Metas alcanzadas por el PRODECOP en el estado Táchira

 

De acuerdo con el último informe de ejecución correspondiente al período octubre-diciembre del 2003, en el estado Táchira había un total de 2.013 usuarios, de los cuales el 44,3 por ciento eran mujeres. Esta última cifra refleja la importancia dada por el programa al enfoque de género con el objeto de disminuir las desigualdades que perjudican a las mujeres. Además el PRODECOP atiende 76 organizaciones: 54 socio-comunitarias, 12 económico-productivas y 10 financieras.

Las OSC, tales como las asociaciones de vecinos, tienen por objetivo el desarrollo comunitario y social mediante la canalización de demandas de inversión social y mecanismos de participación. En otras palabras, la formación de capital social. Para diciembre de 2003 ya habían culminado 79 proyectos, que permitieron la instalación de acueductos, mejoras de la vialidad y desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, la comunidad San Francisco, en el Municipio Uribante, logró que la gobernación construyera un nuevo ambulatorio. Para el financiamiento de estos proyectos comunitarios, el PRODECOP tiene un Fondo de Financiamiento de Iniciativas Comunitarias (FIC). Lo usual es que la comunidad aporte la mano de obra y el financiamiento provenga del FIC, del gobierno local o estadal, o de ambos. El objetivo es enseñar a la comunidad a ser pro activa en la búsqueda de soluciones a sus problemas, no esperar que el gobierno local o estadal se los soluciones. Por el contrario, formular y proponer proyectos y colaborar en su ejecución. En lugar de pedir, aportar. En otras palabras, que los integrantes de la comunidad sean actores de su propio desarrollo.

Las OEP están ligadas a actividades productivas. Ejemplo de ellas son las cooperativas o los comités de riego. Para diciembre del 2003 estas organizaciones habían culminado 3 proyectos, tenían 3 más en ejecución y 15 en la etapa de negociación. Uno de los proyectos culminados fue el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del sistema de riego. Para financiar el proyecto se hicieron gestiones ante la gobernación, la cual consiguió los recursos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). Otro ejemplo es el de las comunidades Patio Redondo, Santa Marta y Las Mesas de Potosí, que tienen una cooperativa de producción y servicios. Mediante el aporte de sus miembros compraron una romana para pesar el ganado en el sitio, en lugar de llevarlo a San Joaquín de Navay, que queda a 80 Km. de distancia, lo que produce pérdida de peso en el ganado. Además generan ingresos adicionales pesando ganado de personas que no son miembros de la cooperativa.

En cuanto a las OF, las cifras correspondientes a marzo del 2004 indican que las 10 cajas rurales agrupan a un total de 606 accionistas que poseen un total de 28730 acciones. El valor total de las acciones alcanza la suma de Bs. 143,5 millones, lo cual representa un promedio de Bs. 5.000 por acción. El valor de la acción lo fija la asamblea de la caja rural, pero por lo general oscila entre Bs. 1.000 y Bs. 10.000. En promedio cada accionista posee Bs. 236.840 en acciones. Además hay 350 ahorristas que aportaron Bs. 17,8 millones.

Cada caja rural establece sus propios estatutos y normas de funcionamiento. El órgano máximo de la caja es la asamblea de accionistas, donde cada miembro tiene un voto, independientemente de la cantidad de acciones que posea. El órgano ejecutivo es la junta directiva, conformada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y dos vocales. Para la aprobación de créditos existe un comité de crédito conformado por 3 miembros. Además existe un fiscal que funge como contralor, fiscalizando al comité de crédito, a la junta directiva, el proceso de cobranzas y las operaciones en general. Las asambleas se hacen una vez al mes y cuando hay baja participación el socio que no asiste es multado con Bs. 5.000. En las asambleas se decide la aceptación de nuevos socios. En cuanto a los préstamos, solamente los socios pueden tomarlos y se le exige la fianza de dos o tres socios, dependiendo del monto del préstamo. Este último varía entre 3 y 10 veces el valor de la acción. El monto promedio de los préstamos es de Bs. 200.000, pero se han otorgado préstamos de hasta Bs. 6 millones. Los mismos son utilizados tanto en actividades productivas, tales como sembrar, comprar ganado, o comprar materia prima, como en la adquisición de bienes para el hogar, especialmente electrodomésticos.

Con respecto a la tasa de interés, en el proceso de capacitación se hace hincapié en que las tasas fijadas por la caja rural deben tomar en consideración cuatro elementos: la inflación esperada, los costos administrativos, las reservas de capital y los dividendos. Considerando márgenes aceptables para cada uno de estos rubros usualmente se obtienen tasas similares a las de mercado. Adicionalmente, a los miembros de las juntas directivas se les sugiere que hagan un seguimiento semanal de las tasas de mercado, que se publican en los diarios de circulación nacional o en la página web del Banco Central de Venezuela.

