José Gpe. Vargas Hernández, M.B.A.; Ph.D.
Resumen
Este trabajo se propone analizar las relaciones de escisión existentes entre la
racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad. Primeramente se hace
énfasis en el estudio de las instituciones y las normas que constituyen la base
del funcionamiento interrelacional que determina el grado de racionalidad
instrumental entre los diferentes actores del Estado (gobiernos, burócratas,
políticos, etc.) el mercado (propietarios privados) y la sociedad civil. Se
revisan las teorías de la elección racional y elección pública, el enfoque
conceptual de la elección irracional, la teoría del agente –principal y los
costos de transacción para rematar con una crítica a las bondades del modelo de
la racionalidad instrumental. Finalmente, en función de las bases teórico
metodológicas anteriores se analiza la gobernabilidad de la sociedad y se
discuten sus implicaciones.
Palabras clave: Costos de transacción, elección irracional, elección
racional, gobernabilidad social, racionalidad económica instrumental, teoría de
la agencia.
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Introducción
Los inicios de la modernidad están marcados por una racionalidad que tuvo como
fundamento ideas religiosas, la revelación, la opinión y la autoridad que
mezcladas con intereses políticos y cañones en el siglo XVI da lugar a un modelo
antropológico que en el Siglo XVII deriva en el calculo con base en las
matemáticas y la geometría. La Ilustración fue una tendencia que acompañó a la
modernidad en un trayecto. La deficiencia de la racionalidad tiene precedentes
en el trabajo teológico del Siglo XVI y en el empirismo de Bacon a principios
del siglo XVII que anuncia su fe en el progreso.
El énfasis original de Weber es en analizar el cambio institucional, analizando
las dimensiones de la racionalidad, lo que requiere un cambio de énfasis de la
acción racional a las formas de racionalidad. Los tipos de acción social de
Weber son el afectivo basado en la emoción, el tradicional basado en el hábito,
el valoral-racional (wertrational) basado en valores, y la racionalidad
medio-fin basada en el cálculo. La acción social es racional basada en ideas y
elección consciente, categorizada por Weber las racionalidades afectivas y
tradicional como cerca de la frontera que denominó como acción orientada, (Weber,
1978:25) mientras que la racional valoral y la acción racional medios-fines son
más reflectivas o autoconscientes.
El posmodernismo radical que rechaza toda manifestación de la racionalidad es
considerado como un relativismo cognitivo y es cuestionado por considerarlo un
cientifismo dogmático frente al prestigio de la ciencia basada en el modelo
racionalista.
La economía institucional estudia la economía de los costos de transacción, la
economía de los derechos de propiedad, la teoría del principal agente, los
enfoques de economía constitucional y elección pública. El neoinstitucionalismo
que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional, surge
a principios de la década pasada como un conjunto de reglas que determinan los
procesos de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y
restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y
actores económicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de
políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos
de crecimiento y desarrollo. El desarrollo económico, político y social global
comprende el equilibrio de todos los actores políticos y sociales y los agentes
económicos.
El neoinstitucionalismo fortalece el marco de referencia de las estructuras de
gobernabilidad regulatorias mediante mecanismos de rational choice, costos de
transacción, teoría de la agencia y establecimiento de los contratos internos
mediante la provisión de información que es asimétrica y oportunista.
El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y
explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores,
tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización. La
teoría de la organización aporta importantes propuestas para la teoría de la
empresa basada en la economía de los costos de transacción, que incluyen las
teorías de los agentes y actores, los procesos de transformaciones en las
unidades de análisis y la descripción de nuevas formas de gobernabilidad.
Los diferentes acercamientos a la economía política abarcan desde el que
considera al individuo que actúa racionalmente como unidad de análisis hasta el
enfoque de racionalidad social. La economía política de los cambios
institucionales intenta identificar los intereses e incentivos de los actores y
agentes que pueden dar lugar a acciones colectivas oportunistas o coordinadas y
las coaliciones.
El enfoque racionalista metodológicamente acepta el individualismo y se
fundamenta en el principio de que los individuos (unidad de análisis) son auto
interesados, orientados a la satisfacción de sus propios intereses, deseos y
actividades determinados material y políticamente. La economía política racional
se centra en el estudio de los intereses como productores de una dialéctica de
la racionalidad e irracionalidad y al considerar al individuo como la unidad de
análisis no toma en cuenta las estructuras e interacciones de los agrupamientos
humanos y su influencia en el desarrollo.
Racionalidad instrumental económica
Las instituciones y las normas constituyen la base del funcionamiento
interrelacional que determina el grado de racionalidad instrumental entre los
diferentes actores del Estado (gobiernos, burócratas, políticos, etc.) el
mercado (propietarios privados) y la sociedad civil. Las instituciones tienen
como funciones reducir la incertidumbre ambiental, resolver los conflictos,
estabilizar y equilibrar los intereses de los agentes económicos y actores
políticos, dar continuidad a los proyectos, inducir a las personas a organizar
sus actividades, etc.
Cuando las instituciones externas no funcionan, los agentes económicos realizan
esfuerzos para compensar las inadecuaciones legales. La sociedad económica se
identifica con los agentes económicos que operan en un mercado. Esta
racionalidad instrumental que se fundamenta en que cada uno de los actores busca
egoístamente la satisfacción de su propio interés, entra en contradicción con
los acuerdos y el consenso entre los diferentes grupos de interés para lograr la
gobernabilidad democrática.
La racionalidad económica es la base de la “lógica del mercado” y de la
gobernabilidad de la sociedad bajo el principio dominante que la naturaleza y
conducta humana, como una inviolable verdad, pueden ser caracterizadas por la
persecución de la maximización de beneficios personales que aseguran el
interesamiento en sí mismos. Es decir, los individuos buscan los incentivos
económicos personales propios de los mecanismos del mercado para maximizar sus
beneficios. La lógica de la racionalidad económica formula e implanta
estrategias ortodoxas para solventar la crisis mediante el ordenamiento de un
cambio en las instituciones que regulan las relaciones de intercambio y estimula
los comportamientos emprendedores, innovadores y de apertura entre los actores
económicos, sociales y políticos.
El estudio de la racionalidad facilita el análisis de la estabilidad de los
arreglos organizacionales, su inercia, cambio y conflicto. El impacto de los
cambios de la racionalidad en las identidades individual y organizacional es una
importante dimensión de la teoría institucional (Townley, 2002). En la dimensión
de racionalidad, las reglas institucionales inventan la racionalidad. Las
fuerzas institucionales y racionales son fuentes alternativas de estructuras y
conductas no necesariamente en conflicto, sin embargo se reconoce que los
procesos institucionales sobrepasan a los racionales mediante el establecimiento
de reglas de racionalidad.
Los cuatro tipos de racionalidad son: la racionalidad práctica que calcula en
forma pragmática los medios para sortear las dificultades, la racionalidad
teórica o construcción de conceptos abstractos precisos como la deducción,
atribución de causalidad, la formación de significados simbólicos, la
racionalidad sustantiva o preferencia por valores últimos, y la racionalidad
formal por el cálculo de medios-fines.
La racionalidad práctica guía las acciones en rutinas diarias, provee patrones
de acción para los medios de trato con las dificultades prácticas inmediatas.
La racionalidad teórica involucra un dominio consciente de la realidad a través
de la construcción de conceptos abstractos precisos.
Los tipos de racionalidad que informan la acción racional son la racionalidad
sustantiva que informa la acción valoral-racional y la racionalidad formal que
informa la acción racional instrumental. La relación contradictoria entre
racionalidad instrumental y acción racional valoral se recomiendan en el cambio
institucional identificándose dos tipos de acción racional enmarcada como
instrumental apropiada, la racional práctica y la instrumental basada en
valores.
La racionalidad sustantiva ordena la acción con relación al valor postulado en
el pasado, presente o potencial, o agrupamiento de valores donde la conducta se
evalúa por sí misma, independientemente de sus prospectos de éxito.
