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CAPÍTULO VI
MÉXICO.
VI.4.- LA ÚLTIMA AVENTURA DEL POPULISMO
Entre los antecedentes que mayor relevancia tuvieron en la definición de las medidas económicas y políticas del gobierno echeverrista, destacan:
- Los efectos económicos y sociales del período llamado de desarrollo estabilizador, y las consecuencias políticas, de pérdida de credibilidad en el gobierno, que se generaron por el estallido, desarrollo y, particularmente, por el desenlace del movimiento estudiantil de 1968.
En el plano económico y social, merecen especial atención:
- La desigualdad social que se originó en un muy inequitativo patrón de distribución del ingreso;
- Los desequilibrios sectoriales que produjo una subordinación de los distintos sectores de la economía al crecimiento industrial;
- Los desequilibrios regionales que fueron resultado de la concentración de las actividades industriales y de servicios en los más importantes centros de consumo: El Valle de México, la ciudad de Guadalajara y la de Monterrey;
- El desequilibrio en el sector externo que caminó sobre los pies de una estructura tradicional de las exportaciones enfrentada a una
estructura industrial de las importaciones, abarcadas por el principio del intercambio desigual y el crecimiento desmedido, sin capacidad para afrontar las obligaciones que comportó, del factor compensatorio que se quiso ver en la deuda, tanto externa como interna;- La creciente dependencia tecnológica que, a través de la construcción de precios entre filiales y matrices, permitió a las empresas trasnacionales desarrollar, especialmente en las ramas manufactureras, un proceso creciente de descapitalización de la economía nacional;
- El estancamiento de la producción rural, especialmente agrícola, por un prolongado proceso de transferencia de capital, hacia el resto de la economía, mediante los mecanismos fiscal, bancario y de precios;
- La debilidad de las finanzas públicas, de las que derivó un déficit fiscal creciente (ingresos públicos menos gastos divididos por el producto interno bruto (PIB), cuyas determinantes fueron: la obsolescencia de la reglamentación fiscal, la evasión -de un buen número de propietarios- en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las transferencias de recursos que -vía precios- realizaban las empresas públicas hacia las privadas y la carga agobiante de las responsabilidades económicas del Estado, que permitían un crecimiento más acelerado en el gasto que el observable en el ingreso, con el efecto correspondiente en el nivel de endeudamiento;
- La precoz oligopolización de las actividades productivas que, apoyadas en procesos tecnológicos intensivos en el uso del capital, no captaban -ni captan- a la mano de obra que expulsó -por modernización o por atraso- el medio rural, ni a la que se originaba en el crecimiento de la población:
- La conformación de un dualismo productivo que -en el campo y en la ciudad- se expresó a causa de los subsectores moderno y tradicional de la economía, y
- El desarrollo de una auténtica aristocracia financiera ajena a cualquier control oficial, concentradora de grandes recursos económicos y extraordinariamente especuladora. La intermediación financiera fue, de entre el total de los factores productivos, la que más aceleradamente hizo crecer su remuneración en el ingreso nacional, sin que el crédito fuese ofrecido en igualdad de oportunidades para los distintos solicitantes y sin que los montos destinados, para quienes se encontraran fuera de los grupos deliberadamente beneficiados, fuesen suficientes y oportunos. De otro lado, los concesionarios de la banca comercial brindaron especial importancia a las oportunidades de especulación contra el peso que propició un muy bajo tipo de cambio -o sobrevaluación de la moneda nacional- combinado con la falta de control en la compra de divisas.
