Los años setenta se consideran como un periodo de expansión y reforma de la Educación Superior. Conforme al crecimiento y la necesidad de actualizar dicho sistema, las universidades se vieron obligadas a renovar sus estructuras, políticas y prácticas, tanto académicas como administrativas. La innovación de los programas curriculares, las estrategias para la planeación, la gestión académica, la creación de nuevos bachilleratos y las unidades de estudios superiores, de posgrado y de investigación, definen el nuevo rumbo de la Educación Superior (Rodríguez Gómez: 1998; Villaseñor: 1995).
Las acciones a tomar se enfocan en diferentes aspectos del sistema educativo: atender la demanda social creando nuevos centros escolares, la actualización de los métodos de enseñanza, la reorientación de los sistemas educativos, la reorganización administrativa y la descentralización institucional. Al dificultarse la ejecución de dichas reformas en las instituciones de nivel superior, el Estado decide crear planteles como el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y varios Institutos Tecnológicos Regionales, así como apoyar financieramente los procesos de expansión de universidades autónomas (Rodríguez Gómez: 1998). Durante esta década el Estado lleva a cabo una política orientada a la expansión de la educación en el nivel básico y medio, misma que favorece al sector educativo al contar con una base demográfica suficiente para garantizar el desarrollo de los niveles escolares posteriores.
Rodríguez Gómez (1998), percibe otro rasgo significativo: el crecimiento de las oportunidades de acceso a la educación, resultado de la transformación de la estructura demográfica del tiempo de la posguerra, en el cual se vive una evidente elevación de la tasa de natalidad. Tan sólo para 1970 el sistema atiende el 90% de los egresados de bachillerato, en 1975 el 71% y en 1985 retrocede a un 87%, resultado de la apertura de otras opciones educativas tanto de nivel medio superior como superior. Asimismo, casi al concluir los años setenta, el sistema se hace cargo de financiar la expansión de las principales instituciones públicas.
Esta década también se identifica por un importante crecimiento de planteles universitarios de Educación Privada, en algunos casos dirigidos por órdenes religiosas, en otros por la iniciativa privada. Para el año de 1975, la población universitaria era de 501 250 estudiantes, la matrícula privada se mantenía con el mismo porcentaje desde 1955, es decir, con el 15% (SEP: 1970).
Cabe hacer mención que la estabilidad mantenida por la Educación Superior durante este decenio y la relativa participación del sector privado dentro de la misma se relacionan con el libre acceso a la universidad pública, lo que provoca un aumento considerable de planteles de este sector. De igual manera, se define como el lapso en el que la masificación de universidades públicas encamina a una disminución de la calidad educativa.
Por su parte, el sector privado representa una opción para cursar estudios superiores. Algunas instituciones laicas y otras confesionales restringen el acceso manteniendo requisitos de admisión rigurosos, lo que ayuda a consolidar su prestigio académico en comparación con la enseñanza superior pública. Instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y otras, fundadas en esta época, son ejemplos clásicos de este tipo de universidades.
El siguiente gráfico muestra la evolución que presenta la matrícula pública y privada a nivel superior de 1970 a 1979. Ambos sectores tienen un crecimiento de la matrícula, se puede notar que cada uno triplica su población estudiantil durante esos años. Obsérvese un crecimiento considerable de la matrícula privada. No obstante, el mayor crecimiento continúa ostentándolo la Educación Pública, ya que su tendencia es mucho mayor.
Véase cómo al inicio de 1970 ya existe un número importante de instituciones privadas. A finales de la década, el sector público controla el 71.07% y el privado un 28.92%, de la totalidad de los planteles. Aunque este porcentaje induce a creer que el sector privado ha ganado terreno, los datos dicen que cuando una crece, la otra también, manteniéndose una estabilidad relativa.
En opinión de Durham y Sampaio (2000), los establecimientos educativos privados surgidos durante esta etapa no actúan como importantes centros de investigación y de personal docente calificado, aun cuando buscan ofrecer una educación de calidad que supere a la ofrecida por las universidades públicas de masas. Acosta (2005) cree que el número de planteles privados orienta su oferta educativa para los sectores medios de la población y para absorber la demanda que no pudo ingresar a las universidades públicas.
Argumenta Didrikson (2000) que, a finales de los setenta, el objetivo es regular el crecimiento de la Educación Superior, reducir los niveles de acceso al nivel de licenciatura, reorientar la educación terminal y fomentar profesiones técnicas de nivel medio superior. Es de hacer notar que México hasta fines de estos años cuenta con apoyos financieros significativos para hacer frente al crecimiento de la Educación Superior Pública, situación que cambia al iniciar la crisis de 1982, cuando se da una reducción de presupuesto a las instituciones educativas de este nivel, permitiendo con ello una expansión importante de universidades privadas.
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