Los conceptos de racionalidad sustantiva y de racionalidad práctica informados
por las obligaciones sociales y morales son posibles rutas a incorporar el
concepto de valores.
La racionalidad formal informa la acción racional de medios-fines. Polanyi et al
(1975) definen la acción racional como la elección de unos medios en relación
con un fin. La especificidad de la acción racional no se refiere “ni a los
medios ni a los fines, sino a la relación medios –fines”. El concepto de
racionalidad es más amplio que el dominio de la racionalidad formal,
instrumental, con un propósito, o medio-fin.
El concepto de racionalidad perfecta o completa es incompatible con el discurso
debido a las limitaciones de su capacidad para predecir los sucesos y para
evaluar los resultados de las diferentes alternativas para decidir óptimamente
en un instante y con los menores costos.
Para quienes sostienen la perspectiva de la ética discursiva, están interesados
en la verdad de los juicios desde un enfoque de información incompleta y
racionalidad limitada, mientras que desde la economía del bienestar hace énfasis
en los resultados concretos. El concepto utilitarista o bienestarista de
bienestar se centra en los medios, mientras que el concepto centrado en los
fines del bienestar humano está referido a en las realizaciones individuales a
partir del ejercicio de la propia libertad, por lo que la realización de los
fines como indicadores del bienestar humano depende de la voluntad o agencia
personal. Equiza (2001) señala como bases de las críticas al utilitarismo, la
identificación errónea de bienestar con utilidad en la elección, felicidad y
satisfacción del deseo, considera que la ordenación por suma es trivial, no
elimina la cuestión de la desigualdad y no incorpora las diferencias de partida
y agencia entre las personas.
Para los expresivistas, la racionalidad es una forma apropiada de expresión de
actitudes y expresiones que no promueven buenos resultados.
Los economistas usan el modelo estándar de racionalidad para predecir la
conducta bajo un nuevo régimen de políticas para evaluar las políticas de
acuerdo a su impacto en el bienestar de las personas afectadas. La formulación
de políticas económicas se fundamenta en el equilibrio de la interacción
racional de los agentes económicos.
En condiciones de incertidumbre, la racionalidad perfecta tiene poco sentido,
por lo que Simon (1955) la denominó como racionalidad limitada. La racionalidad
de las reglas en condiciones de incertidumbre justifica el uso de guías de
acción y reglas para determinar la conducta bajo ciertas situaciones. Las
orientaciones racionales de las condiciones económicas y sociales integradas en
sus estructuras para su aplicación delimitan la concepción de esta racionalidad.
En la racionalidad “adaptativa”, determinadas conductas son recompensadas y
otras son castigadas, es decir la conducta está sujeta a restricciones no son
aceptadas y cuyas predicciones son difíciles de determinar bajo los modelos del
homo economicus.
La racionalidad normativa muestra un movimiento de la organización a la
institución, que legitiman las elecciones organizacionales en referencia a la
misión y valores de la organización que sostiene la integridad organizacional.
La racionalidad normativa constriñe la adaptación organizacional y la
adquisición de recursos. El viejo modelo de gestión pública burocrática basada
en una racionalidad normativa ha cedido paso un modelo de gestión orientado por
una racionalidad tecnocrática. La reforma administrativa de los setenta se
orientó a la búsqueda de la racionalidad instrumental y la neutralidad política.
En los ochenta se transita de la administración a la gerencia pública en la
búsqueda de las organizaciones gubernamentales más eficientes y eficaces
mediante el uso de racionalidades instrumentales.
La teoría económica predice formas contractuales que contienen términos
eficientes implícitamente que se fundamentan en supuestos de que los compradores
emplean comparaciones de costo-beneficio en forma compensatoria y no selectiva
entre todas las posibles alternativas de productos que consideran, aunque con
limitaciones cognitivas y restricciones externas en tiempo y esfuerzos, todas
las posibles decisiones son elaboradas en un marco de racionalidad A pesar de
que el mercado espera proveer términos contractuales eficientes que den ventajas
tanto a los compradores como a los vendedores, tales términos no siempre son del
todo defendibles.
La concepción de la racionalidad pública es consecuencialista. La teoría de la
utilidad esperada en el que a cada resultado se le asigna una utilidad y para
cada opción en una situación de elección existe una probabilidad determinada que
se convierta en un producto dado, por lo que a cada opción puede asignarse una
utilidad esperada, es por lo tanto, una variante del enfoque consecuencialista
de la racionalidad, aunque no es la única posibilidad.
Los problemas de la acción colectiva se identifican como dilemas sociales entre
la racionalidad individual o colectiva en situaciones donde la racionalidad
individual de los actores queda atrapada para producir resultados no óptimos en
términos de bienestar agregado. El óptimo y sub-óptimo de Pareto determinan si
el resultado de un juego implica conflicto entre la racionalidad colectiva e
individual.
Bajo el enfoque del rational choice propuesto por el neoinstitucionalismo, las
instituciones tiene que diseñarse de tal forma que maximicen la racionalidad de
los individuos, que maximicen el logro de beneficios y se reduzcan los costos de
transacción de sus acciones sujetas a las relaciones del mercado. El diseño
organizacional de las estructuras formales e informales de decisiones mediante
procesos de diferenciación, tanto al interior y entre las organizaciones mismas,
se orienta a lograr un desempeño en función de una racionalidad en la
coordinación y ejecución de las actividades y absorción de incertidumbre. La
información estratégica que tienen los diferentes actores explica su
comportamiento estratégico en la racionalidad del diseño de los arreglos
institucionales.
Para delimitar las bases teóricas de los cambios en el Estado, la sociedad y el
mercado, es necesario revisar las teorías de la agencia (agency theory) y de la
elección racional (rational choice) en que se fundamentan la racionalidad
económica y analizar cómo estos principios crean disfuncionalidades en la
gobernabilidad de la sociedad, cuya característica principal es la separación
entre una racionalidad instrumental propia de la economía de libre mercado y el
simbolismo cultural.
Los acercamientos analíticos de la teoría de la agencia (Agency theory o AT)
referida a la tecnología para monitorear obligaciones que toman la forma de
nexos contractuales y organizacionales, así como la teoría de la economía de los
costos de transacción o transaction cost economics (TCE) que relacionan a las
organizaciones como estructuras de gobernabilidad, bajo el supuesto conductual
de una racionalidad confinada y oportunista, constituyen la base de la nueva
racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad.
Las estructuras de governance se describen en un continuo que va del mercado
spot anónimo en un extremo a la jerarquía perfectamente integrada en el otro, en
donde las partes que intercambian están unidas por los mismos arreglos de
propiedad y control, pero que proveen incentivos débiles a los administradores
para maximizar las utilidades. Tanto en economía como en derecho, la transacción
es una de mercado spot donde la identidad no es importante, pero si la
aplicación de reglas legales.
La unidad de análisis de la teoría de la agencia es el agente contratante,
mientras que para la teoría de los costos de transacción es la misma transacción
materia del contrato.
a) Teoría de la elección racional (Rational choice)
Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política.
La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones
como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. La
segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la
elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo
institucional mientras que los teóricos de la elección racional están
interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente
(Kaiser, 1997).
La elección racional (rational choice) como cuerpo teórico para explicar el
comportamiento humano desplaza a los planteamientos basados en las normas y
papeles sociales transmitidos por los mecanismos de socialización y la
tradición. La elección racional es un enfoque individualista porque confunde el
bienestar con las preferencias y con las elecciones. En la teoría del rational
choice o elección racional, los individuos solo se motivan por su propio
interés. La capacidad para elegir es la base de la sociedad del consumo mediante
la expresión de preferencias.
El punto de vista neoclásico de cómo se comportan los mercados y como deben
actuar las instituciones, se fundamenta en la teoría de la elección racional (rational
choice) de la economía organizacional. El rational choice estudia las relaciones
del mercado y las aplica a las relaciones sociales y políticas, a efecto de
diseñar las instituciones que maximicen los beneficios de los individuos
mediante la creación de incentivos económicos y reduzcan los costos de
transacción.
El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.
