Las leyes estructurales del sistema socioeconómico costarricense en 1980

El desarrollo del creodo intervencionista en Costa Rica desde 1949 había ido conformando una estructura socioeconómica en el país, que sufriría un cambio brusco a partir de principios de los ochenta cuando la crisis del sistema condujo a un cambio de poder, que trajo consigo, a su vez, un salto creódico y, por tanto, un cambio estructural.

Para la determinación de las leyes estructurales (leyes particulares y parciales, o simplemente relaciones estructurales, si se prefiere) que caracterizan la estructura socioeconómica costarricense previa al cambio^{^[1]}, estudiaremos las interrelaciones existentes entre los distintos elementos estructurales (sector primario, sector secundario, sector terciario, sector exterior, sector financiero, sector público, administración pública, mercado de trabajo y clases sociales), construyendo una matriz 9 por 9. En dicha matriz, que consideramos simétrica, identificamos 36 interrelaciones posibles (no estimamos las autorrelaciones directas, 9), algunas de las cuales tienen suficiente entidad como para ser consideradas leyes estructurales. A continuación presentamos dichas leyes, organizadas de manera sistemática y fundamentadas en estudios parciales o globales de otros autores o en datos estadísticos.

No puede afirmarse que la economía costarricense hacia 1980 estuviese desarticulada productivamente como sería el caso de las economías de enclave, pero sí puede afirmarse que se trataba de una economía con escasa articulación productiva interna, lo cual puede comprobarse acudiendo a la matriz insumo-producto de 1980 (Soto y Leiva, 1980). Basándonos en los datos recogidos en la misma, podemos determinar de manera muy simple el grado de conectividad o interrelación de los distintos sectores productivos, por medio del cociente entre el valor de los insumos intermedios y el valor de la producción final; dicho grado es del 42,3%, de los que tan sólo 30 puntos corresponden a las interrelaciones con sectores nacionales; visto de otra forma, podemos decir que el 70,8% de los consumos intermedios del aparato productivo corresponden a productos nacionales. Calculando el grado de conectividad como la suma, ponderada por el peso de cada sector en el consumo intermedio, de la suma por columnas de los coeficientes técnicos totales, obtenemos que dicho valor es del 0,56480281; sin embargo, la conectividad interna (coeficientes técnicos domésticos) alcanzaría un valor de 0,390658065, lo que se traduce en que tan sólo el 69% de los eslabonamientos hacia atrás son con sectores productivos nacionales^{^[2]}.

Más allá del plano productivo, existen otras importantes interrelaciones entre los distintos sectores productivos. Entre ellas destacan las existentes entre el sector primario y el resto de los sectores.

Puede afirmarse que el sector primario financiaba el desarrollo industrial de Costa Rica. Siguiendo a Chenery y Syrquin (1978 [1975], p. 103), Costa Rica venía siguiendo una pauta de desarrollo equilibrada, ya que a pesar de aplicar una política de industrialización por sustitución de importaciones mantenía su orientación primario-exportadora; de hecho, desde la perspectiva de la balanza de pagos, los superávits comerciales agrarios, debidos a la exportación de café, banano, carne y azúcar, servían para compensar los déficits comerciales industriales, debidos al volumen de importaciones de bienes intermedios y de capital y de materias primas; así el sector primario aportaba, en gran medida, las divisas necesarias para el desarrollo del sector de industrial (Fallas, 1981, p. 49).

Pero no sólo era esa la única forma en que el sector agrario financiaba el desarrollo industrial. El Ministerio de Economía y Hacienda y algunas instituciones autónomas, tales como CNP, se encargaban de regular los precios de los productos de la canasta básica, de forma que ésta pudiese ser adquirida por la mayoría de la población (Rovira, 1982, pp. 75-76; OFIPLAN, 1982, p. 325). La mayor parte de dicha regulación recaía sobre productos agrarios de consumo interno (arroz, frijoles, maíz, leche, carne...), que poseían precios máximos y mínimos y cuotas de importación en caso de escasez; ello limitaba la ampliación de los márgenes empresariales de este sector al tiempo que permitía frenar las presiones al alza de los salarios industriales por estar controlada la canasta básica. Este control de los salarios industriales, a pesar de la política de aumento salarial del Estado, contribuía al mantenimiento de amplios márgenes empresariales en el sector, cuyos precios no sólo no estaban regulados sino que estaban protegidos por la estructura arancelaria.

