquel. Desde la perspectiva de nuestro
tiempo es más fácil entender que la izquierda se encontraba desbloqueada en sus
intentos de competir por la maquinaria del Estado. Partidos como Causa R tenían
un alto grado de aceptación popular fundado en luchas recientes. El MAS colocaba
masas de jóvenes e intelectuales dirigentes disertando en medio de la gritería
de las marchas. Los miristas viejos y los recién llegados de los liceos donde
todavía el MIR levantaba los recuerdos más románticos, hacían buena bulla en
cada concentración popular, con boinas a cuyo frente colocaban el rostro del Che
Guevara. Los graves mepistas sentados en las tarimas junto a Caldera saludaban
imperceptibles a dirigentes sindicales tras los cuales se ubicaban disciplinados
como siempre grupos obreros con sus franelas e insignias. Los viejos comunistas,
con sus jóvenes vendiendo borrosos ejemplares mimeografiados del periódico
Tribuna Popular, se acompasaban casi incrédulos de su propia presencia junto al
viejo enemigo ideológico. La incapacidad de unirse en torno a objetivos propios llevó a los dirigentes de
izquierda a unirse en torno a un objetivo ajeno que era la candidatura de Rafael
Caldera, casi sin darse cuenta que la fuerza de los hechos había llevado a la
izquierda a su momento histórico. Ello se verificará nuevamente, mas adelante,
en la campaña de Hugo Chávez en 1998, cuando toda la propaganda anticomunista no
hizo el menor efecto en contra de los partidos de izquierda, y cuando éstos, sin
percatarse aún de su momento histórico, formaron filas tras el discurso
multicolor del militar golpista cuya misión si acaso estaba prevista para
manejar el tanque arriba del cual estarían de pie los líderes revolucionarios
151. No obstante, el hecho de poderse afirmar que quizá no hubiese sido necesario
aliarse con Rafael Caldera para avanzar hacia el poder, no nos induce a negar
que el proceso de aproximación de la izquierda venezolana al poder se alimenta y
facilita con la alianza que lleva a Caldera a la Presidencia, lo que permite la
ancha avenida por donde transitó la candidatura de Hugo Chávez en 1998, ya
identificada mucho más como una candidatura de la izquierda venezolana. Pero lo
fundamental de entender es el hecho de que la izquierda venezolana toma el
espacio político que le deja la socialdemocracia reformista, hasta ese momento
representada principalmente por una AD en retirada, siendo el mismo espacio
político dominante en toda la larga etapa de pluralismo político. Valdría decir que toma su propio espacio, en el sentido de la proximidad
ideológica e histórica del reformismo socialdemócrata y la izquierda socialista,
y en el sentido de que es AD la que venía retrocediendo dentro del espacio
histórico de la socialdemocracia, no es el espacio histórico de la
socialdemocracia el que venía retrocediendo. La izquierda se aproxima al Poder
en la medida que su discurso y sus propuestas se asemejan a las propuestas
reformistas de la socialdemocracia, propuestas sin embargo que son de izquierda,
anti-imperialistas, nacionalistas e igualitarias. Caldera sacrifica su discurso conservador cristiano y hace una campaña fundada
en la denuncia del neoliberalismo, de la dictadura del Fondo Monetario
Internacional, etc. En su campaña suscribe un programa de gobierno que llama
Carta de Intención con Venezuela, que le prepara ni más ni menos que el
exministro de planificación de Jaime Lusinchi, Luis Raúl Matos Azócar, el mismo
autor del programa de gobierno lusinchista llamado Pacto Social. En las reuniones pequeñas de los técnicos de la campaña, sin embargo, nadie se
miente cuando se prevé el requerimiento de una cifra cercana a los 33.000
millones de dólares de ingreso para poder sostener la estructura de gastos del
Estado, y que tal cifra solo podía emerger de muchas argucias que se
intentarían, pero principalmente de la venta de petróleo, y se decía que las
petroleras lo sabían mas que nadie, y que por ello accederían a lo que vienen
insistiendo las petroleras hace unos años: Una alternativa de nuevas concesiones
petroleras. Los escenarios técnicos concurren en considerar la crisis de credibilidad del
sistema político. Este fenómeno se hace corresponder puntualmente con el
programa de ajuste anterior que, para peores males, quedó suspendido en tal
forma que ni avanzó hacia los nodos donde pudieran exhibirse tímidas ventajas
para las mayorías, ni fue sustituido por una alternativa válida. El programa de
gobierno de Caldera, entonces, evita cualquier definición pública que huela al
paquete económico del gobierno anterior, pero en la sombra, todos los técnicos
hurgan las páginas de El Gran Viraje, suavizando las palabras, matizando los
conceptos, alargando los plazos de ejecución, tejiendo viabilidades, etc.
