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El PRODECOP
El PRODECOP, adscrito al CIARA, que funge como unidad ejecutora, inició sus actividades el 25 de junio de 1998 y está previsto que tenga una duración de siete años. Como se expresa en el informe No. 0715-VE del FIDA (1996ª: 35) el objetivo general de PRODECOP es “el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de familias campesinas pobres y pequeños productores, mediante una mejora en su inserción en los procesos de desarrollo local, incrementando sus ingresos agropecuarios y sus condiciones económicas”. Para el logro de este objetivo se propusieron los siguientes objetivos específicos:
a) proveer capacitación y asistencia a las comunidades pobres
b) crear y fortalecer mecanismos de participación y ligazones operativos y financieros entre las comunidades y los gobiernos municipales y estatales
c) crear y fortalecer organizaciones locales tanto de participación y acción social, como de carácter financiero, productivo y económico
d) mejorar los ingresos familiares agropecuarios mediante la difusión de tecnologías agropecuarias ligadas a un acceso al crédito, apoyando la diversificación agrícola e introduciendo cultivos de mejor rentabilidad
e) apoyar las políticas de descentralización del gobierno de Venezuela orientadas al fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, así como la consolidación de los organismos estatales y privados ligados al desarrollo del sector campesino
Los objetivos señalados se propusieron tomando en consideración, entre otras cosas, que durante los años noventa el nivel de pobreza aumentó, especialmente en las zonas rurales; se iniciaron reformas orientadas a una economía de mercado, eliminando subsidios y promoviendo la participación de agentes privados en roles y servicios rurales tradicionalmente atendidos por organizaciones del Estado; y se inició un proceso de descentralización del Estado transfiriendo poder político, recursos financieros y programas a los gobiernos estatales y municipales.
La estrategia se orientó a aliviar la pobreza rural, transferir poder político a las poblaciones rurales y desarrollar “servicios privados sostenibles en los campos financieros y productivos, con participación de los beneficiarios, así como de los gobiernos municipales y estaduales” (FIDA 1996: 33). De manera que con el proyecto se persigue no solo al alivio de la pobreza, sino la ruptura del ciclo de la pobreza dando instrumentos a los campesinos pobres que permitan incrementar y hacer más eficiente su participación en programas locales de desarrollo, así como también capacitarlos para organizar y administrar sus propias instituciones rurales tanto de ahorro y crédito como de apoyo a la producción local. Esto último permitiría desarrollar nuevas actividades económicas bajo la figura de microempresas, a la vez que responde al problema de la falta de acceso a fuentes de financiamiento institucional, banca comercial u organismos del Estado, por parte de los productores rurales pobres.
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se diseñaron dos componentes: a) Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana (CDPC) y b) Servicios Financieros y Sistema Financiero Rural (SFSF).
Al componente CDPC se le asignó el objetivo de:
desarrollar a nivel regional, municipal y local las capacidades técnicas y sociales de los recursos humanos involucrados en el Proyecto, de modo que puedan ser sujetos activos del desarrollo económico y social de los espacios locales, municipales y estadales (FIDA 1996: 42)
Con este componente se les dio capacitación a los beneficiarios para crear Organizaciones Socio-comunitarias (OSC), Organizaciones Económico-productivas (OEP) y Organizaciones Financieras (OF). Las OSC son organizaciones de participación civil y acción social, tales como asociaciones de vecinos y comités locales, cuyo fin es incrementar y hacer más eficiente la participación de los beneficiarios en el diagnóstico, propuestas y administración de los programas locales de desarrollo, creando enlaces y conexiones con los gobiernos locales y regionales. Por otro lado, las OEP son organizaciones, tales como cooperativas o microempresas, que persiguen dar servicios de apoyo a la producción agropecuaria local. Por último, las OF son empresas microfinancieras, que en el proyecto tomaron la forma de cajas rurales, orientadas a fortalecer los activos financieros de los beneficiarios, es decir, el ahorro y el acceso al crédito.
Pero la capacitación no se limitó a los beneficiarios del PRODECOP, sino que se extendió a los funcionarios públicos de los gobiernos locales y regionales. El propósito era consolidar el proceso de descentralización llevado a cabo por el gobierno nacional mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales y la consolidación de aquellos organismos ligados al desarrollo del sector campesino. Esto responde a los señalamientos de autores como Pineda y Álvarez (1996b) y Chapman (2000), quienes destacan la importancia de preparar a los funcionarios públicos a nivel local para poder obtener los beneficios de la descentralización en el combate a la pobreza.