Por ejemplo, hasta ahora, se estudia la relación entre la confianza y la
elección racional (Moe, T. 1995). Los defensores del rational choice argumentan
la eliminación de todo elemento irracional que influya en las decisiones de
intercambio para lograr el nivel óptimo de los beneficios. Las variables
culturales, políticas, sociales, etc., son vistas como irracionales y no son
consideradas por los análisis de la elección racional.
La racionalidad instrumental del rational choice o elección racional se orienta
por la eficiencia para el crecimiento económico como un fin en sí mismo. El
crecimiento económico así conceptualizado se mide cuantitativamente en términos
cuantitativos del producto interno bruto y el consumo real promedio. Así, un
elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las
relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998).
El vínculo social es un recurso del capital social para el desarrollo económico,
el cual se presenta en forma neutral para ser aprovechado mediante diferentes
estrategias. La transformación de capital social en político explica la
formación de las políticas públicas con el apoyo instrumental teórico
metodológico de la nueva economía institucional, la teoría principal-agente,
etc. y por lo tanto, determinan la acumulación del capital social de los
diversos actores y su inversión en áreas diferentes, dependiendo de su capacidad
para identificar formas más eficientes de transformación de capital. Como un
componente del capital social, la confianza puede ser cohesiva y cooperativa. La
confianza cooperativa puede ser contractual, competencial y de compromiso, (Sako,
1992 y 1998) las cuales es posible operacionalizar porque median entre las
teorías basadas en las normas y la de elección racional que pueden ser
analizados bajo modelos metodológicos formativos y reflexivos.
La teoría de la elección racional se sostiene en la hipótesis de que conducta de
elección de los individuos trata de maximizar sus propios niveles de
satisfacción, hipótesis que no puede afirmarse totalmente. Los supuestos
económicos de la elección racional y las implicaciones que fluyen lógicamente de
estos supuestos sugieren que es el mercado y no la intervención del Estado, el
que asegura la provisión de los términos del contrato que son socialmente
eficientes y óptimos para los compradores considerados como una clase. Desde la
perspectiva de la elección racional, el tema del desarrollo visto por la
economía política trata de la forma en que los actores en los mercados realizan
conductas estratégicas de elección y razonamiento para maximizar sus propios
intereses que persiguen en función de incentivos, así como de los problemas de
agregación mediante la teoría de la acción colectiva y de la acción democrática.
En la teoría de las decisiones colectivas de Coleman (1988) se integra lo micro
y macro social sobre la base de la teoría de la elección racional considerando
al capital social como recursos de los actores en forma de obligaciones y
expectativas, capacidad de fluencia de información de la estructura social y las
sanciones de las normas. La teoría de la elección racional, de acuerdo a Coleman,
es aquella en la cual cada actor tiene control sobre ciertos recursos e
intereses en ciertos intereses y eventos. La existencia de al menos dos actores
y el control de recursos es la base del sistema social.
Habermas (1992, 408) puntualiza que la teoría de la elección racional todavía se
relaciona con la solución del problema Hobbesiano. Los principios que critica
son la estabilidad de las preferencias y la conducta de maximización de
utilidad. Las preferencias declaradas del individuo no son necesariamente las
preferencias que tendrían cuando están mejor informados, lo que prueba que la
teoría de la elección racional no es realista o adecuada. Las bases de los
principios del homo oeconomicus no pueden explicar convincentemente la
emergencia del orden estable, porque cuando tiene preferencias estables no puede
deliberar ni elaborar discurso.
Aunque tengan información incompleta de las posibles opciones y de sus
diferentes consecuencias, las opciones declaradas no son necesariamente
estables. Los cambios en la conducta no se deben a cambios en las preferencias
debido a la intensificación del discurso, sino a una información más completa.
El principio de la estabilidad de las preferencias no origina la posibilidad que
después del discurso, la gente prefiera opciones diferentes de aquellas que ha
declarado.
Para los teóricos de la virtud, la elección racional es la elección que una
persona con ciertos rasgos del carácter, tales como el buen juicio,
involucramiento emocional y otros rasgos, escogería.
b) Teoría de la elección pública (Public choice)
A su vez, el diseño del Estado neoliberal y de la formulación de las políticas
públicas, se orientan y se ajustan a los fundamentos de las teorías de la
elección racional y de la elección pública de la economía neoclásica. La teoría
de la elección pública explica el comportamiento económico y político en función
de la búsqueda de maximización de los beneficios de los individuos que realizan
diferentes interacciones en un contexto institucional el cual logra determinado
equilibrio entre los principales agentes económicos y actores que realizan
estrategias de negociación, competencia, formación de alianzas y coaliciones,
etc.
Esta concepción de la elección pública he derivado en el fundamentalismo del
mercado que considera que todo tipo de las interacciones humanas son reducibles
a simples transacciones de mercado. March y Olsen (1995) critican este enfoque
aduciendo que los intercambios ocurren entre actores desiguales en poder por lo
que no siempre son libres y buscan maximizar la utilidad, el sistema político
basado en el intercambio económico tiene efectos morales perniciosos que
debilitan los equilibrios de la gobernabilidad democrática como resultado de
incentivar el beneficio egoísta.
Los autores aurgumenta que si la naturaleza humana “el resultado fluido de un
proceso de evolución social, el diseño de las instituciones políticas no puede
partir de una naturaleza humana inconmovible, sino de la responsabilidad por
construir instituciones que incentiven su evolución positiva hacia mejores
equilibrios entre el propio interés y el interés general. Fijar la naturaleza
humana en el modelo meramente “mercantil” no sólo es una coartada para la
defensa del status quo sino una renuncia al progreso humano, que carece de
fundamento histórico.”
La teoría de la elección pública, se relaciona con el análisis de la
administración del Estado moderno representado por el desempeño de los
administradores y servidores públicos que persiguen la maximización de
beneficios. De acuerdo con este enfoque de diseño del Estado, los individuos
buscan la maximización de sus utilidades. Los Estados que promueven este tipo de
“mercado interno”, las operaciones de compraventa se realizan entre los
diferentes departamentos entre sí, y si encuentran una mejor oferta fuera de su
estructura, la efectúan.
La sobre vivencia de las regulaciones pueden tener como explicación las teorías
de la elección pública acerca de los grupos y la búsqueda de rentas. Así, las
políticas elaboradas fuera de esta definición del Estado neoclásico son vistas
como generadoras de rentas económicas para apoyar el pago de las corruptelas
(mordidas) y para recompensar a los electores por el apoyo político.
Enfoque conductual de elección irracional
Sin embargo, está surgiendo un nuevo enfoque en la economía conductual que
diverge de la teoría de la elección racional (rational choice) Este nuevo
enfoque surge en el supuesto de que en la realidad las personas actúen en forma
diferente. Es decir, en forma irracional, al buscar la maximización de sus
beneficios y de su bienestar mediante el uso de la información disponible y
actuando siempre con un auto interés a largo plazo, porque carecen de la visión
y de la voluntad para hacer lo que los textos de economía sugieren.
Este nuevo enfoque de economía conductual usa las teorías de la conducta para
explicar el “rompecabezas del premio de la utilidad”. Esto lo hace bajo el hecho
de que los retornos de utilidad a largo plazo son más altos. Por lo tanto, de
que las personas odian más las pérdidas que gozan de las ganancias, de que la
gente es recíproca al espíritu de otros más que a contra atacar y que las
percepciones de injusticias alimentan la revancha aún cuando los costos sean
mayores. Además, sostienen los teóricos de este modelo, los economistas Richard
Thaler, Andrei Shleifer, Daniel Kahneman y Amos Tversky entre otros, que el
trabajo que toma realizar la planeación financiera es una buena razón por la
cual las personas son negligentes y descuidan las cosas más importantes que
requieren de esfuerzos personales.
Diferencias entre el enfoque racional e irracional o conductual de la economía.
ENFOQUE DE LA ECONOMÍA CONVENCIONAL O DE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL
ENFOQUE DE ECONOMÍA CONDUCTUAL O DE LA ELECCIÓN IRRACIONAL
La gente se enfoca en todos los activos La gente compartamentaliza sus finanzas.
