Jorge Hernández, Abraham Sánchez y Allan Calderón
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CONSIDERACIÓN DE SUBSIDIOS - CARGA A SECTORES
A pesar de que el suministro de energía eléctrica para poblaciones o
industrias, como servicio público que es, debiera darse en condiciones de
igualdad o uniformidad existe una clara discriminación entre estos sectores
en cuanto a las tarifas que se les cobra (no hay una tarifa única y esta es
menor para el sector residencial). Esta discriminación se da también dentro
del sector residencial.
En un estudio realizado en el año 1989 sobre los efectos redistributivos en
el ingreso familiar de las tarifas eléctricas diferenciales en el servicio
eléctrico, Alvaro Barrantes y Xinia Herrera, determinan que el sector
residencial como un todo estaba siendo subsidiado por los otros sectores
económicos (industrial y general).
Al analizar el sector residencial, establecen que la estructura tarifaria
vigente implicaba que se subsidiaba a una proporción de familias cuyo
ingreso era relativamente alto, y que muchas familias con un bajo nivel de
ingreso se subsidiaban en menor medida. A pesar de esto, el subsidio
concedido al sector residencial, al ser progresivo, sí contribuía a una
mejor distribución del ingreso, pues si bien el monto absoluto del subsidio
era mayor para las familias ubicadas en los deciles más ricos de la
población, porcentualmente resultaba más significativo el efecto sobre el
ingreso que se daba en los deciles más pobres. Además, al dividir los
clientes residenciales entre habitantes de zona rural y de zona urbana,
encuentran que la estructura tarifaria beneficiaba más en términos
porcentuales a los del área urbana, pues el consumo familiar, la cobertura
del servicio y el subsidio por KWH son mayores para esta zona.
Lejos de consideraciones redistributivas y desde un punto de vista económico
la estructura tarifaria subsidia al sector relativamente menos eficiente,
pues se trata de un sector cuyo consumo presenta importantes picos que
generan grandes costos al sistema; el sector industrial, por el contrario
presenta un consumo más estable y el costo de distribución dentro de este es
menor. Otro aspecto a considerar, y que es mencionado en el trabajo de
Barrantes y Herrera, es que como el subsidio dado al sector residencial es
mayor que el sobreprecio que se está cobrando a los otros sectores, de
manera que globalmente, las empresas eléctricas obtienen pérdidas contables
y económicas, existe una situación financiera en el sector eléctrico
nacional que es deficitaria; y por ello, presenta dificultades para
abastecer demandas futuras por falta de financiamiento para construir
infraestructura.
A partir de 1997, durante la administración Figueres Olsen, se inicia un
proceso que busca la eliminación paulatina de los subsidios dados al sector
residencial, y de los existentes dentro de este, mediante la convergencia
tarifaria. Esto se ha reflejado en aumentos porcentualmente mayores para las
tarifas eléctricas residenciales respecto de los aumentos correspondientes
para el sector industrial y general; así como, dentro del sector
residencial, mayores aumentos porcentuales para empresas distribuidoras
independientes respecto a los incrementos para las tarifas del ICE y de la
CNFL. Esta política era necesaria, según se indicó en el momento de su
anuncio, para buscar un mayor equilibrio entre empresas y abonados; así como
para motivar una mayor competencia entre los sectores productivos (se
buscaba reducir el costo industrial de la electricidad hasta equipararlo con
los precios internacionales).