Para la ejecución del componente CDPC se diseñó una organización con 50 promotores sociales a cargo del trabajo de campo a nivel de comunidades, cada uno cubriendo 13 comunidades. A nivel de municipio 18 extensionistas sociales, responsables de la coordinación, asesoría técnica, seguimiento y evaluación del trabajo de los promotores. Los extensionistas sociales son el vínculo del PRODECOP con el municipio en todos los aspectos relacionados con el desarrollo rural y el uso de un fondo para el Financiamiento de las Iniciativas Comunitarias (FIC), conformado con recursos municipales, estatales y del PRODECOP. Por otro lado, a nivel estatal tres coordinadores de área supervisan el trabajo de los extensionistas sociales y los promotores y vinculan el PRODECOP con el estado.
El programa se implementó de la siguiente manera. El extensionista social y los promotores forman un equipo de trabajo encargado de abordar las comunidades. En una fase inicial identifican los líderes naturales y formales y recaudan información sobre la comunidad. Posteriormente se hace un diagnóstico participativo de la comunidad, capacitando a sus miembros para que analicen problemas e identifiquen potencialidades en áreas tales como salud, educación y producción. Paralelamente promueven la formación de grupos de beneficiarios, denominados Grupos de Interés Múltiple (GIM), que son el punto de partida de todas las acciones de desarrollo del PRODECOP. A partir de los GIM se forman los grupos de participación social, cooperativas de producción y cajas rurales.
Los proyectos comunitarios formulados tienen acceso a los fondos FIC para el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura. La condición es que los proyectos beneficien a por lo menos 10 familias y al mismo tiempo concuerden con el programa de desarrollo rural establecido a partir de diagnósticos elaborados conjuntamente por las comunidades, los gobiernos municipales y el PRODECOP.
El CDPC, entonces, no solamente suministra herramientas técnicas a los miembros de la comunidad, sino que los ayuda a organizarse para que participen de manera activa en las decisiones de sus gobiernos locales y regionales, tomando ventaja de las oportunidades que brinda el proceso de descentralización. En otras palabras, los ciudadanos pueden proponer proyectos para invertir parte del presupuesto de sus municipios en lugar de esperar, de manera pasiva, que el alcalde local y los concejales decidan cómo utilizar los recursos municipales. Esto es una manera de transferir poder político a la sociedad civil, fortaleciendo sus activos sociales, y profundizar la democracia.
Al otro componente del programa, el SFSF, se le asignó el objetivo de “proveer servicios financieros al pequeño productor para que éste pueda financiar sus inversiones y procesos productivos, incrementando sus ingresos y condiciones de vida” (FIDA 1996: 66). Para su implementación se identifican los grupos de interés financiero de la comunidad, quienes reciben capacitación para que funden una caja rural, elaborando los reglamentos y eligiendo a la Junta Directiva y al Comité de Crédito. Los miembros elegidos además reciben capacitación en materia de procedimientos financieros, contables y administrativos. Las cajas rurales deben ser participativas, eficientes y sustentables.
Durante los tres primeros años de vida de la caja rural, los miembros reciben capacitación y apoyo por parte de empresas contratadas por el PRODECOP. De esta manera se facilita su constitución, crecimiento y consolidación. Estas empresas también deben promover relaciones entre las cajas rurales y la banca comercial, así como con comercializadoras y la agroindustria para facilitar el mercadeo de la producción de los asociados. Una vez cumplidos los tres primeros años, cada caja decide si contrata los servicios de las empresas asesoras.
Las empresas asesoras son dirigidas y supervisadas por un gerente de área, quien además debe relacionar las cajas rurales con la banca comercial. La intención es que las cajas accedan a los recursos de la banca, para lo cual se tenía previsto crear un fondo de garantía con recursos del PRODECOP y del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA). Sin embargo, esto no ha sido posible porque el gobierno no ha desembolsado la porción que le corresponde.
La dirección y coordinación del SFSF está a cargo de un Comité Financiero (CF) integrado por un representante del Sistema Nacional de Financiamiento Agrícola (SINFA), un representante del FCA y un representante del PRODECOP. Las solicitudes de las cooperativas son sancionadas por el CF, luego de ser presancionadas por el gerente de área.
De lo anterior se desprende que la participación activa de los beneficiarios es un elemento fundamental del programa. Lo que se busca es el empoderamiento de los beneficiarios y sus organizaciones para que tomen parte en la toma de decisiones a nivel de comunidad, municipio y estado, que afectan el desarrollo de la comunidad. Esto implica un cambio de paradigma, ya que se pretende que los beneficiarios abandonen actitudes pasivas y tomen la iniciativa en la lucha para romper el círculo de la pobreza.