Viviendas con ahorros elevados tienen deudas de tarjetas de crédito con altos
intereses.
Las acciones se desempeñan mejor que los bonos. La gente toma períodos largos
para evitar perder dinero. Ya que las acciones son de mayor riesgo que los
bonos, los inversionistas en acciones demandan retornos más altos para compensar
las pérdidas.
Las personas actúan sobre la base del puro interés. La gente iguala su conducta
a aquélla de quienes le rodean. Esto explica por qué las personas hacen
sacrificios voluntariamente y por qué aquellos que se sienten maltratados pueden
vengarse a pesar de que el costo es más alto.
En la vida diaria, la gente se enfoca a largo plazo. La negligencia en asuntos
importantes es rampante. Esta es la razón por qué muchas personas tienen grandes
sumas en cuentas de cheques con bajos intereses y no ahorran para el retiro.
Elaborado con información de Whalen (2000).
Cada esfera de valor tiene patrones de acción y formas de vida que son definidas
como racionales de aquellas otras esferas de vida que se consideran
irracionales, lo que determina el concepto de lógica institucional. Las
estructuras y formas organizacionales son irracionales o no racionales en su
carácter. Estas reacciones consideradas como irracionales frente a los excesos
racionalistas de la organización, se encuentran estrechamente vinculada con el
ambiente económico, social y político.
Los mitos culturales como un producto de la irracionalidad de las masas son el
aglutinante necesario para la cohesión social y la unidad nacional. El mayor
daño que el postmodernismo causa a los países en desarrollo es una guerra de
culturas para convertirse en consumidores acríticos de culturas foráneas si se
considera como el reflejo múltiple de la cultura de la posmodernidad donde el
trabajo de la Ilustración no ha concluido y en donde se identifican el
irracionalismo postmoderno con las mentalidades irracionales que no acaba de
realizar la civilización.
A partir de los años setenta se opera el periodo genealógico con la influencia
del perspectivismo y Nietzsche en una actitud militante en contra de la
represión, una desconfianza hacia el discurso académico que se expresa en el
postestructuralismo, identificado con el postmodernismo irracionalista y
nihilista que rechaza el método científico, al pensamiento racional y abuso de
la ciencia como metáfora. Sin embargo, un lado oscuro en el que la
irracionalidad social se convierte en algo más que una profunda negación al
servicio de la maldad.
b) Teoría de la agencia
La teoría de la agencia estudia los mecanismos de incentivos para reducir los
costos de la agencia frente al posible peligro moral, definidos como la suma de
los gastos de monitoreo del principal, los gastos relacionados con el agente y
las pérdidas residuales que representan las ganancias potenciales de las
negociaciones no realizadas debido a que los principales no pueden proveer
incentivos perfectos para los agentes, cuando sus acciones no son observadas.
Desde luego, lo que se desea con estos incentivos óptimos es prescindir del
esfuerzo con el daño a riesgos compartidos causados por la exposición del agente
al exceso de riesgo de los factores más allá del control del agente ”.
La teoría de la agencia es la más dominante desde los trabajos de Berle y Means
(1932) sobre la separación entre la propiedad de los accionistas y el control de
los administradores. La separación de la propiedad y el control en las grandes
empresas identifica el acercamiento al peligro moral y al acercamiento de teoría
de la agencia.
De acuerdo con Przeworski (1996), la economía es una red de relaciones múltiples
y diferenciales entre clases particulares de principales y agentes:
administradores y empleados, dueños y administradores, inversionistas y
empresarios pero también entre ciudadanos y políticos, políticos y burócratas.
Los empresarios son administradores que actúan como agentes de los
inversionistas y funcionarios de las empresas. Las relaciones entre al agente y
el principal (el administrador y el dueño) son importantes en la determinación
de los niveles de eficiencia.
La teoría de la agencia se refiere a las relaciones entre el principal y el
agente, provee de información oportunista y asimétrica, salvaguardando las
transacciones que realicen contra acciones que son oportunistas. La teoría de la
agencia da ventajas a la información asimétrica y oportunista. El modelo teórico
agente-principal incorpora explícitamente los incentivos y las asimetrías de
información en el diseño de mecanismos óptimos en las organizaciones. La teoría
de la agencia provee de información oportunista y asimétrica. El equilibrio de
cualquier mecanismo se obtiene como un resultado de un mecanismo de revelación
bajo e cual los agentes revelan confiadamente su información privada. En el
mercado, este equilibrio se obtendría de las decisiones que tomen los diferentes
agentes en función de la información disponible.
En la teoría del principal-agencia se trata de resolver el dilema que existe
cuando no coinciden los intereses entre el principal y el agente y tienen además
acceso diferenciado a la información en mercados imperfectos, y por lo tanto, se
trata de asegurar la lealtad al principal por parte del agente a cambio de un
sistema de compensaciones justo. Las soluciones que tiene la teoría de la
agencia a este problema son la igualación de oportunidades de acceso a la
información mediante el uso de sistemas de evaluación del desempeño, del
rendimiento financiero y determinación clara de objetivos, así como el empleo de
contratos en el mercado.
Las grandes corporaciones requieren de estructuras institucionales de governance
que acoten la aplicación de la teoría del principal – agencia y limite los
problemas derivados, como en el caso del denominado oportunismo ex post. La
función de control para monitorear los consejos corporativos de las
organizaciones se deriva directamente de la teoría de la agencia que describe el
potencial para los conflictos de interés que surgen de la separación de la
propiedad y el control organizacional. Este conflicto es denominado como
conflicto entre el principal-agente permanece como un problema de organización
interna.
Los agentes económicos realizan transacciones mediante el uso de contratos,
normas y procedimientos estandarizados para obtener economías de escala, reducir
costos de transacción y una mayor eficiencia en las operaciones internacionales.
Los costos de agencia resultan cuando los administradores persiguen sus propios
intereses en detrimento de los intereses de los accionistas.
En el problema tradicional de la agencia, tanto el esfuerzo costoso del agente,
como los factores estocásticos más allá del control del agente, influyen en los
resultados de una actividad productiva propiedad del principal, quien elige un
contrato de compensación para el agente que trata de alcanzar incentivos
económicos óptimos. Sin embargo, se cometen excesos, por ejemplo, cuando los
emprendedores sobrellevan los costos de agencia y tienen buenas razones para
rendir cualquier discreción para expropiar la riqueza de los inversionistas y
para servir con más lealtad a los accionistas.
El antiguo debate entre lo público y lo privado bajo el marco de referencia de
la teoría de la agencia está relacionado con el cuestionamiento de cual forma de
propiedad es la que principalmente promueve el bienestar social. La teoría de la
agencia trata de explicar que se obtienen costos de agencia más bajos bajo la
operatividad del modelo de propiedad privada que bajo el modelo de propiedad
pública y que por lo tanto, la propiedad pública es menos efectiva para
controlar los costos de la agencia que la propiedad privada.
La teoría de la agencia y la teoría de la dependencia de recursos son las
perspectivas con más aplicaciones en la governance corporativa, y por lo tanto,
su integración es importante.
Los reacomodos del poder a favor de los agentes móviles, en este caso las
empresas que se aprovechan y contribuyen poco a los bienes públicos, sobrepasan
las regulaciones establecidas democráticamente para sacar ventajas mediante
concesiones especiales y prerrogativas que ponen en competencia a los Estados en
una carrera hacia abajo para otorgar más ventajas por menos beneficios a cambio.
Por lo tanto, la aplicación al sector público de esta teoría consiste en la
creación de un quasi-mercado que transforma el aparato burocrático gubernamental
en un conjunto de relaciones contractuales entre agencias públicas y privadas
que buscan maximizar sus beneficios a pesar de que el interés de los agentes no
siempre es coincidente con el interés de la ciudadanía. Los recursos políticos
instrumentales son utilizados por los actores para sus propios intereses
políticos y entran en conflicto con los agentes quienes manejan mejor
información para la gestión de los procesos gubernamentales.