En el plano político destacaban los siguientes problemas:
- La herencia de encarcelados políticos que, con apoyo en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, fueron acusados desde finales de los años cincuenta del delito de disolución social que, durante la segunda guerra mundial, fue incorporado a la legislación mexicana para amedrentar las posibles expresiones germanófilas que resultaban contrarias a la causa de los países aliados, encabezada por los Estados Unidos. En contra de toda lógica, esta reglamentación fue ampliada después de concluida la causa que la originó, durante el gobierno de Miguel Alemán y empleada en contra de los ferrocarrileros y los maestros huelguistas, así como contra algunos críticos del presidente Adolfo López Mateos: en esos casos estuvieron: Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Othón Salazar, Filomeno Mata hijo y David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros:
- El crecimiento exponencial de presos políticos como resultados de la “solución” de fuerza que se dio al movimiento estudiantil, durante 1968. A estas detenciones se sumó un número importante (aunque existen diversas versiones, se puede confiar en que fue muy cercano al millar) de muertos, cuya mayor cantidad se produjo la tarde del dos de octubre en la plaza de Tlatelolco, en el centro de la ciudad de México;
- La muy desigual representación de la pluralidad política mexicana, entre los partidos políticos con registro -PRI, PAN, PPS y PARM-, que agudizó el hecho de que el Auténtico de la Revolución Mexicana y el Popular Socialista, con una sola excepción en el segundo caso, apoyaron tradicionalmente al Revolucionario Institucional en las elecciones del presidente y gobernadores;
- La falta de vías democráticas para las expresiones de descontento, explicable en el monolitismo político y el ejercicio de la represión, originó estallidos regionales primero, y urbanos después, de acciones directas violentas que amenazaron la estabilidad política del país;
- La más que prolongada gestión de una burocracia sindical que, aunque subordinada históricamente al gobierno, a falta de legitimidad entre los trabajadores, empleaba con frecuencia métodos represivos y de imposición, y
- El rezago tradicional en el cumplimiento de resoluciones presidenciales sobre el agro, dio lugar a una seria inestabilidad rural, cuyas expresiones más alarmante fueron las invasiones de tierras.
Frente a este panorama, la política económica del gobierno de Luis Echeverría se orientó a buscar los siguientes objetivos:
1.- Crecimiento económico con redistribución del ingreso;
2.- Fortalecimiento de las finanzas públicas;
3.- Modernización de la política agrícola;
4.- Racionalización del desarrollo industrial;
5.- Control del sector financiero, y
6.- Reordenamiento de las transacciones internacionales.[1]
En la política, las propuestas se encaminaron a lo que, desde fuera del gobierno, se calificó de apertura democrática:
- Se decidió la liberación, bajo palabra, de los presos políticos del 68. Campa y Vallejo fueron liberados por el gobierno anterior, al desaparecer los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal;
- Se inició una crítica sostenida a la burocracia sindical, al tiempo que se mostró cierta tolerancia hacia la acción directa de los trabajadores ferrocarrileros y atención a las observaciones de los electricistas del STERM, encabezados por Demetrio Vallejo y Rafael Galván, respectivamente;
- En el terreno de la política exterior, los esfuerzos de ese gobierno se centraron en la búsqueda de un mejor pago para las materias primas exportadas por los países del llamado tercer mundo, mediante un peculiar documento denominado Carta de Derechos y Deberes de las Naciones, así como en formas concretas de solidaridad con ciertos gobiernos progresistas, entre los que ocupó lugar relevante, hasta su caída por obra de un golpe militar, el de Salvador Allende en Chile, y
- En el plano de la conformación de su más inmediato equipo de trabajo, el presidente Echeverría dio origen a un importante giro político, por cuanto incorporó a un número considerable de jóvenes profesionistas, hasta aquella fecha desconocidos, desplazando del escenario político a una añeja burocracia profesionalizada y, hasta entonces, representativa de la llamada “familia revolucionaria” mexicana. Sin duda, semejante reforma estuvo ligada al hecho, fundador también de una tradición que sigue operando, consistente en que el nuevo mandatario no ocupó previamente ningún otro cargo de elección popular.
El ambiente internacional, definido en lo fundamental por la conclusión de la Fase A, expansiva, del ciclo Kondratieff en el sistema económico mundial, tenía componentes singulares en la América latina que se alimentaron en buena medida de las teorías autóctonas del desarrollo y, posteriormente, de la dependencia. Este ambiente, con la novedad de un gobierno socialista en Chile y un Pacto Andino que se encaminaba a regular a las inversiones extranjeras, sentó las bases para una de las más importantes medidas del régimen echeverrista, consistente en emitir la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, que merece un breve análisis.