No obstante, los salarios industriales y del sector servicios eran superiores a los del sector agrario y si a esto le unimos el proceso de capitalización del agro que trajo consigo aumentos de productividad, tenemos una explicación de la transferencia de mano de obra desde el sector primario hacia el sector secundario y el sector terciario. Siguiendo el modelo de Lewis (1954), el desarrollo industrial de un país subdesarrollado se basa en la absorción de la mano de obra excedente en la agricultura por parte de la industria moderna, lo que origina a su vez un proceso de éxodo rural y de urbanización; así, el sector industrial (público y privado, nacional y extranjero), concentrado en las ciudades del Valle Central se nutrió durante todo el periodo de población rural excedentaria de regiones eminentemente agrarias como Guanacaste, Limón, Puntarenas y algunos cantones periféricos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Al concentrarse los servicios también mayoritariamente en zonas urbanas, parte del excedente de mano de obra rural es absorbido por los servicios, donde la administración pública y el sector público financiero jugaban un papel importante.

Además, parte del excedente agrario, particularmente el de las actividades agro-exportadoras, se utilizó para financiar aquellos sectores productivos considerados como prioritarios por el Estado, en particular, la propia administración pública, la industria y las actividades agropecuarias destinadas al mercado interno (Rovira, 1982, pp. 68-70). Las empresas bananeras y los exportadores cafetaleros soportaban elevados impuestos sobre las utilidades y sobre la renta y sus ahorros eran depositados en los bancos del sector público, así por la vía del gasto público y de la subsidiación del crédito determinados sectores pudieron obtener un desarrollo que difícilmente hubiesen obtenido de otra forma.

Desde el punto de vista de la articulación externa podemos afirmar que el aparato productivo tenía un alto grado de dependencia del exterior; basándonos de nuevo en los datos de la matriz insumo-producto de 1980 (Soto y Leiva, 1980), del 42,3% que habíamos determinado como grado de conectividad 12,3 puntos corresponden a las interrelaciones con sectores productivos extranjeros; visto de otra forma, podemos decir que el 29,2% de los consumos intermedios del aparato productivo corresponden a productos importados; calculado el grado de conectividad externa de manera distinta (la suma, ponderada por el peso de cada sector en el consumo intermedio, de la suma por columnas de los coeficientes técnicos del componente importado directo) ésta alcanzaría un valor 0,174144745, lo que se traduce en que el 31% de los eslabonamientos hacia atrás son con sectores productivos extranjeros.

Pese a la política de industrialización por sustitución de importaciones, puede afirmarse que Costa Rica era hacia 1980 una economía abierta (Fallas, 1981, p. 64), con un coeficiente de dependencia o de apertura del 67,1% PIB (media de los coeficientes entre 1971 y 1980)^{^[3]}, lo cual es consistente con el hecho de que se trata de un país pequeño que sólo puede aprovechar las economías de escala destinando una gran parte de su producción al mercado exterior y demandando de éste aquello que no le resulta rentable o estratégico producir.

Pero Costa Rica era también una economía deficitaria, como demuestra el hecho de que su tasa de cobertura fuese del 77,5% (media de las tasas entre 1971 y 1980)^{^[4]}; el déficit comercial crónico y creciente de Costa Rica (en la década de los cincuenta la tasa de cobertura era del 90,7%) pone de manifiesto la incapacidad de la política de industrialización por sustitución de importaciones para generar un desarrollo autosostenido. Las principales responsables de este déficit eran las importaciones de bienes intermedios y de capital y de materias primas para la industria (BCCR, 1986, pp. 101-102), ya que la legislación existente favorecía mediante exenciones fiscales dichas importaciones; la aparición del Estado empresario, liderando la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, no contribuyó a la reducción de dichas importaciones (Meléndez y Meza, 1993, pp. 58-62). Además de la propia estructura productiva del país, existían otras razones que contribuían a explicar el déficit estructural de la balanza por cuenta corriente, como eran la imitación de las pautas de consumo de las sociedades desarrolladas, el deterioro sistemático de los términos de intercambio, la retribución de la inversión extranjera (intereses, patentes, derechos, utilidades...) y la dependencia energética del exterior (Fallas, 1981, p. 62).