Gersbach (1999), por ejemplo, considera un modelo donde el público está inseguro
acerca de la competencia de un agente y si el agente está preocupado acerca de
las consecuencias de decisiones de políticas, como en el caso del estadista, o
si solo está preocupado acerca de las creencias del público, es decir,
populista. Un agente competente puede juzgar las consecuencias de un proyecto de
políticas y debe invertir inmediatamente o nunca. En términos generales, el
bienestar social puede ser mayor comparado a la situación en donde el público
está inseguro si el agente es un estadista o un populista.
El análisis de las reformas estructurales se plantean desde los resultados y
desde los principios que garanticen los derechos de los agentes económicos. Los
costos y beneficios de la reforma económica, política y social pueden ser
compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que
faciliten la participación ciudadana.
De acuerdo a Bresser-Pereira (2001), la reforma de la administración pública “es
gerencial porque extrae su inspiración de la gestión de empresas privadas, y
porque adopta una promoción de autonomía y accountability de las agencias
públicas como estrategia básica para alcanzar más eficiencia y calidad. Las
instituciones se constituyen en las instancias mediadoras que vinculan las
políticas macroeconómicas con los agentes económicos y sociales en el ámbito del
desarrollo local que se relaciona con la esfera pública, particularmente en la
dotación de bienes y servicios públicos requeridos. Además, las elites locales
tienden a coludirse más que las nacionales para capturar las agencias locales
mediante compromisos de agendas políticas.
c) Costos de transacción
El análisis de los costos de transacción proporcionan el contexto de la
seguridad jurídica en una economía de libre de mercado. Coase (1937) introdujo y
definió el término costos de transacción como los costos de usar el mercado y
que da una racionalidad a la existencia de las firmas. Los costos de transacción
son los costos de búsqueda e información, costos de negociación y decisión, y
los costos de formulación y aplicación de las políticas, de acuerdo a Dahlman
(1979).
Una aproximación al estudio de los costos de transacción desde la perspectiva de
la economía, proporciona el soporte teórico para integrar la teoría de las
estructuras de gobernabilidad de las empresas. La teoría neoclásica y el enfoque
de los costos de transacción aplicados a la organización de las empresas y del
mercado difieren ampliamente. La economía ortodoxa y neoclásica es más imperial
porque impone una interpretación teórica de los precios de los fenómenos,
mientras que la economía de los costos de transacción orienta sus
cuestionamientos hacia lo que está sucediendo (Williamson, 2000:22).
El neoinstitucionalismo histórico de North (1991) combina las teorías del
comportamiento humano con los análisis de los costos de transacción a partir de
la consideración de que las instituciones son una creación humana para absorber
incertidumbre de las interacciones en situaciones de alta complejidad. La Nueva
Economía Institucional deja en claro que las instituciones económicas, políticas
y jurídicas son incompletas en cualquier sociedad y por lo tanto los costos de
transacción no alcanzan los niveles deseados en el paradigma de la eficiencia.
La racionalidad limitada y los costos de transacción positivos están
relacionados.
Para Jones et al (1997) las relaciones entre las teorías de los costos de
transacción y de redes en las formas de governance quasi jerarquías y de
estructuras de redes surgen de las interacciones organizacionales. Dunning
(1997), concluye que si la actividad económica involucra costos de transacción y
coordinación, no es posible formular una mezcla óptima de modos organizacionales
alternativos los cuales sean aplicables universalmente.
Los académicos han venido incrementalmente a enfatizar no solamente la
importancia de los costos de transacción y coordinación de la actividad
económica, sino también de la necesidad de flexibilizar las instituciones y los
modos organizacionales. La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la
flexibilización de los sistemas de producción y acumulación que junto con la
perspectiva de los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen
a ser más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal.
De acuerdo a la teoría de los costos de transacción que se fundamenta en las
conductas que buscan maximizar sus propios beneficios, los individuos cometerán
actos de pillaje, robo, engaños con astucia y mentirán cuando los resultados de
tales actividades exceden el valor de las oportunidades alternativas que tiene
disponibles y por lo tanto cancelan las posibilidades de actos de altruismo y de
restricciones autoimpuestas.
La teoría de los costos de transacción con todos los tipos de relaciones
contractuales eficientes, tales como los costos en información, negociación,
contratación y garantía para hacer cumplir las condiciones de los intercambios,
examinan formas alternativas de organización económica para economizar con
respecto a las consecuencias de una racionalidad confinada. Los costos de
transacción aumentan con la desigualdad en los acuerdos de cooperación.
La estructura de los costos de transacción varían en los mercados económicos y
políticos que gravitan en cualquier sociedad. La compatibilidad entre los
objetivos políticos y económicos ocurren cuando en un sistema político ideal se
enfatiza el mercado neoclásico con cero costos de transacción, lo que permite
que ocurra el intercambio político de la maximización de la riqueza. El análisis
de los costos de transacción proporcionan el contexto de la seguridad jurídica
en una economía de libre de mercado. Las imperfecciones del mercado derivan en
altos costos de transacción que limitan los incentivos de las estructuras de las
economías y causan un desempeño económico pobre. Altos costos de transacción son
inherentes a las dificultades para organizarlos. El crecimiento se presenta en
una interrelación inestable entre las economías de escala y la especialización
con los costos de transacción.
Bajos costos de transacción en la esfera económica y política que varían
dependiendo de los sistemas institucionales que prevalecen en las sociedades,
inciden en incrementos del crecimiento económico y por tanto en la reducción de
los niveles de pobreza. Más bajos costos de transacción en las esferas
económicas y políticas contribuyen al crecimiento y por lo tanto, afecta los
niveles de ingreso y por tanto de pobreza.
No solamente la economía de los costos de transacción toma como unidad de
análisis a la transacción, sino que ve a la gobernabilidad como el medio para
establecer el orden, mitigar los conflictos y obtener ganancias mutuas. La
economía de los costos de transacción sostiene que cada modo genérico de
gobernabilidad se define por un síndrome de atributos internamente consistentes,
de los cuales, la intensidad de los incentivos, los controles administrativos y
el régimen del contrato legal son especialmente importantes.
La economía de los costos de transacción argumenta que cada forma genérica de
gobernabilidad se apoya en una forma distintiva de contrato legal en un ambiente
circunstancial. La economía de los costos de transacción enfatiza los costos de
gobierno sobre el fundamento de que aún las transacciones más simples requieren
de una estructura de governance para proteger de ciertos peligros a las partes
que intercambian. La comparación de las diferencias de los costos de transacción
entre las diferentes formas de gobernabilidad es un proceso más complicado que
el simple cálculo del mismo.
La economía de los costos de transacción proporciona la plataforma para alcanzar
la economía mediante el diseño de estructuras de nuevas formas de organización y
consecuentemente de nuevas formas de gobernabilidad. En el diseño de las
estructuras en función de los análisis de los costos de transacción, deben
proporcionar beneficios a todas las partes involucradas en forma mutua. Por
ejemplo, los costos de información elevan los costos de transacción en el ámbito
de diseño y aplicación de las políticas públicas.
Por lo tanto, es más fácil establecer los costos para las formas de
gobernabilidad en forma unitaria, que comparar las diferencias de estos costos.
Sin embargo, la desigualdad económica, la heterogeneidad étnica, lingüística,
religiosa, etc., debilita a la comunidad e incrementan los costos de
transacción. Los costos de transacción de la comunidad se elevan con las
diferencias étnicas y las desigualdades económicas.
Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad tales como sus costos y
competencias, así como las formas de economizar los costos de transacción se
alinean con los diferentes atributos de las transacciones. Los diferentes
atributos de las transacciones se alinean con las estructuras de gobernabilidad
las cuales difieren en sus costos y competencia, así como en sus formas de
economizar los costos de transacción. La transacción ideal en economía y en
derecho es la de los mercados spot en los cuales la identidad no es importante y
se aplican las reglas legales. Cualquier cosa o asunto que pueda ser materia de
contratos puede también ser analizado en términos de las economías que generan
los costos de transacción. (Williamson, 2000).