El total de préstamos otorgados en el estado Táchira alcanza la suma de Bs. 872,4 millones, de cuyo monto se recuperó Bs. 684,1 millones. La cartera activa de préstamos alcanza la suma de Bs. 183,8 millones y no existen préstamos en mora. Un índice de morosidad igual a cero indica una excelente calidad de la cartera (en la banca comercial el índice de mora está alrededor del 7 por ciento). Una de las razones de la baja morosidad radica en que todos los socios se conocen, son miembros de la comunidad y además “el sentido de pertenencia de los miembros de la caja es grande”, según palabras del promotor financiero Simón Mora. En los pocos casos de morosidad que se han presentado, los socios han organizado eventos para recaudar fondos y hacer el pago correspondiente. Por ejemplo, una vez uno de los socios donó un becerro para hacer una rifa. Por eso no es de extrañar que hasta ahora no se hayan afectado las reservas de capital.

El crecimiento de las cajas rurales del Táchira es impresionante. En sólo tres años el número de accionistas creció casi un 50 por ciento al pasar de 408 a 606 entre marzo del 2001 y marzo del 2004 (gráfico 10). Pero aún más impresionante es el crecimiento en el número de acciones, que se multiplicó casi once veces, pasando de 2.630 a 28.730, lo que significa que el promedio de acciones por accionista pasó de 6,5 a 47,4. El incremento del número de accionistas, así como el crecimiento en el número de ahorristas, que pasó de 94 a 350 durante el período señalado, refleja la atracción que las cajas rurales han despertado entre las familias pobres como alternativa de inversión. Por otro lado, el incremento del número de acciones por accionista obedece a dos razones: primero, las cajas rurales obligan a los accionistas a capitalizar el 50 por ciento de los dividendos decretados por la asamblea; segundo, muchos accionistas optan por comprar más acciones antes de pedir un crédito para acceder a un monto más elevado, que está determinado por el número de acciones en tenencia.

Fuente: PRODECOP

Al analizar los montos captados por las cajas encontramos tasas de crecimiento extraordinarias. Durante los tres años que van de marzo del 2001 a marzo del 2004 los montos recibidos por concepto de participación accionaria y ahorros se multiplicaron en 10,9 y 11,8 veces, respectivamente, alcanzando las cifras de Bs. 143,5 millones y Bs. 17,8 millones (gráfico 11). Por otro lado, la cartera activa creció 13,3 veces y se ubicó en Bs. 188,3 millones. Estos resultados indican una buena sustentabilidad financiera y elevan las probabilidades de que las cajas rurales alcancen en el mediano plazo un volumen crítico de operaciones que les permita convertirse en instituciones financieras autónomas. Los resultados mencionados, combinados con la ausencia de morosidad en las carteras, permiten afirmar que las cajas rurales del estado Táchira han alcanzado un alto grado de efectividad Actualmente se está hablando de crear una asociación de cajas rurales municipal, tal y como la que existe en el municipio Sucre del estado Mérida. El siguiente paso sería crear una asociación estadal y luego una asociación nacional de cajas rurales.

Llama la atención el hecho que estas tasas de crecimiento se lograron durante un período de alta inestabilidad económica y política. En el 2002 se produjo un paro petrolero y un intento de golpe de estado, lo cual se tradujo en una caída del PIB de 8,9 por ciento. En el año siguiente la economía se contrajo nuevamente en 9,4 por ciento. A pesar de ello las cajas rurales fueron muy bien aceptadas entre las familias rurales pobres, que consiguieron un vehículo de financiamiento adecuado, al mismo tiempo que una oportunidad para invertir y ahorrar.

El lanzamiento de las cajas rurales a finales de la década de los noventa no pudo ser más oportuno porque para esa fecha el Fondo Nacional del Café (FONCAFE), el Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO) y el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), organismos que daban financiamiento a los pequeños agricultores, fueron eliminados. El vació dejado por estos organismos financieros fue llenado, en gran parte, por las cajas rurales.

Fuente: PRODECOP

Otro elemento que contribuyó al crecimiento de las cajas rurales fue el impulso que le dio el PRODECOP con aportes financieros provenientes del programa de activación económica del gobierno nacional denominado Sobremarcha, los cuales no tenían que ser devueltos y fueron capitalizados por las cajas rurales que lo recibieron. Un factor que incidiría positivamente en el crecimiento de las cajas y el mejoramiento de su eficiencia sería la instalación de los Fondos de Garantía y Redescuento, previstos por el PRODECOP, para garantizar préstamos de la banca comercial a las caja rurales. Estos fondos permitirían establecer un vínculo entre las cajas rurales y la banca comercial, dándole a las primeras una nueva fuente de recursos financieros. Sin embargo, a pesar de que el FIDA tiene recursos destinados para su creación, el Fondo de Desarrollo Agrícola, Forestal y Afines (FONDAFA) no ha hecho los aportes que le corresponden.

