SUJETOS SUBALTERNOS, POLÍTICA Y MEMORIA

Desalojos de campesinos: los conflictos por los usos de la tierra

En los últimos años se han registrado procesos de compra de enormes cantidades de tierras “deshabitadas”. Sin embargo habitualmente ellas son propiedad de antiguos ocupantes la mayor parte de los cuales carecen de títulos legales. Producidas las adquisiciones por parte de los empresarios, surge el conflicto del continuo desalojo de campesinos y puesteros 1 de las tierras que han trabajado durante toda una vida en diferentes zonas de Mendoza. Durante el período entre 2006/2008, tomaron mayor visibilidad los conflictos por desalojos a campesinos en el noreste de la provincia, en el departamento de Lavalle. No obstante, el problema de los desalojos es un conflicto que hunde sus raíces en una larga historia, entre los antecedentes más recientes, se pueden mencionar los casos de Malargüe y San Martín.
 En febrero del año 2002, un empresario malayo compró 250.000 hectáreas al sur de Malargüe para realizar inversiones en el sector agrícola y la explotación turística (los terrenos comprenden parte del Valle Hermoso y el Pozo de las Animas) (Los Andes, 19/02/2002). No obstante, pronto la noticia genera polémica:
Es que la operación incluyó tierras que son propiedad del Estado provincial y otras que son reclamadas por puesteros de la zona por permanencia en el lugar, según se desprende de informes oficiales (…) dentro de la compra figuran terrenos en los que vivían más de 40 puesteros protegidos por la Ley de Arraigo (Los Andes, 15/03/2002).

Si bien los inversores prometieron que no serían perjudicadas las personas que habitan esos terrenos (Los Andes, 20/03/2002), pronto aparecieron los conflictos por los desalojos: mientras algunos puesteros “arreglaron” con la empresa, otros intentaron resistir el desalojo (Los Andes, 29/09/2002). Aún en el año 2005 continuaban los conflictos por desalojos como consecuencia de aquella compra de tierra por “los malayos” (posteriormente se sabrá que los capitales dueños de la empresa, “Nieves de Mendoza”, son de origen anglomalayo):
Sólo muertos nos van a sacar de acá, vamos a defender nuestro derecho a trabajar y vivir dignamente. Esta tierra es todo lo que tenemos, es el campo donde crecimos y vimos el esfuerzo de mi padre para sacarlo adelante (Los Andes, 01/06/2005).

Posteriormente, la empresa logró realizar el desalojo (Los Andes, 24/11/2005). La compra de tierra de los malayos en Malargüe continuó hasta la actualidad: en el año 2003, la misma empresa compró todo el paquete accionario de Las Leñas (Los Andes, 14/03/2003); y en el 2009, otro hotel en el centro turístico (Los Andes, 18/04/2009).
 Por otra parte, en el año 2005, acontecimientos similares se produjeron en el departamento de San Martín. Así relata un medio periodístico alternativo el desalojo:
Como sucede en otras provincias, en Mendoza grupos económicos con historia de quiebras y vaciamientos, con el apoyo de fuerzas policiales y la justicia, desalojaron en forma violenta a campesinos que trabajan la tierra para sobrevivir (Noticiero popular, 04/12/2005).
 
En el caso de lo sucedido en el departamento de Lavalle, la configuración del conflicto tiene como particularidad el hecho que varios de los campesinos desalojados se encontraban organizados en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST). La UST es una organización campesina que ha fortalecido su experiencia organizativa en los últimos años en torno de la siguiente demanda: “Que nuestras familias tengan acceso a la tierra, el agua y los medios de producción necesarios para producir alimentos sanos y sin deteriorar el medio ambiente, con educación y salud al alcance de todas y todos” (Noticiero Popular, 06/12/2004). Así, los dos ejes del reclamo están sintetizados en los conceptos de soberanía alimentaria y reforma agraria integral. En efecto, la lucha por la tierra y el agua es una de sus reivindicaciones principales, ante la cada vez mayor concentración de dichos recursos en manos privadas, en general, correspondiente a empresas extranjeras.
Por ello, una de las políticas que impulsan desde hace años es la ocupación de tierras improductivas y abandonadas, convencidos de que deben ser puestas a disposición de las familias campesinas sin tierra, organizadas, para que puedan producir alimentos y trabajo digno, evitando el éxodo rural y la concentración en las villas miseria. No obstante, estas acciones vienen siendo criminalizadas por la gobernación y los medios de comunicación locales. El 22 de septiembre de 2006,
(…) en horas de la mañana, familias campesinas sin tierra, organizadas en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) ocupamos una finca improductiva y abandonada en la calle Quiroga y Ruta 40 Km 3337 de Jocoli, Departamento de Lavalle” (documento de la UST enviado por correo electrónico).