Por ejemplo, la economía de los costos de transacción interpreta al consejo de
dirección, como un elemento de seguridad que apoya los contratos para la
rentabilidad financiera, y es en este sentido, que tanto la administración de la
deuda como de la rentabilidad, constituyen mecanismos de gobernabilidad. Lo
importante en este diseño es que todas las partes involucradas en la
determinación de los costos de transacción deben obtener beneficios en forma
mutua.
Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de
información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Como consecuencia
de las limitaciones cognitivas para procesar información, determinar los costos
de información con relación a los costos de transacción y de las restricciones
ambientales como las legales, y de los costos de información.
La reducción de los costos de transacción es la base los nuevos sistemas de
organización de la producción y por ende de la movilidad del capital. Los bajos
costos de transacción son esenciales para el crecimiento económico los cuales
varían en los diferentes sistemas de instituciones que existen en las
sociedades. Los costos de transacción se reducen cuando existen reglas de
convivencia sociales que facilitan los intercambios y sancionan su
incumplimiento.
Coase (1937) explicó que las fronteras organizacionales dependen más de los
costos de transacción que de la tecnología productiva. Dunning (1997), argumenta
que los patrones cambiantes de demanda y avances tecnológicos han impactado los
costos de transacción y coordinación de la actividad de valor agregado.
Las decisiones para organizar los costos de transacción dentro de la empresa se
oponen a las decisiones del mercado que dependen de los costos relativos del
intercambio interno y externo. Los grandes intereses de las corporaciones
transnacionales para debilitar la función reguladora del Estado-nación, se
centran en la avidez para lograr mayores y mejores recursos, penetración de
mercados, reducción de costos de transacción en sus operaciones comerciales y la
obtención de mayores utilidades. Los intereses de estas corporaciones
transnacionales por limitar la función reguladora del Estado se centra en la
avidez que tienen por obtener recursos a bajo costo, penetrar en nuevos
mercados, alcanzar bajos costos de transacción en sus operaciones comerciales y
sobre todo, lograr la mayor tasa de utilidades como retorno de sus inversiones.
Las instituciones son un conjunto de reglas formales e informales que afectan el
desempeño económico debido a que su razón de ser es la creación de orden y
reducción de incertidumbre de los intercambios, reducen los costos de
transacción e inducen a comportamientos cooperativos. La calidad de las
instituciones está relacionada con los niveles de costos de transacción y los
diferentes rangos de intercambios que son viables en un momento determinado. Los
costos de transacción en que se incurren para asegurar ciertas transacciones en
una sociedad determinada son un buen indicador de la calidad de las
instituciones, por lo que bajo diferentes conjuntos de instituciones se incurren
en diferentes cantidades de costos de transacción.
La capacidad para facilitar las interacciones es una cualidad de las
instituciones la cual se manifiesta en los costos de transacción en que incurren
para asegurar ciertas transacciones. El diseño de las instituciones pragmáticas
se hace en función de contratos deliberados que tienen como base la teoría de la
información imperfecta y los costos de transacción. El capital social se expresa
en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica. En
aquellas culturas donde las relaciones de confianza tienen un valor de activo
social, los costos de transacción se reducen, aumentando la competitividad del
sistema económico y político.
La reforma institucional incorpora los costos de negociación estratégica de los
actores políticos delimitados por la asimetría de la información y costos de
transacción de los intercambios. La adaptación involucra costos de transacción
más bajos y son más altos los resultados del cambio que la reforma. Por otro
lado, cuando los costos de transacción son elevados, inherentemente las
dificultades de organización son mayores.
Las reformas pretenden el funcionamiento eficiente del mercado mediante la
reducción de los costos de transacción, procesos de descentralización y
modernización de la administración pública. La apertura y la integración
económica reduce los costos de transacción en los mercados nacionales y los
costos de integración política mediante la formulación e implantación de
políticas que se orientan a homogeneizar las diferencias individuales, por lo
que la democracia funciona mejor en los Estados pequeños.
La noción de los costos de transacción ha sido introducida en el análisis de
intercambios en los mercados políticos, los cuales se argumentan (North, 1990a)
que son más ineficientes que los mercados de bienes y servicios, debido a las
complicaciones para medir los intercambios.
De acuerdo a Martínez Noguera (2001), la incorporación de la sociedad civil a
las políticas públicas representa una forma para canalizar recursos sociales y
capacidades porque se generan economías de escala, se reducen los costos de
transacción y se establecen limitaciones a los comportamientos oportunistas.
Las “bondades” y críticas al modelo de la racionalidad económica
En un ambiente de alta rivalidad y competitividad empresarial, las normas se
convierten en instrumentos de poder que aumentan la credibilidad y transparencia
en los mercados mundiales, dan orientación, reducen los costos de transacción
ahí donde hay limitaciones de información y en capacidad para procesarla y crean
seguridad de expectativas a largo plazo marcadas por las complejas interacciones
de los agentes involucrados.
La eficiencia de los agentes económicos está vinculada a las estructuras
institucionales, por lo que se requieren análisis del diseño institucional de
los sistemas políticos. La creación de capital institucional y social da
sustento a los valores, normas y arreglos entre los diferentes agentes
económicos y actores políticos y sociales.
Las investigaciones interdisciplinarias de las ciencias conductuales presentan
evidencias sustanciales de que los individuos toman decisiones que se desvían
del modelo teórico de la elección racional y de versiones limitadas de la
racionalidad como un enfoque que se aproxima a la realidad. En la teoría
institucional, la relación entre racionalidad y conducta institucional es
ambigua. De la racionalidad económica se deriva la racionalidad administrativa
que busca la optimización, eficiencia y eficacia de la provisión de bienes
públicos en las organizaciones del sector público mediante el empleo de
técnicas, métodos e instrumentos gerenciales que se aplican en las
organizaciones privadas con fines de lucro.
La elite económico-política y sus agentes realizan campañas para legitimar la
ideología neoliberal del capitalismo transnacional que promueve el libre
mercado. Ahora la existencia de las estructuras de los Estados nacionales son
rehenes de los agentes del capitalismo global, porque sirve a sus intereses
transnacionales. El modelo de Estado neoliberal está diseñado para transferir la
propiedad y la riqueza a los grandes capitales transnacionales. Estas guían las
decisiones hacia la búsqueda de la eficiencia, la justicia y el interés público
en forma de una racionalidad objetivista científica, y por lo tanto positivista,
más que desde un criterio procedimental.
El neoliberalismo no se identifica con un Estado centrado en la racionalidad
absoluta y la idea de un interés público, sino que se identifica al Estado como
un agente económico de los intereses hegemónicos que dominan el mercado.
Los principios en que se sustenta el diseño del Estado definen la
caracterización de sus estructuras burocráticas formalistas, procesos de toma de
decisiones públicas altamente jerarquizados y centralizados, obsesión por la
búsqueda de una racionalidad operativa que homologa los trámites administrativos
y despersonaliza o trata por igual a los ciudadanos, la búsqueda afanosa de la
calidad de los procesos que encarecen la entrega de servicios y bienes públicos
sin que concurran los correspondientes beneficios, etc. La estructuración
flexible del Estado-red en el concepto de Castells (1998) se combinan los
principios de subsidiariedad, flexibilidad, coordinación, participación
ciudadana, transparencia administrativa, modernización tecnológica,
transformación de los agentes y retroalimentación en la gestión.
La presencia del interés público es relativa y se alcanza mediante acuerdos que
se vuelven contradictorios desde la perspectiva de la racionalidad instrumental
en la que la principal motivación de los individuos es su propio interés. Por lo
tanto, la racionalidad económica ha forzado a los Estado-nación a desmantelar
instituciones y organismos regulatorios en un intento para alcanzar el concepto
ideal.
Los procesos de modernización implican el cálculo y control de los procesos
sociales y naturales que corresponden al desarrollo de la racionalidad
instrumental, la cual se contrapone al concepto de racionalidad normativa que se
corresponde con la modernidad orientada a la autonomía moral y a la
autodeterminación política.