Costa Rica, como cualquier país con una importante base primario-exportadora y una débil estructura industrial (Prebisch, 1949), presentaba una tendencia al deterioro de sus términos de intercambio a lo largo del tiempo. Dicha tendencia se explica por el menor crecimiento de los precios de la exportaciones, eminentemente agropecuarias (productos tradicionales), frente a un aumento superior de los precios de los bienes industriales de consumo y de capital importados; ciertas coyunturas, como la elevación de los precios del café en determinados años, venían a paliar temporalmente los efectos de esta tendencia, aunque la subida de los precios del petroleo y de otras materias primas importadas hacia mediados de los setenta también agudizó los efectos de la tendencia (Fallas, 1981, pp. 64-66).

La contrapartida del déficit comercial era la entrada de capitales, en un primer momento, en forma de inversión extranjera directa y, posteriormente, en forma de deuda externa multilateral, bilateral y con la banca comercial extranjera; así el desarrollo económico costarricense se financiaba con ahorro externo (Rovira, 1982, p. 88, 112-113; Fallas, 1981, p. 59).

Las entradas de capital, cada vez mayores y cada vez más vinculadas a la deuda externa, junto con los fluctuantes ingresos de las actividades agro-exportadoras y los decrecientes ingresos de la exportaciones industriales al MCCA aportaban las divisas necesarias para pagar las importaciones de bienes de capital y materias primas (Fallas, 1981, p. 62).

Las exportaciones costarricenses estaban altamente concentradas en un pequeño grupo de productos tradicionales (café, banano, carne, azúcar, cacao y fertilizantes); estos productos tradicionales, de naturaleza agropecuaria aunque en algunos casos ligeramente transformados (café, azúcar y fertilizantes), venían a representar el 60% de las exportaciones totales del país (Fallas, 1981, p. 64). El resto de la exportaciones, los llamados productos no tradicionales, entre los que se encontraban bienes industriales de consumo no duradero, eran exportados en su mayoría la MCCA. Alrededor del 65% de dichas exportaciones se dirigían hacia Centroamérica, donde los altos aranceles comunes generaban un mercado cautivo, lo que constata el sesgo antiexportador del sector industrial, apenas interesado por mercados no protegidos. Aun así la demanda de este mercado venía disminuyendo como consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo seguido en la región, la industrialización por sustitución de importaciones; agotamiento directamente vinculado con la desigual distribución del ingreso que impedía que grandes masas de población pudiesen adquirir los bienes de consumo no duradero que se encontraban en el mercado.

Vinculado con las entradas de capital en el país destacaban la concentración de inversiones extranjeras directas en los sectores industriales más dinámicos (fertilizantes, material eléctrico, equipo de oficina y muebles) (Fallas, 1981, pp. 42-43). El papel de las ETN en el desarrollo costarricense ha sido menor que en el de otros países, debido entre otras cosas al carácter nacionalista de la política de desarrollo, pero aun así el mayor dinamismo industrial estaba vinculado al capital extranjero; lo mismo puede decirse del sector bananero, donde las grandes ETN, como la vieja United Fruit Company, tenían auténticos enclaves que vivían de espaldas al resto de la economía (Fallas, 1981, p. 64).

La demanda externa de productos agropecuarios y la demanda doméstica (centroamericana) de productos industriales eran, junto con el Estado y la inversión extranjera, importantes motores del crecimiento económico de Costa Rica (Fallas, 1981, pp. 29-32). El carácter de economía pequeña y abierta de Costa Rica hacía impensable cualquier dinamismo económico sostenido que no procediera del exterior, por ello la política de industrialización por sustitución de importaciones se completaba con el MCCA, permitiendo así aprovechar las economías externas en el sector industrial al amparo del proteccionismo. A esta demanda cautiva suma Costa Rica la demanda exterior de sus productos tradicionales.

