Costa Rica. La Administración Echandi

En 1958, Mario Echandi, correligionario de Ulate en el Partido de Unión Nacional, llegó a la Presidencia de la República tras unas elecciones generales en las que recibió el apoyo del Partido Revolucionario liderado por Calderón Guardia. Los socialdemócratas, divididos por luchas internas, fueron derrotados al repartir sus votos entre dos candidatos, aunque consiguieron controlar la Asamblea Legislativa entre los dos partidos el PLN y el Partido Independiente. Si a ello unimos el hecho de que los organismos autónomos estaban controlados por élites burocráticas socialdemócratas con enorme independencia de gestión, nos encontramos con un Gobierno con una muy limitada posibilidad de aplicar su proyecto político; los socialdemócratas habían conseguido poner en funcionamiento un programa político difícil de desactivar (Rovira, 1982, pp. 133-163).

El contexto económico internacional no era mejor; caían los precios del café, del banano y del cacao, las importaciones aumentaban de forma significativa y el déficit comercial iba en aumento.

AÑO	1957	1958	1959	1960	1961	1962
IPC	100	79	66	70	62	63
IPB	100	84	86	87	87	70
SBC	3,34	1,72	5,95	5,65	4,88	4,24

IPC: índice de precios del café (año base: 1957); IPB: índice de precios del banano (año base: 1957); SBC: saldo de la balanza comercial en porcentajes del PIB.

Ante esta situación la Administración Echandi, vinculada a la burguesía agro-exportadora, consiguió que la Asamblea aprobara en 1959 la Ley de Fomento Económico, con la que se trataba de paliar por la vía crediticia la mala situación que soportaban los sectores agro-exportadores, fundamentalmente los cafetaleros. Así, las medidas recogidas en esta ley eran unos créditos para el desarrollo rural y las cooperativas agrarias, para el financiamiento de las deudas de agricultores e industriales, para apoyar a las industrias familiares y de artesanía y para el fomento de las actividades industriales; sin embargo, el grueso de los créditos se dirigieron al sector cafetalero.

Otra de las medidas adoptadas en 1959 fue la aprobación de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, con la que se abrieron las puertas a la política de industrialización por sustitución de importaciones. Esta ley fue la respuesta a otro proyecto, de carácter nacionalista, presentado por el PLN; la ley no hacía distinciones entre capital industrial nacional o extranjero, ni entre industrias que usasen materias primas del país o foráneas, por lo que la falta de discriminación acabaría generando la entrada de capital extranjero buscando las ventajas fiscales y arancelarias y un fuerte aumento de las importaciones, con el consiguiente efecto en el déficit comercial. Así, la Cámara de Industrias se convirtió en el principal representante del capital extranjero en Costa Rica, reemplazando a la Asociación Nacional de Representantes de Casas Extranjeras, opuesta a la ley y que estaba formada por los comerciantes importadores (vinculados también a los intereses del capital extranjero).

Dicha ley se sustentaba en tres pilares; el primero, una enorme elevación de los aranceles de los productos que compitieran con la industria establecida en el interior del territorio nacional; el segundo, la práctica eliminación de los aranceles para aquellos insumos requeridos por la industria establecida en el país (bienes de capital, materias primas, productos semielaborados...); y el tercero, un gran paquete de exenciones fiscales a las industriales (impuestos territoriales, de utilidades, de exportación, de renta...) (Rovira, 1982, pp. 133-163).

La tardía incorporación de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MCCA), en 1962, se debió fundamentalmente a la negativa de la Administración de enviar a la ratificación de la Asamblea los acuerdos firmados en 1958 (Tratado Multilateral de Libre Comercio y Régimen de Industrias de Integración) y de firmar en 1960 el Tratado General de Integración Económica.

Otra de las importantes medidas adoptadas por esta Administración fue el Plan General de Equilibrio Económico de 1961, por medio del cual se quiso corregir los problemas existentes en el sector exterior. La principal actuación consistió en la devaluación del colón desde los 5,6 colones por dólar hasta los 6,6 colones por dólar; junto a ello se redujeron los aranceles de determinados artículos de consumo popular, se elevaron los aranceles de determinados artículos considerados suntuarios, se elevaron y crearon algunos impuestos a la exportación, se limitó la expansión de crédito bancario y se derogaron la Ley de Pagos Internacionales y la Ley de Divisas Libres para la Exportación. Con todas estas medidas se trató de restablecer las condiciones competitividad perdidas por el sector agro-exportador, a costa de que los sectores asalariados viesen cómo aumentaba el costo de la vida (5,1% de inflación en 1962) y los sectores importadores viesen cómo caía su demanda.

Por último, conviene señalar que en este periodo se crearon el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) en 1961, como organismo semiautónomo, y el Ministerio de Industria en 1960 y se ordenó la universalización del seguro social en 1961 (aunque no pudo hacerse efectiva hasta diez años después por falta de infraestructuras y de financiación).