Principio de organización económica liberal, que exige medios de producción de propiedad privada, al menos en su mayoría, mercados transparentes e intervención estatal limitada y que no dificulte la libre competencia.
En España se reconoce constitucionalmente la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, aunque el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución.