Antecedentes

 

En el primer semestre de 1996 una misión integrada por representantes del programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), conjuntamente con representantes del gobierno venezolano, formularon un proyecto de cobertura nacional cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida en diferentes áreas del país con población rural en situación de pobreza. Fue así como nació el Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP), financiado con préstamos del FIDA y la Corporación Andina de Fomento (CAF), aportes del gobierno y recursos de los beneficiarios del proyecto.

Los contratos de préstamo se firmaron en diciembre de 1998. Sin embargo, ya se había iniciado, en septiembre de 1996, un proyecto piloto en las comunidades rurales de Tascabaña, El Pao, Mapiricure, Aventazón, Caico Seco, Kashama y Las Potokas que constaba de dos componentes: un proyecto de desarrollo económico de las comunidades rurales pobres y un proyecto para la creación de servicios financieros dirigidos a los campesinos pobres.

Una de las razones para la creación de servicios financieros fue crear mecanismos de financiamiento para los pequeños productores rurales, quienes usualmente tienen poco o ningún acceso al crédito institucional. En un documento del CIARA (1996: 11) se afirma que:

El sistema crediticio en el sector rural se ha caracterizado por la centralización de los créditos, su entrega a destiempo, una supervisión costosa e ineficiente y una difícil recuperación

Más adelante el documento destaca las deficiencias y distorsiones en el cumplimiento de sus objetivos de los dos pilares básicos del financiamiento agrícola en Venezuela: el financiamiento público y la banca comercial privada. Asimismo, describe cómo durante la década de los noventa la capacidad financiera del sector público para atender al sector agrícola fue mermada fundamentalmente por la caída en los precios internacionales del petróleo. De acuerdo con el documento, las dificultades del sector se reflejaron en la reestructuración del Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) y del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA) y la desaparición de los organismos sectoriales de financiamiento. Más adelante caracteriza a los programas rurales implementados afirmando que tienen costos administrativos elevados, desembolsan los préstamos de manera inoportuna y tardan en los trámites para la obtención del crédito.

Al analizar el sector privado el documento señala que:

las garantías exigidas por la Banca Comercial, en combinación con los costos que las operaciones de financiamiento al pequeño productor suponen, prácticamente imposibilitan el acceso del sector campesino a los créditos de la Banca Comercial (CIARA 1996, p. 15)

Posteriormente se dice que la creación del Sistema Nacional de Financiamiento agrícola (SINFA), con la finalidad de articular el financiamiento ofrecido por las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que financian el sector agrícola, significó un paso para resolver la problemática del sector agrícola. Entre las propuestas más importantes del SINFA destacan la descentralización de las actividades a través de los Fondos Regionales para el financiamiento agrícola, creados por los Estados a raíz del proceso de descentralización, y otras instituciones locales; la creación de Fondos de Garantía y la integración de instituciones de intermediación financiera de base, tales como cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones de productores.

En el contexto anterior se enmarca el proyecto piloto, que responde a la necesidad de desarrollar instancias de intermediación financiera de base para posibilitar la participación de los pequeños productores rurales, así como crear un vínculo con la banca comercial para la provisión de servicios de ahorro y administración del crédito. Para el año 1995 existían solamente 42 asociaciones cooperativas especializadas en ahorro y crédito, de las cuales apenas el 20 por ciento atendía al sector rural, principalmente en los estados Falcón y Mérida (FIDA 1996b). El proyecto piloto permitió probar metodologías de abordaje y de financiamiento rural que fueron posteriormente utilizadas para la implementación del PRODECOP.