Sin embargo, luego de ser intimidados por la policía, fueron desalojados por la fuerza. Se quedaron acampando al costado de la ruta, la "carpa de la lucha por la tierra", en reclamo de la expropiación de la finca (Noticiero Popular, 04/10/2006).
Otro desalojo violento ocurrió en el año 2008: “irrumpió en la finca un empresario diciendo que era el dueño porque la compró en un remate”. La propiedad había sido rematada de manera irregular con edictos falsos, por lo que no pudo ser inscripta por estos empresarios, pero de igual manera metieron topadoras y comenzaron a incendiar el monte. Del mismo modo que en los otros casos, la criminalización de los luchadores sociales se hizo presente: “tres miembros del movimiento campesino fueron detenidos e incomunicados durante más de 10 (diez) horas, a esto se le suma el pedido de captura y arresto de más de 10 miembros de la UST (Contrapunto, 10/10/08).
Si bien en este trabajo no es posible abarcar la totalidad de los desalojos realizados en los últimos años en Mendoza, sí creo que es relevante señalar el hecho que éstos han continuado produciéndose hasta el día de la fecha, acompañados en la mayoría de los casos por una criminalización y judicialización de sus protagonistas2 . Una breve reseña a modo de ilustración. En abril de 2008, 100 familias ocupan y lotean terrenos contiguos al barrio La Favorita: “La población creció en cantidad y en edad. Así, hijos y nietos de los primeros habitantes de la zona vuelven a expresar la necesidad que años atrás sintieron y resolvieron sus padres” (Noticiero Popular, 29/06/2008). Por su parte, el año 2009 presentó varios de estos hechos que involucran ocupaciones y desalojos: en el mes de enero fueron desalojadas 40 familias que “usurparon” terrenos aledaños al Cerro de la Gloria (Los Andes, 20/01/09); a fines de marzo, numerosas familias (“70 personas”) ocuparon predios del Challao (Las Heras), también llamados “usurpadores” (Los Andes, 02/04/09); en agosto del mismo año, 300 familias “usurparon” terrenos en Palmira (San Martín) (Los Andes, 04/08/09); en el mismo mes de agosto, 570 familias “usurparon terrenos en Maipú”, pertenecientes al ferrocarril (ONABE), que fueron desalojadas rápidamente por gendarmería nacional (Los Andes, 25/08/09). Es importante indicar que estas ocupaciones, a diferencia de las impulsadas por la UST, están motivadas, principalmente, por la necesidad de una vivienda digna, es decir, remite a una problemática urbana (social, económica y cultural) que plantea algunas especificidades propias respecto de las que marca la ocupación de tierras improductivas en zonas rurales para el cultivo y el trabajo campesino. Lo cual no quiere decir que se contrapongan ni que carezcan de puntos en común.
Efectivamente, el conflicto que abrió el desalojo de campesinos en algunas localidades de Mendoza es por el uso de la tierra, como decía más arriba, una disputa que se dirime entre quienes pretenden hacer de ella un medio para valorizar y acumular más capital y, por el contrario, quienes defienden su ocupación como recurso para un trabajo digno y medio de “subsistencia” de numerosas familias. A su vez, particularmente en el caso de los campesinos de Lavalle, han emergido formas de organización estables y fortalecidas con el paso del tiempo, tal como es la experiencia de la UST.

La laguna El Viborón
La otra experiencia organizativa que quisiera presentar, que involucra también el conflicto por el uso de la tierra -la defensa y el esfuerzo comunitario por la recuperación de los espacios públicos frente a proyectos de privatización o abandono estatal-, es la de la laguna El Viborón, en Rodeo del Medio, Maipú. La experiencia de organización colectiva comienza en agosto de 2006 pero adquiere visibilidad mediática hacia finales del 2007, ante los inconvenientes en su proceso de recuperación. Un grupo de organizaciones sociales (Asociación Cayé Cheyná, Huellas, el Andamio, Campo Flores, Apropal, Coopafes) se organizaron para darle un uso social y protección al humedal conocido como Laguna del Viborón:
En agosto del 2006 nos enteramos que este lugar estaba abandonado y en grave peligro ambiental por lo que decidimos protegerlo habitándolo y de esta manera evitamos en dos oportunidades el vaciamiento de la laguna por parte de un empresario inescrupuloso que alega que el humedal le provoca salinidad en las tierras que él cultiva y que ordenó a sus empleados hacer un socavón en el margen noroeste del mismo (Documento de las organizaciones enviado por e-mail).