Ya se ha hecho mención de la forma en la que, en esta ley, se recogen los elementos fundamentales de la llamada Cláusula Calvo; en este espacio, sin embargo, he juzgado pertinente incluir la comparación que realizó la maestra Ifigenia Martínez Hernández de dicha ley con lo establecido en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino). Este pacto estableció un régimen común con base en el Acuerdo de Cartagena, suscrito entre Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los componentes generales de dicho pacto, son:
a) Programación industrial común;
b) Liberación automática y progresiva de aranceles entre los países miembros;
c) Armonización política de los países que lo integran, y
d) Arancel externo común.
Veamos las principales coincidencias y diferencias entre las normas andina y mexicana, en el comienzo de los años setenta:
PACTO
MÉXICO
1.- El régimen se instaura como consecuencia del Acuerdo de Cartagena, en vigor a partir del 30 de junio de 1971
2.- Constituye una subregión dentro de la ALALC para presentar un frente común en las relaciones financieras internacionales
3.- Define varios conceptos sobre inversión extranjera, inversionista nacional y extranjero, empresa nacional, mixta y extranjera, etc.
4.- Establece un porcentaje mínimo del 80% de capital nacional para considerar una empresa como nacional y del 51% al 80% para considerarla como mixta
5.- No se autoriza inversión extranjera en giros atendidos satisfactoriamente por nacionales
6.- En la banca, los seguros y empresas financieras en general, se prohiben nuevas inversiones extranjeras, y a las ya existentes se les impone la obligación de transformarse a nacionales en un término de tres años.
7.- En el sector de productos básicos (petróleo y minerales) se establece un sistema de concesión en plazos máximos de 20 años, con preferencia a las que se asocien con empresas del estado receptor.
8.- En los servicios públicos se prohibe nueva inversión extranjera, salvo en las existentes para operar eficientemente
9.- En general orienta la inversión extranjera definiendo los campos y formas en que puede operar para ser complemento eficaz de la inversión nacional
10.- Estimula inversión intrarregional exigiendo los porcentajes de capital nacional mencionados en el punto 4 y concediéndoles los beneficios fiscales del Programa de Liberación del acuerdo de Cartagena
11.- Se regula la inversión extranjera indirecta
12.- Se previene el problema del tipo de cambio y la convertibilidad de la inversión para la transferencia de las utilidades
13.- Regula la reexportación de capitales y utilidades y su situación fiscal
14.- Reglamenta la reinversión de utilidades de inversiones extranjeras
15.- Se instaura como obligatoria la transformación de las empresas extranjeras a nacionales o mixtas, con opción preferente al Estado, para puedan disfrutar de las ventajas del Programa de liberación ya mencionado
16.- La convertibilidad de empresas nacionales a extranjeras no se prevé
17.- Permite la adquisición de empresas nacionales sólo en caso de quiebra inminente, condicionada a su traspaso a nacionales en un plazo no mayor de 15 años
18.- Suprime el anonimato, estableciendo la obligación de acciones nominativas y la conversión de las que fueren al portador en nominativas, en un plazo de un año
19.- Se establece todo un sistema de tratamientos fiscales, del que sólo gozarán las empresas nacionales y mixtas de los países miembros y las extranjeras en vías de transformarse a nacionales o mixtas
20.- Se establece como obligación de cada país miembro la creación de un organismo para la autorización, registro y control de la inversión extranjera. En su contexto se previene una serie de principios que deben normar el criterio y decisiones de los citados organismos.
1.- El régimen se instaura con la recopilación de disposiciones dispersas ya existentes, conformando junto con nuevos preceptos un cuerpo legal único. En vigor a partir del 8 de mayo de 1973.
2.- Con jurisdicción exclusivamente.
3.- No presenta definiciones. Considera la inversión extranjera en función de la calidad de extranjero del sujeto que la realiza, así como a las empresas mexicanas que estén bajo el control de extranjeros por cualquier título
4.- Sólo se autoriza el 49% máximo de capital extranjero, como regla general, sujeto a excepciones y autorización de una comisión ad hoc
5.- No se autoriza inversión extranjera en giros atendidos satisfactoriamente por nacionales
6.- La ley en cuestión no las menciona, pero estas actividades sólo se pueden realizar por mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y se encuentran bajo cierto control del Estado, en otras normas.
