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La estrategia de la intervención orientada al mercado.

 

            Sin embargo, el planteamiento neoliberal se ha ido moderando a lo largo de los noventa y ha ido aceptando que la intervención del Estado en la economía puede ser positiva bajo determinadas circunstancias. Así, en 1991, el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial propuso la denominada estrategia de intervención orientada al mercado, sobre la que profundizó en otra publicación de 1993, El milagro de Asia oriental. Crecimiento económico y política pública. Dicha estrategia se basaba en un estudio del proceso de desarrollo de los países del sudeste asiático y rompía con la idea de que este proceso había sido fruto de la aplicación de políticas neoliberales por medio de las cuales el Estado se había abstenido de intervenir. El Banco Mundial aceptaba, por tanto, que la intervención del Estado podría ser un importante factor de desarrollo, pero siempre que tratase de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, que se tratase de una intervención del Estado a favor del mercado.

            Este enfoque se apoyaba en las siguientes ideas (Bustelo, 1997, pp. 259-271):

a)         El Estado debería permitir el funcionamiento del mercado cuando esto fuese posible, absteniéndose de realizar actividades productivas o distributivas directas y de proteger el mercado interno, salvo que los beneficios secundarios de dicha protección fuesen altos.

b)         La intervención estatal sólo sería legítima cuando el mercado estuviese poco desarrollado, para potenciarlo, o cuando su libre funcionamiento fracasase o fuese inadecuado y para liderar la inversión en salud, educación o infraestructuras.

c)         La intervención del Estado habría de hacerse en armonía con el funcionamiento de mercado, evitando las distorsiones de los precios, y pudiendo ser eliminada si sus efectos se tornasen indeseados.

            Según todo lo anterior, las funciones del Estado serían:

a)         El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, por medio de un déficit público sostenible y un tipo de cambio realista, para evitar, por un lado, el aumento de la inflación y la contracción de la inversión privada y, por otro, la contracción de las exportaciones, los controles rígidos de cambio y el racionamiento de las divisas.

b)         La creación de un entorno competitivo para las empresas, estableciendo un marco jurídico, con sistemas jurídicos, judiciales y normativos eficaces, donde los derechos de propiedad estuviesen bien definidos y protegidos, y un marco económico, que fomentase la innovación, la difusión tecnológica y el aprovechamiento eficiente de los recursos, por medio de la apertura a las importaciones y las inversiones extranjeras, así como de la reducción de la distorsión de los precios.

c)         La inversión pública en capital humano (educación, salud, planificación familiar, apoyo a los pobres...), en infraestructuras (carreteras, suministro de agua y electricidad, telecomunicaciones...) y en protección del medio ambiente.

d)         El desarrollo institucional, mejorando la eficiencia de la administración pública y promoviendo las libertades políticas y civiles.

 

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