Concluyen en la solución elemental de gobernar en dos tramos diferenciados: El
primero se parecería al gobierno de Jaime Lusinchi, el otro al segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez, es decir, una caricatura de la táctica leninista de
echar un paso atrás y dos adelante. Esto sería suficiente para aguantar cinco
años en el gobierno. Para el primer tramo, ¿cuál mejor Ministro de Hacienda que
Luis Raúl Matos Azócar, funcionario del gobierno de Jaime Lusinchi?. Para Matos
era su segunda producción de programas de gobierno. La Carta de Intención con Venezuela, cuyo título ironizaba las llamadas cartas
de intención que el Fondo Monetario Internacional exige a los países receptores
de ayuda financiera, partía de la premisa supuestamente antineoliberal de que la
crisis económica no era un fenómeno natural, sino causado por el comportamiento
de quienes habían dirigido el país en las últimas dos décadas. Postulaba la
reafirmación del rol del Estado, en una amplia concepción, no solo mediante el
fortalecimiento de los tres poderes clásicos sino, además, incluía el poder
constituyente. Planteaba una democracia participativa que garantizara una
participación social fundamentalmente política pero decisoria, y entre las
futuras reformas constitucionales prometía la inclusión de referendums
consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios. Otras reformas se
postulaban, tales como la de la administración de justicia, la implementación de
la figura del primer ministro, la defensoría del pueblo, el fortalecimiento de
la fiscalía general, etc. Al enfocar los desequilibrios macroeconómicos,
determinaba como prioritario la moderación de la demanda de divisas, evitando en
todo momento la devaluación; así mismo, pensaba que el equilibrio fiscal debía
ser conjurado mediante la austeridad en el gasto, mejoras en la recaudación,
reforma tributaria, suspensión del Impuesto al Valor Agregado, y una
reorientación del gasto dirigida a la equidad social; adicionalmente establecía
una estrategia de acuerdos entre los sectores involucrados en la fijación de una
relación adecuada entre costos, salarios y precios; en el orden financiero
prometía bajar la tasa de interés; y finalmente, cuando abordaba las relaciones
entre los sectores público y privado, planteaba la apertura de espacios en
aspectos de la economía petrolera, minera, energética, siderúrgica, y alumínica,
jurando y perjurando que esta apertura no lesionaría la soberanía nacional y la
propiedad del Estado sobre los recursos naturales, y que se llevaría a cabo un
proceso de privatización prudente y transparente, analizando cada caso
minuciosamente para determinar su verdadera necesidad o conveniencia. Al iniciarse el gobierno de Caldera, se desatan luchas internas en relación al
curso económico. Diversos sectores, como el representado por el designado
Ministro de Hacienda, Matos Azócar; por otra un sector cuyo exponente visible
fue el economista Asdrúbal Baptista, miembro de la Academia de Ciencias
Económicas; por otra un sector a cuyo frente aparecía Domingo Felipe Maza
Zavala, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Central de Venezuela, y otros, pugnaban por imponer sus puntos de
vista. En 1994 se publica un Programa Extraordinario de Recuperación Económica
(PERE), por medio del cual se postula un horizonte de corto plazo de año y
medio, adelantando líneas estratégicas del IX Plan de la Nación que ya se
encontraba en preparación y que debía ser entregado al Congreso Nacional para su
aprobación. El PERE introduce algunas especificidades a la Carta de Intención anterior, que
la modifican en cierta forma. Determina que la crisis tiene dos vertientes
objetivas: El deterioro de la competitividad del aparato productivo y el
debilitamiento del Estado, diagnósticos que ya se habían hecho en el Plan del
tiempo del derrocado Carlos Andrés Pérez. Al analizar el rol del Estado, postula
una mayor identidad entre Estado y Gobierno, incidiendo en un mayor
fortalecimiento del poder ejecutivo. La participación social adquiría un
tratamiento mas ligado a lo económico y se remitía a niveles de las demandas
sociales. Se planteaban diseños de políticas con fines redistributivos,
programas de solidaridad, el apoyo social de los mas débiles, y una economía
solidaria, todo lo cual traducía la convicción del gobierno de que un programa
de ajuste neoliberal no sería problema si era acompañado por una política
dadivosa con los sectores populares, mucho de lo cual ya se había observado en
anteriores quinquenios y denunciado como clientelismo o populismo.
