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Costa Rica. La guerra civil y el Gobierno provisional (1948-1949).
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Este texto forma parte de la tesis doctoral
El cambio estructural del sistema
socioeconómico |
Bajo un contexto de crispación política se celebraron en 1948 unas elecciones generales en las que se enfrentaban los socialcristianos liderados por Calderón, ya sin el apoyo comunista, y una heterogénea oposición en torno a la figura del reformista Otilio Ulate, compuesta por sectores de la burguesía dominante, la pequeña y mediana burguesía urbana y los socialdemócratas. El resultado de la contienda electoral fue la victoria de Ulate, no reconocida por el Gobierno de Picado que se negó a entregar el poder; el efecto de esta negativa fue el levantamiento en armas del líder socialdemócrata José Figueres y la consiguiente Guerra Civil de 1948, de la que saldría victorioso este último, instaurando un nuevo régimen político y una nueva Constitución.
Tras la Guerra Civil, el bando vencedor ocupó el poder y constituyó un Gobierno provisional, presidido por José Figueres y conocido como el Gobierno de los Dieciocho Meses; bajo dicho Gobierno se elaboró la Constitución de 1949 y se adoptaron una serie de medidas intervencionistas en la economía que iban más allá de las implementadas por Calderón.
La más relevante de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno fue la nacionalización de los tres bancos privados del país (Banco Anglo-Costarricense -BAC-, Banco de Costa Rica -BCR-, Banco de Crédito Agrícola de Cartago -BCAC-) configurando junto con el Banco Nacional de Costa Rica -BNCR-, una banca comercial pública y controlando así las cuentas corrientes y de ahorro; esta medida tenía como finalidad poner el crédito al servicio de la modernización de la agricultura y del desarrollo industrial.
Otras importantes medidas fueron: el mantenimiento de la legislación social y laboral de los cuarenta (Código de Trabajo, Garantías Sociales y Seguro Social); la subida de los salarios de los trabajadores del café y de la caña y de algunos grupos de trabajadores públicos; la transformación de la Comisión Mixta de Salarios Mínimos en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de ámbito nacional; el establecimiento de un impuesto del 10% sobre los capitales y del 15% sobre los beneficios de la United Fruit Company, además de un impuesto de beneficencia y del aumento del impuesto territorial; el restablecimiento de la vigencia de la Ley de Industrias Nuevas de 1940, con exoneraciones a las importaciones de maquinarias y equipos; la nacionalización del Instituto de Defensa del Café, que pasó a establecer el precio de la compra del café por el beneficiador; el aumento de la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP), cuya función consistía en el fomento de la producción para el mercado interno a través de la fijación de los precios de los productos básicos de consumo; y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para garantizar el control de la energía necesaria para iniciar un proceso de industrialización. Este organismo autónomo poco a poco absorbió las empresas extranjeras que participaban en los sectores de la energía y las telecomunicaciones) (Rovira, 1982, pp. 47-55).
Las medidas aplicadas por el Gobierno perjudicaron a las burguesías financiera e importadora, fundamentalmente las que incidieron sobre el control del crédito para dirigirlo a financiar la modernización de la agricultura. Junto con estas actuaciones, la abolición del ejército, la declaración de ilegalidad del Partido Comunista (Vanguardia Nacional) y el exilio de los líderes del bando perdedor, constituyeron la forma de desarticular a la oposición. Al mismo tiempo surgieron nuevos grupos sociales, como los empresarios modernizantes, la burocracia estatal (compuesta por técnicos de grado medio y superior) y la nueva élite política de empresario-políticos, que con su influencia trataron de obtener recursos públicos para financiar las actividades privadas del sector modernizante (Doryan, 1990, pp. 32-37).
El proyecto constitucional socialdemócrata presentado a la Asamblea Legislativa, de mayoría reformista, fue rechazado y la Constitución de 1949 se elaboró a partir de la de 1871; sin embargo, los socialdemócratas consiguieron incorporar importantes aspectos de su proyecto que vinieron a perfilar el modelo de Estado benefactor que apuntaban las primeras políticas. En este sentido, se definían una serie de instituciones autónomas, tales como los bancos y las instituciones aseguradoras, el Sistema Nacional de Salud, los ferrocarriles y otros transportes estatales, las centrales eléctricas, el CNP, los organismos encargados de la regulación económica del café, la caña y otras industrias y los encargados de la construcción de viviendas populares. Otras aportaciones relevantes fueron la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) y del Servicio Civil (función pública), así como el otorgamiento de una mayor autonomía a las municipalidades. El sistema educativo también recibió en la Constitución un importante respaldo, planteándose además la correlación entre los distintos ciclos (Rovira, 1982, pp. 58-60).
De esta forma, tras la contienda, el poder quedó en manos de un grupo minoritario, los socialdemócratas de Figueres, quienes inauguraron una etapa del desarrollo costarricense, la intervencionista, que puede ser interpretada como un nuevo creodo político-institucional cuya primera piedra fue la Constitución de 1949.