7.- Estas actividades se reservan de manera exclusiva al Estado, a más de ya estar nacionalizadas.
8.- Reservados exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión
9.- En general orienta la inversión extranjera definiendo los campos y formas en que puede operar para ser complemento eficaz de la inversión nacional y establece la pena de que el extranjero que invoque la protección de su gobierno perderá su inversión en beneficio de la nación (Cláusula Calvo)
10.- Estimula la inversión nacional imponiendo como máximo un 49% de capital extranjero en las empresas, por regla general, evitando así la competencia desleal y la absorción de las empresas nacionales por parte de extranjeros
11.- Deja fuera de la ley la inversión indirecta
12.- No se prevé
13.- No se prevé
14.- No se regula
15.- No se previene
16.- Se requiere autorización del órgano gubernamental correspondiente, para que el 25% o más de las empresas nacionales sea adquirido por extranjeros, pudiendo concederse opción de preferencia a favor de nacionales
17.- No se reglamenta
18.- Obliga a convertir en nominativos los títulos de propiedad de extranjeros (acciones, partes sociales, etcétera) en un plazo máximo de 180 días. Las inversiones mexicanas quedan libres para promoverse
19.- Se carece de tal reglamentación
20.- Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras integrada por los titulares de siete Secretarías de Estado y un Secretario Ejecutivo designado por el C. Presidente de la República. Se crea también el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Se establece una serie de principios que guían y norman el criterio y las decisiones de la comisión.[2]
Las dificultades que afrontó el gobierno echeverrista no se fundaron tanto en lo novedoso de un programa económico, por lo demás coherente y necesario, como en una muy aguerrida oratoria presidencial que, sistemática y crecientemente, lastimó al poderoso grupo de propietarios que, en el campo, la industria, el comercio y, especialmente, la banca, se acostumbró a percibir en el gobierno a un aliado y no, como comenzó a suceder, a un crítico mordaz e influyente. De este temprano desencuentro surgen los más notables problemas de la economía durante el período, muchos de los cuales se convirtieron en problemas de orden político.
La penuria económica del sexenio comenzó con la reducción notable de la inversión privada. La llamada “atonía” desencadenó consecuencias que afectaron poderosamente a la política económica. Tras haber crecido en forma sostenida, desde 1940, a una tasa promedio anual de más de seis por ciento, el producto interno bruto mexicano redujo su crecimiento anual a sólo un uno por ciento en 1971, verificándose reducciones absolutas, o tasas negativas en el producto agrícola que, por primera vez desde los años cuarenta, creció menos que la población.
La ausencia de inversión privada se pensó cubrir con una inversión pública que, a falta de recursos fiscales, se financió con el incremento de las deudas, interna y externa, del gobierno con lo que, sin reforma fiscal profunda, el fortalecimiento de las finanzas públicas se convirtió en un propósito inalcanzable.
El notable incremento en la oferta gubernamental de servicios educativos, prácticamente duplicada durante el sexenio, significó un enorme problema económico, por cuanto se habilitó para el consumo a numerosos contingentes de prestadores, directos y no, de actividades que no producían los bienes que dichos beneficiarios habrían de demandar, con lo que, desde la propia demanda, se produjeron, en ausencia de respuestas elásticas de la oferta, fuertes presiones inflacionarias.
La modernización de la política agrícola, consistente en el incremento considerable de recursos enviados al campo, no se apoyó en mecanismos que incrementaran ni la producción ni la productividad, al tiempo que se mantuvo, e incluso creció, la inestabilidad política y social previa. En este caso, las medidas políticas, de subordinación y acarreo, se vieron enfrentadas a los requerimientos económicos, que exigían una revisión profunda del circuito financiero al medio rural, un cierto grado de garantías en la tenencia de la tierra y el impulso a formas de organización que, mucho más allá de procesos electorales y revanchismos políticos, colocaran al productor rural en una situación de libertad productiva, sin tutelaje ni manipulación.
El incremento de la deuda externa no facilitó el necesario reordenamiento de las transacciones internacionales; al menos, no para bien. Los gastos de mexicanos en el exterior, la libertad de cambios y el peso sobrevaluado se conjugaron para: restar competitividad a las, de suyo débiles, exportaciones mexicanas; presionar a la dolarización de transacciones en los mercados más especulativos de la economía nacional, como el inmobiliario, y propiciar un incremento considerable en el tipo de cambio, devaluación que se verifica en casi un 100 por ciento al finalizar el mes de agosto de 1976.
