|
|
Programas de Estabilización y Recuperación Económica (EREs)
|
Este texto forma parte de la tesis doctoral
El cambio estructural del sistema
socioeconómico |
La ayuda concedida por la AID a Costa Rica a partir de 1982 fueron los denominados Fondos de Apoyo Económico (ESFs) que tenían como contrapartida los Programas de Estabilización y Recuperación Económica (EREs). Dichos programas estuvieron dirigidos entre 1982 y 1984 al fomento de la estabilidad económica, sobre todo en lo referente a la política de tipo de cambio y a la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos; sin embargo, a partir de 1985 y coincidiendo con la firma del PAE I, estos programas se enfocaron más hacia la consecución de transformaciones estructurales (fomento de la capacidad de gestión de la sociedad civil, desarrollo del sector exportador, reducción del Estado...). En 1991 se firmó el ERE X y en 1992 el ERE XI, con una sustancial reducción del volumen del ESF, marcando así la retirada paulatina de la AID de Costa Rica, que concluyó en 1995 con el cierre de sus oficinas y la constitución de la Fundación CRUSA; dicha fundación pasó a ser la encargada de canalizar y gestionar la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica y la heredera del remanente de los últimos fondos concedidos por la AID (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Aunque los EREs no utilizaban la condicionalidad cruzada, sí incluían condiciones precedentes y estipulaciones. Las primeras consistían en una serie de requisitos que Costa Rica debía cumplir antes del desembolso del ESF, como un acuerdo de contingencia con el FMI (ERE II, 1983), un plan de privatización de CODESA (ERE V, 1986), la continuación de la privatización de CODESA, la congelación del crédito subsidiado a la agricultura y la industria, y la modificación del sistema aduanero para facilitar la exportación (ERE VI, 1987), la administración de las divisas recibidas en cuentas separadas y la presentación de planes económicos anuales (ERE VII y VIII, 1988 y 1989), o el depósito de los fondos de la ayuda en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (ERE XI, X y XI, 1990, 1991 y 1992) (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Las estipulaciones, por el contrario, eran acciones conjuntas de ambos Gobiernos de cumplimiento necesario pero cuya ejecución no estaba sujeta al ritmo de los desembolsos. Estas estipulaciones iban dirigidas fundamentalmente a cinco áreas: el control de las actividades y la privatización de las empresas de CODESA; una política crediticia con indicación de los sectores de financiación preferente y de los tipos de interés preferentes; una política social orientada hacia la construcción de viviendas y la creación de empleo (sobre todo desde 1988); la promoción de las exportaciones del país por medio de la garantía de la disponibilidad de divisas, de un tipo de cambio competitivo, de la capacitación en actividades dirigidas a la exportación y del fomento de las actividades financieras necesarias para el esfuerzo exportador; y, por último, un grupo de estipulaciones permanentes relacionadas con las importaciones realizadas a Estados Unidos y los acuerdos con el FMI (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Las políticas de corte estructural vinculadas a los EREs podemos dividirlas en cuatro bloques: los proyectos que ejecutó la AID directamente, los proyectos que ejecutó el Gobierno directamente, los proyectos de apoyo sectorial ejecutados conjuntamente, y la utilización de los fondos de crédito (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Entre los proyectos desarrollados por la AID podemos destacar: el saneamiento y venta de las empresas de CODESA, los proyectos de vivienda, el apoyo al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el programa de computación del sistema escolar, el apoyo a la JAPDEVA y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOPP), y los proyectos relacionados con las universidades estatales y el sistema de seguridad social.
Entre los proyectos desarrollados por el Gobierno se encontraban: la reducción de pérdidas del BCCR, la creación de una línea especial de crédito para fomentar el desarrollo de la banca privada, equilibrar las finanzas de los bancos estatales y facilitar el pago de las deudas de las empresas afectadas por la crisis, algunos proyectos de viviendas sociales, el programa de computación del sistema educativo, y ciertos proyectos de agricultura comunitaria.
Los proyectos de apoyo sectorial se centraron en: el proyecto Foresta, varios proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el proyecto de desarrollo de la Zona Norte, varios proyectos de vivienda social y otros proyectos de educación, transportes, aduanas, contraloría pública y parques nacionales.
Los fondos de crédito se destinaron en su mayor parte al sector privado en: actividades no especificadas, en Becas de Paz para Centroamérica, en actividades del Cuerpo de Paz, en proyectos de la Embajada de los Estados Unidos, en acción cívica, en autoayuda comunitaria, en apoyo a proyectos de desarrollo, en la Escuela Agrícola Regional del Trópico Húmedo (EARTH) y en remodelación de escuelas rurales.
Los sectores financiero, exportador y público-empresarial fueron los más afectados por las acciones de la AID en lógica coincidencia con las reformas estructurales de los PAEs, lo cual no es de extrañar dada la coincidencia ideológica entre las autoridades del Banco Mundial, el FMI y la AID (Sojo, 1991, pp. 23-48).
La cooperación económica entre los Estados Unidos y Costa Rica obedeció a la coincidencia de intereses entre ambos Gobiernos; mientras el primero quería obtener un efecto demostración de una democracia pluralista, respetuosa de las libertades y derechos individuales y amante de la paz bajo un sistema económico de economía de mercado, el segundo necesitaba abundantes recursos para suavizar los efectos de la estabilización y el ajuste estructural. Por lo demás, ambos Gobiernos coincidieron en la necesidad de estabilizar la economía del país a principios de los ochenta, en dar una orientación exportadora a la producción y en abandonar las funciones empresariales del Estado costarricense. Razones de la cooperación, menos confesables que las anteriores por parte de Estados Unidos, como el apoyo de Costa Rica a la contra nicaragüense o el estímulo de la demanda externa de las empresas norteamericanas gracias a esa ayuda, no deben tampoco ser ignoradas.
Los motivos de la retirada de la AID obedecían a un cambio de dirección de la política exterior norteamericana, con una región centroamericana en decidido proceso de pacificación, y al hecho de que los indicadores de desarrollo de Costa Rica superaron los límites para ser considerado como país receptor de ayuda por parte de la AID.