El grado de intervención del Estado en la economía costarricense era elevado, no tanto por el peso del sector público (administración pública, instituciones autónomas, sector público financiero y sector público empresarial) en el conjunto del PIB que era en 1980 del 23,9% (OFIPLAN, 1982, p. 312), sino por la intensidad de las regulaciones y por la provisión de bienes y servicios en situaciones de monopolio u oligopolio. Estas regulaciones provenían no sólo de la Asamblea Legislativa, que entre 1950 y 1980 aprobó 1.446 leyes, o de la administración central del Estado, sino también de los instituciones autónomas y empresas públicas que intervenían en un gran número de sectores; entre ellos destacaban el CNP, la CCSS, el IMAS, el ICT, el INA, el Sistema Bancario Nacional (SBN), el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), la Oficina del Arroz (OFIARROZ), la Oficina del Café de Costa Rica, la Junta de Defensa del Tabaco... Pero el sector público jugó también un papel importante en la provisión de bienes y servicios en situación de monopolio legal o cuasi-monopolio (electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, combustibles, licores, alcohol, seguros, sanidad, ferrocarriles, servicios financieros, fertilizantes, cementos...); dicha provisión no sólo la realizaba el sector público empresarial (Fábrica Nacional de Licores -FANAL-,CODESA, RECOPE...) y financiero (BCR, BNCR, BCAC, BAC, BPDC...), sino las propias instituciones autónomas (Instituto Nacional de Seguros -INS-, Instituto Costarricense de Ferrocarriles -INCOFER-, ICE, CCSS...) (Fallas, 1981, pp. 87-91).

Las principales regulaciones del Estado recaían sobre el sector exterior; el mantenimiento de un tipo de cambio fijo, una estructura arancelaria altamente proteccionista y un contrato de industria que otorgaba importantes exenciones fiscales a la importación de insumos y bienes de capital, constituían un entramado de mecanismos que en la práctica generaban un sesgo antiexportador en el sector industrial más allá del MCCA y un sesgo proimportador de materias primas y bienes de capital (Monge González, 1987).

Existía un monopolio público de la intermediación financiera desde la nacionalización bancaria de 1948; el acceso exclusivo a los depósitos a la vista y a plazo y al crédito exterior por parte del sistema de bancos públicos (BCR, BNCR, BAC, BCAC y BPDC) les confería la capacidad de poner el sistema financiero al servicio de las decisiones políticas; el resto de los bancos privados tenían muy limitado el acceso a los recursos con los que realizar su actividad, por lo que en la práctica ocupaban una posición marginal en el sistema financiero. Este monopolio de la intermediación permitía utilizar los recursos financieros en favor de los sectores considerados prioritarios por el Estado, como fueron las determinadas actividades agrarias e industriales, el sector público empresarial y el propio Estado, que financiaba sus déficits presupuestarios con la colocación forzosa de bonos en el sistema financiero o con deuda externa (González Vega, 1994, pp. 20-21).

Junto con los dos medios anteriores destacaba sin duda la regulación de los precios como forma de intervención del Estado en la economía; con objeto de proteger a las familias con ingresos bajos se fijaban precios máximos para los productos de la canasta básica que proveía el sector privado (arroz, frijoles, maíz, leche, carne, sal, azúcar, velas, aceites, petróleo, lamparas...) y se proveían bienes y servicios por medio de las empresas públicas e instituciones autónomas de forma gratuita o a precios subvencionados (infraestructuras públicas, educación, sanidad, viviendas sociales, electricidad, suministro de agua, telecomunicaciones, combustibles, licores, transportes...); esta provisión pública hacía difícil la competencia del sector privado. Pero la intervención vía precios no se explica sólo por la defensa de los sectores populares; en otras ocasiones se pretendía proteger a los productores nacionales de la competencia exterior (aranceles y control de precios de la importación) y de las fluctuaciones de los precios en el mercado (precios de intervención del Consejo Nacional de la Producción para productos agropecuarios) (OFIPLAN, 1982, pp. 325-326).

La estructura impositiva se basaba en el predominio de los impuestos indirectos, que representaban alrededor del 75% de los impuestos totales y se concentraba sobre todo en unos cuantos impuestos (selectivo de consumo, de ventas, de estabilización económica, derechos de importación, ad valorem sobre exportaciones, derechos de exportación de banano, sobre el café que reciben los beneficios...); esto denota el carácter regresivo de la estructura impositiva en el que el impuesto directo sobre la renta tenía una casi nula importancia y, por tanto, escasa repercusión en redistribución personal de la renta. Especial mención merecen los derechos de importación, ya que el volumen de exoneraciones del mismo fue creciendo de forma que en 1980 los impuestos de importación exonerados eran casi cuatro veces superiores a los recaudados (OFIPLAN, 1982, p. 323-326).

