PARTE PRIMERA. - De la producción de la riqueza.

CAPÍTULO XXVII. - Del sistema protector.

Hubo un tiempo en que los políticos llamaban al dinero nervio y sustancia del estado, y ponderando su excelencia decían que el oro y la plata encerraban todas las riquezas temporales de la vida. La consecuencia natural de semejante principio era que los gobiernos debían pugnar por adquirir y retener la mayor cantidad posible de metales preciosos. Así proponían agraciar la extracción de los frutos, franquear la salida de las mercaderías, gravar la exportación de los materiales crudos para que se labrasen dentro del reino, moderar la importación de ciertos géneros y artefactos extranjeros y prohibir absolutamente la introducción de su mayor parte.

Con este famoso temperamento que un economista español resumió en la frase de puertas abiertas y puertas cerradas, pretendían los escritores, los ministros consejeros del rey de España, invocando el ejemplo de Francia, Inglaterra y Holanda, estancar todo el oro y toda la plata de las Indias, para que los arroyos del Potosí y Guanajuato no corriesen a fertilizar tierras extrañas y acaso enemigas.

Dicha teoría dio margen a la vana distinción del comercio activo y pasivo, aquél útil y provechoso en cuanto representaba la exportación de mercaderías y la entrada de metales en pago de ellas, y éste perjudicial y nocivo, porque significaba la importación de géneros y frutos y la salida del oro y plata, única y verdadera riqueza.

No necesitarnos repetir lo que la Economía política entiende por riqueza (V. part. I, cap. I.), ni cebarnos en el sistema prohibitivo ó mercantil, porque minado el cimiento, todo el edificio se viene a tierra. En realidad, combatir el principio que funda la riqueza de los individuos y de los pueblos en la posesión de los metales preciosos, después de tanto como ha progresado la ciencia económica, seria hacer un agravio al sentido común.

Quedan sin embargo restos del sistema prohibitivo cuya herencia recogió su hijo legítimo el sistema protector, hoy muy quebrantado sin duda, pero todavía vivo y militante, puesto que él solo disputa el terreno y mantiene la campaña contra la escuela del libre cambio. Favorecen su causa errores de doctrina, preocupaciones vulgares, hábitos envejecidos, la rutina oficial y en fin intereses personales ó de clase disfrazados con la capa del bien público, y defendidos con un lenguaje que llega a seducir a los incautos. Dejemos a un lado la pasión que suele mezclarse en esta polémica, y pongamos, si es posible, la razón en su punto.

El sistema llamado protector, ó la teoría de la protección a la industria nacional, aspira a desarrollar las fuerzas productivas del país, fomentando la agricultura y las artes mecánicas por medio de prohibiciones y restricciones que impidan la concurrencia de los extranjeros y aseguren a los naturales el monopolio de los mercados del reino.

Con este objeto aconsejan los proteccionistas y piden con instancia que se arreglen los aranceles de las aduanas de tal suerte que nieguen absolutamente la entrada a ciertas mercaderías, permitan la de otras, pero gravándolas con derechos muy crecidos, cierren la puerta de salida a los materiales crudos para que la nación disfrute los beneficios de las labores, se haga buen pasaje a las primeras materias que vengan de fuera y se promueva la extracción de los géneros y frutos de dentro.

Si fuese verdad que la abundancia de numerario constituye la riqueza de los pueblos, podríamos poner en duda la eficacia del sistema protector reducido a la práctica; mas en la especulativa sus conclusiones serian lógicas y necesarias. Admitir aquel principio es lo mismo que formar causa común con el sistema mercantil, y condenarse los proteccionistas a perpetuo silencio. Convencidos de ello, reniegan de su origen é invocan la intervención del gobierno en favor del trabajo nacional, hacen alarde de patriotismo, se proclaman los hombres prácticos por excelencia, se apellidan economistas en público, y profesan en secreto el culto del oro y de la plata.

En efecto, entre el sistema mercantil y el protector no hay otra diferencia que entre lo más y lo menos. Cuando los derechos protectores son altos, equivalen a prohibiciones absolutas: cuando son temporales, se prorrogan y convierten en perpetuos. Nunca llega la sazón oportuna de moderarlos ó suprimirlos: siempre hay pretextos para recomendar a la compasión del gobierno la flaqueza de la industria nacional.

El sistema protector se rebela contra tres máximas fundamentales de la Economía política, a saber: la libertad del cambio, la neutralidad del gobierno y la división del trabajo.

Por ley natural de las gentes (decía un economista español del siglo XVII) el comercio es libre y necesaria la permutación de las cosas, y tanto que muchas veces se respeta aun en estado de guerra. Enhorabuena tenga todo derecho sus limites señalados por el bien general, como sucede en cuanto a la libertad y propiedad; pero esta regla de justicia no alcanza a los derechos protectores que son contribuciones establecidas en provecho de algunos particulares.