Se reconoce la existencia de una relación estrecha entre la acción colectiva y
el diseño de políticas públicas. La acción colectiva y la persecución del
interés público limitan los alcances del rational choice debido a que no logra
la mayor reducción de los costos de transacción y a los malos diseños
institucionales.
El cambio institucional de los servicios públicos con una orientación hacia la
acción social centrado en los valores de la cultura cívica y en los valores del
capital social es muy complejo, debido a la racionalidad instrumental del
enfoque de la eficiencia económica. Las bases socioculturales facilitan el
desarrollo del capital social y su recuperación resulta de la combinación de
cambios estructurales y estrategias deliberadas de los agentes económicos y
actores políticos y sociales.
Son los agentes sociales los que realizan los procesos sociales del desarrollo.
En aquellas sociedades donde prevalece un ambiente que promueve el desarrollo
emprendedor y la innovación de los agentes y actores, los cambios
institucionales ocurren con más naturalidad, por lo que se dificulta el
transplante de estos procesos de innovación en aquellas sociedades donde no se
dan las condiciones necesarias. Por lo mismo, el cambio institucional que
implica conflictos de intereses entre los agentes económicos y actores
políticos, es más complicado que el cambio organizacional.
Siguiendo a Prieto (1996), “Una institución social cuya estructura de apoyo son
la propiedad privada, la atomización de quienes participan en ella (individuos
desociados), la articulación de todos esos individuos a través de relaciones de
compraventa (oferta y demanda) y su movilización y desplazamiento a través de
los precios resultantes sometidos en permanencia a fluctuaciones y que exige un
comportamiento orientado hacia la maximización calculada (y calculada
necesariamente en dinero) del lucro de sus agentes, es una institución social
que solo tiene un solo sentido: el de organizar la producción y distribución de
medios para la satisfacción de necesidades materiales; en ello empieza y en ello
acaba.
Las evidencias de que la toma de decisiones en función de elección racional se
desvía sistemáticamente de los supuestos de la maximización de la utilidad, el
interés propio y la maximización de la riqueza requiere que los
consecuentalistas reemplacen sus preferencias por mercados no regulados con
mayor agnosticismo inicial concerniente a la competencia institucional relativa
a los mercados y la intervención del gobierno. Los efectos de la cruel
competencia entre los agentes económicos que mediatizan la democracia, se pueden
mencionar: los efectos distributivos por los desplazamientos tributarios del
capital monetario que tiene una mayor movilidad que el trabajo y el
desplazamiento de los ingresos medios a los ingresos bajos.
Economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto
perverso en el cual todos los beneficios y costos tienen que calcularse al
diseñar las diferentes formas de organización, lo cual tiene que hacerse
comparativamente. Los valores sociales limitan la elección racional individual
pero proporcionan nuevas posibilidades. En los contratos que dan forma a las
decisiones basadas en la elección racional, la aplicación de los términos no da
a lugar a contratos que sean óptimos socialmente, mientras que el diseño de
términos del contrato por el gobierno da lugar a opciones imperfectas.
Gobernabilidad de la sociedad
La gobernabilidad de la sociedad presenta desafíos en todos los niveles: global,
internacional, regional, nacional y local en las áreas económicas, políticas,
sociales, culturales, etc.
La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo social y político de
los pueblos ocurre en el cambio de racionalidad de una sociedad basada en los
afectos a una sociedad basada en los logros individuales. Esta teoría identificó
etapas evolutivas de desarrollo de los pueblos. La crisis del capitalismo
fordista que encontró sus propias limitaciones y contradicciones como sistema de
producción con los procesos de acumulación capitalista, fue la causa que disparó
la revolución científico tecnológica que reorganiza el sistema productivo en
agencias multinacionales que promueven los procesos de globalización.
Para Castells la globalización es como un proceso resultante de la capacidad de
las actividades fundamentales de la economía y la sociedad, de funcionar como
unidad en tiempo real, a escala planetaria” que da lugar a capacidades
tecnológicas, institucionales y organizativas que reflejan las relaciones
asimétricas de poder existentes entre los agentes económicos hegemónicos y los
que no lo son. Las dinámicas de los procesos de globalización económica han sido
favorables y productivas para algunos agentes, pero disfuncionales, destructivas
y desestabilizadoras para otros.
Esto origina conflictos por las contradicciones propias del sistema capitalista
entre los intereses de los agentes económicos globales y los Estados-nación, las
cuales se resuelven mediante la toma del Estado como rehén de los agentes
capitalistas. El Estado nación ha sido el principal agente globalizador mediante
procesos de cesión de soberanía política que son la causa principal de
conflictos entre el Estado y la nación y entre los ciudadanos y el Estado.
La gobernabilidad democrática de las estructuras institucionales de un sistema
económico, político y social facilita las reglas formales e informales de las
redes de interrelaciones entre diferentes agentes y actores estratégicos
necesarias para los procesos de toma de decisiones colectivas y resolución de
sus diferencias de intereses. El marco conceptual del governance es la eficacia
del conjunto de elementos institucionales que constituyen el capital
institucional y que tienen como fin la reducción de los costos de transacción.
Es democrática porque presupone el gobierno democrático, hace del control social
por la sociedad civil una forma principal de accountability política, y requiere
transparencia de las agencias públicas.
El papel fundamental de la sociedad civil es constituirse en los agentes del
cambio del cambio social mediante la promoción de la democracia y una mayor
participación en los procesos de toma de decisiones públicas. La sociedad civil
se identifica con una pluralidad de las asociaciones voluntarias y no con el
mercado y los agentes económicos particulares con fines especulativos, como se
pretende. Como una estrategia de diferenciación de las funciones del Estado, las
organizaciones no gubernamentales son agencias de asociación voluntaria cuyas
funciones se orientan a la gestión y prestación de servicios de lo público a las
comunidades que atienden.
Estas redes globales de gestión política se caracterizan por constelaciones
transnacionales formada por agentes privados y públicos heterogéneos que
colaboran bajo una diversidad de estructuras de governance que permiten la
multiplicidad de niveles y ámbitos geográficos.
Los arreglos institucionales para las estructuras de gobernabilidad basadas en
tanto en la propiedad privada como en la propiedad pública, tienen sus
respectivos costos de transacción, problemas de agencia y una complejidad en los
contratos internos. Al aumentar el tamaño de la agencia en las estructuras
burocráticas, con controles jerárquicos, la autoridad se distorsiona.
Las instituciones financieras internacionales que actúan como agentes de la
elite económico política, redefinieron el desarrollo en los ochentas como “una
participación exitosa en el mercado mundial” que incluye una política de amplia
liberalización (Robinson, 2000), basado en la “rearticulación de cada país a los
mercados mundiales a través de la introducción de nuevas actividades económicas
ligadas a la acumulación capitalista”. Este modelo fue promovido por el Banco
Mundial y sus agencias de USA para el desarrollo internacional. Inherente a las
prácticas de los sistemas de gestión macroeconómica es el comportamiento
incierto, cíclico y caótico que conlleva colapsos y crisis financieras para los
principales agentes económicos. En el caso de México, las agencias financieras
internacionales y otros defensores del ajuste estructural estuvieron hablando de
su éxito hasta que llegó el momento de la crisis y por tanto revelaron las
imperfecciones de su aplicación.
Los procesos económicos de globalización conllevan ciertos arreglos
estructurales que incorporan a distintos agentes privados conjuntamente con los
actores públicos para el establecimiento de normas y estándares técnicos,
laborales, ambientales, sociales, de protección infantil, etc., como la norma SA
8000 Ethical Trade Initiative considerada de la quinta generación de estándares,
que tienen impacto en los clusters y emplazamientos locales. Los significados
compartidos y las creencias colectivas de los campos organizacionales son
reforzados por los procesos regulatorios de la agencias gubernamentales las
cuales presionan normativamente por conformidad en las comunidades.