La insuficiencia y fluctuación de los ingresos públicos junto al fuerte crecimiento de los gastos públicos, derivado de la intervención, explican el déficit público creciente y la necesidad de financiarlo con endeudamiento interno y externo. Con una estructura impositiva muy dependiente de los movimientos de los mercados internacionales y cargada de exoneraciones, la capacidad de los ingresos públicos para hacer frente a los gastos era muy limitada y a medida que éstos crecieron por la propia expansión del sector público, se hizo cada vez más necesario acudir al endeudamiento interno, por medio de la colocación de bonos en el Sistema Bancario Nacional, o a la captación del ahorro externo, por medio de la emisión de títulos de deuda externa; el resultado de este déficit publico estructural fue el endeudamiento masivo, lo que puso de manifiesto la insostenibilidad financiera del sector público costarricense (OFIPLAN, 1982, pp. 331-332)^{^[5]}.

La distribución del ingreso en Costa Rica era cada vez más equitativa, como muestra el hecho de que el coeficiente de Gini pasase del 0,50 en 1961 al 0,42 en 1977; los beneficiados por la evolución en la distribución del ingreso fueron las clases medias en detrimento de las clase alta y de las capas bajas de la clase baja que vieron como su participación en el ingreso disminuía (Sauma y Trejos, 1990; Seligson et al., 1996, p. 7).

Los niveles de pobreza en Costa Rica se redujeron significativamente, gracias a las políticas públicas de lucha contra la pobreza. Así, se pasó desde el 50,3% de población por debajo de la línea de pobreza en 1961 hasta el 18,5% en 1977, siendo Costa Rica uno de los países en desarrollo con menores niveles de pobreza (Seligson et al., 1996, pp. 8-10). Las políticas de precios máximos de la canasta básica, de salarios mínimos, de viviendas sociales, de salud y educación públicas, de empleo público, de infraestructuras básicas, de servicios públicos subvencionados, de alimentación complementaria, de pensiones no contributivas para indigentes, etc., fueron los responsables de dicha reducción (Seligson et al., 1996); aunque conviene señalar que estas políticas se aplicaron en un periodo de expansión, por lo que el crecimiento económico es sin duda un factor a tener en cuenta en la explicación de la reducción de la pobreza.

El fortalecimiento económico de la clase media, en sentido amplio, generó un clima de paz social que contribuyó al desarrollo democrático del país. Las expectativas de mejora socioeconómica de la mayor parte de la población contribuyeron a que los conflictos de clase se dirimieran sin poner en cuestión el funcionamiento del sistema. La moderación ideológica de los dos principales proyectos políticos, el socialdemócrata (PLN) y el socialcristiano (coalición de partidos opositores) se corresponde con una distribución equitativa de la renta y una amplia clase media como base del electorado. La ausencia de conflictos sociales importantes, tan comunes en la región, está directamente relacionada con la práctica inexistencia de partidos revolucionarios de izquierda y partidos ultraconservadores de derechas, típicos de sistemas socioeconómicos con distribución poco equitativa de la renta (Rojas y Sojo, 1995, pp. 13-23). La abolición del ejército tras la Guerra Civil de 1948, también es un componente a tener en cuenta, junto con muchos otros, a la hora de explicar la estabilidad política de Costa Rica (Zelaya et al., 1992).

Existía una tendencia hacia la concentración de la población en zonas urbanas. El agotamiento de la frontera agrícola junto con la concentración de las actividades industriales y de servicios en las ciudades, hizo que el empleo creciera lentamente en las zonas rurales en términos absolutos y que en términos relativos decreciera, de tal forma que en 1980 el empleo en actividades agropecuarias representaba tan sólo el 29% del empleo total; si a esto le unimos la temporalidad de gran parte del trabajo agropecuario y los bajos salarios (limitados por los precios máximos de los productos agrícolas y la actuación de la empresas transnacionales bananeras), tenemos una situación de continuo aumento de la pobreza en las zonas rurales que explica el flujo migratorio (éxodo rural) hacia las cuatro grandes ciudades del Valle Central (OFIPLAN, 1982, pp. 254-255).