Al aterrizar en el terreno de las reformas concretas, el PERE postula la
reducción de la actividad productora del Estado, es decir las empresas
manufactureras oficiales. Debían abrirse espacios a la inversión privada, pero
debía garantizarse procedimientos de regulación de las actividades monopólicas,
como energía eléctrica y teléfonos, y en el sistema financiero. De la misma
forma, este era un planteamiento ya establecido en el paquete económico
anterior, como también lo era la disposición de una reforma que asegurara el
autofinanciamiento de los servicios públicos. El paquete anterior había
sostenido el aumento de las tarifas de los servicios públicos dentro de la
estrategia destinada a cerrar la brecha fiscal. El PERE lo planteaba como una
estrategia que haría posible una acción redistributiva a través de los servicios
públicos. En el PERE el esquema cambiario debía abandonar definitivamente el control de
cambios avanzando hacia una situación de supervisión de las transferencias
monetarias, dejando en libertad el resto de las transacciones. El mercado de
productos pasaría por tres etapas: Una política de precios bajo administración
del Estado, de corta vigencia; una política de concertación con el Estado,
también de corta vigencia, y finalmente una restitución plena de libertad de
precios. En cuanto al equilibrio financiero, el PERE postulaba gerenciar la
crisis, recapitalizando el sistema, protegiendo los ahorristas (una forma sui
géneris de argumentar la protección de los capitales bancarios), otorgamiento de
nuevos instrumentos de política a través del Banco Central de Venezuela, y una
propuesta de emisión significativa de bonos en dólares, con el fin de bajar la
tasa de interés y frenar las expectativas de inflación. Al abordar las relaciones con el sector privado, el PERE anuncia por la calle
del medio una apertura profunda de áreas de inversión al sector privado,
privatización en forma de asociaciones en el aluminio y el acero, venta de los
paquetes accionarios o los activos en las actividades de turismo, industria,
transporte, comunicaciones, distribución de energía, banca, y otros. Así mismo,
asociaciones estratégicas en áreas básicas como el petróleo y el hierro, y
apertura en sectores de punta como la explotación de oro y de los recursos
forestales. Finalmente, se abría una estrategia concesionaria en
infraestructura, tales como autopistas, terminales de pasajeros, puertos,
aeropuertos, canales de navegación, mercados, silos, y en una diversidad de
actividades que llegaban a las de índole deportivo y recreativo. En líneas generales el gobierno se plantea recolectar dinero de cualquier parte,
no solamente por las previsiones iniciales del programa electoral, sino que
Caldera asume la Presidencia en medio de una crisis en curso de tipo bancario
que no solamente no se logra detener sino que se profundiza, y que trajo como
consecuencia que el Estado auxilió a la banca privada con una cifra que comenzó
en Bs. 400 millardos y terminó en mas de un billón de bolívares, quedando en
manos del Estado una variedad de activos y créditos financieros que convertían
la idea de privatización en un asunto diferente a la luz de las nuevas
realidades. Emerge la necesidad de ganar tiempo y distribuir hacia el futuro el
impacto de los auxilios financieros. Se diseña entonces un programa de venta de
activos, y un nuevo programa de endeudamiento a través de emisiones de pasivos
financieros en moneda nacional y en divisas. Los actores de la economía financiera, el terrible mal denunciado en su campaña
electoral, gana la batalla nuevamente. Por la vía de conjurar la crisis
financiera, logran colarse quienes venían pugnando por desmontar las actividades
económicas del Estado, y un catálogo de ideas neoliberales está a la orden del
día. Los sectores progresistas del gobierno quedan acorralados, resisten en la
ejecución de las competencias de los cargos adónde estaban asignados152. Bajo
esta realidad, se hace imposible dar unidad de criterios y sobre todo de acción,
a la gestión económica de gobierno. El Estado promueve y alcanza un aumento del ahorro que en 1996 y 1997
experimenta tasas de crecimiento excepcionales, pero la absorción promedio de
ese ahorro por la inversión se aproxima al 46%, la menor en toda la larga serie
que data de 1950 al 2005, medido en términos reales. La brecha de la demanda
agregada llega a su más alta cifra, superando los Bs. 155 millardos promedio
interanual, en el período 1994-98, medido en términos reales, prefigurándose una
cuantiosa fuga de excedente neto al exterior, la mas alta de la larga serie. El
fracaso en el objetivo de la capitalización es estrepitoso, así como el del
objetivo de economía solidaria, al verificarse tasas regresivas del consumo
poblacional, con la paradoja de que durante la aplicación del paquete neoliberal
anterior no era tan evidente la depauperación del consumo poblacional, si se
comparaba el ínfimo crecimiento medio del período 1989-93 que dejaba sin embargo
algo subsistente las proporciones anteriores del Consumo, con el decrecimiento
del período de Caldera, ya que destaca que la relación del Consumo con el
Producto es la inferior de la serie a partir de 1979, como se muestra en los
siguientes cuadros C. 25 y C.26.
Neopopulismo: La Carta de intención con Venezuela.
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