La causa pública se defiende defendiendo la equidad que no es sino la igualdad de todos los intereses legitimos; y cuando existe la protección, hay débiles y fuertes, opresores y oprimidos. Si todas las industrias son igualmente protegidas, ninguna lo es en realidad; y si solamente algunas, aquéllas gozan del privilegio de vivir a costa ajena y sin temor de la concurrencia de los extranjeros.

Hemos dicho que la industria ama la libertad, y que por lo mismo repugna la intervención oficial. La autoridad debe abstenerse de dirigir sus operaciones, y con mayor motivo de mostrarse parcial por esta ó aquella clase de producción. Si el gobierno establece derechos protectores en favor de una, abandona las otras, las agravia y perjudica creando en beneficio de la primera un monopolio que turba la regular distribución de las utilidades respectivas, porque ya no depende de la concurrencia libre, sino de un criterio ciego y de una potestad arbitraria. Cuando estaba en boga la policía de los abastos, el gobierno tomaba partido por los consumidores contra los productores; mas bajo el régimen de la protección, el gobierno se declara por los productores contra los consumidores. Ambos sistemas merecen la reprobación del economista enemigo de los reglamentos.

La protección se opone a la ley económica de la división del trabajo entre todas las naciones tan natural y fecunda como hemos demostrado. Proteger la industria es lanzarla en caminos extraviados, hacer menos productivo el empleo del trabajo, comunicarle una vida artificial y ponerla a merced del gobierno que sube ó baja a su antojo los derechos de aduana.

Dicen los proteccionistas que conviene fomentar la industria nacional; pero lo que en realidad se fomenta por medio de la protección es la fortuna de un corto número de productores a quienes pagan contribución muy crecida todos los consumidores. Si esta contribución al cabo sirviese para recompensar la actividad, inteligencia y economía de los privilegiados, tendría disculpa; mas es lo cierto que adormece al fabricante bien hallado con su monopolio y convida al contrabando. La historia nos enseña que la supresión de los derechos protectores, lejos de matar las industrias protegidas, las ha despertado de su letargo y vivificado con el estímulo de la concurrencia.

Dicen también que cada pueblo se baste a sí mismo, que no pague tributo al extranjero. No, ningún hombre ni pueblo se basta ni puede bastarse a sí mismo. La Providencia, dividiendo el globo que habitamos en zonas y climas con sus particulares producciones y dando a los hombres las mismas necesidades, ha querido que cada hombre y cada pueblo viviese en paz con su hermano y su vecino, le ayudase y socorriese partiendo con él los frutos del trabajo. Si cada nación hubiera de bastarse a sí misma, Rusia debería aclimatar la vida entre los hielos del norte en vez de comprar los vinos de Jerez, y España introducir el cultivo de linos y cáñamos de Riga.

Pagar tributo al extranjero denota ser dependiente de la nación que nos suministra las mercaderías necesarias a nuestro consumo. En este sentido todos los hombres y todos los pueblos dependen unos de otros. El panadero depende del sastre y del zapatero que le visten y le calzan, y estos dependen de aquél que hace el pan con que se alimentan; y así como no se pagan tributo los particulares entre sí cuando permutan los resultados de su industria, antes se auxilian recíprocamente al cambiar servicios por servicios, así las naciones viven siempre de su trabajo y conservan su dependencia en medio del comercio. La idea de cambio excluye la idea de tributo.

Ningún pueblo regala ó da de limosna a otro pueblo los géneros y frutos que posee. Una corriente de importaciones supone otra corriente paralela de exportaciones. Ambas son rápidas ó lentas, escasas ó caudalosas, continuas ó interrumpidas: ambas principian y acaban al mismo tiempo. Si admitimos como posible que tal nación quiera sacrificarse hasta el extremo de abaratar sus mercaderías más allá de lo justo para arruinar la industria de tal otra cuya competencia empieza a inquietarla, la primera consumirá mucha parte de su riqueza que pasará a título gratuito a manos de la segunda, y antes se cansará aquélla de sus pérdidas, que ésta desespere de sus ganancias. Nunca se dio el ejemplo de emprender un comercio ruinoso con ánimo deliberado, aunque algunas veces haya ocurrido mantenerlo para hacer rostro a una crisis pasajera.

Alimentar el trabajo nacional es partir del falso principio que el trabajo por sí solo es manantial perenne de riqueza, sin tomar en cuenta su buena ó mala dirección que lo trueca de fecundo en infecundo. La ley de los cambios despoja al trabajo de ese carácter exclusivo y forma con los productos de la industria humana un acervo común del cual participan todas las naciones según sus obras.