La racionalización del desarrollo industrial, entendida como la dispersión de la actividad a lo largo del territorio nacional, sólo es apreciable en la edificación del polo industrial de Lázaro Cárdenas en el bajo Río Balsas, a cambio de una profundización de la concentración territorial de actividades en los lugares tradicionales. Posiblemente en la actualidad el más serio problema urbano del mundo lo constituya la zona metropolitana del Valle de México.
En buena medida, parte considerable de los descalabros económicos del sexenio obedeció a la libertad, la ausencia total de control sobre el sector financiero, que encabezó las prácticas especulativas que terminaron por derrotar a la política económica.
En un sentido, el del consumo de bienes provenientes del exterior incorporables a la producción -intermedios y de capital-, el mantenimiento prolongado de una política de tipo de cambio estable, resultaba funcional a la idea de sustituir importaciones; sin embargo, generó fuertes inconvenientes para las empresas, que las hubo, con potencial exportador, así como favoreció un incremento irracional, excesivo de los gastos de nacionales en el extranjero, mayoritariamente destinados a la adquisición de bienes de consumo suntuario. En la cuestión de la estabilidad cambiaria, los críticos del gobierno sólo pusieron atención en los efectos positivos de este elemento de la política monetaria, por lo que no fueron pocas las críticas a la devaluación de agosto de 1976.
Los saldos del sexenio arrojaron: la pérdida de los dos tipos de estabilidad del período anterior, la de precios y la de tipo de cambio; el incremento considerable de la deuda externa, la que pasó de alrededor de 6 mil millones de dólares en 1970 a más de 20 mil en 1976; la profundización de la crisis agrícola; el decremento de la, de suyo huidiza, confianza empresarial; la consecuente fuga de divisas y, por si lo anterior fuera poco, la subordinación, de las llamadas cartas de intención, de la política económica a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional para los siguientes tres años de la vida económica del país.
Los efectos positivos de la gestión echeverrista al quedar truncos, o se han olvidado o simplemente no se reconocen. En sentido amplio podría decirse que, ese sexenio, fue el último de aliento popular, en el que la atención a los derechos sociales de los mexicanos se colocó en el centro de los propósitos oficiales.
En el plano político, la pusilanimidad presidencial resultó más notoria que en el económico y el social. Las críticas al corporativismo se metamorfosearon en el fortalecimiento de la histórica alianza con los llamados “charros” sindicales; la relación con la prensa más influyente y liberal, concluyó con formas de intromisión gubernamental, de las que resultó un cambio inesperado en el grupo dirigente del periódico Excélsior; la intención de mejorar la idea que los universitarios guardaban del gobierno no pudo prosperar ante el fallido intento presidencial de visitar las instalaciones de la UNAM en 1975; la tolerancia política fue sustituida por una gran represión de la que resultó la liquidación de los grupos guerrilleros urbanos y de la que actuó en la sierra del estado de Guerrero; la solidaridad con el pueblo chileno y el asesinato de un prominente empresario regiomontano, le significaron una clara oposición patronal, de la que resultó la fundación de un nuevo organismo, con pretensiones políticas, que fue el Consejo Coordinador Empresarial, inspirado en la intención de derechizar la política oficial, desde la selección del candidato priísta a la presidencia, hasta la definición y operación de la política económica y social del nuevo régimen.
La segunda mitad de los años setenta, estuvo presidida por la vigencia, durante tres años, de las duras condiciones de ajuste impuestas por el FMI con la que se implantó una política económica regresiva especialmente apreciable en el renglón salarial, en donde se fijaron topes que, al ser menores que el ritmo inflacionario, iniciaron la caída de los salarios reales. Desde 1978, al calor de la elevación de los precios internacionales del petróleo, se invirtieron los términos de la política económica para comenzar el intento de una etapa expansionista, sin que los salarios recuperaran el nivel real de 1976, ni la remuneración a los asalariados en la distribución del ingreso nacional, alcanza el nivel histórico de aquel año (46.0 %). En las relaciones universidad-Estado se verificó un nuevo desencuentro, resultado de un laudo presidencial que, en contra de los derechos sindicales de los trabajadores universitarios, convirtió los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico en facultad exclusiva de las universidades, sin compromiso bilateral al respecto, durante 1981.