Comenzaron a realizar distintas actividades encaminadas a la recuperación física del lugar (limpieza, restauración, relevamiento fáunico y análisis del agua 3, etc.) y al uso social y público del espacio (funcionó la escuela de verano para los chicos de los barrios más humildes de Maipú, realizaron capacitaciones para productores de agricultura familiar, encuentros permanentes entre organizaciones barriales y rurales, se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía y el de Estudiantes de Agronomía, la Fiesta del Viborón, etc.) 4.
Ese lugar pertenecía a un antiguo club de pesca denominado Club Cristóbal Colón al que contactaron pero, expresando su agradecimiento por las actividades de protección que se estaban llevando a cabo, dijeron no estar en condiciones de colaborar. Sin embargo, luego de un año de trabajo, el club “nos pide que desalojemos el lugar, desconociendo todos los acuerdos de palabra y de buena voluntad y entendimiento que hasta ese momento teníamos, queriendo usufructuar del esfuerzo de todos para beneficios de unos pocos” (Documento de las organizaciones).
Como parte de las actividades a través de las cuales, estas organizaciones, buscan el reconocimiento de la posesión legítima de la laguna, realizaron a mediados de noviembre de 2007 un encuentro de educación popular. Esa legitimidad se apoya en el trabajo colectivo que vienen realizando en forma conjunta durante más de un año y señala el conflicto que se pone en juego en este tipo de experiencias de recuperación del espacio para uso público:
Estos antecedentes muestran los proyectos diferenciados que se están enfrentando en torno a la Laguna. En última instancia, lo que está de fondo es la cuestión de la función de este patrimonio natural y cultural: si un paraíso para pocos o un lugar donde todos y todas puedan ejercer los tan negados derechos a la recreación, la naturaleza y la producción cultural (Los Andes, 01/12/2007).

Desde el punto de vista de los sujetos, desde las prácticas en procura de transformar este estado de las cosas que hace particularmente visible la territorialización del conflicto, quienes se agrupan en defensa de la Estación mantuvieron con estos otros colectivos no sólo una relación dada por las condiciones de existencia, sino construida en la práctica. La resistencia contra la megaminería contaminante estuvo presente en la experiencia de lucha por la recuperación de la Estación, en las reuniones entre los colectivos involucrados, en sus discusiones y debates organizativos. No sólo por la importancia del conflicto, sino porque en 2007 (año en que comienza el período de confluencia por la recuperación de la estación), el proceso organizativo llevado a cabo por la AMPAP obtuvo algunos logros: visibilidad en el espacio público y capacidad para negociar la aprobación de una ley que prohíbe la explotación minera con químicos contaminantes. Este proceso colocó dicha experiencia como ejemplo de lucha y resistencia –“tenemos que hacer como hizo la AMPAP”-, y como posibilidad de “acumular” experiencia organizativa. Ese acercamiento e intercambio logró materializarse, por ejemplo, invitando a la AMPAP a reunirse en la Estación durante el período en que las organizaciones buscaban “darle vida” a ese espacio.
Una articulación más regular y estable, pues había una similitud muy fuerte entre ambas circunstancias, se mantuvo con el conflicto por los terrenos de la UNCu: en ambos espacios se trataba de la defensa de “tierra pública” contra emprendimientos inmobiliarios privados. En este caso, la rectora Gómez de Erice participó activamente del ciclo de reuniones iniciado en julio de 2007, mientras que muchos integrantes de las organizaciones participaron en las movilizaciones que organizó la UNCu durante el 2008 en defensa de sus tierras. En cuanto a los desalojos de campesinos, hay que decir que fue el conflicto que contó con menor reconocimiento por parte de los sujetos involucrados en la recuperación de la Estación. Únicamente estaba presente como parte de las preocupaciones de OSA, quienes realizaron actividades de denuncia y divulgación de los acontecimientos mediante correos electrónicos y, en algunos de los casos, participaron de las actividades organizadas por quienes estaban directamente involucrados en el conflicto.