El papel de élites dominantes lo ocupaban las burguesías industrial y del Estado en detrimento de las burguesías agro-exportadora, comercial y financiera. Los altos aranceles limitaron las posibilidades de enriquecimiento de la burguesía comercial y la nacionalización bancaria de 1948 despojó de sus medios a la burguesía financiera; ambas pasaron a ocupar un papel marginal dentro de la élite política y económica del país. La burguesía agro-exportadora corrió más suerte, pese a los impuestos sobre las exportaciones de café y de banano; el papel esencial que jugaban los productos agropecuarios de exportación (banano, café, azúcar, carne...) dentro de la estructura productiva del país hizo que el Estado tratara a este sector de la burguesía con cierta consideración, permitiéndoles que su actividad económica fuese suficientemente lucrativa, siempre que se mantuviese al margen de la actividad política. La facción burguesa que se benefició de la acción estatal fue la industrial, que bajo la política de industrialización por sustitución de importaciones vio aumentar su poder económico y político; de hecho suele clasificarse a la élite política del Estado como los empresario-políticos, por su procedencia y vinculación con la burguesía industrial (Rovira, 1982, pp. 39-87). Sin embargo, el cambio de modelo de desarrollo de los años setenta, con la conformación del Estado Empresario, estuvo vinculado con el desplazamiento de los empresario-políticos por los político-empresarios, la llamada burguesía del Estado; esta facción burguesa, procedente de la clase media de funcionarios y que no tenía vinculaciones con el sector industrial, reforzó su poder político con el poder económico que le confirió el control de un creciente sector público empresarial, convirtiéndose en la auténtica élite económica y política del país a finales de los setenta (Cerdas, 1979).

Partiendo de una propiedad de la tierra bien repartida, el Estado con sus actuaciones y con la creación de empleo público fue generando una amplia clase media. Costa Rica tenía una clase media histórica que es la de los pequeños propietarios de tierras, en su mayoría cafetaleros, que mantenían un nivel de vida medio gracias a la rentabilidad de sus explotaciones; desde principios de los cincuenta estos pequeños propietarios fueron beneficiados por las políticas crediticias, de precios de sustentación, de infraestructura, de asesoramiento, etc. implementadas por el Estado, convirtiéndose así en uno de los sectores más importantes de la clase media. El segundo gran sector de la clase media es el de los profesionales que se habían formado gracias al sistema educativo público y que pasaban a convertirse, en su mayoría, en funcionarios y trabajadores públicos de las distintas instituciones del Estado, con empleos estables y bien retribuidos. Así, estos dos grandes grupos, pequeños propietarios y trabajadores públicos, juntos con otros profesionales del sector privado, pequeños empresarios urbanos y cooperativistas, constituían una amplia clase media, prácticamente inexistente en otros países de la región y que sustentaba con sus votos los dos grandes proyectos políticos.

^{^[1]} Tomaremos 1980 como nuestro año de referencia dado que para dicho año contamos con una tabla insumo-producto; a pesar de que dicha tabla es el resultado de una actualización parcial de la tabla de 1968, completada con un procedimiento de ajuste biproporcional sintético conocido como RAS, y dadas otras experiencias recogidas por diferentes autores (Pulido y Fontela, 1993, pp. 218-239) consideramos que los errores que pudiesen haber entre la tabla estimada por el RAS y la tabla que reflejase las relaciones intersectoriales reales de Costa Rica en 1980, pueden ser despreciados al objeto del análisis eminentemente cualitativo que presentamos.

^{^[2]} No obstante, estos datos acerca de la conectividad sólo tienen un valor estimativo ya que al ser la matriz de insumo-producto del 1980 el resultado de un raseado de la de 1968, está despreciando la incorporación de nuevos insumos en el proceso productivo desde entonces, aunque sí recogería la sustitución de insumos o su ahorro en función del cambio tecnológico y de la variación de los precios relativos de los mismos.

^{^[3]} El coeficiente de dependencia ha sido calculado como la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios dividida por el PIB, según los valores reflejados en la contabilidad nacional (oferta y demanda agregada). Alrededor de un 67% de apertura es un coeficiente bastante elevado si se compara con la media de los países desarrollados, que rondaba el 30%, o la de los subdesarrollados, que se encontraba en torno al 40%.

^{^[4]} La tasa de cobertura ha sido calculado como el cociente entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, según los valores reflejados en la contabilidad nacional (oferta y demanda agregada).

^{^[5]}Se ha sostenido, en determinadas ocasiones, que la ausencia de ejército en Costa Rica ha generado los denominados dividendos de la paz. Entre dichos dividendos se encuentran la estabilidad política del país y la inversión de las hipotéticas partidas de defensa en gastos de educación y salud; no obstante, esto último es cuestionable en su relevancia, ya que los presupuestos de los Ministerios de Seguridad y Gobernación fueron muy importantes.