El arranque de los años ochenta, se hizo acompañar de una modificación profunda en las condiciones en que pudo verificarse la última etapa de auge de la economía mexicana, a partir de una drástica variación de la demanda y los precios internacionales del petróleo, frente a una oferta creciente y desordenada. La exitosa producción primermundista de tecnologías ahorradoras de energía y los reclamos de un capital financiero internacional, expresados en la elevación de las tasas de interés y el endurecimiento de condiciones para realizar nuevos empréstitos, esfumaron las ilusiones gubernamentales de administrar la abundancia e impidieron la continuación de un crecimiento económico que, aunque inequitativo y deformado, se había sostenido en alrededor de seis por ciento anual desde los años cuarenta.
La etapa de auge precitada permitió una participación considerable de la economía mexicana en la liquidez internacional, fundada en el hecho de que durante 1978-1981 mantuvo un crecimiento promedio anual de 8.4 por ciento del PIB, mientras el resto de la economía mundial apenas crecía y, en algunos casos, mostraba tasas negativas de crecimiento. Ello favoreció la orientación en el flujo de recursos de la banca comercial internacional hacia nuestro país, de forma tal que en esos tres años, tanto por la exportación de petróleo como por el endeudamiento creciente, ingresaron a México alrededor de 159 mil millones de dólares que, según Clemente Ruiz Durán, se emplearon de la manera siguiente:
Distribución de los recursos provenientes
del exterior durante 1978-1981,
por destino (%)
Importación de mercancías
42.0
Pago de factores del exterior
29.0
Servicios no financieros
19.0
Actividades especulativas
8.0
Aumento de las reservas internacionales
2.0
Total
100.0
Fuente: Clemente Ruiz D., “La coyuntura actual”. Mimeo. CONURBAL, México 1983.
La tradicional importación de bienes intermedios y de capital, característica del período de sustitución de importaciones, tuvo para la etapa que se analiza la variante de encontrarse subordinada a la expansión de la explotación y la exportación petroleras; es decir, que buena parte de los bienes importados para incrementar la producción de hidrocarburos simplemente no se utilizó al modificarse desfavorablemente la coyuntura internacional, expresada en los precios mundiales del petróleo. A ello debe agregarse el hecho de que este renglón de mercancías importadas cobijó, también, a bienes de consumo de los llamados duraderos, mayoritariamente suntuarios.
El punto de inflexión de la tendencia del crecimiento sostenido de la economía nacional, se ubica en el año de 1982, en el que el grueso de los indicadores macroeconómicos informan del ingreso apresurado a una etapa crítica y que correspondió, desde el primero de diciembre, con el inicio de un nuevo gobierno federal.
En la antesala de esta nueva gestión, el conflicto social -especialmente entre las fuerzas progresistas del movimiento obrero y una novedosa concepción empresarial del crecimiento económico, notoriamente asociada a los intereses monopólicos internacionales y fuertemente escoltada por los que serían importantes funcionarios del nuevo gobierno- tomó un impulso extraordinario, al grado de que los más talentosos analistas percibían en su desarrollo y desenlace el más relevante proceso definitorio del futuro nacional.[3] No hubo que esperar demasiado para reconocer la derrota de las fuerzas progresistas y, con ellas, del ritmo de crecimiento de la economía.
[1] Banco Nacional de Comercio Exterior, México: La Política Económica del Nuevo Gobierno, México, 1971, pp. 15-31.
[2] Martínez, Ifigenia, La Responsabilidad de la Inversión Privada Nacional y Extranjera en el Desarrollo Económico de México, en la revista Planeación y Desarrollo, Editorial Aleph, México, 1973, pp. 15-16.
[3] Cfr. Cordera C., Rolando y Tello M., Carlos, México La Disputa por la Nación. Perspectivas y Opciones del Desarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1981, 149 pp.