La sustentabilidad financiera y efectividad de las cajas se ha visto favorecida por el buen control de pagos de capital e intereses, al igual que de los costos operativos. Sin embargo, el diferencial entre las tasas activas y pasivas, que osciló entre el 26 y el 40 por ciento en el año 2003 podría comprometer la sustentabilidad financiera de algunas cajas rurales. Por ejemplo, si asumimos costos operativos de 10 por ciento y una tasa de capitalización de 5 por ciento, ambos valores mínimos de acuerdo con la experiencia de organismos internacionales (ver sección 1.4), y además asumimos que el costo de fondeo de las cajas rurales es de 20 por ciento, que es bajo tomando en consideración que la inflación fue de 27,1 por ciento, entonces se requiere una tasa mínima de 35,4 por ciento para garantizar la sustentabilidad financiera. Pero hay que señalar que la unidad ejecutora del PRODECOP conoce la importancia de mantener tasas de interés positivas, y este conocimiento ha sido trasmitido a los usuarios.

Con respecto a la eficiencia operativa, la misma se ha garantizado mediante la capacitación de los miembros de las juntas directivas de las cajas rurales, así como con la asesoría de los promotores financieros. Adicionalmente, en la medida que las cajas han ido creciendo han adquirido recursos físicos. Algunas han adquirido computadores para llevar sus sistemas de registro y control, aunque ninguna dispone de software para generar indicadores financieros. Por otro lado, aunque todas las cajas funcionan actualmente en escuelas o las casas de los tesoreros, algunas ya han adquirido el terreno e inclusive los materiales para la construcción de la sede. Adicionalmente, en el municipio Uribante se están haciendo gestiones para obtener financiamiento externo con el fin de construir 7 sedes. Cabe señalar que en el estado Mérida la caja San Antonio de Padua, con 300 socios, ya tiene su propia sede.

Con el fin de mantener o mejorar la eficiencia operativa, las cajas rurales, especialmente las de mayor tamaño, deberían considerar el uso de software especializado para el manejo de información y la generación de indicadores financieros que permitan medir la sustentabilidad financiera, la eficiencia operativa y la calidad de la cartera, práctica sana recomendada por los organismos internacionales que trabajan con instituciones microfinancieras. Se tenía programado aplicar este tipo de indicadores en diciembre de 2003, pero por razones presupuestarias no se hizo. El único índice que actualmente utilizan las cajas es el de morosidad y lo aplican sobre los montos totales prestados y recuperados, en lugar de aplicarlo a la cartera activa solamente, produciendo una sobreestimación del índice. Por otro lado, se debe estudiar la posibilidad de remunerar a los miembros de la junta directiva. En este sentido, algunas cajas del estado Mérida ya están dando un monto equivalente a medio salario mínimo al tesorero, que es la persona que tiene mayores responsabilidades.

Podemos concluir este capítulo afirmando que los resultados de la evaluación del PRODECOP indican que el programa ha tenido un impacto positivo en el bienestar de la población seleccionada, a pesar del clima de inestabilidad económica y política reinante durante el período estudiado. Los efectos del programa se han manifestado a través de diferentes vías, atacando el problema de la pobreza desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la capacitación y el apoyo del PRODECOP ha permitido que los beneficiarios aprendan métodos de producción más eficientes, que se organicen en cooperativas de producción y que funden cajas rurales para el financiamiento de actividades productivas, mejoras de la vivienda y gastos imprevistos. Todo ello tiene efectos positivos en el nivel de ingreso y disminuye la vulnerabilidad de las familias. Por otro lado, la formación y fortalecimiento de las organizaciones socio comunitarias ha permitido que las comunidades se organicen y propongan proyectos de desarrollo comunitario, que permitan solucionar problemas de infraestructura y servicios públicos. Y lo interesante es que los proyectos se llevan a cabo con la participación activa de las comunidades, en colaboración con el gobierno local y estadal. En esta interacción las comunidades consolidan su identidad colectiva, al tiempo que desarrollan su influencia política y sus contactos con las autoridades locales y estadales. De esta manera, el PRODECOP ha permitido el fortalecimiento de los activos humanos, sociales, financieros y físicos de las familias beneficiarias.