Si proteger el trabajo nacional significa dar la ocupación conveniente a los naturales de cada país, sin protección alguna se consigue mejor y con mayor facilidad este deseo, porque de tal manera se ocupan, que con menos fatiga y a menos costa producen más utilidad y más valor. Pero los proteccionistas, empleando la palabra nacional en un sentido apasionado, invocan en apoyo de su causa el amor de la patria, como si no la amaran los amigos de la libertad del comercio, y deslumbran al vulgo con este sofisma. Los hierros, las sedas ó los algodones protegidos no son la patria, sino los hombres que pueblan un territorio y tienen derecho a vivir como personas libres, esto es, sin sujeción a un corto número de fabricantes privilegiados a quienes la ley otorga el monopolio de los hierros, de los algodones ó las sedas como otros tantos feudos industriales. Hemos dicho poco. A la manera que en tiempos pasados se hacían a los conquistadores de América repartimientos de indios para que labrasen las tierras en beneficio de sus dueños, hoy se hacen repartimientos de consumidores en provecho de algunos productores favorecidos, donde quiera que existe la protección.

Abriendo las puertas a la protección, todo el mundo se atropella a entrar en el sagrado recinto a donde no llega el poder de la competencia. Pide protección el labrador para sus frutos, el minero para sus hierros y carbones, el fabricante para sus tejidos, y en este campo de discordia se dan batalla mil intereses rivales. Denuncia el fabricante la protección concedida a la agricultura, porque si no obtiene los artículos de primera necesidad y las primeras materias con economía, no puede dominar el mercado. El labrador por su parte alega que sin hierro barato para sus aperos de labranza, sin ropas y vestidos baratos, sin todos los demás utensilios necesarios en el hogar doméstico ó en el campo también baratos, los frutos de su cosecha resultarán más caros que los extranjeros. El minero dice que conviene proteger el hierro y el carbón: replica el fabricante que siendo primeras materias de casi toda la industria fabril deben ser libres de derechos: opone el minero que son productos acabados de su arte ú oficio, y todos tienen razón, porque no hay primeras materias en absoluto.

La protección no se diferencia sustancialmente de la prohibición: no es una excepción del principio de libertad, sino el principio opuesto del privilegio, ó hablando con más propiedad, del monopolio. La protección moderada limita el comercio, minora el consumo disminuye la riqueza de los pueblos: la excesiva es ineficaz, porque fomenta el contrabando.

Los derechos protectores conducen al desaliento general de la industria: estancan la fabricación que carece de modelos que imitar y del estimulo de la competencia: mantienen la carestía de los artefactos protegidos y no protegidos, los unos por el favor de que gozan y los otros por los gravámenes que se les imponen: aumentan el precio de las subsistencias y de los jornales: arrebatan al obrera una parte del salario en razón de lo que cuestan demás los artículos de ordinario consumo: disminuyen la capacidad de comprar, y de consiguiente dificultan la venta ó salida de los géneros y frutos nacionales.

La protección, lo mismo que la prohibición, paraliza ciertos ramos de la industria, fuerza el empleo del capital, violenta el curso del trabajo, y en fin crea un sistema artificial de producción tan contrario a la naturaleza de las cosas, que cada país donde reina se aparta del camino de la riqueza prefiriendo la perdida a la ganancia.

Los derechos protectores no favorecen en multitud de casos las industrias protegidas, sino otras que se aprovechan, sin quererlo la ley, de aquel beneficio, corno si la protección dispensada a las fábricas de hierro alcanzase a los propietarios de bosques y minas de carbón, pues a la sombra de semejante privilegio pueden acaso mejorar el precio del combustible. Autorizan asimismo las represalias de los gobiernos extranjeros, quedando la industria propia expuesta al castigo de los aranceles. Júntase a lo dicho que toda industria consume antes de producir, comprando caro para fabricar más caro, y de esta carestía artificial resulta que padece el consumidor sin percibir ninguna ventaja positiva el productor.

Por último, los derechos protectores se resuelven en un impuesto oneroso desigualmente repartido y de todo punto arbitrario que aumenta el precio de los artículos de primera necesidad, de comodidad y de lujo, dificulta la cobranza de otras contribuciones más racionales y tiende a disminuir la riqueza imponible limitando las rentas particulares y los progresos de la industria a voluntad de los gobiernos.

La ciencia aspira a la abolición perpetua de los derechos protectores; mas la prudencia recomienda dar tiempo al tiempo, y proceder de un modo lento y gradual para no lastimar los intereses creados a la sombra de las leyes. Por lo mismo que existen, merecen respeto; y cuando los capitales y el trabajo se empeñaron en caminos extraviados bajo la fe y la palabra del gobierno, no parece bien ni seria justo abandonarlos. La reforma debe llegar tarde ó temprano; pero conviene traerla con suavidad ilustrando la opinión, calmando los ánimos sobresaltados, satisfaciendo los intereses legítimos, y en fin, alejando los peligros de toda mudanza repentina.