Los nuevos arreglos institucionales que dan origen a nuevas formas de
gobernabilidad proporcionan beneficios que compensan ampliamente las inversiones
que resuelven las relaciones contractuales, de acuerdo a la teoría de la
agencia, entre el principal y el agente, mediante un conjunto de normas
organizacionales e institucionales de tal forma que determinan derechos y
obligaciones de los empleados y reducen los comportamientos oportunistas a su
mínima expresión.
La participación de los diferentes actores políticos, sociales y los agentes
económicos mediante procesos de distribución de poder para solucionar los
conflictos de intereses, incide en la formación de los arreglos institucionales.
Los cambios institucionales impulsados por la nueva gestión pública crearon
nuevas formas y arreglos institucionales tales como las agencias ejecutivas, las
agencias reguladoras y las organizaciones sociales.
Los intergubernamentalistas enfatizan los aspectos normativos y fácticos de las
estructuras y políticas de gobernabilidad económica global emitidas por las
instituciones y organizaciones multilaterales que configuran el marco
macroeconómico para la acción de los agentes económicos en sus diferentes
localizaciones, considerando las posibilidades de ejercicio de soberanía interna
en el diseño de políticas de integración regional. Es en la región donde se
materializan los impactos de los agentes transnacionales.
Discusión
Hay democracia si hay actores específicos de la política que no son ni agentes
del dispositivo Estatal ni partes de la sociedad, si hay colectivos que
desplazan las identificaciones en términos de partes del Estado o de la
sociedad. La democracia política pretende ordenar el nivel sistémico de la vida
colectiva mediante la intervención de agentes con lógica política para crear y
legitimar el orden social mediante principios políticos coherentes con los
fundamentos de libertad e igualdad de todos los individuos, tales como los
principios de mayoría y representación. Es social liberal porque cree en el
mercado como un excelente, aunque imperfecto, agente en asignación de recursos,
y ve la tercerización de servicios y la competencia administrada como excelentes
herramientas de accountability.
Por lo tanto, la política requiere ser autónoma respecto de lo económico y
social para que dé como resultados soluciones convencionales que sean
ejecutables y realizables por los agentes políticos. Una forma de evitar estas
inconsistencias es mediante el facultamiento de agencias con directivos que no
están sujetos a las restricciones de las reelecciones de los políticos como en
el caso del Banco Central.
La Reforma del Estado es un proceso político que modifica las relaciones del
poder mediante los cambios institucionales que pueden ser funcionales,
materiales y de dominación, así como los intereses de los diferentes actores
políticos y agentes económicos, es decir, se modifican las interacciones entre
la sociedad, el Estado y el mercado para adecuarlas a las exigencias del modelo
de desarrollo económico y a los procesos de globalización económica. La reforma
institucional puede diseñarse en una síntesis de los dos acercamientos de
elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Para alcanzar
un buen nivel de redistribución de los recursos, las agencias internacionales
deben implementar varias acciones tales como una reforma fiscal progresiva,
programas microfinancieros, igualdad de géneros, etc.
El Estado ha impulsado al mercado y no lo ha suplantado, ha promovido la
coordinación de intereses privados, por lo que el desarrollo de una teoría que
admita estas contribuciones importantes del Estado al desarrollo, sería más
completo si trasciende los extremos de los postulados del desarrollo marxista
que centra toda la importancia en el Estado y de la teoría de la elección
pública que considera al Estado como un predador o rentista. La mayor parte de
las actividades económicas pueden estar representadas como procesos continuos
con transiciones de Estados a Estados en los cuales los agentes pueden afectar
el curso de las transiciones, y la aprobación de algunos agentes se requiere
para las transiciones.
Además, las instituciones diseñadas bajo los principios de las teorías del
rational choice, los costos de transacción y la agency theory (teoría de la
agencia) motivan a individuos que buscan en forma oportunista el beneficio
interesado y egoísta bajo el frío cálculo racional. Las instituciones deben
facilitar los incentivos adecuados para estimular la racionalidad de los
individuos considerados como agentes económicos.
La auditoria social que deben instrumentar el Estado y la sociedad integrada por
componentes de usuarios y grupos sociales a través de los agentes responsables
en una cadena de control que se inicia con la formulación y va más allá de la
ejecución mediante mecanismos de exigencia de rendición de cuentas que son el
Estado. O’Donnell (1999) define la rendición de cuentas horizontal “La
existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente
dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones que van desde el
control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación con
actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en
principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos.” El autor distingue
dos direcciones de rendición de cuentas horizontal, la transgresión ilegal por
parte de una agencia estatal de la autoridad de otra y la corrupción que
consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y/o
sus asociados.
La rendición de cuentas asignada es la que se efectúa a través de agencias
creadas para la eficaz supervisión, prevención y sanción en forma proactiva y
continuada de acciones u omisiones ilegales de otras agencias del Estado. La
rendición de cuentas societal la delimita O’Donnell (1999) como un “mecanismo no
electoral, pero vertical, de control de autoridades políticas que descansa en
las acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y de
movimientos y sobre los medios, acción que tiene como objetivo el exponer los
errores gubernamentales, trayendo nuevas cuestiones a la agenda pública, o de
activar el funcionamiento de agencias horizontales.
La autoridad elegida por la ciudadanía tiene la capacidad para coordinar las
relaciones inter-agencia. La ciudadanía ha estado alcanzando nuevos espacios de
participación frente al Estado en las últimas décadas, pero además emergen
nuevos actores sociales que se reconocen en su ser ciudadano conscientes para
involucrarse como agentes en el nuevo sistema social en prácticas concretas de
participación ciudadana que puede ser distributiva, relacional y
representacional. Según Orozco (2001), la participación política ciudadana se
refiere el grado en que se involucra individuo y de la sociedad en señalar
pautas o agendas de acción social y política que afectan sus intereses. La
participación ciudadana requiere de mecanismos simples y directos, medios de
comunicación efectivos y procesos de toma de decisiones apropiadas de todos los
agentes económicos y actores políticos y sociales.
La reconceptualización del papel de la política social requiere de un cambio de
solución de problemas y administración de crisis a corto plazo a una agenda de
desarrollo a largo plazo de prevención de problemas. La política social debe
fundamentarse en los valores éticos que definen los objetivos del desarrollo, la
racionalidad económica que les sirve de base y los medios y capacidades para su
logro.
La acción colectiva y el interés público no deben fundamentarse únicamente en la
racionalidad instrumental sino también en los valores cívicos. El dilema de la
acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los
agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no
existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.
Algunos de los nuevos movimientos sociales no solamente mantienen conexiones
internacionales con movimientos similares en otros países, son que también
mantienen ligas con partidos políticos progresistas, agencias no gubernamentales
internacionales y organizaciones religiosas internacionales con quienes desean
formar alianzas a fin de promover sus temas específicos así como metas más
generales de justicia social, redistribución económica y democratización
política.
Los procesos locales y regionales requieren de una transformación sustancial de
las relaciones negociadas entre los agentes económicos y los actores políticos.
El ambiente local se entiende como el conjunto de instituciones públicas,
privadas y agentes locales que interaccionan e interrelacionan en un espacio
abierto y que puede dar lugar a procesos de eficiencia colectiva definidos como
las ventajas competitivas derivadas de las economías externas y de la acción
conjunta de loa agentes.
Los gobiernos locales deben administrar los esfuerzos de las diferentes agencias
que concentran sus estructuras a efecto de establecer e implantar un sistema de
planeación e información coherente con el desarrollo local. La ingeniería social
permite establecer sistemas flexibles de alianzas estratégicas y asociacionismo
entre los diferentes agentes económicos y los actores políticos y sociales, de
tal forma que el empleo eficaz de recursos humanos, financieros y materiales por
el gobierno local abra importantes perspectivas para el desarrollo local.
La gobernabilidad de la sociedad está en riesgo por los procesos de
informalización de la política democrática que ha modificado los vínculos de
lealtad entre el estado y la ciudadanía. Este riesgo es agravado además por los
partidos políticos que pierden el rumbo ideológico y programático, lo que les
impide ejecutar sus funciones de representación y organización de la política
democrática que los faculta para la acción política.
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